México vuelve a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. 2020 es, además, el año más letal para la prensa mexicana de la última década, una suma de récords negativos que ponen de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas para proteger a quienes se dedican a informar, así como de frenar los constantes ataques que reciben de las autoridades.
La Federación Internacional de Periodistas ha registrado 13 asesinatos de informadores en lo que va de año, lo que sitúa a México a la cabeza de esta lista negra por cuarta vez en cinco años. Los datos del propio Gobierno mexicano, que no registran solo los asesinatos que están relacionados directamente con su labor de comunicadores, resultan aún más preocupantes. Hasta principios de diciembre habían muerto 19 periodistas, a lo que hay que sumar el asesinato la pasada semana de un fotoperiodista. Además, se ha batido la cifra de agresiones a los profesionales de la información, con 224, casi el doble que hace cinco años, cuando hubo 124.
La creciente violencia contra la prensa no se puede separar en muchos casos del clima de inseguridad generado por el narcotráfico y la guerra contra esta lacra, que en 15 años ha dejado cientos de miles de muertos. Los periodistas, lejos de ser una víctima colateral, son un objetivo primario de la violencia: en los crímenes anida una clara intención de poner fin al trabajo de quienes informan, como ha mostrado la investigación de EL PAÍS junto a una veintena de medios internacionales a raíz del asesinato de Regina Martínez, en Veracruz, que abrió el camino, en cierta manera, para lograr silenciar a esta profesión en México.
El caso de Martínez es ilustrativo y muestra la conexión entre el crimen organizado y ciertos actores políticos a los que el trabajo de los periodistas incomoda. También vuelve a poner en evidencia que la impunidad en México, donde más del 90% de los crímenes no se castigan, es un incentivo para los asesinos. Las investigaciones de casos como los de los asesinatos de Miroslava Breach o Javier Valdez han tenido avances, aunque los autores intelectuales siguen libres, mientras periodistas como Lydia Cacho se vieron obligadas a irse del país después de haber denunciado agresiones y torturas.
El Gobierno de México ha reconocido que en los últimos años se ha registrado un repunte significativo de la violencia. Aunque es importante que se reconozca y diagnostique el problema, solo con lamentar y condenar esos asesinatos y agresiones no es suficiente. Y menos cuando desde el poder se ataca diariamente a los medios no afines. Una democracia que se precie no puede consentir los niveles de violencia contra los periodistas que hay en México.
fuente.-Diario Español/
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