El equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera afirma que su cliente no tiene intenciones de escaparse ni mucho menos puede planearlo con terceras personas, ya que está confinado a su celda, tiene una hora de ejercicio al día en área confinada y solo puede reunirse con sus abogados, quienes –afirmaron– “no ser parte” del Cártel de Sinaloa.
“El Gobierno señala un intento fallido de fuga por parte de otra persona que ocurrió en 1981, como justificación de este tratamiento inhumano… el incidente al que hace referencia el Gobierno, un preso intentó escapar del MCC (Centro Correccional Metropolitano) en un helicóptero hace 38 años, las condiciones de confinamiento del recluso fue muy diferente a las condiciones del Sr. Guzmán”, alegó la abogada Mariel Colón, quien firma la respuesta a los fiscales del Departamento de Justicia.
En el documento de ocho páginas entregado este domingo a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York también se hace referencia al temor de las autoridades de que Guzmán Loera pueda comunicarse con otras personas desde la terraza enrejada de la prisión con sede en Manhattan, algo que se considera inviable, ya que los edificios están vigilados.
“El MCC está rodeado de edificios altamente vigilados, incluido el Departamento de Policía, el Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el Tribunal del Distrito Sur y el Tribunal del Segundo Circuito, donde un extraño no podría acceder libremente a sus tejados”, indica Colón, quien agrega que su cliente no tendría equipo especial para lograr ver a un tercero a “kilómetros de distancia”.
La abogada, quien forma parte de la firma Law Office of Michael Lambert, utilizó también un argumento de la Corte Suprema sobre la inconveniencia de mantener recluidos, sin derecho a luz del día, a un interno, lo cual va en contra de los derechos humanos.
“En ausencia de una justificación adecuada del Estado, era un castigo cruel e inusual para un prisionero ser confinado por un período de años sin oportunidad de salir al exterior a excepción de apariciones en la corte ocasionales, entrevistas con abogados y citas de hospitales”, indica la defensora y cita el caso España v. Procunier (1979).
Colón agrega que su cliente no ha visto la “luz del día” en los últimos tres meses, desde que un jurado lo halló culpable de 10 cargos en la corte de Brooklyn el 12 de febrero.
La compra de hasta seis botellas de agua es la única petición aceptada, hasta ahora, por los fiscales Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York; Arthur Wyatt, jefe de Narcóticos y la Sección de Drogas Peligrosas de la División Criminal del Departamento de Justicia, y la fiscal Adriana Fajardo, del Distrito Sur de Florida.
La defensa de Guzmán Loera presiona para que su cliente tenga acceso a tapones de oído, debido a un problema de salud que tiene y no puede dormir, pero las autoridades afirman que eso podría evitar que él obedezca órdenes de los custodios. Colón cuestiona la negativa al afirmar que los reclusos tienen acceso a audífonos donde pueden escuchar la música a todo volumen y podrían no oír las instrucciones que les dan.
La otra petición es el acceso al punto de reunión de la población general en el MCC, pero las autoridades temen que Guzmán Loera tenga acceso a “armas” o productos que puedan funcionar como tal, algo que la defensa considera absurdo, incluso señala que una lata de aluminio –que contiene jugo de tomate– a la que su cliente y otros internos tienen acceso podría funcionar como un arma.
El juez Brian Cogan deberá tomar una decisión sobre las peticiones de los abogados de Guzmán Loera a la Oficina de Prisiones (“BOP”, en inglés).
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