En la víspera de la conmemoración del sexto
aniversario luctuoso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados
por militares, Jorge Mercado y Javier Arredondo, sus familiares se dijeron
engañados y humillados por la Procuraduría General de la República que
incumplió su promesa de entregar al juez el expediente que aún sigue en etapa
de investigación.
Rosa Elvia Alonso, madre de Jorge, lamentó
que el subprocurador Gilberto Higuera le tomara el pelo a ella y a los
familiares de los dos estudiantes masacrados la madrugada del 19 de marzo del
2010, en el interior del campus central de la institución educativa.
Ante unos 100 alumnos de diversas
universidades reunidos en el exterior de la puerta de las calles Luis Elizondo
y Garza Sada, donde fueron los alumnos fueron abatidos por militares, Alonso
recordó que el funcionario se comprometió con ella a consignar ante el juez el
expediente AP/PGR/DGAP/DF/027/2010.
Narró que Higuera acudió el 16 de diciembre
pasado a Saltillo, donde residen ella y su esposo, Joel Mercado, para
comunicarles que el expediente estaba casi terminado y que en “cuestión de
días” lo terminarían, para entregarlo al juzgado.
Los familiares se animaron porque creyeron
que por fin se haría justicia.
El 19 de febrero pasado se comunicaron con
el Ministerio Público que lleva el caso, para avisarles que acudirían a la cita
programada para el 22 de ese mes en la Ciudad de México, pero el representante
social les aseguró, con firmeza, que la cita se programaría en Monterrey, pues
ese día sería consignado el caso.
Recordó la señora Rosa, próxima al llanto:
“Imagínense, le avisamos a toda la familia, a los muchachos del Tec, porque
tenían derecho de saberlo, porque han estado al pendiente del caso. Pero
resulta que el 20, sábado en la noche, nos hablan del Ministerio Público y nos
dicen: Señores todo se detuvo”.
Fue un golpe demoledor para sus esperanzas,
pues el representante social les había dicho que ya tenía el boleto de avión
listo y que se haría acompañar de un equipo de abogados para solucionar
cualquier imprevisto.
“Resulta que cuando fuimos el 22 a México a
preguntar qué pasó, nos dijeron que entendió mal el Ministerio Público. Que
sólo le dijeron que se preparara, porque ya mero se iba a consignar. Nos
indignamos muchísimo y nos hicimos miles de preguntas. Buscamos hablar con el
subprocurador y él nos dijo que se estaba revisando el expediente”, dijo la
madre de Jorge Antonio.
La PGR volvió a jugar con ellos: les
anunciaron que el 4 de marzo, ahora sí, el caso sería consignado, pero de nuevo
la instancia incumplió. Y es fecha que los familiares aún esperan que concluya
la averiguación que, luego de seis años, aún está en la etapa de investigación.
“Esperamos que ya no nos estén tomando el
pelo. Tenemos 6 años esperando por justicia”, dijo la señora Alonso.
Al tomar el micrófono, Jesús Arredondo, tío
de Javier Francisco, dijo que las autoridades han lastimado a los familiares al
revictimizarlos con falsas esperanzas y con una inexplicable dilación de la
consignación del expediente.
“Como estudiantes, sabemos que les indigna
el caso, como familiares, nos humilla. Y nos humillan las autoridades porque,
lejos de procurar la justicia, ésta no se hace. Es una justicia injusta, porque
no ha cumplido, no se ha actuado de manera responsable, dando la solución que
esperamos”, dijo.
La estudiante María Santos, de la Facultad
Libre de Derecho, señaló que estas tragedias impunes acaban con todos los
estudiantes y demandó que la PGR cumpla con perseguir los delitos.
“Le pedimos a la procuradora Arely Gómez
que se ponga a hacer su trabajo, que no voltee la cara”, exigió.
En el evento estuvieron presentes
integrantes de Amnistía Internacional que demandaron justicia y la
reivindicación del nombre de los estudiantes asesinados.
Al finalizar el evento,
todos los presentes demandaron una vez más, como lo han hecho a lo largo de
estos años, que la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca una disculpa pública
por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo,
perpetrado por soldados, y que limpie sus nombres, pues no ha aclarado
públicamente que no eran integrantes de la delincuencia organizada, como
inicialmente lo divulgaron.
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