La noche se llenó de ráfagas antes de que hubiera una explicación completa. La presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” fue reportada durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa, la noche de ayer viernes 20 de noviembre.
Reforma y Milenio informaron de su detención; sin embargo, los reportes locales consultados todavía advertían que no existía una confirmación pública oficial.
Mientras se despejaba oficialmente la identidad del detenido,desde las redes videos e imagenes daban cuante de la captura y el llamado del capo a la paz.
Mientras los habitantes se ponian a salvo como podian,se reportaron enfrentamientos, vehículos incendiados, bloqueos y sobrevuelos de helicópteros en distintos puntos del municipio. Para los civiles, la noche no se medía en primicias, sino en la distancia entre los disparos y la puerta de su casa.
Reforma reportó enfrentamientos de elementos de la Marina y del Ejército contra hombres identificados como seguidores del capo cuya conexion alcalnza a Tamaulipas y Americo Villarreal,quien como delegado de Morena en 2021,intimo con el capo a traves de su ahora ex-Secretario Particular Norberto Barron.
De Guasavito a las carreteras: una noche bajo fuego
Las primeras detonaciones se reportaron alrededor de las 19:00 horas en Guasavito, Callejones de Guasavito y las inmediaciones del malecón. Habitantes escucharon ráfagas de armas largas, observaron vehículos militares y buscaron refugio en viviendas y comercios. En esa zona también se reportó al menos un vehículo incendiado.
La movilización se extendió hacia las colonias Tierra y Libertad y 17 de Mayo, mientras vecinos difundían grabaciones de disparos y helicópteros como los usados en Tepic en 2017 y que desataron la furia de AMLO.
La violencia no se quedó dentro de la cabecera municipal: Ríodoce reportó afectaciones y bloqueos hacia la salida sur de la carretera México 15, rumbo a Las Brisas, y en la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera. El tránsito cotidiano quedó atrapado en una operación de la que todavía faltaban explicaciones.
Un video del presunto capo ya detenido,pide tranquilizar todo,argumentando la seguridad de su familia.
El nombre detrás del operativo
Meza Flores es señalado como líder del llamado Cártel de Guasave. Reforma describe una estructura asentada en ese municipio, con pistoleros, redes familiares y negocios de distintos giros, que durante más de dos décadas se convirtio en el mayor corruptor del gobierno. No se trata, por tanto, de un nombre menor dentro del mapa criminal de la región y el apoyo politico-criminal debe ser castigado.
El ala dura de Morena tiene un grave problema: no cuenta con un proyecto de candidatura presidencial para el 2030.
Sin embargo, ante la debilidad del perfil de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y ante la secuencia de escándalos alrededor de Andrés Manuel López Beltrán, un prominente político de Morena está operando silenciosamente como el ‘caballo negro’ en la sucesión del gobierno de la Cuarta Transformación.
Se trata de Martí Batres, el director del ISSSTE que controla el mayor aparato de movilización electoral de la capital y que ha tejido redes con figuras del movimiento de la 4T, que van desde Citlalli Hernández hasta Luisa María Alcalde y el propio Gonzalo López Beltrán.
Batres podría ser la alternativa de izquierda nacionalista que compita en el terreno político-electoral con las dos únicas figuras que, hasta ahora, se han posicionado en el imaginario colectivo de los mexicanos como opciones reales para el 2030: Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, y el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Pero antes, Martí Batres deberá conseguir un objetivo esencial para su proyecto presidencial: instalar a su hermana, Lenia Batres, como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No se equivoquen, Lenia será la próxima presidenta de la Corte y yo me voy a encargar de eso”, asegura Martí Batres en privado a sus correligionarios de la 4T, de acuerdo a un reporte de prensa.
Estamos hablando del político que, desde las sombras, descarriló la candidatura de Omar García Harfuch a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que contribuyó al nombramiento de Ernestina Godoy como sustituta de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Martí Batres es un ejecutor de la agenda de ‘Palenque’.
La operación política de la Suprema Corte tiene consecuencias impredecibles para la seguridad jurídica y para la certidumbre económica en México. Las pifias, los conflictos de interés, la irresponsabilidad de los proyectos de sentencia e incluso las acusaciones de corrupción de la ministra Lenia Batres han encendido alarmas en un amplio sector del empresariado, dentro y fuera de México. No es únicamente el hecho de que Lenia Batres es considerada una ideóloga del ala más radical y a la izquierda de Morena, sino que ha probado ser incompetente como ministra de la Corte. En el Pleno anterior a la Reforma Judicial, Lenia Batres fue la ministra con el menor tiempo en el cargo, pero con el mayor rezago de trabajo: 36 de los 47 asuntos que el máximo tribunal dejó pendientes eran responsabilidad de Batres.
A mediados de este año, durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, un grupo de empresarios le pidió explícitamente a la inquilina de Palacio Nacional que interviniera para bloquear la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte. El contingente incluyó, según reportes de fuentes con conocimiento del encuentro, a Carlos Slim (América Móvil); Germán Larrea (Grupo México); Alejandro Baillères (Grupo BAL); Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte); Bernardo Gómez (Televisa-Univisión) y a José Medina Mora (Consejo Coordinador Empresarial).
El argumento de los empresarios fue que Batres ha tomado la postura radical de promover “acciones de nulidad del juicio concluido”. Es decir, extender las facultades de la Suprema Corte para echar para atrás sentencias firmes del Poder Judicial y poner fin al principio rector de la no retroactividad de la ley. De acuerdo a expertos en derecho constitucional, esto implica una transgresión grave al sistema jurídico. Las consecuencias económicas, advierten en el gremio empresarial, podrían ser catastróficas. Incluso en la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador consideran, en privado, que la mera llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte echaría por la borda cualquier posibilidad de que la tasa de crecimiento económico alcance la meta oficial de 2.5 por ciento al año.
Para los Batres, la postura de Lenia no es parte de una agenda ideológica-radical, sino de un asunto pragmático. De acuerdo a fuentes consultadas por Código Magenta, la ministra Batres ha mantenido reuniones privadas con empresarios, cabilderos y operadores políticos para atraer casos a la Suprema Corte. Los encuentros, aseguran a Código Magenta, rayan en el conflicto de interés.
Algo similar a lo que sucedía con Ulises Lara, ex pareja sentimental de Lenia Batres, como antiguo fiscal de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República. Lara, un engrane político esencial del proyecto de Martí Batres, fue removido de su puesto bajo acusaciones de extorsión. De hecho, políticos de alto nivel de la 4T hablan sobre tres episodios que habrían contribuido a su salida: el cobro indebido de comisiones a empresarios de casinos, el descubrimiento de una red de sobornos en algunas delegaciones regionales de la FGR y el uso de oficiosa falsos de la Secretaría Anticorrupción para exigir coimas a contratistas del gobierno federal. Aunque Ulises Lara está separado de Lenia Batres en lo personal, en lo político jamás se divorció de su familia.
Por eso, sorprende el tipo de casos que Lenia Batres ha acaparado en la Suprema Corte de Justicia. De manera sistemática ha intentado llevar al máximo tribunal casos de créditos fiscales que el SAT no pudo fincar a grandes contribuyentes.
En octubre de 2025, la ministra buscó insistentemente atraer una disputa de Samsung con la autoridad fiscal por un crédito fiscal de 9,500 millones de pesos. El caso escaló a un reclamo internacional y se evitó la debacle diplomática de un caso que, alega la empresa coreana, ya estaba juzgado en firme. Lo mismo pasó con un recurso de revisión fiscal que el SAT pidió atraer en contra de FEMSA por un supuesto adeudo de 2,868 millones de pesos contra el conglomerado que dirige José Antonio Fernández. Dado que existía una sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el proyecto de sentencia de Lenia Batres fue rechazado ocho a uno. A pesar de ello, la ministra argumenta equivocadamente de manera reiterada que, para salvaguardar al erario, la ley puede interpretarse de manera retroactiva.
La postura implica una mezcla de ignorancia y pragmatismo político. En una discusión paralela, Lenia Batres aseguró que las herencias deben ser gravadas debido a que reproducen las desigualdades sociales. Al margen de ese argumento, la ministra parece no entender la diferencia entre juzgadores y legisladores. La falta de competencia de Batres no ha sido motivo para marginarla de proyectos relevantes: la ministra fue la ponente de la revocación del amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de la decisión que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear cuentas sin la necesidad de una orden judicial (abandonando la jurisprudencia de 2018 que exigía la petición expresa de una autoridad extranjera para ello).
En contraste, cuando Batres ha tenido que defender asuntos financieros de figuras como Manuel Bartlett o su propio hermano, Martí Batres, no ha dudado en ignorar las críticas de conflictos de intereses. En abril de 2024, intentó eximir a la planta hidroeléctrica de la CFE de Tecpatán, Chiapas del pago de 3,575 millones de pesos de predial: “En la discusión insistí en que el principio de cosa juzgada no es absoluto y que sobre él debe prevalecer la Constitución”. Dos años más tarde, en abril de 2026, también intentó otorgar al ISSSTE, instituto que dirige su hermano, una omisión del pago de predial por 5 mil millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una crisis de gobernabilidad. La sucesión está en disputa. Con la aprobación de la Reforma Judicial, los legisladores de Morena y sus aliados introdujeron al artículo 94 una redacción que se contrapone a lo establecido en el artículo 97 constitucional. La nueva redacción establece la rotación de la Presidencia de la Corte cada dos años, siguiendo el orden en función del número de votos que los ministros obtuvieron en la Elección Judicial. Pero, el artículo 97 estipula que el cambio de Presidencia ocurre cada cuatro años y es por designación del Pleno del máximo tribunal.
Originalmente, Batres estaba encaminada a ser la primera presidenta de la Corte después de la Reforma Judicial. De manera sorpresiva, Hugo Aguilar se impuso en los comicios del acordeón. Dentro de la 4T, la maniobra fue atribuida a Ricardo Monreal como un mecanismo para limitar el poder de la familia Batres en la coalición de Morena. Sin embargo, Lenia obtuvo 5.67 millones de votos. Quedó en segundo lugar, lo que la habría habilitado para tomar protesta como presidenta de la Corte en septiembre de 2026. Eso no ocurrió.
“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable”, declaró recientemente Monreal. “La solución debería orientarse a preservar el modelo del artículo 97”, escribió en un artículo el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, la propia presidenta dijo el 5 de agosto que “hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero, bueno, ese es un asunto de la Corte”.
La presidenta se refería a Yasmín Esquivel, quien ha construido una candidatura alternativa a la de Lenia Batres. De acuerdo a fuentes del máximo tribunal, Esquivel habría alcanzado acuerdos previos con los ministros Loretta Ortiz, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa e incluso María Estela Ríos, ex consejera jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lenia Batres ha antagonizado a toda la corta. “Veo una animadversión insana y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, dijo Batres en una discusión del Pleno en 2026. “Se hacen expresiones que me parecen preocupantes. Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios”, respondió Yasmín Esquivel. “Nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona o en razón de alguna cuestión específica, incluso es contradicción de criterios. No está involucrado algún otro interés de ningún tipo”, complementó el ministro presidente Hugo Aguilar, quien se declara neutral para resolver la indefinición en la Corte.
Lo cierto es que Lenia Batres no tiene el apoyo de sus compañeros. Está injugable. En noviembre de 2024, Latinus publicó que pagó viajes con recursos públicos para atender mítines de Morena “de la defensa de la Transformación del Poder Judicial”. Además, en el exceso de la hipocresía contra la austeridad republicana, Batres declaró en un oficio enviado al Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación que contaba con 95 personas en su nómina directa, una erogación mensual que supera los 5 millones de pesos en sueldos brutos. Un exceso diez veces mayor al gasto que tenía Norma Piña como ministra presidenta de la antigua Corte, para ponerlo en perspectiva.
En Palacio Nacional entienden el riesgo de que Lenia Batres llegue a la Presidencia de la Corte, una aduana estratégica de cara a la elección de 2030. “Yo voy a dejar que sea la Corte la que defina cuál será el método de elección o qué interpretación le van a dar al artículo de la Reforma Judicial”, le dijo Claudia Sheinbaum al grupo de empresarios que la visitaron a mediados de 2026.
A pesar de ello, Martí Batres y el grupo de Andrés Manuel López Obrador insisten en colocar a Lenia Batres al frente del máximo tribunal. Martí necesita la influencia de la Suprema Corte para apalancar su proyecto al 2030. Si Lenia llega, contra todo pronóstico, será una confirmación adicional de que las reglas no se escriben en Palacio Nacional, sino en la sede alterna del poder en México.
En México, una mujer tiene que convertirse en detective, perita y excavadora para encontrar a su hermano. Al Gobierno, en cambio, le alcanza con convertirse en comentarista de la tragedia. Ella pregunta dónde está el cuerpo; el poder explica cómo debe interpretarse la estadística. Ella necesita una respuesta; la autoridad necesita que la pregunta no le arruine la conferencia.
Esa es la herida que atraviesa Antígona González, de Sara Uribe: una mujer busca a su hermano Tadeo en Tamaulipas, donde la ausencia no es una abstracción literaria, sino una realidad que se instala en la mesa familiar y ya no se levanta. Publicada en 2012, la obra mezcla poesía, testimonios y denuncia para ponerle voz a quienes buscan en un país que ni siquiera les garantiza un lugar donde llorar.
La barbaridad no es que el libro siga vigente. La barbaridad es que México haya seguido produciéndole contexto.
Tamaulipas: el horror no necesita relaciones públicas
Tamaulipas no aparece en esta historia como una escenografía escogida para volver más dramática la literatura. Este es el estado con mayor número de personas desaparecidas y el territorio donde Uribe sitúa la búsqueda de Tadeo. Allí, el mito de Antígona deja de parecer una tragedia remota: reclamar el cuerpo de un hermano vuelve a ser un desafío al orden que administra el silencio.
El calificativo solo busca retratar la indignación de nuestra denuncia,porque aquí el fracaso no se mide únicamente en expedientes. Se mide en familias obligadas a sostener la búsqueda mientras intentan conservar el empleo, pagar las cuentas y sobrevivir a una pregunta que no tiene horario de oficina.
En Antígona González, la vida cotidiana continúa con una crueldad insoportable: hay que trabajar, cumplir, seguir. Como si la desaparición de un hermano fuera un inconveniente doméstico y no el derrumbe completo del mundo. La adaptación protagonizada por Marina de Tavira recoge precisamente esa contradicción: el país exige normalidad a quienes les ha sido arrancada.
Sheinbaum y AMLO: la continuidad también debe rendir cuentas
El contexto de la crisis coloca a Claudia Sheinbaum frente al espejo de su antecesor. El procesamiento de datos del registro nacional realizado por TResearch de la tragica fotografia del miercoles 11 de Noviembre, presentaba ya un acumulado de 20.872 personas desaparecidas durante su administración, frente a 16.973 en el tramo que presenta como equivalente del gobierno de López Obrador: alrededor de 23% más.
El señalamiento político permanece: la continuidad no puede servir para heredar los aplausos y deslindarse de las ausencias.
Si se presume el segundo piso, también se responde por los cimientos. Y si el discurso promete una transformación histórica, las familias tienen derecho a exigir algo más sustancioso que una transformación del vocabulario.
El Gobierno no tiene que ganar una discusión contra las buscadoras. Tiene que encontrar a las personas que faltan.
La burocracia descubre que faltan datos; las familias llevan años diciendo que faltan personas
En marzo de 2026, el Gobierno federal presentó un desglose del registro de 132.534 personas desaparecidas. Entre los casos posteriores a 2006 distinguió 46.742 registros con información insuficiente, 40.308 personas con alguna actividad administrativa posterior al reporte y 43.128 con datos de identidad completos, pero sin actividad posterior registrada.
La propia explicación recogida por EL PAÍS establece una diferencia fundamental: una huella administrativa no permite considerar localizada a una persona sin contacto o pruebas de vida o fallecimiento.
Ahí está el límite entre ordenar un registro y resolver una desaparición.
Encontrar un movimiento en una base de datos no equivale a encontrar a una hija. Detectar un trámite no sustituye una localización. Y descubrir que un expediente está incompleto tampoco vuelve incompleta la obligación de buscar.
Por supuesto que los registros deben corregirse. Lo obsceno sería utilizar sus deficiencias como anestesia política: convertir la incapacidad de documentar bien una ausencia en argumento para hacerla parecer menos grave.
La precisión estadística debe ayudar a encontrar personas, no convertirse en una cortina de Excel.
Antígona no pide una conferencia: pide a su hermano
La fuerza de Sara Uribe consiste en devolverle nombre y parentesco a lo que el lenguaje administrativo convierte en categoría. Tadeo no es un pendiente de actualización. Es un hermano. La mujer que lo busca no reclama protagonismo: reclama saber qué ocurrió y dónde está.
Una voz colectiva hecha de testimonios, poesía y denuncia.
«¿Cómo se reconoce un cuerpo?»
¿Cómo se reconoce un cuerpo? ¿Cómo saber cuál es el propio si bajo la tierra y apilados? Si la penumbra. Si las cenizas. Si este lodo espeso va cubriéndolo todo. ¿Cómo reclamarte, Tadeo, si aquí los cuerpos son sólo escombro? Este dolor también es mío. Este ayuno. La absurda, la extenuante, la impostergable labor de desenterrar un cuerpo para volver a enterrarlo. Para confirmar en voz alta lo tan temido, lo tan deseado: sí, señor agente, sí, señor forense, sí, señor policía, este cuerpo es mío.
La incertidumbre de no saber dónde está su hermano:
Pero ni rastro de fiera ni de perros que te hubieran arrastrado para destrozarte. Donde antes tú ahora el vacío. Nadie llamó para pedir rescate o amedrentarnos. Nadie dijo una sola palabra. Yo les hubiera agradecido que a donde se lo hubieran llevado, mejor lo hubieran dejado muerto, porque al menos sabría yo dónde quedó, dónde llorarle, dónde rezar. A lo mejor ya me hubiera resignado.
La frase inicial dialoga con la Antígona de Sófocles: las notas de la obra identifican «Ni rastro de fiera ni de perros…» entre sus citas utilizadas como ejes de escritura.
También procede de la Antígona de Sófocles y aparece reconocida como tal en las notas finales de Uribe. En Antígona González, esa pregunta conecta la búsqueda de Tadeo con el reclamo de ayuda para recuperar y enterrar a los muertos.
Dónde encontrar el texto completo
La copia íntegra de Antígona González esta alojada en el sitio Poesía Mexa. El pasaje «¿Cómo se reconoce un cuerpo?» aparece en la página impresa 75; la pregunta final, en la 101.
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Lo que exhibe Antígona González es algo más profundo que una competencia entre presidentes: un país donde las familias deben luchar incluso para recuperar el derecho elemental a despedirse. Una obra publicada en 2012 sigue encontrando escenario porque la realidad no ha dejado de escribirle nuevas ausencias.
Y mientras el poder discute cómo contar a quienes faltan, Antígona sigue haciendo la pregunta que ningún boletín puede sepultar:
¿Dónde está mi hermano?
¿Me ayudarás a levantar el cadáver?
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN
En Estados Unidos decidieron que ya estuvo bueno de juegos y le soltaron todo el peso del «Penal Code» o Código Penal a 21 presuntos integrantes y socios de La Nueva Familia Michoacana (LNFM). El menú de acusaciones parece buffet libre del crimen: narcotráfico, tráfico de armas, pollerismo con fines de lucro (incluido traslado de migrantes que terminó en tragedia), lavado de dinero y, para cerrar con broche de oro, apoyo material al terrorismo.
El encargado de dar la noticia fue el fiscal federal Justin R. Simmons, desde el Distrito Oeste de Texas, donde un gran jurado en Del Río se puso creativo y formuló 14 cargos.
A la cabeza de esta lista VIP figuran los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga —conocido en el bajo mundo como «El Pez» o «Don Gambino», por si faltaba drama mafioso— y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias «El Fresa» o «El Chino».
Según los papeles de la corte, estos angelitos llevan operando su empresa multinacional del delito desde enero de 2006 entre México, Estados Unidos y donde se deje.
Pero el juego cambió el 20 de febrero de 2025, cuando Washington los ascendió oficialmente de simples narcos a «Organización Terrorista Extranjera». Así que ahora no solo los buscan por vender sustancias, sino bajo la ley RICO y leyes antiterroristas.
La logística de esta franquicia, según la investigación, consistía en cruzar toneladas de cocaína, heroína y metanfetamina para guardarlas en bodegas gringas y luego repartirlas al menudeo. Entre las anécdotas más finas del expediente está el decomiso de poco más de dos kilos de cocaína escondidos en el colector de admisión del motor de un coche, bien envueltos en papel aluminio, como si fuera el lunch para el camino.
El fiscal Simmons no se guardó nada y avisó que la meta es borrar del mapa a los cárteles mexicanos, cortarles el chorro de armas que compran en EE. UU. y juzgarlos como terroristas. Por su parte, los agentes de Seguridad Nacional (HSI) y de la ATF en Texas aprovecharon el micrófono para felicitarse por el trabajo en equipo y prometer que seguirán pisándoles los talones en la frontera.
Eso sí, como marca el manual legal antes de que nadie cante victoria, todo esto sigue en el terreno de las acusaciones y tendrá que probarse frente a un juez.
La solicitud de su búsqueda ya trascendió a las redes sociales como un servicio a la comunidad, y el aviso se percibe más serio que las acciones punitivas del gobierno que simpatizaba con ella.
Que dice al aviso a la comunidad:
XHGC, canal 5, al servicio de la comunidad.
Pedimos su colaboración para localizar a Guadalupe Tadei. La última vez que se le vio, vestía ropa elegante, mascadas finas y estaba acompañada de un empresario que le decía mi reina, mi amor, y recibía contratos millonarios.
Como señas particulares le gusta viajar a París, la sopita de fideo, y tiene una honestidad que según sus antiguos admiradores desapareció con más misterio que un barco en el Triángulo de las Bermudas.
Solía frecuentar adultos mayores que la consideraban una mujer íntegra, independiente y de muy buena familia.
Acostumbraba concederles caprichos, por los que recibió a cambio facultades que ningún otro presidente del INE había tenido.
Aparentemente, su vida ha dado tantas vueltas como la tómbola con la que la escogieron quienes hoy la desconocen.
Se le busca para hacerle unas preguntitas sobre ciertas cuentas que no cuadran y unos cuantos favores que sí.
Si usted la reconoce, tenga cuidado.
Podría intentar convencerlo de que todo fue perfectamente legal.
Padece de sus facultades morales.
Por su colaboración, gracias.
Cualquier información sobre su paradero favor de comunicarse a Palacio Nacional, donde en realidad nadie la busca, no vaya a ser que la encuentren.
Hay que buscar a los hijos, perseguir las pistas, pedir las cámaras y todavía llegar a la Fiscalía con los culpables identificados. Según el testimonio de un activista de Hidalgo, eso es lo que les están exigiendo a familias de personas desaparecidas. Una maravilla de reparto del trabajo: los ciudadanos ponen a los ausentes, hacen la investigación y soportan el desgaste; la autoridad conserva el escritorio.
El hombre que al cierre de la entrevista se identifica como Leobardo Santillán, activista de Tenango de Doria, Hidalgo, no habla desde la comodidad de una tribuna. Habla desde el hartazgo. Denuncia que, en una reunión con funcionarios, les pidieron señalar a quienes se llevaron a sus familiares, pese a que —asegura— habían solicitado oportunamente al Ministerio Público diligencias y la revisión de cámaras de una central.
«Están pidiendo que señalemos a las personas que se llevaron a nuestros desaparecidos», reclama. Y ahí está el fondo de su denuncia: fueron a exigir una investigación y, según su relato, terminaron recibiendo instrucciones para hacerla ellos mismos. Como si denunciar una desaparición incluyera la obligación de entregar al responsable con nombre, apellidos y moño.
El expediente cambia de ventanilla; la familia sigue esperando
Santillán asegura que, de 64 carpetas, las autoridades «declinaron 61».
No hay que perder de vista lo que está denunciando: para una familia que busca, una explicación competencial no sustituye una pista, una diligencia ni una respuesta sobre el paradero de los suyos.
«Estamos buscando a nuestros hijos, a nuestros hermanos», dice. Esa frase debería bastar para colocar la discusión donde corresponde. No son una molestia urbana ni un estorbo frente a un edificio público: son familiares que explican por qué están protestando. «Si estamos dando problemas en la ciudad, no es por gusto».
«Una arpía»: el insulto tiene autor y la acusación exige pruebas
El activista dirige su indignación contra la fiscal Godoy, a quien llama «el enemigo público número uno» y «una arpía». También la responsabiliza de las desapariciones y le reprocha no poner a trabajar al aparato judicial.
No hace falta convertir el insulto en una conclusión periodística para transmitir la dureza de la escena. La denuncia concreta ya es suficientemente grave: familias que dicen acudir por ayuda y recibir un trato prepotente, exigencias para identificar a los responsables y respuestas que consideran una burla.
La empatía que reclaman no es una cortesía de recepción. No están pidiendo café, una palmadita ni una fotografía institucional. Están exigiendo que la búsqueda de sus familiares no termine convertida también en una tarea que la autoridad les devuelve por ventanilla.
La desesperación no necesita maquillaje
Santillán denuncia además que fue golpeado y que dos mujeres también sufrieron agresiones; afirma que están enviando provocadores.
Su enojo escala hasta una amenaza explícita de incendiar el edificio. No hay que esconderla ni celebrarla. Es una expresión grave que debe contarse sin utilizarla para borrar el resto del testimonio: el reclamo de familias que aseguran estar agotadas de buscar y de exigir atención.
El llamado más doloroso de Santillán no va dirigido a una funcionaria, sino a quienes todavía observan desde fuera: que no esperen a tener un desaparecido para acompañarlos. Que la solidaridad llegue antes de que la ausencia les toque la puerta.
Porque una familia no debería necesitar encontrar primero al culpable para merecer una investigación. Ni aprender a gritar más fuerte para que alguien, detrás de un escritorio, recuerde para qué le pagan.