Dos de los dueños y un apoderado de Grupo Gicsa, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de México, estuvieron prófugos de la justicia durante 7 días, por el supuesto delito de administración fraudulenta.
De acuerdo con registros judiciales, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el pasado 28 de agosto un juez del fuero común ordenó las capturas de Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, accionistas mayoritarios, y de Jesús Jerónimo Bugeda Piñeiro, representante de la empresa.
Sin embargo, la Fiscalía regresó con el juez y se desistió de las órdenes de aprehensión, motivo por el que la persecución fue cancelada, confirmaron fuentes cercanas al caso.
Gicsa es una de las empresas líderes en el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios a gran escala, tales como plazas comerciales, naves industriales y oficinas.
En enero de 2006, el nombre de Elías Cababie Daniel apareció en la lista de los 90 invitados especiales de Andrés Manuel López Obrador, en su registro como candidato presidencial ante el entonces Instituto Federal Electoral.
Informes judiciales indican que la imputación penal tiene su origen en un pleito entre accionistas, relacionado con los cambios que hizo Gicsa a sus estatutos para entrar al mercado bursátil en el 2015.
Jacobo Kanan Hamui Kanan, dueño del 2 por ciento de las participaciones de Gicsa, presentó en 2017 una demanda civil y en el 2019 una denuncia penal ante la Fiscalía local, contra la empresa y los ya mencionados.
En la demanda mercantil pidió la nulidad del acta de una asamblea general de accionistas del 23 de enero de 2015, porque aseguró que los acuerdos allí adoptados fueron modificados de manera unilateral por el presidente y el secretario, sin la aprobación de todos los accionistas.
El acuerdo tomado en esa asamblea tenía como finalidad buscar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que Gicsa lanzara una oferta pública de acciones, precisan documentos judiciales.
En el litigio, se ventiló que hubo dos “proyectos” del acta de asamblea y un acta final, protocolizada ante un notario y entregada a la CNBV. Kanan reclamó que en esta última hubo alteraciones, aunque la justicia federal no le dio la razón.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el pasado 29 de mayo la Primera Sala desechó por improcedente la última impugnación de Kanan y cerró en forma definitiva el pleito civil en favor de Gicsa.
Dos meses después de ese fallo, la FGJ solicitó y obtuvo las aprehensiones.
Registros judiciales indican que el 29 de agosto, un día después de librarse las capturas, Cababie y Dayán presentaron un amparo ante Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en esta Capital.
En forma inusual, la juez no les concedió en un principio la suspensión provisional, porque estimó que el caso no era urgente, conforme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal para tramitar asuntos durante el paro de labores.
Ambos tuvieron que recurrir a un recurso de queja ante el Noveno Tribunal Colegiado Penal, el cual ordenó darle trámite a su demanda. Esa resolución tuvo como consecuencia que la juez, ahora sí, suspendiera las capturas con el pago de una garantía de 32 mil 500 pesos.
La suspensión la lograron hasta el 4 de septiembre, el día del desistimiento de la FGJ. Es decir, estuvieron desprotegidos judicialmente durante 7 días.
Con informacion: REFORMA/
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