“ASÍ PASA cuando AGARRAN PARTIDO: GN es EJECUTADO después de ACUSAR FLUIDAMENTE la PUDRICIÓN de la GUARDIA NACIONAL”…una copia al carbon en todo el pais.

El caso tiene una brutalidad que el comunicado oficial intenta barnizar con cifras, aeronaves y decomisos: un agente de la Guardia Nacional aparece en video denunciando nexos de mandos con grupos criminales; después, él y otras personas son encontrados asesinados. Defensa confirma que era integrante de la corporación, promete investigar y, de paso, presume el músculo operativo desplegado en Guerrero. 

Lo mataron después de hablar

Eduardo Augusto Pérez —identificado por Defensa como integrante de la corporación— apareció en un video antes de ser asesinado. Antes lanzó acusaciones gravísimas: habló de presuntos mandos y operadores de seguridad que, según su dicho, no combatían al crimen organizado, sino que escogían bando, movían información, orientaban operativos y convertían a la tropa en carne de cañón para favorecer una guerra ajena.

Luego vino el silencio que imponen las balas.

Pérez y otras dos personas fueron hallados sin vida en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que el hombre del video pertenecía a la Guardia Nacional, pero su respuesta pública evitó entrar al pantano central: las acusaciones de colusión entre elementos de seguridad y grupos criminales. En lugar de explicar si los nombres, los mandos, los operativos y las redes denunciadas serán investigados a fondo, el comunicado se concentró en anunciar refuerzos: 284 efectivos, dos aeronaves, 36 vehículos y la promesa de que llegará más personal. 

Es decir: frente a una denuncia que exhibe la captura criminal de una estructura de seguridad, la respuesta es más uniformados, más patrullas y más discurso institucional. Mucho despliegue para perseguir a los responsables materiales; casi nada, hasta ahora, sobre quienes eventualmente podrían haber usado el uniforme, la placa o el mando para administrar territorios, informar a criminales o definir quién vive y quién estorba.

En el video, cuya autenticidad y contenido corresponde determinar formalmente a la investigación, el agente sostiene que había órdenes para vigilar a Los Ardillos, levantar información de comunidades y remitirla a superiores que, según él, terminaban beneficiando a Los Tlacos. También acusa que se preparaban operaciones no para detener, sino para “acabar” con rivales de una organización criminal. No es una denuncia menor: describe una presunta maquinaria en la que la institución deja de ser árbitro y se vuelve tropa de uno de los equipos de la plaza. 

La versión oficial sostiene que la violencia ocurre en un contexto de golpes a las organizaciones criminales en Guerrero. Incluso reportó la captura de 16 presuntos integrantes de Los Ardillos, además del aseguramiento de armas, más de 36 mil cartuchos, droga y vehículos. Pero detener sicarios o decomisar arsenales no responde la pregunta incómoda: ¿quién vigila a los uniformados cuando un elemento denuncia que la estrategia de seguridad opera, presuntamente, con lógica de facción criminal? 

Porque una cosa es combatir al narco y otra muy distinta es administrar la guerra entre cárteles desde el Estado. Si la denuncia de Pérez tiene sustento, no estaríamos ante un simple caso de infiltración —esa palabra cómoda que sirve para todo—, sino ante algo más podrido: autoridades que toman partido, usan recursos públicos para favorecer una disputa criminal y dejan a la tropa expuesta como desechable.

Defensa dice que colaborará para esclarecer los hechos, incluidas las circunstancias relacionadas con las declaraciones difundidas en redes. Eso debe significar algo más que condolencias, comunicados y fotografías de decomisos. Debe implicar preservar el video, identificar a los mandos señalados, revisar bitácoras, comunicaciones, despliegues, órdenes de operación, registros de inteligencia y el origen patrimonial de quienes fueron mencionados. Y, sobre todo, proteger a quienes todavía sepan algo.

Porque si el mensaje final para cualquier integrante de la Guardia Nacional es que denunciar complicidades termina en una fosa o en una carretera, entonces el crimen organizado no sólo controla territorios: también controla el miedo dentro de las instituciones encargadas de combatirlo.

Con información: ELUNIVERSAL/

“MORENISTA CONFIESA FRACASO ANTIEXTORSIÓN: HAY DOS SISTEMAS FISCALES, UNO SOSTIENE al ESTADO y OTRO COBRA CUOTAS para SOSTENER DELINCUENTES”… que en Tamaulipas abrazan a AMÉRICO.

Los dejaron ser, crecer, hacer y deshacer y ahí siguen: cobran, mandan y administran territorios como si fueran una oficina paralela del Estado. Cambiaron leyes, anunciaron estrategias, multiplicaron conferencias y pusieron al “estratega” Omar García Harfuch a combatirlos con declaraciones de alto impacto que todo indica no los impactan y basta con atender la tacita confesión publica de un diputado de Morena: la extorsión ya funciona como el impuesto criminal más eficiente del país.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, puso cifra al fracaso federal: durante 2024, las familias mexicanas desembolsaron 91 mil 800 millones de pesos para pagar protección, prevención o, directamente, para que delincuentes les permitieran seguir trabajando y viviendo.

No se trata de una cuota marginal ni de un delito aislado. Es una maquinaria nacional de saqueo que exprime a trabajadores, comerciantes, empresarios, transportistas, productores rurales y ciudadanos comunes, mientras el Gobierno presume combate al crimen desde el atril. El dinero que sale de los bolsillos mexicanos no llega a escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura ni programas sociales: termina en las cajas registradoras del crimen organizado.

En Zacatecas, por ejemplo, productores de ganado deben entregar hasta 2 mil pesos por cada cabeza que venden. La extorsión también alcanza borregos y chivas. En términos prácticos, el crimen se queda con una de cada 10 cabezas de becerro. El campo ya no sólo produce alimentos: también financia, bajo amenaza, a quienes lo tienen sometido.

Y mientras Sheinbaum y García Harfuch insisten en vender una estrategia de seguridad que supuestamente avanza, desde Morena en la Camara de Diputados admiten que la extorsión golpea la economía, frena la inversión, encarece la construcción, castiga la obra pública, asfixia al sector rural y erosiona las finanzas del propio Estado. El daño, reconoció Ramírez Cuéllar, puede alcanzar hasta 1 por ciento del PIB nacional.

La confesión es todavía más grave porque no proviene de la oposición. Sale de un legislador del mismo partido en el poder, que admite que el delito sigue creciendo protegido por redes de impunidad en los tres niveles de Gobierno. Es decir: no sólo hay criminales cobrando piso; hay autoridades que, por acción, omisión, complicidad o cobardía, les permiten operar como cobradores oficiales de una nación capturada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estimó 5.7 millones de eventos de extorsión en el país durante el año pasado. Pero el dato que desnuda la dimensión del abandono institucional es otro: 97 por ciento de los casos no se denuncia. No porque las víctimas no sepan que están siendo despojadas, sino porque saben que denunciar puede significar exponerse todavía más, mientras la protección oficial suele llegar tarde, si es que llega.

México tiene hoy dos sistemas fiscales: el legal, que cobra impuestos para sostener al Estado, y el criminal, que cobra cuotas para sostener a delincuentes. La diferencia es que al segundo nadie lo fiscaliza, nadie lo frena y nadie le exige resultados. Y, por ahora, parece ser mucho más eficiente que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la estrategia de García Harfuch.

Con información: ELNORTE/

LA “EXTORSIÓN MANDA y PAZGUATO se HACE TARUGO: BREITBART DESTACA EJECUCIONES de QUIENES NO PUDIERON PAGAR al CÁRTEL en TAMAULIPAS”… son aliados electorales de AMÉRICO.

En Tamaulipas, aun administrado por MORENA y Americo Villarreal ,el Cártel del Golfo no solo cobra derecho de piso: también pasa factura con plomo. Mientras en el gobierno sus autoridades guardan un silencio tan cómodo como escandaloso, en cuestión de días fueron asesinados dos empresarios que, según fuentes de seguridad citadas por Breitbart News Foundation, no pudieron pagar las cuotas exigidas por la organización criminal. 

El gobierno de Americo Villarreal multiacusado por EE.UU, sin embargo, parece haber optado por la estrategia de siempre: esconder la información, decir poco o no decir nada y esperar que la violencia se pierda entre el ruido cotidiano. 

A decir de Breitbart,la omisión ocurre mientras el gobernador Américo Villarreal ha sido vinculado con distintas organizaciones criminales, y después de que el gobierno de Estados Unidos le revocara su visa de turista que el niega exhibiendo un plástico y mas de 19 meses de no poner un solo pie del otro lado del Río.

El primer asesinato ocurrió en Ciudad Victoria. Fernando Salas Gómez, de 55 años, volvía a casa con su esposa e hijos cuando un grupo de hombres armados le cerró el paso y lo cegó con las luces altas de sus vehículos. Salas bajó de su auto y los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones. Luego, como remate de la emboscada, le robaron sus pertenencias y el dinero que llevaba antes de escapar. 

Salas era comerciante de autos usados: compraba vehículos en Estados Unidos, los importaba a México y los revendía. Ese trabajo, aparentemente, tenía una tarifa adicional impuesta por el crimen organizado. 

Fuentes de las fuerzas de seguridad de Tamaulipas señalaron a Breitbart News Foundation que ya había sido víctima de extorsión y que le exigían pagos semanales simplemente para dejarlo trabajar. En el Tamaulipas de los cárteles, emprender no basta: hay que pagar permiso a los criminales o exponerse a que ellos mismos dicten la sentencia. 

El segundo homicidio se registró a mediados de semana en el bar Alamitos, ubicado en la colonia Nacozari de Ciudad Victoria. Otro empresario local fue atacado de manera directa por un pistolero, quien huyó sin mayores obstáculos, con la impunidad como cómplice. Autoridades de Tamaulipas indicaron a la fundación que el asesinato también estaría relacionado con la incapacidad de la víctima para cubrir las cuotas de extorsión del cártel. 

Y no son solo empresarios quienes terminan atrapados en este sistema de cobro criminal. En semanas recientes, hombres armados secuestraron a una mujer dedicada a la limpieza porque no había pagado la extorsión que le exigían por operar dos puestos en un mercado ambulante de la ciudad. La liberaron únicamente después de que su familia consiguió pagar la deuda. Es decir: hasta vender en la calle o limpiar casas parece requerir la aprobación financiera de los narcos.

La oleada de violencia extorsiva no es exclusiva de Ciudad Victoria. Breitbart News Foundation reportó que esquemas similares atribuidos al Cártel del Golfo se han presentado en Matamoros y Reynosa. Mientras tanto, el gobierno tamaulipeco sigue ocultando detalles de los casos y evitando enfrentar un problema que ya dejó de ser una amenaza clandestina para convertirse en una rutina sangrienta. 

Este reporte citado por Breitbart,forma de Cartel Chronicles, una serie de Breitbart News Foundation elaborada con periodistas ciudadanos que trabajan bajo seudónimo debido al riesgo de represalias mortales de grupos como el Cártel del Golfo y Los Zetas. 

La fundación informó que viajó a Ciudad de México y a los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar colaboradores dispuestos a documentar la violencia y el silenciamiento de sus comunidades. Esta nota fue firmada bajo el seudónimo de “Francisco Morales”, desde Tamaulipas.

Con información: BREITBART/CARTEL CHRONICLES/

“BEBÉ ASESINADO en SINALOA EXHIBE DOS RESPONSABLES: 2 EJÉRCITOS de una MISMA FRANQUICIA y OTRO, en NÓMINA OFICIAL, INCAPAZ de CONTENERLOS”… en medio, la verborrea numérica de Harfuch.

Un bebé asesinado en Culiacán no es un “daño colateral”: es la radiografía más brutal de una guerra criminal que el Estado presume contener con uniformes, convoyes y comunicados, pero que sigue cobrando vidas como si Sinaloa fuera un territorio abandonado a dos ejércitos de una misma franquicia.

Dos responsables, una tragedia

Juan Alejandro tenía un año y cuatro meses. Fue asesinado durante un ataque en Prados del Sur, Culiacán, donde también murió un adulto y dos personas resultaron heridas —incluido el presunto agresor, quien falleció después—. Ese es el dato que debería perforar cualquier parte oficial redactado con la frialdad de una estadística: un bebé cayó bajo fuego en una ciudad donde la violencia ya se administra por cortes diarios. 

El primer responsable es evidente: la maquinaria criminal de los bandos enfrentados, las facciones de una misma organización que convierten barrios, expendios, calles, motocicletas y vehículos familiares en tableros para cobrar venganzas. No son ejércitos con bandera ni causas políticas; son células de la misma banda disputándose rutas, control, dinero y reputación a fuerza de balas. Y cuando su “ajuste de cuentas” alcanza a un niño, queda claro que su guerra no tiene códigos: sólo gatilleros, objetivos borrosos y víctimas que jamás eligieron estar en el campo de tiro.

El segundo responsable tiene uniforme institucional, presupuesto público y una estrategia que se anuncia reforzada una y otra vez, pero no logra producir lo esencial: seguridad. Más de 16 mil militares desplegados y reforzados hasta el cansancio deberían significar capacidad de inteligencia, prevención, control territorial y reacción efectiva. 

Sin embargo, el saldo diario revela otra cosa: presencia no es dominio; patrullaje no es protección; un convoy no sustituye una política capaz de impedir que un bebé sea alcanzado por la guerra.

El parte de guerra

El reporte del sábado parece un boletín de un frente formal: seis homicidios dolosos en un día; un bebé y un adulto asesinados en Prados del Sur; un hombre ejecutado en motocicleta en la Renato Vega; un ataque en un expendio de Las Estancias con un muerto y un herido; un hombre privado de la libertad en Aguaruto mientras sus hijos pequeños quedaron abandonados en una plazuela; otro baleado en Felipe Ángeles; y una muerte posterior en Mazatlán. 

No es una guerra declarada, pero tiene el inventario de una:

• Muertos diarios.
• Heridos y ejecutores caídos.
• Civiles atrapados en ataques.
• Personas levantadas.
• Niños abandonados tras una privación de la libertad.
• Armas, cartuchos, persecuciones y detenciones.
• Un conteo permanente de bajas, desaparecidos y vehículos robados.

La diferencia es que en una guerra convencional se identifica el frente, se nombran los bandos y se diseña una misión para proteger a la población. En Sinaloa, en cambio, el parte de guerra se publica como rutina periodística mientras el discurso oficial insiste en que la fuerza desplegada basta para contener lo incontendible.

Las cifras no permiten maquillaje

Desde el inicio de la disputa entre los grupos de Los Guzmán y Los Zambada, el recuento citado puntualmente por Noroeste suma 3,815 homicidios dolosos, 4,406 personas privadas de la libertad y 12,429 vehículos robados, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 5 de septiembre de 2026. Eso equivale, en promedio, a 5.2 homicidios, 6.1 privaciones de la libertad y 17.1 robos de vehículos al día. 

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Son números de conflicto armado de baja intensidad, sólo que sin la honestidad política de llamarlo por su nombre. La autoridad contabiliza detenidos y armas aseguradas; la población cuenta ausentes, cadáveres, desplazamientos, negocios cerrados y niños expuestos. 

Una parte presenta resultados operativos; la otra carga los costos humanos.

Que un día no se reporten nuevos robos de vehículo no convierte la jornada en una victoria cuando hubo seis homicidios y entre las víctimas está un niño de un año. La ausencia de una cifra no borra la presencia de una tragedia.

Culiacán no necesita otro comunicado que enumere patrullajes, refuerzos y detenciones como trofeos administrativos. Necesita una estrategia que deje de confundir ocupación con seguridad. Porque mientras dos alas de la misma organización criminal se cobran venganza, el Estado parece limitarse a levantar el parte de guerra y editarlo a la carta.

Y cuando el saldo incluye a Juan Alejandro, un bebé de un año y cuatro meses, ya no hay margen para hablar de “hechos aislados”, “incidentes” o “daños colaterales”: hay una derrota del deber más básico de cualquier gobierno, que es impedir que los niños sean víctimas de una guerra que nadie se atreve a detener y que las lenguas malas de la gente buena presumen fundadamente, esta «agarrando partido».

Con información: NOROESTE/

EL “HÍGADO REGIO” NO es FOLCLOR, es SÍNDROME METABÓLICO y ENFERMA MÁS a la RAZITA de N.L».…no sólo se prende el carbón: también se puede estar cebando la esteatosis hepática.

En Monterrey, la carne asada ya no sólo perfuma patios, terrazas y domingos familiares: también parece tener expediente clínico. El exceso de grasa acumulada dentro de los hepatocitos —las células del hígado— es tan común en la ciudad y su zona metropolitana que, en ciertos círculos médicos, al padecimiento ya le colgaron gentilicio: “hígado regio”.

No es un diagnóstico oficial ni una categoría de manual, pero funciona como retrato epidemiológico: una población con alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, síndrome metabólico y una relación culturalmente estrecha con cortes grasosos, carbohidratos, azúcares refinados y la liturgia dominical del asador. La raza no sólo prende el carbón: también puede estar cebando la esteatosis hepática.

El hígado también factura la carnita

El hígado graso, o esteatosis hepática, aparece cuando se deposita una cantidad excesiva de lípidos en el interior de las células hepáticas. En términos menos clínicos: el órgano encargado de procesar grasas, azúcares y toxinas termina convertido en una especie de bodega metabólica con sobrecupo.

Hay dos grandes rutas para llegar a ese diagnóstico:

• La enfermedad por hígado graso asociada al alcohol, provocada por consumo excesivo y crónico de bebidas alcohólicas.
• La enfermedad por hígado graso no alcohólico —cada vez más nombrada como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica—, vinculada con obesidad abdominal, diabetes, hipertrigliceridemia, colesterol alterado, hipertensión, genética, hormonas, sedentarismo y dieta.

En Nuevo León, según Gabriela Urencio Curiel, especialista en nutrición clínica y geriátrica, el alcohol no es necesariamente el protagonista principal de la inflamación hepática. El reparto estelar lo comparten los carbohidratos, los azúcares y las grasas. Es decir: menos “me destruyó la cerveza” y más “me cobró factura el combo completo de rib eye, tortilla, papa, refresco y postre”.

La diferencia con otras regiones del País, apunta la médica, está también en la composición del plato. En el noreste, la carne asada no es únicamente comida: es identidad, reunión, orgullo regional y, si se convierte en hábito metabólicamente desbordado, una vía rápida para que el hígado empiece a almacenar triglicéridos como si se preparara para un apocalipsis.

El “hígado regio” no es folclor: es riesgo metabólico

No existe una estadística oficial que diga cuántas personas tienen hígado graso en Nuevo León. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición tampoco ofrece una cifra específica para este padecimiento. Pero los factores de riesgo levantan la ceja clínica: 7 de cada 10 adultos en Nuevo León tienen sobrepeso u obesidad, condiciones estrechamente relacionadas con la acumulación de grasa hepática.

A ello se suman enfermedades que van al alza:

• Diabetes o glucosa elevada en ayuno.
• Dislipidemia, es decir, alteraciones en colesterol y triglicéridos.
• Obesidad central, particularmente el exceso de cintura abdominal.
• Síndrome metabólico, esa combinación de alteraciones que convierte al organismo en una sala de espera para enfermedad cardiovascular, diabetes y daño hepático.
• Sedentarismo y alimentación hipercalórica, rica en grasas saturadas, grasas trans y azúcares refinados.

A escala nacional, se estima que alrededor de 50 por ciento de la población podría tener hígado graso, por encima del promedio mundial aproximado de 33 por ciento. En otras palabras: México no sólo carga una epidemia de obesidad; carga también una epidemia silenciosa de hígados infiltrados de grasa.

El órgano calla… hasta que cobra intereses

La esteatosis hepática suele ser silenciosa. No da conferencia de prensa, no avisa con sirena y muchas veces se detecta de rebote: en estudios de sangre de rutina, un ultrasonido abdominal pedido por otra causa o una revisión médica anual que, por una vez, sí llegó antes de que el cuerpo presentara la factura completa.

Cuando hay síntomas, pueden incluir:

• Cansancio persistente y malestar general.
• Molestia o dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde se ubica el hígado.
• Alteraciones del sueño.
• Acantosis nigricans: oscurecimiento y engrosamiento de la piel, con frecuencia en cuello o axilas, un signo que puede asociarse con resistencia a la insulina.

El problema no es sólo la grasa. El problema es lo que puede venir después: inflamación hepática, lesión celular, fibrosis —cicatrización progresiva del tejido—, cirrosis, insuficiencia hepática terminal y cáncer de hígado. La parrillada no produce cirrosis por decreto, desde luego; el riesgo surge de un patrón sostenido de exceso calórico, adiposidad, alteraciones metabólicas y falta de control.

Francisco Bosques Padilla, gastroenterólogo e internista y ex presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, advierte que el número de pacientes diagnosticados ha crecido de forma constante y que la tendencia podría traducirse en más enfermedad hepática terminal, falla hepática y cáncer hepático.

Ya alcanzó a los niños

La imagen más incómoda del fenómeno no está en el adulto con panza cervecera, sino en el niño frente al ultrasonido. Yamilet Jiménez Colindres, especialista en imagenología, señala que en su práctica detectan hígado graso con enorme frecuencia entre quienes acuden a ultrasonido abdominal; incluso han identificado casos pediátricos, incluido uno de apenas 7 años.

La esteatosis en menores no es una curiosidad radiológica: puede ser marcador de un problema metabólico temprano. La especialista advierte también posibles repercusiones en la salud ósea, en particular durante una etapa de crecimiento y mineralización. Si el desorden metabólico acompaña al niño durante años, el costo puede aparecer después como fragilidad ósea u osteoporosis en la vida adulta.

En un estudio del Hospital Zambrano Hellion TecSalud, se identificó hígado graso en 111 de 411 pacientes evaluados durante un check-up: casi 30 por ciento. La edad promedio fue de 50 años; predominaban el perímetro de cintura elevado, la obesidad, el síndrome metabólico y la glucosa alta en ayuno. Una radiografía metabólica del norte: mucha circunferencia abdominal, demasiada glucosa circulante y un hígado haciendo horas extra.

Diagnóstico y salida

El ultrasonido abdominal es una de las herramientas más usadas para detectar cambios compatibles con infiltración grasa del hígado. Cuando hay sospecha, el FibroScan permite evaluar de manera no invasiva la esteatosis y estimar el grado de fibrosis mediante elastografía, una especie de medición de qué tan “duro” o cicatrizado está el tejido hepático.

Los análisis de laboratorio ayudan a iniciar el tamizaje, pero no bastan por sí solos: una persona puede tener hígado graso aun con enzimas hepáticas dentro de rangos aparentemente normales. La biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro porque permite diferenciar la esteatosis simple de la esteatohepatitis, determinar el grado de fibrosis y descartar otras patologías. Pero, al ser invasiva, se reserva para casos seleccionados: candidatos a tratamiento farmacológico, protocolos de investigación o escenarios diagnósticos complejos.

La parte menos espectacular, pero más efectiva, es que el hígado puede recuperarse si se interviene a tiempo. El tratamiento central no consiste en un té milagroso ni en castigar al órgano con suplementos de moda: consiste en corregir el entorno metabólico.

• Perder al menos 7 por ciento del peso corporal puede disminuir significativamente la inflamación y el daño celular.
• Una reducción superior a 10 por ciento puede lograr remisión de la enfermedad en una proporción alta de pacientes y disminuir la fibrosis.
• El ejercicio aeróbico y de resistencia ayuda a movilizar triglicéridos y reducir la grasa acumulada en el hígado.
• Una dieta hipocalórica, con reducción marcada de grasas saturadas, grasas trans y azúcares refinados, es parte central del tratamiento.
• El check-up anual puede detectar el problema antes de que el “hígado regio” se convierta en cirrosis con acento norteño.

La moraleja clínica no es declarar la guerra a la carne asada ni excomulgar al asador. Es dejar de fingir que un órgano metabólicamente lesionado se arregla con una caminata de cinco minutos después del festín. La raza puede seguir reuniéndose alrededor del carbón; lo que no puede seguir normalizando es que el hígado se convierta en el daño colateral permanente de la cultura del exceso.

Con información: ELNORTE/