La ejecución de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas (FGR), ocurrida el pasado lunes 5 de agosto en pleno corazón de Reynosa, no es solo otro crimen más en las estadísticas de la violencia mexicana. Es la manifestación más cruda de lo que podríamos denominar el “error de geografía”: esa diferencia abismal entre la respuesta del Estado cuando se atenta contra sus funcionarios en dos diferentes lados de la frontera y que obligadamente nos remite al actual ecosistéma de pudrición que AVAnza y prevalece en Tamaulipas.
El Contraste
En Estados Unidos, el asesinato de un ciudadano, de un policia,un servidor publico o un agente federal desata una cacería humana implacable. El sistema de justicia estadounidense presenta una tasa de resolución de homicidios significativamente superior.
Cuando un policía cae en suelo americano, la maquinaria estatal se moviliza con precisión quirúrgica: tecnología de punta, recursos ilimitados, cooperación interagencial y una voluntad política férrea que rara vez cede hasta encontrar a los responsables.
En México, la realidad es devastadoramente opuesta. Nueve de cada diez homicidios permanecen impunes y sigue siendo la norma aun con la sedicente inteligencia+coordinacion que presume el Secretario de Seguridad con curricula mañosa, Omar Gracia Harfuch.
Entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo lograron identificar formalmente a un sospechoso en 51,000 casos: una tasa de esclarecimiento del 17%,como cita el Diario Español,El Pais.
La Anatomía de una Ejecución Anunciada
El ataque contra Vázquez Reyna no fue un crimen improvisado. Según los reportes oficiales y testigos, el funcionario fue atacado con granadas de fragmentación mientras circulaba solo en su “lujosa” camioneta Cadillac Escalade blindada por el bulevar Miguel Hidalgo. Los sicarios incendiaron su vehículo, lo obligaron a salir y, mientras se arrastraba herido por el pavimento, lo ejecutaron a quemarropa desde una camioneta, todo atestiguado en Videos que dieron la vuelta al mundo.
La profesionalidad del atentado , como señaló el periodista especializado Óscar Balderas, lleva la firma de los grandes cárteles. No fue solo un homicidio; fue un mensaje de guerra enviado al Estado mexicano por parte del Cartel del Golfo, aliado del Cartel de Jalisco,específicamente de las facciones conocidas como “Los Metros”, lideradas por Carlos Humberto Acuña de los Santos, alias “El Comandante Mono” o “Metro 36”, quien opera bajo las órdenes de César Morfin Morfin, alias “El Primito”.
El Precio de Tocar los Millones ?
Aunque la Fiscalía General de la República confirmó que su línea principal de investigación apunta a una represalia por los megadecomisos de combustible robado como una estrategia mediática, para convertir a su corrupto delegado en una víctima muy conveniente para su narrativa de que “nosotros somos buenos y nos lo mataron los malos”, esto apunta mas a la entrega del funcionario al Cartel que le llenaba de obsequios y ahora lo llenó de plomo.
Tan solo basta con auditar su patrimonio y confrontar lo ganado con lo gastado para remontar la hipótesis federal.
En los lamentables hechos, el Delegado ultimado era tan solo un eslabón del trafico de huachicol que cruza la frontera, un “negocito” que no solo embadúrnaba sus manos de dolares,tambien las de Americo Villarreal,gobernador de Morena,de las corruptas aduanas militares, de la policia Ministerial,la fiscalía del Estado,la Guardia Nacional y por supuesto la FGR.
César Morfin Morfin, “El Primito”, quien controla la facción de Los Metros y mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha centrado su operación en el contrabando de crudo hacia Estados Unidos, aprovechando su férreo control sobre los puentes fronterizos entre Tamaulipas y Texas,esos que dice controlar el ejercito mexicano que perdio el “honor,el valor,la lealtad y el sacrificio por que los cambio por dolares,eso si, muchos dolares que han causado muchos dolores por la ambicion de Morena y el gobierno federal.
Si el Delegado participo en un operativo, nunca fue para combatir el trafico, fue para beneficiarse del ilícito que ha dejado cuantiosas perdidas al pais,pues según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, generan cientos de millones de dólares anuales a través del tráfico de combustible robado y contrabandeado.
El Ecosistema de la Protección
Pero quizás lo más alarmante no sea el crimen en sí, sino la respuesta tibia del tibio que gobierna el Estado gobernado por el crimen organizado,el mismo que tras reciente ejecución de empresario extorsionado,tambien en Reynosa,aparece sonriente con uno de los mas importantes lugartenientes del Cartel del Golfo,muy y pese a señalamientos directos de cientos de delitos, que tambien apuntan al gobierno.
Un rio separa dos modos de actuar
Mientras que en Estados Unidos el asesinato de un funcionario federal activaría protocolos de emergencia nacional, en México bajo el gobierno de Américo Villarreal y MORENA, la reacción ha sido de una normalización preocupante y dejar el caso en manos del gobierno federal, que “padre, que bonito, que conveniente”.
El gobernador Villarreal Anaya, cuya familia, como cita EMEEQUIS, tiene vínculos históricos documentados con el Cartel del Golfodesde la época de Juan Nepomuceno Guerra, se limitó a emitir comunicados genéricos de condena y a sugerir que el ataque podría estar relacionado con los operativos contra el huachicol.
Esta respuesta contrasta dramáticamente con la urgencia que debería caracterizar la persecución de quienes ejecutaron a un representante del Ministerio Público Federal.
Los Mensajes Cruzados de la Impunidad
El silencio gubernamental, o su respuesta burocrática ante la ejecución de Vázquez, envía dos mensajes devastadores y contradictorios:
Al ciudadano común: Que ni siquiera los funcionarios federales están seguros, que el Estado no puede proteger a quienes lo representan, y que la justicia mexicana es selectiva y débil. Si un delegado de la FGR puede ser ejecutado en pleno día en una avenida principal sin que esto genere una movilización extraordinaria, ¿qué protección pueden esperar los ciudadanos ordinarios?.
Al crimen organizado: Que las represalias violentas son efectivas, que el costo de atacar al Estado con andanadas de plata y ráfagas de plomo,es manejable, y que el “ecosistema de protección” bajo el actual gobierno bajo sus ordenes ofrece márgenes de maniobra amplios para sus operaciones. El mensaje implícito es que se puede asesinar funcionarios con charola federal o ciudadanos sin charola, sin consecuencias, es pues una vulgar invitación a que los sigan matando.
La Tentación de “Tragarse la Afrenta”
Existe un riesgo real de que las autoridades opten por minimizar este crimen, reduciéndolo a una estadística más en lugar de tratarlo como el ataque frontal al Estado que representa. Esta tendencia de “tragarse las afrentas ya se volvio vicio” y ha sido una constante en el manejo de la violencia criminal en México, donde la impunidad estructural permite que los grupos delictivos que tienen a su servicio al estado,operen con márgenes de riesgo calculados.
La captura de algunos ejecutores menores o el decomiso de más vehículos y armas no será suficiente. Sin el desmantelamiento real de las estructuras de Los Metros de Cesar Morfin el “Primito” y sin que “El Comandante Mono” o La Chispa del Cartel del Golfo enfrenten consecuencias reales, este asesinato quedará como un precedente de que en México sobradamente se puede (…eso ya se sabe) ejecutar funcionarios federales, estatales o locales sin que el Estado responda con la fuerza y determinación necesarias, no se trata de que haga lo que pueda, sino que haga lo necesario y se les paga para afrontar ese riesgo, ni siquiera seria un favor.
El Costo de la Geografía
La diferencia entre la respuesta estadounidense y mexicana ante ataques similares no es solo una cuestión de recursos o capacidad técnica. Es una diferencia de voluntad política y de comprensión sobre lo que significa la soberanía estatal. Mientras que en Estados Unidos el ataque a un agente federal se interpreta como un desafío directo al monopolio de la violencia legítima del Estado, en México bajo el actual gobierno existe una tolerancia implícita hacia estos niveles de violencia.
Este “error de geografía” no es casual: es el resultado de décadas de cooptación, corrupción y complacencia política que han permitido que el crimen organizado desarrolle capacidades y audacia para desafiar abiertamente al Estado. El asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez no es solo un crimen; es un termómetro de la crisis del Estado mexicano y de su incapacidad para proteger a quienes deberían ser intocables en el buen sentido de la palabra y en cualquier república que funcione bajo un estado de derecho ausente de gente chueca,asi vista uniforme militar.
La pregunta que queda resonando es simple pero devastadora: ¿En qué momento México decidió que la vida de sus funcionarios federales vale menos que la tranquilidad política? La respuesta a esta pregunta definirá no solo la investigación del caso Vázquez, sino el futuro de la autoridad estatal en un país que se debate entre la justicia y la capitulación silenciosa ante el poder criminal que ya ha dejado, mas de 710 mil muertos y contando.
Y todo bajo una estrategia claramente fallida y fallando,que no combate los homicidios,los provocan medio de un ecosistéma criminal y políticamente organizado que no distingo partidos, aunque en eso se distinga Morena y Américo Villarreal.
Con informacion: EMEEQUIS/REDES/MEDIOS
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