El Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, registró irregularidades por 85.7 millones de pesos en la adquisición de bienes y servicios de los que no existe evidencia de que efectivamente fueron entregados o realizados, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Auditoría De Cumplimiento Forense 2116 de la Cuenta Pública 2022, entre las irregularidades detectadas está el pago de 42.6 millones de pesos por la instalación de albergues para migrantes que aparentemente no fueron desplegados, así como el pago de 30.3 millones de pesos por 120 vehículos arrendados, pero no recibidos.
La ASF también reportó irregularidades en la contratación de Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., que en marzo de 2023 tenía a su cargo la vigilancia de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes al quedar encerrados durante un incendio.
Al revisar las contrataciones realizadas en 2022, la ASF advirtió que el INM adjudicó los contratos de manera directa, es decir, sin que hubiera una licitación pública, esgrimiendo razones de seguridad.
En ninguno de los casos, indicó la Auditoría, los argumentos del INM fueron válidos, pues nunca estuvo involucrada ni la seguridad de los migrantes, ni de las instalaciones del instituto.
En el caso de los albergues, explicó, el INM contrató a Grupo Caufi, S.A. de C.V., por un monto de 545.5 millones de pesos para que instalara albergues en distintas ciudades del País.
Sin embargo, ni el Instituto, ni la empresa pudieron acreditar la instalación de albergues por un monto de 42.6 millones de pesos.
"No se tuvieron elementos adicionales con los que se acreditara que los servicios cumplieron con las condiciones, características, especificaciones y cantidades convenidas; tampoco se acreditó la supervisión, verificación y validación de los servicios contratados", indicó la ASF.
Además, la ASF encontró inconsistencias en la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en el personal que la empresa registró ante el IMSS y en la declaración fiscal hecha ante las autoridades hacendarias.
"Se constató que Grupo Caufi, S.A. de C.V., reportó en su declaración anual 'ingresos acumulables', menores a los que recibió del INM, en incumplimiento de los artículos 9, primer párrafo y 150 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)", señaló.
Respecto del arrendamiento de los vehículos, el INM firmó un contrato con Casanova Vallejo, S.A. de C.V. para que le proporcionara 557 vehículos, sin embargo, no fueron proporcionados en su totalidad pese a haber sido pagados.
"Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30,389,081.44 pesos (treinta millones trescientos ochenta y nueve mil ochenta y un pesos 44/100 M.N.), por los pagos efectuados más los intereses que se generen desde la fecha de su pago y hasta su reintegro o recuperación, toda vez que el Instituto Nacional de Migración no acreditó la recepción de un total de 120 vehículos", señaló la ASF.
En el caso del Grupo de Seguridad Privada Camsa, la Auditoría indicó que la empresa presentó irregularidades en la emisión de sus CFDI, declaró al SAT ingresos menores a los recibidos en 2022 y registró menos trabajadores ante el IMSS de los que informó al INM.
"Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., realizó pagos de cuotas obrero-patronales por 244 a 512 trabajadores durante los meses de marzo a junio; sin embargo, para los meses posteriores, es decir de julio a diciembre de 2022, únicamente realizó pagos de cuotas obrero-patronales a un máximo de 34 trabajadores, lo que no coincide con los comprobantes de pago de cuotas obrero-patronales y las cédulas/ lista generada a través del SUA presentados al INM por lo que se constató que Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., no contó con el personal suficiente para dar cumplimiento al contrato", detalló la ASF.
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