El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido objeto de agresiones, maltratos e insultos de la población civil en por lo menos 24 ocasiones durante el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en diferentes episodios que se concentran en Michoacán, donde el martes jóvenes afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia corrieron a militares que patrullan esta zona de la Tierra Caliente.
Con piedras, palos, palas, escobas, pobladores alentados por la delincuencia organizada, huachicoleros y comuneros desafían constantemente a las Fuerzas Armadas mexicanas, que tienen la instrucción del Ejecutivo federal de evitar los enfrentamientos, al grado de desarmarlos y retenerlos en algunos casos.
De acuerdo con un conteo de eventos realizado por EL UNIVERSAL, el primer año de la administración de López Obrador acumula el mayor número de ataques al personal militar, con 9, entre ellos el de mayo de 2019 cuando personas al servicio del lugarteniente del CJNG, Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias “Migueladas”, sometieron, retuvieron y desarmaron a un grupo de militares en la comunidad de Zicuirán, del municipio de La Huacana, principal bastión del mencionado capo.
En 2021 se contabilizaron 7 eventos; en 2022, 7; uno en 2020.
La región de la Tierra Caliente de Michoacán es el epicentro de las agresiones de la población civil contra el Ejército y la Guardia Nacional, con 7 eventos hasta el momento, según el conteo elaborado por este diario.
Le siguen Oaxaca, con cuatro; Puebla, tres; Hidalgo, tres; Guerrero, dos; Estado de México, uno; Querétaro, uno; Sonora, uno; Chihuahua, uno, y Sinaloa con uno.
“Hay un desgaste en cuanto a la función operativa y a la legitimidad de las Fuerzas Armadas y su actuación, debido al aprovechamiento estratégico del crimen organizado derivado de la política Abrazos, no Balazos, ellos ya saben que si presentan resistencia utilizando la población civil, con logística contundente, el Ejército se va retirar”, consideró el especialista en temas de seguridad, Ricardo Márquez Blas.
“Los grupos criminales ya identificaron y diagnosticaron que de la política de Abrazos, no Balazos van a obtener muchos beneficios, uno de esos es el fortalecimiento del control territorial a través de las agresiones contra los elementos de las fuerzas federales a sabiendas de que no va a pasar nada y de que la instrucción que tienen es evitar a toda costa los enfrentamientos”, añadió Márquez Blas.
Dos meses después de que López Obrador asumió la presidencia de la República, en enero de 2019, el Ejército mexicano sufrió la primera agresión de la población civil bajo la nueva administración que impulsa una estrategia de seguridad basada en atender las causas de la violencia y no en la guerra contra los cárteles.
De acuerdo con los registros, pobladores de Cuautlacingo, en Otumba, Estado de México, insultaron, amenazaron y lanzaron piedras a militares que descubrieron a un grupo de huachicoleros ordeñando ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando realizaban recorridos de vigilancia por la zona.
Después de este hecho se desencadenó una serie de agresiones de la población civil contra el Ejército, entre las que destacan la de mayo de 2019, en la que personas afines a “El Migueladas”, retuvieron, desarmaron, golpearon y humillaron a 14 militares de la Quinta Compañía de Infantería, en la localidad de Zicuirán, perteneciente a La Huacana.
Tras lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los elementos para agradecerles y reconocer su “actitud serena y temple” ante lo ocurrido que “evitó pérdida de vidas de gente inocente”.
En agosto del mencionado año, civiles con palas y escobas en mano corrieron al personal militar que circulaba sobre la carretera Zamora-Los Reyes, por la detención de una sujeto que trabajaba como Halcón para la delincuencia organizada.
Asimismo, en noviembre de 2020, cuando civiles encapuchados del municipio de Múgica atacaron vehículos de un convoy militar que se dirigía a Apatzingán.
En julio de 2021, habitantes incitados por el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en el cuartel del Ejército en Aguililla, Michoacán, y bloquearon los accesos para exigir la salida de los soldados.
Dos meses después, pobladores de Coalcomán, también en Michoacán, lanzaron piedras y palos a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en las instalaciones del cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional en esa localidad de la Tierra Caliente.
En enero de este año, habitantes de Aguililla agredieron con piedras, palos y a golpes a personal del Ejército, sobre la carretera Tepalcatepec-Coalcomán, a la altura de la población de El Bejuco.
Para el experto en temas de Fuerzas de Armadas, Javier Oliva Posada, actualmente no se tiene una visión de conjunto para abordar la situación del Ejército, Marina y ahora la Guardia Nacional en las operaciones contra el crimen organizado en el país.
“Me parece que no ha habido una visión de conjunto para abordarlo, y que en ese sentido las expectativas depositadas en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional son muy altas, pero necesariamente necesitan tareas complementarias”, como el respaldo de las autoridades locales cuando se presentan situaciones como la de Nueva Italia y otras que han ocurrido en Michoacán.
“Sigue siendo una falta muy seria de este sexenio y de los anteriores, en términos de la relevancia que tienen las corporaciones policiacas”.
En ese sentido, Oliva Posada advirtió que la ausencia de las corporaciones policiacas locales coloca a las Fuerzas Armadas en una ruta muy peligrosa, en donde el desafío a la fuerza del Estado, que son el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, por parte de los criminales las deja demasiado expuestas.
En un hecho que impacto la semana pasada, fue el ocurrido en Marquelia, Guerrero, donde sujetos encapuchados amenazaron a un mando de la Marina, al que amagaron con colgarlo en un puente.
El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, refirió que el Estado mexicano está obligado a cumplir la ley cuando hay un ataque de la fuerza delincuencial, no en tolerar, justificar y solapar a los grupos criminales.
“Es decir, el Estado mexicano y las fuerzas federales y locales tienen la obligación de seguir protocolos a la hora que actúan de manera tal que no se viole el debido proceso, que hay una presunción de inocencia. Esos aspectos son los que deben guiar a las instituciones y que están descritos en los protocolos de actuación, para los cuales se les capacita o se les debiera capacitar adecuadamente a las autoridades”.
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