El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.
En este rubro de la seguridad nacional, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, guardó las tijeras y podó con un cortaúñas. De los 92 mil 761 millones 810 mil pesos del presupuesto del año anterior, para 2016 quedaron en 89 mil 45 millones 970 mil pesos, es decir, 3 mil 715 millones 840 mil pesos menos. La reducción fue del 4.01 por ciento.
Pero hay una sorpresa. La mutilación la asumen en su totalidad los de la inteligencia civil: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ve reducido su presupuesto en un 57 por ciento con respecto del que se le autorizó el año pasado. Mientras, las secretarías castrenses de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) no sólo mantienen íntegro su presupuesto sino que, incluso, reciben aumentos marginales. La primera del 1.06 por ciento y la segunda del 1.10 por ciento.
Un documento de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados, revela puntualmente el destino de los recursos etiquetados para seguridad nacional durante 2016. Elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tépach M y la analista Martha Amador Quintero, se titula: El Presupuesto Público Federal para la Función Seguridad Nacional, 2015-2016.
El informe claramente señala los montos que recibirán en 2016 las cuatro dependencias con funciones de preservar la “seguridad nacional”: la Presidencia de la República (en específico el Estado Mayor Presidencial); la Secretaría de Gobernación (sólo el Cisen); la Sedena, y la Semar.
Así, en materia de seguridad nacional, tan sólo la Sedena dispondrá de 60 mil 245 millones 460 mil pesos; la Semar, por su parte, de 24 mil 649 millones 450 mil; el Cisen, de 3 mil 273 millones 200 mil, y el Estado Mayor Presidencial de 877 millones 870 mil pesos. Hay que destacar que tanto la Sedena como la Semar reciben más recursos de otras partidas, como la de seguridad pública. Por su parte, el presupuesto del Cisen se integra al ciento por ciento de la partida de seguridad nacional. Y, como decíamos, para 2016 se redujo en más de la mitad. En 2015, el presupuesto aprobado para el Cisen ascendió a 7 mil 616 millones 130 mil pesos. Para el presente año dispondrá de 4 mil 342 millones 930 mil pesos menos. En contraste, la Sedena ejercerá 629 millones 340 mil pesos más que el año pasado; y la Semar, 269 millones 70 mil pesos más que el anterior ejercicio fiscal.
Estas decenas de miles de millones de pesos las gastan cuatro dependencias en tan sólo 1 año para “proteger” a la nación (…pues como que no han tenido mucho éxito en cuidar al desbarajuste que hoy se llama México, dicho sea de paso). Formalmente, y según el propio Cisen, son tres las principales “amenazas” que actualmente enfrenta la nación mexicana: la delincuencia organizada, los grupos armados (el eufemismo con el que se clasifica a las guerrillas) y la vulnerabilidad de las fronteras. Y los “riesgos” que encara el Estado mexicano son, según la misma dependencia, los conflictos políticos y sociales; la pérdida de la cohesión social; la migración; las pandemias y epidemias; el calentamiento global y los problemas del medio ambiente, y los desequilibrios sociales.
Y para enfrentar las amenazas y los riesgos, las agencias civiles y militares de seguridad nacional realizan “tareas de inteligencia y contrainteligencia para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización”.
En realidad casi todo el presupuesto se eroga en gasto corriente, es decir, en papelería y equipos de cómputo; y, faltaba más, en los servicios personales de los funcionarios (sueldos, prestaciones de seguridad social), y otros subsidios para ellos (“ayudas” de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones). En estos rubros se va el 87.19 por ciento del total de los recursos: 77 mil 639 millones 280 mil pesos. Sólo el 12.81 por ciento (11 mil 406 millones 700 mil pesos) se destina a gasto de capital: adquisición de armamento, medios de comunicación móvil y a construcción de infraestructura.
Fuente.-Zósimo Camacho
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