Visitanos tambien en:

martes, 8 de septiembre de 2026

“MAGENTA NO se EQUIVOCA: FISCAL de la REPÚBLICA YA PERDIÓ el PUDOR y CUALQUIER RASTRO de VERGÜENZA”… su misión es la sumisión para lavarle la cara a AMLO, Andy y la 4T.


La Fiscal de la Nación, Ernestina Godoy, ya perdió todo pudor -si alguna vez existió- para instalarse como la abogada defensora del Cártel de Tabasco. Su tarea está lejos de buscar la verdad para hacer justicia. Su misión hoy es blindar a cualquier precio a Andrés Manuel López Obrador y a sus cercanos, como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Audomaro Martínez Zapata para que jamás sean llamados a cuentas por sus fechorías en el tráfico del huachicol.

Y esto fue más que evidente ayer lunes, cuando la mujer responsable de impartir justicia, salió a atacar a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, los almirantes sobrinos de Rafael Ojeda, quien fuera el secretario de Marina en el sexenio lopezobradorista. 

La Fiscal de la Nación reveló ayer un cateo en una bodega de Manuel Farías Laguna, donde dijo haber encontrado documentos comprometedores y armas. Lo quiso hacer ver como algo clandestino, cuando esa bodega fue donde el contralmirante fue a guardar sus pertenecias cuando dejó la Secretaría de Marina. Y a menos que le hayan sembrado evidencias, ahí no existía algo incriminatorio.

En su conferencia de prensa, la Fiscal Ernestina Godoy transparentó que busca desacreditar todos los dichos y las denuncias hechas por los hermanos Farías Laguna, quienes en principio fueron los que denunciaron ante su tío -el Secretario- cómo la Marina era operada como epicentro de la entrada ilegal de millones de litros de huachicol fiscal.

El denunciante original de los ilícitos, el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, y la delegada de la Fiscalía que investigaba los hechos, Magaly Janet Nava, ambos fueron asesinados en Manzanillo, en octure y noviembre de 2024, con diferencia de 18 días entre un crimen y el otro. ¿Por qué no exhibe la Fiscal Ernestina Godoy las investigaciones de esa “operación silencio”? ¿No existe avance alguno? ¿Y los otros dos marinos que murieron en circunstancias por demás sospechosas? ¿Algo qué informar?

¿Por qué la Fiscal de la Nación no aplica la misma fiereza en sus declaraciones contra el Capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano? ¿Fue ese personaje -con el alias de “Capitán Sol”- quien puso sobre la mesa los nombres de Andy López Beltrán y de Adán Augusto López en sus declaraciones, sobre los jerarcas que manejaban el huachicol desde la Secretaría de Marina? ¿Por qué a ese Capitán Sol -hoy prófugo- sí le otorgaron Amparo contra cualquier detención y ese mismo derecho se les regatea a los hermanos Farías Laguna? ¿Ya lo pactaron?

Peor aún, ¿por qué el ministerio público y la Fiscalía General de la República no le dan a los Farías Laguna y a sus abogados el acceso a sus carpetas de investigación para conocer a detalle de qué se les incrimina y tener la oportunidad de defenderse? ¿Por qué las comparecencias de los sobrinos del ex secretario de Marina se hacen en el Altiplano, a puerta cerrada, sin que nadie -ni medios de comunicación- pueda escuchar lo que dicen, violentando el más elemental debido proceso?

¿Alguien puede creer que, con todo el poder interrogatorio de la Fiscalía General de la República, su titular Ernestina Godoy y sus cientos de investigadores no puedan encontrar el domicilio del almirante Rafael Ojeda para entregarle el citatorio para que comparezca a declarar sobre lo que denuncian sus sobrinos, los Farías Laguna?

Lo que se asoma con toda transparencia, en la actitud de la Fiscal Ernestina Godoy, es la urgencia de desacreditar las denuncias de los Farías Laguna para proteger al círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, Adán Augusto López cuando era jefe de la bancada de Morena en el Senado aplicó todo su poder sobre la presidenta Claudia Sheinbaum hasta forzar la salida del entonces Fiscal, Alejandro Gertz Manero. Una súbita renuncia, de la noche a la mañana. Su “pecado”: ya estaba muy cerca de citar a Andy López Beltrán y al mismo Adán Augusto López, el que operó su renuncia. Y eso lo sabe muy bien la Fiscal Ernestina Godoy. Y ella no quiere correr, hoy, la misma suerte.

Si la Fiscal de la Nación fuera justa, ya nos habría dado algún reporte de cómo avanzan las investigaciones del cártel tabasqueño de “La Barredora”, del que nada sabemos desde que a Hernán Bermúdez Requena, el jefe de Seguridad de Adán Augusto López, fue recluido hace casi un año -el 25 de septiembre de 2025- en el penal del Altiplano. ¿Doce meses de investigaciones sin ningún avance? ¿Ningún citatorio paran “el hermano” de Andrés Manuel López Obrador, quien como gobernador de Tabasco era el jefe supremo de Hernán Bermúdez Requena? ¿Y a los Farías Laguna, ya la Fiscal Ernestina Godoy les da sentencia en sólo dos semanas, sin derecho de réplica pública?

Y si el nombre de Andy López Beltrán se asoma en una docena de testimonios huachicoleros muy comprometedores -desde Pemex hasta Ikon Midstream, en Houston- ¿por qué no sentarlo a comparecer para que el júnior tóxico de la 4T rinda cuentas? ¿Porque es el hijo del Mesías de Macuspana?

Que la Fiscal de la Nación nos diga también por qué se archivó el expediente de la

muerte de los dos muy cercanos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ellos fueron asesinados a la luz del día, en la vía pública, en mayo de 2025. Se trataba nada menos que de Ximena Guzmán Cuevas y de José Muñoz Vega, la secretaria particular y un asesor cercano a Clara Brugada. En esos días, Ernestina Godoy era la Fiscal de la Ciudad de México. ¿Cerraron el caso o se archivó, porque en el expediente apareció el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador?

Lo que tratamos de evidenciar es que la Fiscal, Ernestina Godoy, perdió ya su calidad moral como fiel en la balanza de la justicia en México, para transformarse en la Defensora de Oficio del Cártel de Tabasco. Triste papel para alguien que -está claro- de “independiente” no tiene nada. En su actuar tiene tatuado el apellido López Obrador. Y esa es hoy su tarea central. Impedir que el fuego alcance a los mayores saqueadores en la historia del México moderno.

Con información: CODIGO MAGENTA/

“EXHIBE la PRUEBA PISA el FRACASO de la NUEVA ESCUELA MEXICANA y su BIENESTAR EDUCATIVO”… un retroceso de un cuarto de siglo.


México llegó a PISA 2025 con el discurso de la “Nueva Escuela Mexicana”, pero los números parecen egresados de la vieja normalidad: un retroceso educativo de un cuarto de siglo que ni una mañanera, ni un “no somos iguales”, ni una asamblea informativa consigue maquillar.

En ciencias, los estudiantes mexicanos registraron 414 puntos, apenas por encima de los 410 obtenidos en 2006. En lectura, el país cayó a 408 puntos, por debajo de los 410 de hace dos décadas. Es decir: después de tantos planes, reformas rebautizadas, libros de texto con aroma a revolución de conciencias y promesas de bienestar educativo, México terminó estudiando para el examen… pero con el cuaderno de 2006.

La prueba PISA 2025, coordinada por la OCDE y aplicada a jóvenes de 15 años, no evalúa a alumnos aislados: retrata la eficacia —o el extravío— de los sistemas educativos. Y el retrato mexicano es incómodo para quienes administran el proyecto de nación: en matemáticas, el promedio fue de 388 puntos, contra 463 de la OCDE. Una brecha de 75 puntos, equivalente a dos o más ciclos escolares completos de aprendizaje. La educación mexicana no avanza en “primero los pobres”; parece avanzar con el freno de mano puesto.

Sólo 30 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel básico de competencia en matemáticas, frente al 65 por ciento del promedio de la OCDE. En lectura, apenas 50 por ciento llegó al nivel mínimo, contra 69 por ciento del promedio internacional. Y en ciencias, México se quedó en 414 puntos, muy lejos de los 482 de la OCDE. La “revolución de las conciencias” produjo, por ahora, una revolución de rezagos.

El contraste internacional exhibe la dimensión del tropiezo. Las provincias chinas participantes alcanzaron 612 puntos en matemáticas: 224 más que México. Singapur aventajó al país por 175 puntos en esa misma materia. Mientras Asia compite por dominar inteligencia artificial, ciencia y tecnología, México sigue discutiendo si el problema es “neoliberal”, “conservador” o culpa de administraciones pasadas, como si los adolescentes pudieran resolver ecuaciones con propaganda.

El dato más devastador es otro: ningún estudiante mexicano alcanzó los niveles 5 y 6 de competencia en ciencias, matemáticas o lectura. Ninguno. En cambio, 41.8 por ciento quedó por debajo del nivel 2, es decir, ni siquiera llegó a la competencia básica. El sistema no está formando una generación de excelencia; está administrando una precariedad académica con lenguaje de justicia social.

En comprensión lectora, el país retrocedió 16 años: en 2009, casi 60 por ciento de los participantes alcanzaba el nivel básico; hoy sólo lo logra 50 por ciento. En ciencias, apenas la mitad cuenta con las capacidades mínimas, prácticamente el mismo nivel de hace dos décadas. Mucha narrativa de transformación, poco aprendizaje verificable.

La 4T puede insistir en que el régimen anterior dejó ruinas, y algo de razón habrá en el diagnóstico histórico. Pero a estas alturas ya no alcanza con culpar al pasado: quien presume tener el control del timón también debe explicar por qué el barco educativo sigue navegando hacia 2006. Porque los resultados de PISA no son un ataque conservador ni una campaña de bots: son una boleta internacional que México volvió a reprobar.

Con información: ELNORTE/

“IGUALITA que AMÉRICO y MARINA,es EPIDEMIA: TELEVISA EXHIBE SENADORA que SUSPIRA por GUBERNATURA de B.C. y QUIERE ser DELATORA en E.UU"...la libertad a cambio de ponerle el dedo al resto.


La aspirante morenista a gobernar Baja California, Julieta Ramírez Padilla, no sólo pidió licencia en el Senado para lanzarse rumbo a 2027: mientras reparte propaganda, busca posicionarse frente a sus rivales internos y presume una “nueva etapa” política, también negocia con autoridades estadounidenses la posibilidad de entregar información y convertirse en testigo colaborador.

Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena por Baja California y aspirante a la candidatura de su partido para la gubernatura en 2027, parece estar jugando dos partidas a la vez: una en el tablero electoral mexicano y otra frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por la unidad de investigación NMAS Focus, Ramírez es investigada por autoridades estadounidenses y se encuentra en conversaciones para colaborar como testigo. El medio tuvo acceso a un Proffer Agreementsuscrito entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la legisladora morenista.

No se trata de una carta de buena conducta ni de un trámite burocrático cualquiera. Un Proffer Agreement es, en términos simples, un acuerdo mediante el cual una persona investigada —o un posible testigo— proporciona información a fiscales sobre presuntos delitos, con la garantía de que sus propias declaraciones no serán utilizadas directamente en su contra durante un juicio. 

En este caso, el documento establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que éstas determinen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. También se comprometería, como era de esperarse, a no mentir bajo juramento ni entorpecer la justicia. Nada muy exótico, salvo que se trata de una senadora mexicana que busca subir otro escalón político.

En enero de este año, Ramírez negó mediante videos grabados en Estados Unidos que le hubieran retirado la visa. Meses después, el tema vuelve a asomarse, pero ya no como una discusión de redes sociales: ahora aparece ligado a un acuerdo de cooperación con fiscales estadounidenses.

El 17 de junio, la morenista pidió licencia en el Senado para competir por la candidatura al gobierno bajacaliforniano. En su despedida habló de “humildad”, “alegría” y “profunda responsabilidad” por representar a su estado. Esa misma semana comenzaron a circular volantes en Tijuana para promoverla por encima de otros aspirantes. El entusiasmo proselitista fue tan acelerado que el 1 de septiembre el Instituto Electoral del Estado le ordenó retirar toda esa propaganda, tras una denuncia del PAN por presuntos actos anticipados de campaña.

Ramírez no es una figura aislada dentro del grupo gobernante en Baja California. Mantiene una relación política cercana con la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció que también intentó cooperar con autoridades de Estados Unidos dentro de una investigación, luego de que meses antes se reportara el retiro de su visa.

La senadora con licencia disputa la coordinación de la llamada defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, exalcalde de Tijuana. Así que, mientras Morena decide quién llevará sus siglas en 2027, una de sus cartas más visibles tendrá que aclarar si su campaña avanza con la misma velocidad con la que se abrieron las conversaciones con el Departamento de Justicia estadounidense.

Porque una cosa es pedir licencia para buscar una gubernatura y otra muy distinta es sentarse con fiscales de San Diego a valorar qué información se puede ofrecer, a cambio de qué y sobre quién. 

Con información: NMAS+/ TELEVISA

“ATRAPAN OTRA VEZ a AMÉRICO con las MANOS en el DINERO del PÚBLICO, en CONTRATOS AMAÑADOS”… encontró solución para cada necesidad en los mismos apellidos.


En el gobierno de Américo Villarreal y Morena en Tamaulipas, la especialización empresarial parece haber pasado a mejor vida. Una misma red familiar puede vender medicamentos, químicos, jeringas, material de curación y papelería; al mismo tiempo, incursionar en obra pública, remodelar un panteón municipal y meter mano a instalaciones del propio Palacio de Gobierno. Todo, por supuesto, con cargo al dinero público.

Una investigación de La Expresión en Red documenta un esquema de asignación de contratos gubernamentales a una red integrada por dos hermanos y su cuñado, que en menos de año y medio acumuló más de 47 millones de pesos provenientes de distintas dependencias estatales y municipales. La red aparece como beneficiaria recurrente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep; la Secretaría de Seguridad Pública, SSP; el Gobierno Municipal de Madero; la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, SRHDS; y la Secretaría de Obras Públicas, SOP.

No se trata de una empresa enfocada en un rubro específico, sino de una estructura con capacidad casi milagrosa para vender de todo y construir lo que se ofrezca: desde útiles de escritorio hasta insumos para desinfectar agua; desde medicamentos y jeringas hasta la rehabilitación del Panteón de la Cruz. Una especie de supermercado familiar de contratos públicos, donde el gobierno parece encontrar solución para cada necesidad en los mismos apellidos.

De acuerdo con bases de datos, fuentes abiertas, contratos, registros públicos y documentos oficiales consultados por La Expresión en Red, desde 2024 esta red participa en licitaciones y contrataciones mediante tres personas morales y dos personas físicas con actividades económicas. Es decir: empresas, nombres, expedientes y recursos públicos perfectamente rastreables para quien en el gobierno tenga interés en revisar más allá del discurso.

Los nombres detrás de esta maquinaria contractual son Rolando Guadalupe Galván Figueroa, Carlos Daniel Galván Figueroa y José Ernesto Calanda Quintanilla, cuñado del primero. Según la información obtenida del Registro Público del Comercio, RPC, de la Secretaría de Economía, los tres figuran como propietarios de las empresas Migac Productos y ServiciosIngeniería y Construcciones RCG y Calajer Suministros.

La ruta del dinero comenzó con Carlos Daniel Galván Figueroa. En septiembre de 2024, el Conalep le asignó el contrato DGCyOP/DA/DC/1808/2024, por 997 mil 119 pesos, para suministrar papelería y útiles de escritorio. Nada extraordinario, dirán. El detalle es que aquella primera venta de plumas, hojas y demás mercancía burocrática sería apenas la puerta de entrada a una cadena de contratos que después abarcaría insumos médicos, químicos para agua y obras públicas.

En diciembre de ese mismo 2024, la red reapareció, ahora a través de Migac Productos y Servicios, empresa propiedad de Rolando Guadalupe Galván Figueroa. Sólo durante ese mes, la Secretaría de Salud le entregó 20 millones 545 mil 409 pesos.

El primer contrato fue el SST/SAF/DJ/DCyC/0219/2024, destinado al suministro de jeringas. El segundo fue el SST/SAF/DJ/DCyC/0214/2024, para la compra de material de curación. En otras palabras, mientras una empresa ligada a la red surtía insumos que tienen impacto directo en los servicios de salud, el engranaje familiar ya se movía en otro frente de la administración estatal.

Porque mientras en el edificio ubicado en el 17 Guerrero y Bravo se pactaban esos contratos de Salud, la Secretaría de Obras Públicas le asignaba simultáneamente dos obras a Ingeniería y Construcciones RCG, otra empresa vinculada a la misma red. Ambos contratos fueron entregados el 17 de diciembre de 2024, por un monto conjunto de siete millones 839 mil 140 pesos.

El contrato SOP-IE-EP-287-24I inició el 20 de diciembre de 2024 y tuvo como objeto la rehabilitación del Panteón de la Cruz. Apenas un día después, el 21 de diciembre, entraría en vigor el contrato SOP-IE-EP-290-24D, para la rehabilitación de diversas áreas al interior del Palacio de Gobierno.

Así que mientras una parte de la red facturaba jeringas y material de curación, otra recibía contratos para intervenir un panteón y las oficinas donde despacha el poder estatal. Si esto fuera un giro comercial ordinario, habría que reconocerles una versatilidad de campeonato; pero al tratarse de recursos públicos, lo que corresponde no es aplaudir la elasticidad del negocio, sino preguntar por los criterios de contratación, la experiencia técnica acreditada y los controles que permitieron semejante abanico de adjudicaciones.

Seis meses después, el esquema se repitió. Carlos Daniel Galván Figueroa recibió la asignación de una obra pública en la colonia Adriana González, en el municipio de Madero, por dos millones 825 mil 653 pesos. La red no sólo vendía bienes a dependencias estatales: también se expandía al negocio de la infraestructura municipal.

La siguiente parada fue el agua. El 18 de julio de 2025, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social autorizó a Calajer Suministros la proveeduría de productos químicos y equipos para la desinfección de agua, mediante el contrato DGCyOP/105/2025, por dos millones de pesos.

Es decir, la misma red que ya había pasado por papelería, jeringas, material de curación, rehabilitación de panteones, intervención en Palacio de Gobierno y obra pública en Madero, también se incorporó a los contratos de productos químicos y equipo para garantizar la desinfección del agua. El catálogo gubernamental, al parecer, no conoce límites cuando la puerta de las asignaciones permanece abierta para los mismos beneficiarios.

Después llegó el turno de la Secretaría de Seguridad Pública. El 28 de agosto de 2025, la dependencia entregó seis millones 88 mil 32 pesos para el suministro de medicamento. Y sólo unos días más tarde, la misma SSP acordó pagar siete millones 25 mil 450 pesospor papelería y útiles de escritorio a Carlos Daniel Galván Figueroa.

El dato no es menor: mientras José Ernesto Calanda Quintanilla figura como propietario de Calajer Suministros, Carlos Daniel Galván Figueroa, beneficiario del contrato de papelería de la SSP, es hermano del cuñado de Calanda. Una red familiar que se reparte razones sociales, contratos, rubros y millones con una soltura que debería provocar, como mínimo, la curiosidad de los órganos internos de control y de quienes presumen que en Tamaulipas se administra con pulcritud.

En menos de un año y medio, los Galván-Calanda lograron diversificar sus giros comerciales y sumar más de 47 millones de pesos de recursos públicos mediante asignaciones simultáneas en varias dependencias. Papelería para Conalep, jeringas y material de curación para Salud, obras para la SOP, una obra en Madero, químicos y equipo de desinfección de agua para la SRHDS, además de medicamentos y útiles de escritorio para la SSP.

La pregunta no es si una empresa puede cambiar de giro. En México cualquiera puede ampliar su objeto social. La pregunta es por qué la administración de Américo Villarreal encontró, una y otra vez, respuestas para necesidades tan distintas dentro de la misma red familiar. ¿Quién evaluó la capacidad técnica de cada proveedor? ¿Quién verificó que las empresas y personas físicas contaran con experiencia real para cada contrato? ¿Qué procedimientos de contratación se siguieron? ¿Hubo competencia efectiva? ¿Qué áreas autorizaron las asignaciones? ¿Y qué harán ahora los órganos de control frente a expedientes que exhiben una ruta de recursos públicos tan diversa como convenientemente concentrada?

El gobernador Américo Villarreal puede optar por guardar silencio, fingir que se trata de operaciones aisladas de sus dependencias o dejar que los funcionarios se escondan detrás de tecnicismos administrativos. Pero los contratos no se firman en el vacío, los expedientes no se integran por generación espontánea y los más de 47 millones de pesos no salen del bolsillo de los Galván-Calanda: salen del presupuesto público.

Morena llegó al poder prometiendo acabar con las redes de privilegio, los proveedores consentidos y el negocio de siempre disfrazado de gobierno. Pero cuando una misma familia puede aparecer en la compra de papelería, medicamentos, jeringas, químicos, obras públicas, panteones y Palacio de Gobierno, lo que aflora no es una transformación: es una administración convertida en mostrador de contratos, donde el proveedor de confianza parece vender cualquier cosa, con tal de que el presupuesto siga abierto.

La Expresión en Red, señala que la investigación se sustentó en contratos, registros públicos y documentos oficiales, y anticipó que se trata de la primera parte de la cobertura y que el caso continuará con nuevas actualizaciones.

Con información: LA EXPRESION EN RED/

LA “CIUDAD CUENTA-MUERTOS”: AMÉRICO HOCICONEA SEGURIDAD y el CDG LEVANTA, EXTORSIONA y EJECUTA a sus ANCHAS en REYNOSA»…en medio de cientos de policías y militares.


Mientras el gobernador morenista Américo Villarreal,metido con carteles hasta el «cogote», presume que Tamaulipas avanza en materia de seguridad, Reynosa vuelve a exhibir la distancia entre el discurso oficial y la calle: en cuestión de días, dos hombres fueron asesinados a balazos por el Cartel del Golfo en espacios públicos y privados, sin detenidos ni móviles esclarecidos. 

La ciudad aparece entre las urbes con mayor percepción de inseguridad del país: 86.6% de su población adulta dijo sentirse insegura en junio de 2026, de acuerdo con la ENSU; es decir, el relato de tranquilidad no logra sobrevivir al sonido de las detonaciones. 

Mientras el gobernador de Morena, Américo Villarreal, subcampeón nacional del «levanton» y Reynosa la campeona estatal,presume desde el micrófono que Tamaulipas es territorio de paz y que la seguridad mejora, en Reynosa la realidad se encarga de desmentirlo a tiros.

La tarde de ayer lunes, un hombre, fue ejecutado dentro de la cochera de su domicilio, en la colonia Longoria. El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en el cruce de las calles Reforma y Río Mante, a un costado del gimnasio Olimpia Flex. Vecinos escucharon las detonaciones; después vino el ritual burocrático de siempre: llamada al 911, arribo de patrullas, cinta amarilla, peritos, levantamiento de indicios y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

La pareja de la víctima pidió auxilio luego de encontrarlo herido de bala. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que salvar. La Guardia Estatal acordonó el área y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación. Hasta ahora, como suele ocurrir cuando la violencia golpea Reynosa, no se ha revelado oficialmente la identidad de la víctima, el posible móvil ni la existencia de detenidos. 

No fue un hecho aislado ni una estadística incómoda que pueda esconderse entre boletines. Apenas el fin de semana, otro hombre —de entre 25 y 30 años, según reportes iniciales— fue asesinado a balazos frente a clientes, trabajadores y transeúntes afuera de Plaza Sendero Periférico, sobre la carretera Reynosa-Monterrey. 

El ataque se registró cerca de cajeros automáticos, en una zona comercial, alrededor de las 22:00 horas. Hubo personas corriendo para ponerse a salvo, pero no hay un responsable presentado ante la justicia.

Dos homicidios en pocos días. Uno en la supuesta seguridad del domicilio; otro en una plaza comercial concurrida. Dos escenas procesadas por autoridades; dos expedientes que, hasta el momento, parecen caminar por la ruta conocida de la impunidad.

Y mientras las autoridades estatales insisten en vender una narrativa de control, los habitantes de Reynosa viven el flagelo de la extorsión aunque son frecuentes las reuniones de las inútiles mesas de construcción de la paz mesas que aglutinan entre otros al ejercito, que pareciera no existiera.

En la medición de junio de 2026, 86.6% de la población adulta manifestó sentirse insegura en la ciudad, colocándola en el tercer sitio nacional de percepción de inseguridad. No es una sensación inventada por la oposición ni una campaña de “malos gobiernos”: es la consecuencia cotidiana de una ciudad donde la violencia puede irrumpir en una cochera, frente a una plaza o en cualquier trayecto ordinario. 

En Reynosa, el discurso oficial habla de tranquilidad; las balas, de otra cosa. Américo quien se encamina vertiginosamente a una prision en EE.UU por sus malos oficios,presume cifras. La ciudad cuenta muertos.

Dado el férreo control de prensa que sostiene el gobernador con dinero de los propios contribuyentes, la información suele llegar desde Estados Unidos.

Con información: ELNORTEINEGI 2026/ MEDIOS /