«VIDEO del AMA$IATO de AMERICO y la CHISPA EXHIBE CONTRATOS que EXHIBEN MORENA y el GOBIERNO son SUCURSALES del CARTEL del GOLFO»…que le esculquen la escolta de la FGJ a su servicio.

En Tamaulipas no gobierna Morena,ni tampoco Americo Villarreal: gobierna una sucursal del Cártel del Golfo con membrete oficial y sello de la “transformación”.

Un operador del cártel en Reynosa, Mario Guitián Rosas, alias La Chispa, no sólo habría sido beneficiado con contratos del gobierno estatal: también habría puesto cartera, operadores y estructura al servicio de campañas de varios políticos de la 4T.

No se trataría de apoyos esporádicos, sino de un esquema sistemático de favores, contratos y protección, digno de manual del narcoestado de la casa.

En 2022, el periodista Héctor de Mauleón exhibió una foto tomada en un restaurante de Plaza Oasis, al sur de la CDMX, donde La Chispa aparece muy cómodo junto al senador morenista José Narro Céspedes y el entonces candidato a gobernador Américo Villarreal. La imagen fue subida orgullosamente a redes sociales por Narro y luego borrada con la misma velocidad con la que en Morena dicen: “no somos iguales”.

La Chispa no es un emprendedor cualquiera: funerarias, purificadoras, talleres mecánicos, empresas de seguridad privada, flotillas de taxis… el kit completo para lavar, mover, ocultar y de paso facturarle al gobierno. Con la llegada de Américo Villarreal al poder, esos negocios no sólo sobrevivieron: se pusieron a dieta de presupuesto público y engordaron a punta de contratos.

De enero de 2023 a septiembre de 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas le pagó 242,857 pesos a Ana María Juárez, pareja de La Chispa, por “Servicio de Guardias de Seguridad Privada”. O sea, el gobierno estatal, en lugar de proteger a los ciudadanos de los criminales, les estaría pagando a los criminales para que les vendan “seguridad”. Seguridad privada… para un estado cada vez más públicamente capturado.

La joya empresarial se llama Llantires, creada en 2019 por Mario Guitián, su esposa Ana María y sus hijos Brian y Shirley, primero como negocio todólogo (servicios generales, automotriz, construcción, seguridad, transporte, servicios empresariales) y en 2021 convenientemente ampliada a “Prestación de Seguridad Privada”. 

Esta empresa tiene cuatro contratos por adjudicación directa con la Fiscalía General de la República, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, por un total de 662,120 pesos: el Estado comprándole seguridad a un presunto operador del Cártel del Golfo.

Pero el expediente no se queda en los contratos: Guitián Rosas estaría vinculado al asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, ocurrido el 5 de agosto del año pasado, poco después del aseguramiento de dos millones de litros de combustible ilegal. Reportes apuntan a que el cerebro de ese huachicol fiscal sería La Chispa, quien se reunía con el delegado y llegó a reclamarle en persona por el seguimiento policial del que era objeto.

El empresario y activista Gabriel Hernández Tobar, secuestrado en 2021 por el Cártel del Golfo, denunció en junio de 2024 amenazas de muerte de parte de Mario Guitián. En julio de 2025 fue asesinado, y su familia ha señalado públicamente a La Chispa y a sus cómplices en el gobierno de Tamaulipas como responsables, poniendo nombre y apellido donde las autoridades sólo ofrecen silencio y comunicados huecos.

En la parte política del engranaje, se menciona que el senador morenista José Ramón Gómez Leal y la diputada local Magaly de Ander habrían sido el “puente” entre La Chispa y el gobierno estatal. Ambos, muy valientes para hacer campaña, se volvieron súbitamente mudos cuando se les pidió entrevista para responder a los señalamientos, igual que el gobernador, cuyo fiscal de justicia se niega a encausarlo penalmente.

Con informacion: ADN NOTICIAS/

LO «NUEVO,lo MALO y lo FEO»: «FEDERACIÓN ACTIVA NUEVO PROTOCOLO de BUSQUEDA de DESAPARECIDOS y en TAMAULIPAS YA son CASI 14 MIL CRISTIANOS»…subcampeon nacional por la permisividad tóxica de Americo Villarreal.

La Secretaría de Gobernación (Segob) publico en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas,como uno de los instrumentos rectores de la política pública para los casos de desapariciones en el país, que poco o ningun efecto tendrá,si la autoridad no esta dispuesta a enfrentar al crimen organizado, hoy por hoy aun socios del gobiernen entidades como Tamaulipas,donde Morena y el Gobierno de Americo Villarreal con permisividad tóxica catapultaron los «levantones» y se convirtió a la entidad en una fabrica de NO LOCALIZADOS cuya cífra,la segunda mas alta en el pais,13 mil 707 victimas,crece todos los dias,de acuerdo con el SNPDNLO.

El nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda llegó a poner orden donde antes había puro enredo institucional, porque obliga a activar la búsqueda desde el primer momento, separa búsqueda de investigación y trata la desaparición como una emergencia, no como un trámite con burocracia y café frío. También mete una lógica más humana y más útil: búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, además de reconocer la participación de los familiares y el deber de coordinación entre autoridades.

Lo bueno

El mayor acierto es que rompe con la vieja costumbre de “espérese tantito” y manda a buscar sin demora a cualquier persona de paradero desconocido, con o sin presunción inicial de delito.

También acierta al reconocer que las familias no son visitantes incómodos del proceso, sino parte con derecho a participar, aportar información y exigir resultados.

Y otro punto fuerte: obliga a conectar bases de datos, registros, 911, autoridades migratorias, centros de reinserción y hasta información forense, porque en un país con miles de desaparecidos no sirve que cada institución guarde sus datos como si fueran el último tamal de la oficina.

Lo nuevo

Lo nuevo es la división operativa en cinco tipos de búsqueda, que permite dejar de tratar todos los casos como si fueran iguales y ajustar la respuesta según el escenario.

También es novedoso que el Protocolo trate de forma expresa la búsqueda por patrones, el análisis de contexto y la identificación de casos con elementos comunes, algo clave en un país donde las desapariciones rara vez son hechos aislados.

Otra novedad importante es el lugar que le da al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y al cruce de registros, porque sin identificación humana la “búsqueda” se queda en una promesa elegante con sello oficial.

Lo malo

El problema, como siempre, no es la redacción sino la carne del monstruo: un protocolo brillante en el papel puede convertirse en literatura administrativa si las fiscalías, comisiones y policías no cumplen.

El propio documento admite que el incumplimiento injustificado o la negligencia puede ser falta administrativa grave, pero en México eso suena más a advertencia ceremonial que a consecuencia automática.

Además, el modelo sigue dependiendo de una coordinación institucional que en la práctica suele fallar por rivalidades, desinformación, ausencia de capacidades y la vieja enfermedad burocrática de “ese oficio no me toca a mí”.

Lo feo

En el fondo, este Protocolo reconoce algo incómodo: el Estado mexicano tardó demasiado en aceptar que buscar no es investigar después, sino actuar de inmediato y con todos los medios posibles.

Su valor está en que baja a tierra un estándar de búsqueda más serio, pero su debilidad es la de siempre: en un país de simulación administrativa, el mejor protocolo puede terminar archivado junto a las buenas intenciones.

Dicho sin anestesia: es un avance real, sí, pero también es una prueba de fuego para saber si el gobierno puede hacer algo más que redactar documentos solemnes mientras la crisis de desaparición sigue cobrando factura.

Con informacion: DIARIO OFICIAL de la FEDERACIÓN/ RNPDNLO/

«APUNTA a HUACHICOL de BUQUE FANTASMA JUNTO a ZONA de DERRAME PETROLERO»…navegaba con sistema de identificación apagado, como troca sin luces en la brecha.

Algo huele a petróleo y a impunidad en la Sonda de Campeche. Desde el 14 de febrero, la plataforma satelital SkyTruth captó la estampa perfecta del desastre made in Pemex: un buque de 410 metros de largo, navegando con su Sistema de Identificación Automática (AIS) convenientemente apagado y dejando atrás una mancha de hidrocarburo de más de 53 kilómetros.

La escena —un gigante sin nombre, sin señal y con cola grasosa— es idéntica a las operaciones clandestinas de robo de combustibles que los trabajadores de la paraestatal ya conocen de memoria.

Consultados por REFORMA, empleados de Pemex confirmaron lo que todo el Golfo comenta en voz baja: apagar el AIS es la contraseña del hampa marina. Hay precedentes de naves piratas saqueando ductos y litorales bajo el mismo método, siempre en la misma zona, siempre con la misma impunidad.

Pero en la conferencia de prensa, el Secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, optó por la versión zen: desconocemos por qué la nave navegaba ciega. “Los barcos que cruzan la Sonda tienen rutas, no necesariamente contaminan. Vamos a verificar por qué traía el AIS apagado.”

Traducción institucional: misterio marítimo, fin de comunicado.

Fuentes técnicas apuntan que el buque podría transportar crudo pesado, lo cual cuadra con los reportes de personal de Dos Bocas y del complejo Abkatún, que entre el 6 y el 10 de febrero detectaron presencia de hidrocarburos cerca de las plataformas Alfa, Bravo y Delta, mientras un inusual ballet de buques cisterna merodeaba la zona.
“Hay un derrame, pero no sabemos de dónde viene”, aceptó un superintendente petrolero, antes de continuar las operaciones como si nada. Porque, claro, si no se detiene la producción, no hay fuga en papel.

La descomposición se esparció literal y políticamente: las corrientes marinas arrastraron el combustible hasta Veracruz y el sur de Tamaulipas, mientras el origen se desdibujaba entre mareas, burocracia y silencios.

Las imágenes satelitales suman otra joya: una segunda mancha de 50 kilómetros, distinta a la anterior, también vinculada a movimientos de barcos “oscuros”.

En terminología marítima, esos buques sin AIS activo son “dark vessels”; en la jerga mexicana, ya pertenecen al lado oscuro del presupuesto federal.

Interrogado de nuevo, el almirante Morales defendió la teoría de las “chapopoteras naturales”: “En Cantarell siempre hay manchas. Se han incrementado, sí, pero podría ser una falla estructural que analizamos con controles submarinos.”

Lo de siempre: todo menos aceptar que hay un buque con licencia para contaminar.

Por si faltara confusión, organizaciones ambientalistas detectaron recientemente una nueva mancha cerca de la plataforma Abkatún, y —coincidencia celestial— otra estela de contaminante que seguía el trayecto de un buque a 10 kilómetros de distancia.

La Marina, fiel a su guion, salió con una versión tipo sudoku: 13 barcos estuvieron frente a Coatzacoalcos a inicios de marzo, “uno de ellos causó la mancha, pero no sabemos cuál”. Cuatro siguen en México, el resto ya navega en aguas internacionales. “Pedimos cooperación para inspeccionarlos”, dijo Morales, como quien lanza una botella al mar esperando respuesta.

Así, la historia del buque fantasma de Pemex está completa: el AIS apagado, el derrame negado, las manchas naturales y la navegación sin culpables.

Y mientras el petróleo flota hacia la costa, la opacidad flota mucho mejor.

Con informacion: ELNORTE/

«YA la MATARÓN a DOMICILIO»: «ACTIVISTA HABIA DENUNCIADO la PUDRICIÓN del PODER PUBLICO detras del PODER CRIMINAL»…ella advertia el temor de denunciar por represalias a balazos.

En Morelos ya ni siquiera alcanza con señalar la podredumbre para salir ileso. Sandra Rosa Camacho Flores, activista social de Temoac y excandidata del PT, fue asesinada a balazos en su propio domicilio después de haber denunciado públicamente la inseguridad, las extorsiones y los presuntos vínculos criminales que operaban con total desparpajo en el municipio.

La ironía es brutal: en agosto de 2025, durante una visita de la gobernadora Margarita González Saravia, Camacho se atrevió a decir en voz alta lo que todo mundo comenta en voz baja: que en Temoac había violencia, cobro de piso y personajes muy cercanos al poder local con olor a crimen organizado. 

Meses después, la respuesta del Estado fue la de siempre: condolencias, condena pública y el ritual infalible de prometer justicia mientras la impunidad sigue en funciones.

El guion conocido

De acuerdo con los reportes, sujetos armados irrumpieron en su domicilio y la atacaron de forma directa. Paramédicos confirmaron su muerte en el lugar, mientras la Fiscalía de Morelos anunció que el caso se investigará bajo protocolo de feminicidio.

Y aquí viene la parte que ya ni sorprende, pero sí indigna: cuando una mujer denuncia a quienes concentran poder, alianzas políticas y supuesta protección criminal, el sistema se activa tarde, habla bonito y llega después del cadáver. En Morelos, como en tantos otros lugares, la valentía ciudadana sigue teniendo un costo altísimo y una protección pública bajísima.

La versión oficial y la realidad

El gobierno estatal salió a condenar la agresión y a decir que no habrá impunidad, fórmula estándar que en México ya funciona como un género literario más que como una política pública. La Fiscalía, por su parte, aseguró que agotará las líneas de investigación con perspectiva de género, mientras la pregunta de fondo sigue intacta: ¿quién protege a quienes denuncian antes de que los maten?.

El caso de Sandra Rosa Camacho exhibe otra vez la mecánica perversa del país: primero se tolera la violencia, luego se normaliza, después se lamenta y al final se archiva. Entre tanto, quienes levantan la voz quedan expuestos, y los poderes locales siguen moviéndose con la comodidad de quien sabe que la indignación pública dura menos que un comunicado oficial.

Sandra Rosa Camacho no fue asesinada en silencio: había advertido lo que ocurría, señaló a quienes consideraba responsables y pidió atención a la autoridad. El problema es que en México, muchas veces, hablar claro no te protege; te pone en la mira.

Con informacion: ANIMAL POLITICO/

«TAMBIEN en el MAR»: LA «MARINA ACTIVA PROTOCOLOS por DESAPARICION de 9 PERSONAS en DOS EMBARCACIONES que IBAN RUMBO a CUBA»…el país donde uno puede desaparecer en calles,brechas o carreteras, tiene piratas en el mar.

Ni el océano escapa al agujero negro de las desapariciones mexicanas. Dos veleros con nueve tripulantes de distintas nacionalidades zarparon desde Isla Mujeres rumbo a La Habana el 20 de marzo, cargados con “ayuda humanitaria”. Hoy, a falta de señales o arribo confirmado, la Secretaría de Marina (Semar) activó su Plan Marina, ese comodín burocrático que se usa cuando no queda más que rezar con uniforme.

Entre comunicados, mapas con flechas y aviones Persuader surcando el Caribe, la dependencia asegura que mantiene un “monitoreo permanente” y “análisis continuo de la información disponible”, frases que en el manual de eufemismos gubernamentales significan: “no tenemos idea de dónde están”.

El caso ya movilizó a medio planeta marítimo: con coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con centros internacionales de rescate marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de contactos diplomáticos para el intercambio de información en tiempo real,pero en el país donde uno puede desaparecer en carretera, avión, submarino o lancha inflable, la noticia se lee con resignación.

Con informacion: ELNORTE/

«ACASO la MUERTE TRAE PERMISO ?»: «SICARIOS ATREVIDOS EJECUTARÓN a DIRECTOR de JUNTA de AGUAS de IRAPUATO en PLENA AVENIDA»…como le explicamos a su familia que ya bajaron los homicidios,pero no los homicidas.

En Guanajuato, la estrategia federal presume reuniones del estratega federal Omar García Harfuch , mesas, ferias, comités y hasta canjes de armas; en la calle, en cambio, la realidad sigue hablando con plomo. La mañana de ayer asesinaron a Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Aguas (JAPAMI) en Irapuato y volvió a quedar claro que el discurso oficial se pasea por otro estado, mientras el crimen organiza su propia agenda.

La ejecución del funcionario, a bordo de su vehículo oficial y en plena zona urbana, no es sólo un homicidio más: es la radiografía de un gobierno que insiste en administrar la violencia con boletines, como si las balas se desactivaran con conferencias.

La alcaldesa Lorena Alfaro confirmó la muerte y condenó el ataque, pero su indignación compite contra una maquinaria criminal que ya aprendió la lección más rentable: en Guanajuato, matar autoridades mientras otras acuerdan con ellos, no detiene nada, sólo confirma el vacío.

La paz de utilería

El gobierno federal presume una estrategia de atención a las causas en Guanajuato con cientos de miles de servicios, visitas casa por casa, comités y ferias de paz. Pero mientras las cifras se amontonan en los informes, los ataques siguen ocurriendo a plena luz del día, frente a tiendas, avenidas y oficinas públicas.

Ahí está el truco: el Estado confunde presencia administrativa con control territorial. Puede desplegar brigadas, instalar mesas y repartir propaganda de pacificación, pero si un funcionario sale de casa rumbo al trabajo y termina asesinado en su camioneta, la estrategia no está funcionando; está actuando.

El mensaje criminal

El asesinato de Castañeda Tejeda no sólo golpea a una institución técnica clave para la ciudad; también envía un mensaje político brutal: los cargos públicos en Guanajuato pueden convertirse en objetivos y la impunidad sigue siendo la mejor escolta del agresor.

Que el ataque haya ocurrido en Irapuato, una de las ciudades más grandes del estado, refuerza la idea de que el crimen ya no necesita esconderse en la periferia: circula, dispara y desaparece con la tranquilidad de quien sabe que el Estado siempre llega tarde.es-us.noticias.yahoo+1

El fracaso en una frase

La estrategia federal en Guanajuato no está conteniendo la violencia; apenas la está administrando mientras los grupos criminales conservan la iniciativa. Y cuando la muerte necesita permiso para operar a plena mañana, el problema ya no es de percepción: es de control perdido.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«INFORME de INSIGHT CRIME de 2026 EXHIBE MEXICO como LABORATORIO al AIRE LIBRE con NARCOS DECIDIENDO quien VIVE,se DROGA y con que se MUERE»…el Estado solo sabe contar decomisos, no vidas salvadas.

La frontera norte de México, según el mas reciente informe de Insight Crime, no es “tránsito”: es un laboratorio al aire libre donde el Estado mira para otro lado mientras el narco decide quién vive, quién se droga y con qué se muere.

México, de “país de paso” a consumidor negado

El texto deja claro que el fentanilo ya se incrustó en los mercados locales de Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo y Ciudad Juárez, con crisis de sobredosis muy por encima de lo que el discurso oficial admite. Aun así, la clase política mexicana siguió años vendiendo el cuento de “solo somos ruta”, con López Obrador negando producción y consumo, y Sheinbaum aferrada al libreto de “yo decomiso, luego existo”.

Mientras el gobierno se aferra a encuestas con diseño anémico donde “0.2%” dice haber usado fentanilo alguna vez, los datos de tratamiento se disparan de 2 pacientes en 2016 a 919 en 2024, la mayoría en Baja California, Sonora y Chihuahua; es decir, justo donde la narrativa oficial prefiere no contar cadáveres.

Gobierna el narco, regula el narco, cobra el narco

El informe describe con precisión algo que el gobierno finge no entender: el mercado no lo manda “la demanda”, lo mandan las reglas criminales de barrio.

• En Mexicali, Los Rusos montan un monopolio de libro de texto: dividen la ciudad, asignan conectas, estandarizan peso, sello y precio, y solo permiten fentanilo como adulterante de heroína negra; pastillas M30, prohibidas por decreto mafioso.
• En Tijuana, Sinaloa (Chapitos y Mayiza), CJNG y el viejo CAF operan un oligopolio violento: cada grupo con su color de bolsita, sus colonias y sus sustancias; cruzar a comprar “del otro lado” te puede costar la vida, y 70% de los homicidios se atribuyen a la “gestión” del mercado local.
• En Nogales y Hermosillo, la consigna es: trafica sí, envenena localmente solo a escondidas; el mercado es clandestino, reservado a redes cerradas de confianza, con desapariciones para quien rompa la regla.
• En Ciudad Juárez, La Línea y compañía decretan prohibición casi total: la heroína manda, el fentanilo se tolera solo en lo oscuro y admitir que lo usas es casi firmar tu sentencia de muerte.

Traducción: en el norte de México, la “política de drogas” que funciona no es la de la Secretaría de Salud ni de Seguridad; es la regulación criminal, con policías haciendo de auxiliares, levantando usuarios, protegiendo conectas y dejando fuera del radar a las estructuras que realmente controlan la plaza.

Estado mexicano: campañas, decomisos y cero salud

El documento exhibe al Estado como eso que aparece en espectaculares con calaveritas azules y la palabra “fentanilo”, pero no donde están las jeringas, las sobredosis ni los muertos.

• Methadone: COFEPRIS revienta al único productor nacional y con eso mata las clínicas en Hermosillo, Mexicali y Nogales; justo cuando el mercado se cambia de heroína a fentanilo, el gobierno decide cerrar la única puerta de tratamiento decente.
• Buprenorfina: sí existe en la ley, pero no se puede recetar legalmente para tratar dependencia; México presume “reforma” mientras cancela en la práctica la farmacoterapia moderna.
• Naloxona: clasificada como psicotrópico, reservada a hospital y médico; el Senado se toma años discutiendo su desclasificación mientras las organizaciones de reducción de daños la consiguen por debajo del agua vía donantes extranjeros.

En paralelo, Sheinbaum y Trump presumen desde 2025 que el tráfico “bajó a la mitad”, que trasladaron decenas de capos y decomisaron récord de pastillas, pero en las ciudades estudiadas los precios siguen estables, la dosis sigue disponible y los “shocks” de oferta apenas generan olas pasajeras de escasez.​

Los únicos que trabajan: las organizaciones de calle

El informe deja en ridículo al aparato sanitario mexicano y, de paso, a buena parte de la cooperación internacional: los que sostienen la línea son tres letras sin presupuesto: Verter, Prevencasa y Programa Compañeros, entre otros, que hacen el trabajo sucio que el Estado ni quiere ni sabe hacer.

Ellos detectan primero al fentanilo con tiras reactivas, atienden dos o tres sobredosis diarias, reparten jeringas, enseñan a reducir dosis y a no consumir solos, y mantienen viva a una población que el sistema formal solo ve como expediente penal o cifra incómoda. En ciudades sin estos grupos, el panorama es medieval: para “revertir” una sobredosis se golpea al usuario, se le quema la piel o se le inyecta agua con sal; ciencia de Secretaría de la Ignorancia.​

Todo esto, financiado por universidades y fundaciones extranjeras, mientras el Estado mexicano gasta en spots sobre “el veneno que destruye a los jóvenes” y se niega a entregar naloxona o a normalizar la reducción de daños.

Conclusión incómoda: el laboratorio norte

El gran mensaje del informe es que el norte de México ya ofrece, gratis, el manual de lo que pasa cuando:

• El mercado lo ordenan facciones criminales fragmentadas.
• La salud pública se limita a moralina y desabasto.
• La inteligencia sobre fentanilo se queda atorada entre ministerios y fiscalías federales que desprecian lo que saben policías y paramédicos locales.

No hay “ola imparable” de fentanilo: hay corrientes distintas, algunas contenidas a golpe de miedo, otras consolidadas gracias a reglas criminales claras y a un Estado que solo sabe contar decomisos, no vidas salvadas.

Con informacion: INSIGHT CRIME/