Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, abrió la posibilidad de que la Cámara alta desobedezca alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves podría desestimar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que han permitido continuar con la elección judicial y ordenar al INE y el Senado obedecer las suspensiones contra el proceso.
“La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral”, dijo, pero se negó a admitir que no hacer caso fuera a ser un desacato.
“Yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución. Yo digo que la Constitución son los artículos que están ahí establecidos y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con este proceso porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución. Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional”, agregó Fernández Noroña, casi furioso, en el INE.
Marco jurídico del desacato
La desobediencia a resoluciones judiciales por parte de autoridades mexicanas, como la planteada por Gerardo Fernández Noroñarespecto a la elección judicial de 2025, tiene implicaciones jurídicas profundas que afectan al Estado de derecho, solo en el supuesto y dado caso que hubiera “gente derecha”. A continuación, se detallan los alcances legales:
El artículo 107 de la Constitución y la Ley de Amparoestablecen que el incumplimiento de resoluciones judiciales constituye desacato, con consecuencias claras:
- Separación inmediata del cargo para autoridades que insistan en repetir actos suspendidos o eludan sentencias.
- Consignación al Ministerio Público para procesar penalmente a los responsables.
- Sanciones penales: El artículo 215 del Código Penal Federaltipifica el delito de abuso de autoridad, que incluye desobedecer mandatos judiciales, con penas que van desde multas hasta prisión.
En casos extremos, la Suprema Corte puede ordenar el cumplimiento sustituto de sentencias si el acto afecta gravemente a terceros.
Consecuencias en el caso de la elección judicial
El Senado y el INE han incurrido en prácticas que expertos califican como desacato institucional:
- Rechazo de candidaturas: La SCJN invalidó 955 candidatos propuestos por el Senado por no cumplir criterios de idoneidad, argumentando que el proceso incluyó sorteos sin evaluación técnica.
- Incumplimiento de suspensiones: El Tribunal Electoral (TEPJF) y el Senado ignoraron más de 70 suspensiones judiciales que ordenaban detener el proceso electoral, alegando “falta de tiempo” para corregir irregularidades.
Juristas como Francisco Burgoa (UNAM) advierten que esto profundiza la crisis constitucional, pues debilita los contrapesos entre poderes.
Riesgos adicionales
- Impacto internacional: México podría enfrentar controversias en tratados por violar principios como la independencia judicial, afectando inversiones.
- Legitimidad democrática: El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alerta que la normalización del desacato erosiona la confianza en las instituciones.
Respuesta de la SCJN
Ante el incumplimiento, la Corte ha activado mecanismos como:
- Exhortos públicos para exigir acatamiento.
- Revisión de oficio de suspensiones incumplidas.
- Protección a funcionarios judiciales que han resistido presiones políticas, como exintegrantes del Comité de Evaluación del PJF.
No obstante, su capacidad coercitiva es limitada: carece de fuerza pública para ejecutar sentencias, dependiendo de la voluntad política de otros poderes.
En síntesis, la desobediencia a resoluciones judiciales no solo implica sanciones legales individuales, sino que configura un quiebre sistémico con efectos en la gobernabilidad, la economía y la imagen internacional de México. Como señala Diego García Ricci (UIA), esta crisis exige un diálogo interpoderes para restaurar la institucionalidad.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/
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