Es una confesión de parte. El presidente López Obrador reconoció ayer que, cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte, "se hablaba con él" para solicitarle que los jueces tomaran decisiones favorables al gobierno. "Y él pedía, 'respetuoso de la autonomía de los jueces' (en tono irónico)... hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Si viene mal la averiguación..., él ayudaba. Llega la señora Piña y ella dice los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar".
La Constitución dispone, en su artículo 17, que "las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". El artículo 116 ordena esta misma independencia para jueces y magistrados locales. El 122 lo señala para jueces y magistrados de la Ciudad de México. Estas y otras disposiciones suman a lo que se llama el "principio de independencia judicial", uno de los fundamentos del Estado de derecho.
"La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país -señala la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus 'Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura'-. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo". El Presidente ha confesado, sin embargo, que Zaldívar violaba estos principios; con razón quería mantenerlo en el cargo, de manera ilegal, dos años más.
Lo curioso es que el caso Lozoya tiene que ver con la prisión preventiva. Ayer el Presidente atacó nuevamente las decisiones judiciales por este tema. Olvida que su propio ministro favorito, Zaldívar, escribió el 2 de agosto de 2022: "El arraigo y la prisión preventiva oficiosa son sencillamente incompatibles con las exigencias del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia... En una sociedad democrática las investigaciones y los procesos penales se enfrentan en libertad, salvo en los casos excepcionales en que la restricción de la libertad sea necesaria para los fines del proceso". El que Rosario Robles y Jesús Murillo Karam hayan sido sometidos a prisión preventiva justificada sugiere que alguien aconsejó a los jueces violar los derechos de los "adversarios" del Presidente. "Si hubiese estado Zaldívar -dijo ayer el Presidente- difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna".
AMLO aprovechó el caso Lozoya para atacar nuevamente al Poder Judicial. "Todos los casos los perdemos -tronó ayer-. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, del crimen organizado... Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia, pero ahora es de manera abierta y descarada en contra nuestra...".
Sin embargo, fue la FGR la que pidió originalmente libertad condicional para Lozoya a cambio de información incriminatoria contra "sus adversarios" que nunca se materializó. Esta medida cautelar se canceló solo por la furia popular después de que la periodista Lourdes Mendoza lo fotografió en una cena en el restaurante Hunan de las Lomas. El juez ahora tomó en cuenta los argumentos originalmente presentados por la FGR.
Debe preocuparnos que el Presidente piense que puede violar la independencia judicial pidiendo a la Corte fallos favorables. Es vergonzoso que Zaldívar lo haya aceptado.
Fuente.-Sergio Sarmiento/
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