Dicen que el destino no falla, solo tiene un humor retorcido. En Juárez,en N.L, un joven que intentó escapar de los policías decidió hacerle frente a la gravedad… y perdió en todos los sentidos. Érick Ramírez, de 21 años, quiso tomar el camino más alto —literalmente— al subirse a un poste de luz. Pero no contaba con que la electricidad también anda siempre bien enchufada con el karma.
Mientras las sirenas lo cercaban y los gritos de “¡bájate, compa!” se perdían entre los cables, Érick creyó que podía trepar su salida del problema. Lo que trepó, en realidad, fue su propio final: una descarga que iluminó el cielo y un chispazo que selló la lección de la noche.
Cayó como quien se rinde ante la ironía: golpeó cables, besó un transformador y terminó estampado contra el cofre de una patrulla —quizá el único abrazo que el Estado le debía. Ahí quedó el aprendiz de funambulista, con quemaduras, heridas y una cita inmediata con el hospital en estado grave, que bien podría ser metáfora o diagnóstico.
Los testigos dicen que estaba intoxicado. Otros prefieren creer que el destino simplemente se tomó la molestia de recordarnos —con fuegos artificiales— que hay caminos que, por más que se eviten, vienen escritos en algún manual cósmico del absurdo.
Y así, un fugaz intento de fuga terminó convirtiéndose en performance eléctrico improvisado.
A veces el destino no te alcanza por donde corres, sino por donde subes.
Qué ironía tan mexicana: un programa que nació para “democratizar” el gas termina escondido tras las murallas de la burocracia. Gas Bienestar, aquella criatura engendrada con dinero público, anda hoy envuelta en niebla, custodiada por el monstruo de la opacidad de Pemex. Transparencia, dicen, pero solo si no toca los números.
Resulta que la petrolera decidió ponerse filosófica: revelar cuánto cuesta el juguetito social “pondría en riesgo sus ventajas competitivas”. Qué consideración tan conmovedora… para una empresa que vive de los impuestos y opera con infraestructura federal. ¿Ventajas competitivas? En un monopolio estatal, eso suena a chiste de mal gusto.
Así, mientras los tanques de gas siguen rodando con el rostro sonriente del bienestar, nadie sabe cuántos empleados tiene la filial, si pierde dinero o si ya es un agujero negro devorando recursos públicos. Todo reservado, todo “clasificado”, como si el destino de millones de pesos fuera un secreto de Estado.
Y aunque Pemex admite que los datos deberían existir —lo dice sin rubor—, decide guardarlos, apelando a tecnicismos legales que convierten un programa social en un club privado. Se protege detrás del artículo 63 y del viejo truco del “ente no paraestatal”, mientras el ciudadano mira desde la banqueta, con su tanque medio vacío y su paciencia a punto de estallar.
Quizá, como adelantó la presidenta Sheinbaum, Gas Bienestar se apague pronto, no por falta de fuegos artificiales, sino porque la transparencia nunca hizo combustión. Ironías del siglo XXI: un programa creado para llevar gas al pueblo terminó apagándose en el humo de sus propios secretos.
Hay fracasos que no sorprenden; sólo confirman lo que todos sospechamos. Uno más para el currículum de la corrupta Fiscalía General de la República, esa institución que se envalentona con los débiles, pero se tropieza—y hasta se disculpa—cuando el acusado huele a poder político o a donante cercanamente morenista.
Esta vez, el bochorno vino servido desde un tribunal de Nuevo León, que le dio un portazo elegante a la FGR después de su berrinche por la “garantía irrisoria” de 8 mil pesos impuesta a Raúl Rocha Cantú, empresario regio, dueño de Miss Universo y prófugo de la justicia mexicana… aunque, al parecer, con tiempo libre para tomarse un trago en el Ritz de París,donde acaba de ser exhibido y bien preocupado.
La FGR quería subir la fianza a 100 millones de pesos, indignada porque el acusado tiene “sobrados recursos”. El problema: intentó probarlo con capturas de Instagram y páginas web de concursos de belleza. Una Fiscalía que dice perseguir el crimen organizado apelando a Google y Wikipedia —como estudiante que no hizo la tarea—, esperando que los magistrados digan: “sí, su señoría, efectivamente, internet nunca miente”.
El tribunal, tal vez entre risas, le recordó lo básico: el derecho no se dicta con pantallazos ni likes. Así que rechazó el recurso por “infundado”, traduciendo lo jurídico: no traigan chismes como pruebas.
Más allá del sketch, el episodio refleja un patrón viejo: cuando se trata de un político, empresario o aliado del círculo morenoide, la FGR se vuelve un espectáculo de torpeza voluntaria. Simula que persigue, pero sin querer atrapar. Presenta recursos inútiles, pelea lo irrelevante y al final termina exhibida como lo que es: una Fiscalía con mucho ruido, poca ley y cero dignidad institucional.
Mientras tanto, Rocha Cantú,el empresario que usando «conectes» con la SEDENA le conseguía permisos de armas a gatilleros del «Cape», del Cartel del Golfo que lidera Alfredo Cardenas,alias El Contador,otro ligado a Morena y el gobernador de Tamaulipas,Americo Villarreal,sigue libre, elegante y lejano. La FGR, otra vez, queda bailando sola—como una concursante descartada en la ronda semifinal de Miss Justicia 2025.
Dos magistradas de elección popular,esa farsa que le puso toga a incondicionales de Morena y el oficialismo a cargo de Claudia Sheinbaum,acaban de cancelar en forma definitiva la extradición a Estados Unidos de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador priista de Tamaulipas y actual cuadro del Partido Verde aliado de Morena.
Por mayoría de votos, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas, determinó que es México y no Estados Unidos el país que tiene la jurisdicción «preferente e ineludible» para juzgar al ex gobernador de dicha entidad.
Quienes votaron por cancelar la extradición son las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, ganadoras de sus plazas en la elección judicial de junio pasado.
El fallo ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores dejar sin efecto la orden de extradición del 2 de marzo de 2018 y dictar una nueva resolución en la que niegue su entrega.
«Se afirma que el Estado Mexicano, en el ejercicio de su soberanía, posee la jurisdicción preferente e ineludible para juzgar a sus nacionales por los delitos cometidos en su territorio, en particular, a aquellos que afectan directamente su orden jurídico y patrimonio», dice el fallo.
Aclarando aunque no amanezca
Este fallo con cara de falla, que detiene la extradición de Eugenio Hernández Flores no nació del Código, sino del cálculo; no brota de una interpretación virtuosa del derecho, sino de la ingeniería política de la nueva República Judicial que Morena está fabricando con magistraturas recién estrenadas y leales.
Si uno desmenuza el argumento, la trama se revela: el Tribunal Colegiado de Tamaulipas dice que México tiene una “jurisdicción preferente e ineludible” porque parte de los delitos —de lavado y fraude bancario— ocurrieron en territorio nacional. Bonito eufemismo para blindar un favor con el barniz de la soberanía. El texto es de manual: invocan la soberanía nacional como escudo para tapar la sumisión partidista.
El problema es que el artículo 119 constitucional, junto con el Tratado de Extradición México–Estados Unidos, establece que la entrega de un connacional no está prohibida, solo condicionada. Y que cuando el delito tiene efectos transnacionales —como en este caso, con operaciones financieras en Texas y cuentas en dólares— la competencia puede compartirse, pero la decisión recae discrecionalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, el tribunal no tiene facultades para cancelar la entrega. Pero las nuevas magistradas, recién salidas de la elección judicial patrocinada por el partido en el poder, decidieron reescribir el principio de colaboración internacional como si fuera una epopeya soberanista.
El magistrado de carrera, Guillermo Cuautle, lo dijo sin alegoría:la resolución invade competencias del Ejecutivo. Pero su voto fue minoría, arrasado por la narrativa nacionalista que disfrazó un acto político. Porque lo que aquí se resolvió no fue si Hernández es culpable o no, sino si convenía dejarlo fuera del control de la justicia estadounidense justo cuando Morena busca limpiar sus cuadros locales de escándalos antes del 2027.
La “jurisdicción preferente” es la nueva máscara de la impunidad. El razonamiento del tribunal es, en el fondo, un tratado sobre cómo vestir de constitucionalismo una decisión que es pura estrategia: proteger a un aliado incómodo, pero potencialmente útil.
No se trata de un error técnico —es una jugada—. En México, el derecho suele ser performático: se declama para no aplicarse. Y en este caso, las magistradas arrastradas ,al poder, se aprendieron bien el guion.
A Alan Gabriel Núñez Herrera le cayó la noche… y la DEA ya no tendrá que buscarlo. El mismo hombre al que el Departamento del Tesoro gringo acusó de surtir fentanilo para el Cártel de Sinaloa amaneció frío y sin escolta en el norte de Culiacán, justo ahí, en Tres Ríos, donde la vida es cara pero la muerte se reparte sin recibo.
No era cualquier ficha: Núñez traía encima una orden internacional y una recompensa de un millón de dólares, cortesía de Estados Unidos, por andar mezclando negocio con veneno. Según la OFAC, el tipo lavaba dinero a ritmo de smartphone y hamburguesa gourmet: desde tiendas de celulares hasta locales de comida rápida, todo servía para blanquear millones del polvo que mata a los gringos y enriquece a los “Chapitos” ,esos que habian sido aliados de Morena ,el gobierno federal y hasta el ejercito.
Las pesquisas lo pintaban como pieza del engranaje dorado del clan Guzmán, operando junto a personajes de novela —los hermanos D’Artagnan y Porthos Marín— que hacían malabares entre ventas de fentanilo y facturas limpias de empresas americanas. Un esquema brillante en papel… hasta que se secó la tinta.
El lunes 22 de diciembre, su historia cerró en el fraccionamiento Bonanza, justo frente a las oficinas del Gobierno estatal y a espaldas de una privada llamada Ágata —una ironía que ni el mejor guionista del narco podría haber planeado. Vecinos vieron el cuerpo en la banqueta y, como dicta el ritual sinaloense, llamaron a las autoridades que llegaron, acordonaron, levantaron, y luego… silencio administrativo.
Hasta ahora no hay versión oficial. Solo la certeza de que otro operador de los “Chapitos” ya no operará, menos con la facilidad que ahora opera La Mayiza.
Culiacán, por su parte, sigue con su vida entre retenes, refuerzos militares y titulares que parecen reciclados: otro día, otro ejecutado, otro expediente que se cierra a balazos.
En Culiacán no amanece y menos para la policia ,esa que no tiene la escolta «NIVEL TENGO MUCHO MIEDO» del estratega federal que bajo el seudónimo de «Batman» no ha podido con esta ciudad «Caótica».
Otro asesinato a plena luz del día, policías corriendo, cinta amarilla, y comunicados oficiales que parecen copiarse de sí mismos. Luciano “N” era ,porque ya no es, policía municipal, convertido por el Cartel de Sinaloa en el número 66 en una lista que crece más rápido que los «choros fantasiosos» de los detenidos de alto impacto que no impactan en la seguridad de Sinaloa y que presume Batman.
Nadie detenido, por supuesto. ¿Para qué? Si aquí el silencio y la costumbre ya hacen el trabajo más eficiente que cualquier fiscal.
El ataque ocurrió en el mismísimo Centro, en hora pico, entre puestos de tacos y comerciantes que ya ni se agachan. Total, ya aprendieron que las balas no preguntan, y que el verdadero milagro navideño sería ver a un sicario esposado.
El absurdo estadístico de la impunidad,ni siquiera las matemáticas soportan tanta coincidencia.
En el reino perpetuo de la impunidad mexicana, los criminales no solo desafían las leyes del Estado, sino también las de la probabilidad. Porque, si el azar tuviera algo de decencia, ya habría tocado al menos a uno. Pero no: en Sinaloa, el cálculo se descompuso. La estadística se rindió.
Matemáticamente, es casi imposible que casi 70 asesinatos de policías —todos con armas largas, todos en zonas transitadas, todos con cámaras alrededor— terminen sin un solo detenido. Ni un culpable simbólico, ni un chivo expiatorio de ocasión. La probabilidad de que eso ocurra por azar es tan microscópica que el universo tendría que doblarse sobre sí mismo para explicarlo.
Entonces la cuenta no miente: lo que hay aquí no es mala suerte ni eficacia criminal, sino una ecuación trucada. Una en la que las variables de “colusión”, “miedo” y “silencio institucional” valen más que cualquier número. En este país de paradojas, el crimen sí resuelve problemas con precisión matemática, y las autoridades suspenden la aritmética moral a conveniencia porque la impunidad ya no es una falla del sistema. Es su fórmula.
Mientras los señores del poder siguen presumiendo incautaciones y capturas intermitentes,el narco, por su parte, sigue administrando territorios como sucursales de se franquicia criminal.
El conteo macabro sigue: casi 70 policías asesinados y cero culpables, es casi una invitación formal que le hace Omar García Harfuch al crimen organizado para que siga matándolos.Porque delito que no se castiga, delito que se replica
Peor aun, quien no es castigado,se torna mas osado y eso ya esta ocurriendo.
Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, cayó la noche del domingo bajo fuego quirúrgico. El objetivo fue localizado gracias a trabajo de inteligencia y coordinación de células que apuntan a sus rivales de La Mayiza y que operan con precisión de reloj suizo: nadie improvisó, nadie disparó de más.
“El Panu”, pieza clave del aparato de seguridad de Los Chapitos, se creía blindado por lealtades y millones, pero los rivales se le metieron hasta la mesa del restaurante Luaú, en plena Zona Rosa. Ni escoltas ni filtros: un sicario entró, descargó el cargador y salió caminando, sin titubeos, directo a la motocicleta que lo esperaba. Misión cumplida.
Las cámaras lo captaron, los comensales se tiraron al suelo, y en segundos el infierno se disipó como si nada. La víctima, identificada primero con nombre falso, cargaba historia pesada: operativo en el Culiacanazo de 2019, mano derecha de Ovidio Guzmán, y hasta hace poco, sostén del aparato armado tras la caída de “El Nini”.
El Panu, como se conocía a Medina, era el compadre y jefe de pistoleros de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa que mantienen una guerra criminal contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de El Mayo Zambada, histórico aliado del Chapo en Sinaloa, dejando a merced de la violencia al Estado desde hace más de un año.
El reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México señala que la pareja de El Panu es una joven de nombre María José Rojo Sambrano, de 26 años, quien es hija de Adolfo Rojo Montoya, político sinaloense que fue dirigente estatal del PAN, alcalde de Salvador Alvarado y actual subsecretario de Turismo en la administración del gobernador morenista Rubén Rocha Moya.
En el lugar del crimen, fueron asegurados 12 indicios balísticos, incluidos casquillos calibre 9 milímetros. El cuerpo del sinaloense presentó lesiones en cabeza y tórax, según los dictámenes periciales. Inicialmente, María José Rojo Sambrano identificó a su pareja como Óscar Ruiz Domínguez, un empresario hotelero de Mazatlan, declarando que habían llegado a la capital el 20 de diciembre de 2025, hospedándose en un inmueble rentado en Naucalpan. La mujer aseguró también que mantenía una relación de seis años con la víctima, que se comunicaban únicamente por Telegram y que él se dedicaba a la compra y venta de bienes raíces, sin conocimiento de amenazas o antecedentes penales.
El Panu ha sido identificado por autoridades de Estados Unidos como el principal operador de seguridad y mando operativo cotidiano del grupo encabezado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus hermanos. Medina González no solo coordinaba la protección personal de los líderes de la facción, sino que supervisaba a los mandos regionales dentro y fuera de Sinaloa y dirigía a grupos de sicarios desplegados en distintas zonas del país. Su radio de acción se extendía por Sinaloa, Sonora, Baja California y otras entidades del norte de México, que son estratégicas para el control territorial y las rutas de trasiego de armas y drogas, sobre todo, metanfetamina y fentanilo ilegal.
Su ascenso en Los Chapitos, de acuerdo con lo difundido por las autoridades y reportes periodísticos, se consolidó tras la caída de otros jefes de seguridad, entre ellos Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, quien fue detenido en un operativo especial en Culiacán, y luego Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27 o La Perris, asesinado en el municipio de Navolato por el Ejército. Ambas bajas colocaron a Medina González en una posición clave dentro del organigrama criminal.
Para la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, El Panu representaba una pieza central en una organización a la que atribuyen gran parte del ingreso masivo de fentanilo a Estados Unidos. El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos en su contra por empresa criminal continua, conspiración para la importación y distribución de fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas de alto poder, entre otros delitos. El nivel de peligrosidad atribuido a su rol llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a ofrecer una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.
Su inclusión en las listas de los más buscados respondía, según Washington, a su posición como supervisor directo de sicarios, así como de operaciones de tráfico a gran escala y de la violencia dirigida contra las fuerzas del orden y grupos rivales.
En el último año, El Panu se convirtió en una figura clave en la guerra interna que enfrentan Los Chapitos contra Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Ese mismo papel lo convirtió también en uno de los objetivos prioritarios dentro del conflicto para el Gobierno mexicano. En esa confrontación, la facción de Los Chapitos ha sufrido golpes importantes con las bajas -además de La Perris- de Luis Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito, identificado como jefe de seguridad y financiero y de otros colaboradores cercanos como Kevin Alonso Gil Acosta, El 200.
El mensaje no necesitó narcomanta: fue un golpe de precisión quirúrgica, con inteligencia, ubicación puntual y ejecución limpia. La eliminación de “El Panu” reconfigura el tablero de Los Chapitos y deja claro que la guerra interna del cártel se libra ya sin teatro. Crimen organizado, versión 2025: operaciones de alto nivel, sin ruido, sin errores, sin misericordia.
Con informacion: ELNORTE/ DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MARCOS VIZCARRA
Dos presuntos delincuentes fueron abatidos por agentes ministeriales tras un enfrentamiento en una quinta, en Santiago.
La balacera dejó también a dos elementos heridos, además de un hombre y una mujer detenidos, además del aseguramiento de armas.
El enfrentamiento fue reportado a la 1:30 de la madrugada en una quinta ubicada en la Avenida Las Torres y Benito Juárez, en la comunidad Los Rodríguez, a unos 300 metros al oriente de la Carretera Nacional.
La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que uno de los abatidos es Zeferino Peña Cuéllar, «Don Zefe», un capo que perteneció al Cártel del Golfo; el otro es David Calderón, un ex militar.
Señalaron a «Don Zefe» como fundador de un grupo criminal que opera desde Tamaulipas y lo relacionan con el traslado y distribución de narcóticos en Nuevo León.
La autoridad no especificó si el capo estaba relacionado con el comando de 17 presuntos integrantes del Cártel del Golfo capturados el sábado en Montemorelos.
Las operaciones de «Don Zefe» en Nuevo León surgieron a la luz pública el 30 de octubre del 2001, cuando «Los Zetas» incursionaron por primera vez a Monterrey.
En esa ocasión, vestidos como militares y en unidades clonadas del Ejército, un comando armado irrumpió en una finca en el Fraccionamiento Hacienda Santa Lucía, en el sur de la Ciudad, en busca de Peña Cuéllar.
«Don Zefe» logró evadirlos y en un enfrentamiento murió un ex agente judicial dentro de la finca.
En el caso de esta madrugada, una fuente allegada al caso informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones recibieron el reporte de personas armadas dentro de la quinta, por lo que armaron un operativo.
Con los datos recibidos, los agentes llegaron a la propiedad, pero fueron recibidos a balazos iniciando el enfrentamiento.
El vocero indicó que los ministeriales lograron abatir a dos hombres y capturaron a una mujer.
Sin embargo, en la balacera dos elementos resultaron heridos.
Uno de ellos presentaba lesiones en una pierna y fue trasladado por sus propios compañeros en una patrulla a un hospital.
La fuente añadió que mientras estaba el enfrentamiento otro grupo de hombres armados llegó y comenzó a agredir a los investigadores, pero después huyeron.
Al lugar llegaron elementos de la Policía de Santiago, Fuerza Civil y más compañeros de los agentes para apoyar en el enfrentamiento.
Paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron la muerte de los dos presuntos delincuentes, a quienes también les hallaron armas, aseguró el informante.
Al interior de la quinta también se apreciaban más armas y trascendió que autoridadessolicitarían una orden de cateo para revisar el inmueble.
La zona fue sitiada por las autoridades para continuar la indagatoria.
