La Fiscalía Anticorrupción española junto con la Policía
Nacional y los servicios de inteligencia estrechan el cerco de la supuesta
trama en la que estaría vinculado el ex presidente nacional del PRI Humberto
Moreira.
Después de su detención, del registro de su domicilio y
de una primera declaración, el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano
deberá dormir en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real por orden del
juez José de la Mata, quien advirtió “riesgo de fuga” ante la
gravedad de los delitos imputados: blanqueo de capitales y organización
criminal. La información y los documentos incautados en la operación aún son
secretos, así como la mayor parte del sumario en el que hay abundantes
grabaciones realizadas al ex gobernador de Coahuila cuando residió en
Barcelona, en 2013.
La más reciente y gran novedad de la investigación,
empezada por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, fue la localización en
Madrid de un supuesto eslabón de vital importancia para el blanqueo de dinero
procedente del narcotráfico, en concreto del cártel de Los
Zetas, que ya tendría, según los primeros indicios, una red de sociedad
empresarial desde la que supuestamente realizaba las operaciones financieras
delictivas.
El empresario mexicano, también llamado El Mono Muñoz
o El Inge, es conocido por su red de gasolineras en Coahuila –donde
también ha sido multado en numerosas ocasiones por fraudes reiterados a los
consumidores– y por su amistad con el ex gobernador y ex dirigente priísta.
Ahora, la policía española, en colaboración con un juez radicado en San
Antonio, Texas, y los agentes antidrogas de Estados Unidos, ha señalado
supuesta vinculación de este ciudadano mexicano con cártelesdel
narcotráfico.
Durante su comparecencia ante el juez, Muñoz Luévano
defendió su inocencia y negó vínculos con el crimen organizado y blanqueo de
dinero procedente del narcotráfico. También rechazó conocer ni tener relación
con el cártel de Los Zetas. Pero el juez De la
Mata ordenó su traslado a la prisión de Soto del Real, la misma en la que fue
recluido durante una semana el político mexicano y que además es donde envían a
los presos y a reos peligrosos de España, entre ellos la mayoría de los
detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional y de
corrupción política.
El llamado caso Moreira ha tomado un nuevo impulso.
Cuando parecía que la investigación estaba al borde de enviarse al archivo, los
fiscales españoles detectaron la presencia del empresario mexicano en la
capital española y decidieron actuar con base en el cúmulo de información que
han ido recabando en torno al propio Moreira y a su presunta vinculación con el
narcotráfico y, en concreto, con el cártel de Los
Zetas.
Con base en esos datos y el testimonio del testigo
protegido preso en San Antonio, Texas, Rolando González Treviño, Moreira habría
incurrido en al menos cuatro delitos, de los cuales sólo dos son competencia de
la judicatura española: blanqueo de capitales y asociación delictuosa. En los
otros dos, malversación de fondos públicos y cohecho, sólo puede actuar la
justicia mexicana, que en su día ha ido archivando una a una las numerosas
denuncias contra el ex gobernador de Coahuila.
Investigación de años
Tanto Moreira como su supuesto socioEl Mono Muñoz
están siendo investigados desde hace varios años en Estados Unidos y España,
por presuntamente formar parte de la red de blanqueo de dinero que ha tejido el
crimen organizado en México.
Moreira estuvo preso una semana, del 15 de enero en que
fue detenido al 22 de enero; después pasó una semana sin que pudiera abandonar
el país, pero finalmente le fue devuelto el pasaporte el pasado 2 de febrero.
La orden la dio el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, quien además le
advirtió que la causa seguiría abierta a la espera de que los fiscales y la
policía recabaran más pruebas sobre el caso. Eso habría precipitado el regreso
de Moreira a México, menos de 24 horas después de haber recuperado su pasaporte
y traicionado su propio compromiso de que se quedaría en España,
específicamente en Barcelona, hasta que terminara los supuestos estudios de
doctorado que tenía pendientes y también porque “no tenía nada que temer”.
Antes de recuperar su pasaporte, Moreira entregó al juez,
a través de su abogado, el penalista Manuel Ollé, numerosa documentación de sus
empresas y movimientos financieros, además de las cartas en las que la
Procuraduría General de la República (PGR) lo eximía de haber perpetrado los
delitos por los que le habían investigado en México.
De hecho, un reportaje publicado en el diario español El
País advirtió que se ordenó desde la Presidencia de la República que
se presionará lo más posible a la justicia y al gobierno españoles para que se
cerrara el caso contra Moreira. Los responsables de ejecutar esa orden fueron,
según el rotativo español, la PGR y la embajada de México en España, presidida
por la diplomática priísta Roberta Lajous.
La orden era neutralizar la operación policial y judicial
contra el ex presidente nacional del PRI, lo que habría causado un profundo
malestar en la fiscalía, celosa de su independencia, por lo que comenzaron una
nueva ronda de investigación centrada en gran parte en la indagatoria abierta
en Estados Unidos, donde el testimonio de González Treviño sería fundamental,
por su condición de supuesto“prestanombres” del propio Moreira, además de
operador financiero delcártel de Los Zetas.
fuente.-
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