La
Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mira a por lo menos 35
agentes aduanales presuntamente vinculados a una red de funcionarios de la
Agencia General de Aduanas (AGA) que han permitido actividades de contrabando y
que han lavado más de mil millones de pesos en los cinco años recientes,
informaron fuentes gubernamentales y de la propia PGR.
Mexico,D.F 17/Mar/2015 La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido) inició la averiguación previa PGR/UEIORPIFAM/235/2014, y
recibe el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A decir de los funcionarios entrevistados, se trata de una de las
investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la SHCP en
lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Encabeza directamente la indagatoria la fiscalía antilavado de dinero de
la PGR.
Por orden del Ministerio Público Federal, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ya canceló la firma electrónica de 35 agentes aduanales, para
que mientras sean investigados no puedan autorizar operaciones en las aduanas
del país.
El Ministerio Público Federal también ordenó a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) que congele diversas cuentas bancarias de esos
agentes investigados por lavado de dinero.
A los funcionarios investigados se les involucra con una red de
contrabando de textiles desde China, añadieron las fuentes consultadas
Las autoridades mexicanas han detectado grandes redes de contrabando de
textiles que han operado en México y que involucran a más de 153 proveedores,
31 importadores y 113 empresas virtuales.
A las personas morales y físicas sujetas a esta investigación también se
les indaga por presunta evasión fiscal por más de 4 mil 56 millones de pesos,
por lo que el SAT también colabora con las otras instituciones, añadieron las
fuentes consultadas.
Los agentes del Ministerio Público que participan en el caso ya
notificaron a los agentes aduanales que las autoridades de Hacienda detectaron
la existencia de elementos de riesgo que puedan representar un mal uso de los
certificados de sello digital.
El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades mexicanas desde
finales de 2010, luego de que el Departamento de Inmigración y Aduanas
estadunidense descubrió que una compañía radicada en Laredo, Texas, triangulaba
mediante contrabando técnico embarques de textiles a los principales
empresarios del ramo en la ciudad de México.
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