A poco más de dos años de que concluya la presidencia de López Obrador no se han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deben explicar cómo se combatirá al crimen organizado, cuál es el papel de la Guardia Nacional y cuáles son los delitos prioritarios. En cambio, lo que priva en el plan federal es el uso de programas sociales para resolver el problema de la delincuencia. Sin embargo, a decir de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, “la lógica con la que se desarrollaron estos programas y planes es electoral y no de prevención del delito”.
En mayo de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dos meses después el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Pero a poco más de dos años de que concluya su mandato no han publicado los Planes Estratégicos de Seguridad y Justicia, los cuales deberían explicar –en acciones puntuales y concretas– lo que pretende hacer para apaciguar los problemas que vive el país en esta materia. La estrategia no existe.
De acuerdo con el PND en materia de gobierno y política, la 4T se planteó reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, establecer la Guardia Nacional y repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas.
Esos objetivos se lograrían mediante la articulación de una política social para “construir un país con bienestar y desarrollo sostenible vía programas asistenciales”, como Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.
Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el reclamo ciudadano por la inseguridad, el gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una presunta “política de paz y seguridad” integral para atacar las raíces del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y, en consecuencia, reducir los índices delictivos.
Entre otros aspectos planteó reformular el combate a las drogas. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.
El mandatario dijo que lo haría de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.
También pretende emprender la construcción de la paz vía la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad. Y, ante la imposibilidad de derrotar diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, y frente al “absurdo” de querer pacificar con métodos violentos, el PND considera imperativa la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida.
Como “objetivos estratégicos” se propuso: coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional; establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, actualizar el catálogo y clasificación de las instalaciones estratégicas; fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México.
El gobierno de la 4T se fijó promover el concepto de cultura de seguridad nacional para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema, mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia; así como construir las bases para crear un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.
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