Con cierta frecuencia Enrique Peña
Nieto pregona urbi et orbi que México es una democracia donde
impera el estado de derecho. ¡Vamos, hasta se atreve a decir que es un
país con décadas de estabilidad política, social y económica!
Mexico,D.F 16/Mar/2015 En su mundo
de fantasía, cuando especialistas de la Organización de Naciones Unidas
concluyen que las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición
forzada de personas y la tortura (los toques eléctricos, la asfixia, las
violaciones tumultuarias, la presión sicológica) son prácticas comunes,
generalizadas e impunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores responde que
eso es falso. Y si periodistas de investigación, académicos y directores de
cine de clase mundial concluyen que, además, el Estado es la
corrupción(González Iñárruti dixit), sus amanuenses tarifados en
los medios reviran que se trata de hipótesis únicas sin fundamento,
estereotipos, vías cortas para simplificar realidades complejas, meros atajos
de particulares inmaduros.
Que la
realidad es compleja no hay duda; pero los hechos son los hechos. El 18 de
febrero pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer
públicas las pesquisas en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. La información había sido reservada por la PGR bajo el argumento
de que formaba parte de una averiguación previa. Y sin evidencia empírica que
lo sustentara, el ex procurador Jesús Murillo Karam había decretado laverdad
histórica sobre los hechos de Iguala, limitándose a imputar a los
inculpados delitos de secuestro y homicidio, y no el tipo penal adecuado:
desaparición forzada, que por acción u omisión implica una responsabilidad del
Estado. Sin embargo, en un recurso de revisión aprobado por unanimidad, los
comisionados del instituto revocaron la negativa de la PGR por tratarse
−dijeron− de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, y le ordenaron que
cumpla con el principio de máxima publicidad, lo que un mes después la PGR
no ha hecho.
En un
nuevo pronunciamiento, el 11 de marzo el IFAI ordenó a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) entregar toda la documentación relacionada con las
actividades realizadas por el 27 batallón de infantería del Ejército, con sede
en Iguala, entre los días 25 y 30 de septiembre de 2014, aduciendo que la
desaparición de los 43 estudiantes es un caso de interés público por la grave
violación de derechos humanos que entraña y el involucramiento de autoridades
de seguridad pública en ellos.
La
presunta participación de militares en actividad o retiro en los hechos de
Iguala está documentada en los expedientes del caso. Autoridades estatales y
federales demostraron la comisión de delitos por policías municipales de Iguala
y Cocula.
Entre 2011 y 2014 los jefes de policía de Cocula eran militares
retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (ejecutado) y el mayor
Salvador Bravo Bárcenas. Ambos fueronrecomendados por el general de
división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en
Chilpancingo. Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad
pública de ese ayuntamiento y está señalado como uno de los principales
operadores en la desaparición de los normalistas. Otros tres ex policías con
pasado militar: Honorio Antúnez, Ignacio Hidalgo Segura y Wilber Barrios,
también presos, prestaron servicio en el 27 batallón de Iguala o en la 35 Zona
Militar.
De
acuerdo con el testimonio del ex mayor Bravo, los jefes militares de Guerrero
sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con la delincuencia
organizada. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y
José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto,
comandante del 41 batallón de infantería y coordinador del Operativo
Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la
octava Región Naval de Acapulco, recibieron denuncias sobre tales nexos.
En
particular, eran conocidos los vínculos de José Luis Abarca, ex alcalde de
Iguala, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, con el grupo
criminal Guerreros Unidos. Según obra en el expediente, los mandos
castrenses conocían el modus operandi de las policías
municipales de Iguala y Cocula y Guerreros Unidos para
secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en
fosas clandestinas (un patrón de funcionamiento similar al utilizado por Los
Zetas y la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, en la
matanza de 72 migrantes centroamericanos).
En ese
contexto no se explican las públicas y documentadas relaciones de Abarca
−procesado por delincuencia organizada y homicidio− con el capitán José
Martínez Crespo y los coroneles Juan A. Aranda y José Rodríguez, del 27 batallón
de infantería de Iguala.
Por
acción u omisión, las huellas de mandos militares del 27 batallón y sus
subordinados en el caso Iguala/Ayotzinapa son evidentes. Pero, según el ex
procurador Jesús Murillo Karam, investigar al Ejército –como demandan los padres
y abogados de las víctimas− es un absurdo completo.
Existen indicios de
que la investigación de la PGR encubre al Ejército. Por eso, la orden del Ifai
a la Secretaría de la Defensa Nacional para que abra al público las bitácoras
con las actividades del 27 batallón de infantería entre los días 25 y 30 de
septiembre puede resultar fundamental en la aproximación a la verdad de los
hechos.
Ello, como argumentó el comisionado Rosendo Monterrey del Ifai, tiene
que ver con el ejercicio democrático del poder y la ética de la
responsabilidad pública de los gobernantes; con la salvaguarda del estado de
derecho, pues. De allí que el general secretario Salvador Cienfuegos no debería
enojarse, acostumbrado como nos tiene a escuchar, de su propia voz, que la
institución armada que comanda actúa conforme a la ley y las normas
constitucionales y con total apego a la preservación y defensa de los derechos
humanos.
Fuente.- La Jornada
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