Una serie de reportajes publicados desde hace cuatro años por este semanario advierten sobre el problema generado por la disputa violenta de las zonas de producción y trasiego de droga, tolerada por las autoridades y que fue escalando a niveles dramáticos hasta hacer de la entidad la de mayores índices de inseguridad y violencia del país.
En el texto “Solos en la sierra y a merced del narco” (Proceso 1928), productores de amapola señalan que la ganancia mayoritaria es para los intermediarios –los representantes de los grupos criminales que controlan las plazas– y para autoridades gubernamentales y algunos mandos castrenses que, aseguran los campesinos, forman parte de una amplia red de lavado de dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad desde el sexenio pasado.
En La Montaña muchos de los campesinos se refieren a la amapola como “la flor dadivosa” o “maíz bola”; a los paquetes de goma de opio les dicen “niños” o “niñeras”. En la región los personeros de los cárteles suelen ir a las comunidades indígenas a comprar la droga, en algunos casos de manera paralela al convoy de seguridad que resguarda a los pagadores de los programas federales, dijeron los entrevistados.
Por lo que atañe a La Sierra, la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa por la confrontación entre los sicarios de las bandas que se disputan las zonas de producción y trasiego. Desde principios de agosto de 2013 la violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Se habla de más de 2 mil desplazados.
En el mismo texto se incluyen datos de la Sedena que reflejan la importancia de Guerrero en la geografía del narco.
Un informe de la IX Región Militar destaca que del 1 de diciembre de 2006 al 7 de julio de 2012 las tropas destruyeron 48 mil 262 hectáreas de amapola en la entidad. La cifra representa 61.78% de las 78 mil 118 hectáreas erradicadas en el país por el Ejército en casi seis años.
De los 4 mil kilogramos de goma de opio decomisados por los soldados en ese periodo en el país, 2 mil 357 kilos fueron incautados en Guerrero (58.92%). El reporte registra una baja en la producción de mariguana en la entidad: de las 92 mil 852 hectáreas de cannabis destruidas por el Ejército en el país, apenas 2 mil 299 (2.47%) correspondieron a Guerrero.
En otro trabajo periodístico se advierte sobre las rutas de trasiego conocidas por todas las autoridades como la “zona norte” de la entidad, la cual durante décadas ha sido considerada un corredor de la heroína y la mariguana que se producen en la Sierra Madre del Sur.
El reportaje Guerrero: contagio narco de autoridades (Proceso 1877) indica que en esa ruta el municipio de Apaxtla representa un punto neurálgico, pues ahí está la presa El Caracol, en el cauce del Balsas.
El embalse de esta presa es utilizado para transportar en lanchas rápidas la droga que baja de la sierra, a través de poblados pertenecientes al municipio de Heliodoro Castillo, hacia comunidades de Apaxtla que sirven como un gran centro de acopio. Después la droga es llevada por tierra hacia el Estado de México, pasando por municipios como Teloloapan, General Canuto A. Neri, Iguala y Taxco, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En 2002 se instaló en la presa El Caracol una base de operaciones de la PGR que luego se acondicionó como centro de capacitación y adiestramiento para agentes federales y centro de investigación genética de mariguana y amapola. El propósito: contrarrestar la aplicación de nuevas tecnologías en los cultivos, además de ser base de intercepción aérea y erradicación de cultivos, publicó La Jornada el 6 de enero de 2008.
La inversión que se hizo para el establecimiento de este centro fue de 30 millones de pesos. En sus primeros cuatro meses de operación desplegó fuerzas federales de reacción en busca de cultivos y aeronaves con cargamentos ilícitos. Ahí trabajaban 60 técnicos y 60 pilotos, tres agentes del Ministerio Público, 15 efectivos de reacción y seis integrantes de la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Había además una ambulancia aérea con equipo de terapia intensiva.
El centro fue cerrado en 2006 con el argumento de que “no era costeable”. Con ello comenzó la disputa por este corredor de drogas que ha dejado una estela de ejecuciones y denuncias de nexos entre autoridades locales con el narco.
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