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viernes, 20 de noviembre de 2026

«FUERON a la FGR a PEDIR INVESTIGACIÓN de DESAPARECIDOS y les DIERON INSTRUCCIONES para que la HAGAN ELLOS MISMOS»… amenazan con incendiar la FGR.


Hay que buscar a los hijos, perseguir las pistas, pedir las cámaras y todavía llegar a la Fiscalía con los culpables identificados. Según el testimonio de un activista de Hidalgo, eso es lo que les están exigiendo a familias de personas desaparecidas. Una maravilla de reparto del trabajo: los ciudadanos ponen a los ausentes, hacen la investigación y soportan el desgaste; la autoridad conserva el escritorio.

El hombre que al cierre de la entrevista se identifica como Leobardo Santillán, activista de Tenango de Doria, Hidalgo, no habla desde la comodidad de una tribuna. Habla desde el hartazgo. Denuncia que, en una reunión con funcionarios, les pidieron señalar a quienes se llevaron a sus familiares, pese a que —asegura— habían solicitado oportunamente al Ministerio Público diligencias y la revisión de cámaras de una central.

«Están pidiendo que señalemos a las personas que se llevaron a nuestros desaparecidos», reclama. Y ahí está el fondo de su denuncia: fueron a exigir una investigación y, según su relato, terminaron recibiendo instrucciones para hacerla ellos mismos. Como si denunciar una desaparición incluyera la obligación de entregar al responsable con nombre, apellidos y moño.

El expediente cambia de ventanilla; la familia sigue esperando

Santillán asegura que, de 64 carpetas, las autoridades «declinaron 61».

No hay que perder de vista lo que está denunciando: para una familia que busca, una explicación competencial no sustituye una pista, una diligencia ni una respuesta sobre el paradero de los suyos.

«Estamos buscando a nuestros hijos, a nuestros hermanos», dice. Esa frase debería bastar para colocar la discusión donde corresponde. No son una molestia urbana ni un estorbo frente a un edificio público: son familiares que explican por qué están protestando. «Si estamos dando problemas en la ciudad, no es por gusto».

«Una arpía»: el insulto tiene autor y la acusación exige pruebas

El activista dirige su indignación contra la fiscal Godoy, a quien llama «el enemigo público número uno» y «una arpía». También la responsabiliza de las desapariciones y le reprocha no poner a trabajar al aparato judicial.

No hace falta convertir el insulto en una conclusión periodística para transmitir la dureza de la escena. La denuncia concreta ya es suficientemente grave: familias que dicen acudir por ayuda y recibir un trato prepotente, exigencias para identificar a los responsables y respuestas que consideran una burla.

La empatía que reclaman no es una cortesía de recepción. No están pidiendo café, una palmadita ni una fotografía institucional. Están exigiendo que la búsqueda de sus familiares no termine convertida también en una tarea que la autoridad les devuelve por ventanilla.

La desesperación no necesita maquillaje

Santillán denuncia además que fue golpeado y que dos mujeres también sufrieron agresiones; afirma que están enviando provocadores.

Su enojo escala hasta una amenaza explícita de incendiar el edificio. No hay que esconderla ni celebrarla. Es una expresión grave que debe contarse sin utilizarla para borrar el resto del testimonio: el reclamo de familias que aseguran estar agotadas de buscar y de exigir atención.

El llamado más doloroso de Santillán no va dirigido a una funcionaria, sino a quienes todavía observan desde fuera: que no esperen a tener un desaparecido para acompañarlos. Que la solidaridad llegue antes de que la ausencia les toque la puerta.

Porque una familia no debería necesitar encontrar primero al culpable para merecer una investigación. Ni aprender a gritar más fuerte para que alguien, detrás de un escritorio, recuerde para qué le pagan.

Con información: @MLopezSanMartin/

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