La organización civil Alto al Secuestro calificó como indignante y preocupante la frecuente liberación de secuestradores cuyos crímenes están plenamente probados, lo que se traduce en la crisis que vive México tanto en materia de prevención, procuración y, sobre todo, en la administración de justicia.
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"Nos enfrentamos a un Estado que ha sido incapaz de darnos seguridad y al ser víctimas de un delito, es incapaz de brindarnos justicia. Quienes perdemos siempre, por desgracia, somos las víctimas del delito", denunció Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al secuestro.
A través de un comunicado, Alto al Secuestro presentó un caso más en el que el sentenciado Raúl Martínez Gutiérrez (hoy en libertad) confesó su participación en el secuestro de las jóvenes Laguna Aburto, quienes además fueron mutiladas durante su cautiverio.
Cabe señalar que Martínez Gutiérrez declaró que se dedicaba a la santería y que mediante acuerdo previo con la banda delictiva, acudió a la casa de seguridad para realizar un ritual de santería a las jóvenes secuestradas.
Con plena convicción de la participación de Raúl Martínez Gutiérrez en el secuestro de las jóvenes, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) emitió sentencia confirmando su culpabilidad.
Sin embargo, la misma Sala fue incapaz de defender su resolución ante la línea que le dicta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito integrado por la Dra. María Elena Leguízamo Ferrer, Lic. Tereso Ramos Hernández y Lic. Roberto Lara Hernández, quienes con un proyecto de éste último, le concedieron un amparo directo y ordenaron a la Quinta Sala que dictara una nueva sentencia donde desestimara únicamente las pruebas que tuvieron origen en su detención.
De manera indebida los Magistrados de la Quinta Sala del TSJDF Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo se exceden en el cumplimiento del amparo, ya que lo dejan en libertad a pesar de existir pruebas suficientes en su contra, es decir, la declaración del imputado no sirvió, así como tampoco lo hizo la de los siete co-sentenciados, ni las de las secuestradas y por si esto fuera poco, el que hubiera sido detenido en el Estado de México por cohecho y entregado a la PGJDF para que respondiera por el secuestro antes mencionado.
"Esto propiciará más impunidad y mayores linchamientos en la sociedad que está harta de la falta de respuesta de las instituciones al gran reclamo por seguridad y justicia", lamentó Wallace.
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