Cuando Joaquín Guzmán Loera sea extraditado a Estados Unidos, el primer juicio que deberá enfrentar será en California. Esa, la primera acusación en su contra, la armó la DEA en 1995, cuando el capo ya estaba preso…
Era el año de 1994. Guzmán Loera estaba preso en Puente Grande, Jalisco, pero su organización seguía moviendo droga a Estados Unidos.
La DEA llevaba un par de años haciendo decomisos de efectivo y droga; desenmascaraba empresas fantasma; usaba agentes encubiertos, pero no lograban armar un caso judicial ante un juez y probar que en la cima de la pirámide estaba El Chapo.
“La evidencia que tenemos no logra identificar a todos los miembros y no es suficiente para montar una caso exitoso contra ellos. Difícilmente podremos conseguirlo usando técnicas convencionales”, dijo en ese momento el agente especial de la DEA Mark Shaver a un juez.
Una orden de cateo no les daría tanta información como necesitaban, habría documentos con apodos de gente que no sabrían identificar; montar vigilancia a los traficantes que tenían identificados no era suficiente sin tener grabadas sus conversaciones, y si los traficantes se percataban, cambiarían sus métodos; infiltrarse era muy peligroso y requería mucho tiempo, escribió Shaver al mismo juez.
Si había un teléfono que podría abrirles el espectro del funcionamiento y jerarquías del cártel era el 708-795-7025, un número de Chicago.
Y lo intervinieron. Lo pincharon...
***
Hasta entonces la DEA sabía cosas como estas:
Los hermanos José, Jesús y Antonio Reynoso eran exitosos empresarios de alimentos en la zona de San Diego. Importaban comida mexicana y tenían almacenes. Según un artículo de Los Angeles Times, los hermanos habían aparecido en televisión local como una historia de éxito de inmigrantes mexicanos. Su negocio tenía ganancias anuales de 30 millones de dólares, suficientes para ser dueños de aviones Learjet.
En 1992 los Reynoso habían empezado las negociaciones con el dueño de un terreno en La Mesa de Otay, California, en la frontera con Tijuana. Cerraron la compra en 1 millón 133 mil dólares y empezaron a construir una bodega de alimentos.
En abril de 1993, en Tecate, Baja California, las autoridades mexicanas decomisaron un tráiler con mil 400 cajas de latas de chiles jalapeños La Comadre. Cada lata contenía un kilo de cocaína: 7.3 toneladas que el conductor llevaba a la bodega Básicos. El dueño de ese negocio era Enrique Ávalos y el aval en el contrato de arrendamiento, Antonio Reynoso.
Los Reynoso vendían esos chiles La Comadre. Los aviones de los exitosos inmigrantes se utilizaban para enviar efectivo a México, ganancia de la venta de cocaína. Pero la DEA no terminaba de hacer las conexiones.
Mientras buscaban a El Chapo por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, agentes mexicanos descubrieron un narcotúnel con aire acondicionado que empezaba en Tijuana y desembocaba en la bodega que los hermanos Reynoso construían en Mesa de Otay. El túnel había sido encargado por El Chapo.
***
El 11 de junio de 1993, mientras Guzmán Loera y cinco de sus cómplices eran detenidos en el puente que cruza el Río Suchiate, en Guatemala, agentes de la DEA en El Salvador tenían montado un operativo. Iban tras el capo, que según sus investigaciones viajaba a El Salvador para supervisar personalmente un cargamento de 5 mil 320 kilos de cocaína.
Los agentes encubiertos tenían meses negociando con representantes de El Chapo la venta de armamento: lanzagranadas y armas automáticas. Pero los guatemaltecos se les adelantaron.
Los agentes en El Salvador se quedaron con información que podrían utilizar, incluido un número telefónico de San Diego, California, al que uno de los socios salvadoreños de El Chapo había llamado. Era el teléfono de un contador del cártel. Lo llamaron. Presumía haber modernizado la contabilidad de los sinaloenses: de numeritos en hojas de papel a computadoras.
Tenía cosas que contar sobre la organización, las jerarquías, la operación del cártel. Era 1993 y había poca inteligencia sobre el de Sinaloa.
El contador había trabajado con Guzmán Loera de 1990 a abril de 1993, cuando lo envió a California a apoyar a Enrique Ávalos Barriga, responsable de la operación en ese estado. Contó que Ávalos, a quien llamaban El doctor, importaba toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero sobre todo conseguía casas de seguridad, abría y cerraba empresas, y era quien había contactado con los Reynoso para construir la bodega en la que desembocaría el túnel.
El arresto del Chapo, el descubrimiento del narcotúnel, el decomiso de los chiles de los hermanos Reynoso habían sido golpes fuertes para Ávalos que se había mudado con su mujer a Chicago. Ahora se hacía llamar Juan José Robles.
***
El contador empezó a colaborar con la DEA y les dio el número de teléfono 708-795-7025, donde contestaba Ávalos.
La DEA solicitó a la compañía telefónica el listado de números con los que Ávalos tenía comunicación: hablaba a México, seguía en contacto con los Reynoso y con el contador. Los agentes podían saber con quién había hablado, pero no escuchar las conversaciones.
En abril de 1994, un operativo de vigilancia siguió a Ávalos mientras manejaba por calles de una zona industrial de Chicago al lado de vías del tren. La nueva operación de Ávalos utilizaba trenes y bodegas. Habilitaban los almacenes de seguridad para que pudieran entrar vías del tren. Ahí llegaban tanques a los que metían tambores de plástico llenos de cocaína, luego llenaban el tanque con agua o aceite.
Fue entonces cuando la DEA consiguió que un juez les permitiera grabar las conversaciones telefónicas del 708-795-7025.
***
Las grabaciones empezaron a ponerle orden a la investigación de la DEA.
Ávalos recibía llamadas de México de un hombre llamado Miguel Ángel Martínez que le ordenaba buscar bodegas en Los Ángeles. Luego llamaba a los hermanos Reynoso y les daba instrucciones sobre las bodegas: debían poder pasar por ahí vías del ferrocarril y acomodar vagones.
El 5 de septiembre de 1994 habló con Martínez sobre la posibilidad de construir un túnel secreto cerca de Mexicali que cruzara a California.
Ese mismo mes Antonio Reynoso envió lo que en una llamada telefónica él y Ávalos llamaron “un pequeño cargamento” de una casa de seguridad en Los Ángeles a otra en Chicago. La cocaína iba en un tubo de pvc que cabía adentro de un boiler. El boiler estaba recubierto para que pareciera nuevo. El cargamento de 380 kilos fue decomisado en la casa de seguridad de Chicago.
Una semana después Ávalos y dos acompañantes viajaron en auto de Chicago a San Antonio, Texas. Ahí se cambiaron a un carro con placas mexicanas y cruzaron la frontera. Ávalos venía a México a reunirse con sus jefes para explicarles la pérdida de la cocaína. Sus jefes eran miembros del cártel de Sinaloa.
***
En 1995, la DEA y la fiscalía lograron armar el caso contra Ávalos, Martínez y los hermanos Reynoso. Lo más importante de la denuncia era que por primera vez presentaban cargos contra Guzmán Loera. Con esa denuncia podrían conseguir la extradición.
Los Reynoso se declararon culpables. Ávalos fue condenado a cadena perpetua y está en una prisión de California.
Era 1995 y la fiscalía estadunidense declaraba haber desarmado al cártel.
“Creo que (los traficantes sinaloenses) deben estar luchando en este momento. No es solo esta acusación, es una serie de cosas. Han recibido fuertes golpes de la justicia mexicana y grandes decomisos. Creo que esto ha desintegrado la organización”, declaró la fiscal del caso, Cinthia Bashant, a Los Angeles Times en 1995.
Veintiún años y dos escapes de prisiones de máxima seguridad después, la fiscalía puede usar esas grabaciones para juzgar a Guzmán Loera.
“El número que usted está marcando ha sido desconectado o ya no está en servicio”, dice ahora una grabación al marcar el número pinchado…
***
EXIGEN INDAGAR COMPLICIDADES EN EL GOBIERNO
El Senado exigió a la PGR no dejar a un lado la investigación sobre las complicidades y apoyos que ha recibido Joaquín El Chapo Guzmán, luego de concedió su extradición Estados Unidos.
El presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta, Roberto Gil, dijo que la PGR está obligada a concluir las investigaciones sobre la red de corrupción y complicidades que le permitieron operar durante décadas y fugarse en dos ocasiones de prisión, en lo que se concreta su extradición.
“En el ínterin de que concluya este proceso, la PGR está obligada a seguir su investigación, avanzar con las diligencias que son necesarias para dilucidar la responsabilidad de Guzmán Loera en nuestro país y también para poder develar la cobertura institucional y política con la que ha contado por años, por décadas y específicamente en las dos evasiones de su situación de reclusión”.
Comentó que se ha agotado la primera etapa del proceso al destacar que la extradición la conceden los jueces y eso, dijo, será todavía un camino relativamente largo que dependerá de las defensas que oponga Guzmán Loera y también de la celeridad que los jueces den al trámite internacional.
Con información de: Omar Brito y Angélica Mercado/México.
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: