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Una de las debilidades estructurales de México es la fragilidad del estado de derecho, especialmente en materia de justicia penal.
Esta situación se refiere no solo a las instituciones vinculadas al sistema de justicia, también es un problema social, o para ser más preciso, es de carácter cultural en el sentido de la poca estima colectiva que se tiene de la ley y, consecuentemente, de su cumplimiento. Para muchos la ley es un obstáculo, incluso contraria al interés general. La ley implica obligaciones, pero también es la mejor garantía para el derecho propio o para contener el acto arbitrario, venga de donde venga.
A los hechos delictivos que ya se han vuelto parte del paisaje, se suma lo acontecido en días pasados con el linchamiento de tres personas, presumiblemente secuestradores, en Santiago de Atlatongo, Teotihuacán; este viernes se conoció que la alcaldesa de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, presentó su licencia después de que pobladores retuvieron al presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez, y al coordinador del PVEM, Carlos Penagos, a quienes utilizaron como moneda de cambio para defenestrar a la alcaldesa.
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Por su parte, el conflicto magisterial en algunos estados del país persiste. Los líderes de estos grupos han promovido el ausentismo y el bloqueo urbano como fórmula de protesta contra una reforma que es ahora parte de la Constitución y que, por lo mismo, ha dejado de ser discutible su aplicación.
Los maestros intimidan y los actos de vandalismo, como ha acontecido en otros momentos, son previsibles. Las autoridades, en cumplimiento de su responsabilidad, han resuelto el despido de los profesores que incumplan sus obligaciones en el aula.
El uso de la fuerza pública es la consecuencia del incumplimiento con la ley, especialmente cuando está de por medio el ejercicio de libertades de terceros. También es inevitable el inicio de un proceso sancionatorio administrativo, laboral o, incluso, penal, según la falta.
Mientras persista la impunidad el país vivirá en una de las más perniciosas crisis, la del estado de derecho. Ser complacientes con la aplicación de la ley es abrir la puerta a la imposición de unos cuantos sobre el interés general o que prevalezca quien más presiona, vocifera o amenaza.
Respecto a los linchamientos debe quedar claro que la sociedad no puede tomar justicia por su propia mano; la única justicia viable es la que resulta del procedimiento legal y de las garantías que toda persona tiene, incluso el inculpado, el sujeto a proceso y hasta el condenado. No hay atajos para la justicia. El camino de la legalidad es lento y difícil, pero es el más seguro, cierto y conveniente para todos.
El linchamiento no ocurre por las deficiencias del sistema de justicia, más bien se presentan por la inseguridad que fustiga y golpea a las personas y familias. La ausencia de una policía de proximidad confiable es una de las mayores insuficiencias del tejido institucional y de la relación de las personas con la autoridad y particularmente con la ley.
La determinación de las autoridades educativas de sancionar a los maestros faltistas es un acto necesario. Es su obligación y es una forma de sancionar a quienes incumplen sus responsabilidades laborales y también afectan a los alumnos.
La calidad educativa requiere de maestros responsables, aquellos que asumen con mística su tarea, fundamental para la superación personal, comunitaria y colectiva. No es casual la correlación del activismo magisterial con el atraso social que caracteriza a las zonas donde se presenta. La población y los más pobres son quienes han sido rehenes y víctimas de quienes se asumen redentores de los derechos laborales del magisterio.
La realidad es que la reforma educativa elimina la discrecionalidad con la que los líderes de esos territorios definen los derechos laborales y obliga al trabajador de la educación a la evaluación para su estabilidad o promoción laboral.
Es lamentable que con frecuencia la presión social sea en sentido contrario a la aplicación de la ley. Esto ocurre así porque no hay cultura de la legalidad, porque son muchos quienes creen que se pueden resolver los problemas y garantizar los derechos al margen de la ley. No es propio de una opinión pública madura ser complacientes ante el linchamiento, lo que en todo caso le corresponde es dar soporte a las decisiones de las autoridades sobre el cumplimiento de la ley. Por ello es imprescindible que los medios de comunicación y quienes a través de ellos ejercemos nuestra libertad de expresión mantengamos una postura clara e inequívoca sobre el principio de legalidad.
El linchamiento al estado de derecho también se hace presente en la política. La génesis de ello es cuando los mismos actores del proceso democrático cuestionan por igual las reglas, las instituciones y los resultados. Una democracia de malos jugadores es una debilidad estructural que no ha podido superarse a pesar del esfuerzo histórico de dar calidad y confiabilidad a los órganos electorales y que hacen de México ejemplo en el mundo. No se puede ganar ventaja de lo que la democracia ofrece y no asumir las obligaciones elementales que conlleva.
Después de los comicios del 5 de junio el país vivirá un ejercicio obligado de reflexión. Lo importante es que los resultados sean reconocidos por todos los contendientes y los partidos que les postulan. El equilibrio político que se presente será un balance del México de ahora y en este contexto es previsible que los antisitémicos ganen terreno. Sin embargo, la esperanza genuina no puede ser suplantada por el ánimo de venganza pública que resulta del desgaste del sistema de representación y los recurrentes escándalos asociados a la impunidad.
La democracia es la vía para la transformación del país y en su práctica y resultados sirve para el escrutinio al poder a través del ejercicio de las libertades, del debate público y de los equilibrios que se derivan de la pluralidad. La legalidad es su sustento y es imprescindible por lo que viene, que las elecciones próximas signifiquen un precedente que convalide al estado de derecho.
Fuente.-http://twitter.com/liebano
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