Si los narcos colombianos tuvieran un departamento de Investigación y Desarrollo ( I+D) , se parecería más a un taller de electrónica en un barrio industrial que a un laboratorio secreto bajo la selva. Con menos de 100 mil pesos —sí, lo que cuesta un celular de gama alta— una organización criminal puede montar un sistema de navegación suficiente para que un semisumergible autónomo cruce medio Caribe cargado de cocaína sin que nadie tenga que mancharse los zapatos de sal.
La receta suena sacada de un canal de YouTube: un piloto automático NAC-3 de 57,990 pesos, un par de navegadores GPS de Amazon (los hay desde los 4,689), tres antenas Starlink de 12 mil cada una para mantener conexión satelital, y unos routers Wi-Fi de oficina barata por unos cuantos billetes más. Todo legal, todo disponible al alcance de un clic.
El capitán de fragata Víctor Antonio González Badrán, de la Armada de Colombia, lo dice sin adornos: “El piloto automático que utilizan es el mismo que se instala en un velero o un yate de recreo.” En otras palabras, el narco descubrió el placer de las compras en línea… pero con propósitos ligeramente más ambiciosos que irse de pesca.
El negocio del mar se ha vuelto tan frío y calculador como un algoritmo. El sistema de navegación, con todo y cámaras, GPS y conectividad satelital, no rebasa los 100 mil pesos. Y sin embargo, el juguete completo —casco, motores, propulsión y estructura— sube hasta 200 mil dólares. Un precio ínfimo si la carga vale varias toneladas de clorhidrato de cocaina con destino al norte del continente.
Al eliminar la tripulación, los narcos mataron dos pájaros de un balazo: más espacio para la mercancía y menos riesgo de captura. Sin testigos, sin declaraciones, sin pescadores con cara de susto ante la marina. “Menos riesgo humano, mayor carga y control remoto desde cualquier lugar del mundo”, resume González Badrán. Traducido a jerga criminal: más eficiencia, menos problemas.
Es la nueva era del tráfico marino: robots hechos de piezas civiles, navegando sigilosos por aguas comerciales, mientras las autoridades se rompen la cabeza tratando de rastrear señales de Wi-Fi flotantes en mitad del Pacífico. Lo que un día fue mito tecnológico de película gringa, hoy se arma con piezas de catálogo y un tutorial de Reddit.
Y así, con inventiva de chatarrero y presupuesto de estudiante universitario, el crimen organizado vuelve a demostrar su única vocación constante: innovar antes que todos.
Todas las redes de corrupción tienen su centro, el nodo en el que se entrelazan todas las operaciones ilícitas, más aún cuando se trata de movimientos de dinero. En la red encabezada por Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad sentenciado en Estados Unidos por narco, el corazón está en Nunvav Inc.
Más de la mitad de la fortuna que García Luna hurtó del Gobierno mexicano entró a las cuentas de esa compañía y de ahí fue dispersado a múltiples destinos dentro y fuera del país.
Esta semana, la Fiscalía capturó a María Vanessa Pedraza Madrid, apoderada legal de Nunvav y excolaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012). Acusada de blanqueo de recursos y delincuencia organizada, Pedraza fue enviada al penal femenil federal de Morelos, donde estará recluida desde el inicio de su juicio hasta el dictado de su sentencia.
Pero la empresa de García Luna no solo solo hizo negocios con la federación,tambien con los estados, entre ellos Tamaulipas,como publicó La Jornada en Octubre de 2020.
«En México, la firma panameña también vendió a las universidades. Con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas celebró un contrato por 2 millones 931 mil 900 pesos en septiembre de 2016, con José Luis Zaragoza Chacón como rector, por cursos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Competencias Policiales Básicas Modalidad a Distancia…»LA JORNADA/
El Gobierno de México emprendió un litigio en los tribunales de Estados Unidos para intentar recuperar la fortuna que García Luna amasó mediante el expolio del erario.
En representación de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia antilavado, sostuvo que esos recursos pertenecían legítimamente a México, pues fueron obtenidos mediante contrataciones fraudulentas con dependencias de la Administración pública. La demanda fue presentada en el Estado de Florida, donde el exfuncionario asentó su riqueza.
La UIF puso en el centro de la diana no solo a García Luna, sino a decenas de socios, prestanombres y empresas utilizadas en el enorme esquema de corrupción.
Una de las entidades acusadas fue, precisamente, Nunvav, una compañía constituida en el paraíso fiscal de Panamá en 2005, propiedad de los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, socios y testaferros de García Luna.
La suma del dinero desviado, según México, es de 745,4 millones de dólares, provenientes de las arcas de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía de Ciudad de México. De esa cantidad, 466,4 millones de dólares, el 62%, fueron a parar a las cuentas de Nunvav, mediante 26 contrataciones simuladas.
La gran mayoría de los desvíos a esta firma ocurrió en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), desde dos áreas estratégicas de la Secretaría de Gobernación: el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje político del Gobierno priista, y el OADPRS, el órgano que administra las prisiones federales.
El titular de la Segob durante todo el sexenio priista fue Miguel Ángel Osorio Chong, personaje del círculo más cercano a Peña Nieto. Los contratos tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”.
En menor medida, los desvíos de recursos a la red corrupta de García Luna se dieron en el último trienio del sexenio de Calderón. Las contrataciones se registraron en la propia Secretaría de Seguridad Pública que dirigía el exfuncionario. En esa dependencia es donde se cruzaron los caminos de García Luna y María Pedraza. Esta ingresó en la SSP en 2001. En su trayectoria de más de una década, pasó varios años en el OADPRS —que entonces estaba adscrito a esa secretaría—, luego asumió el seguimiento a “proyectos prioritarios” en la institución y finalmente se convirtió en asesora del secretario García Luna. Ambos salieron de la SSP a finales de 2012, durante la transición del sexenio de Calderón al de Peña Nieto.
Según la acusación de la Fiscalía contra Pedraza, Nunvav no solo blanqueó recursos desviados del erario, sino también del crimen organizado. Esto sintoniza con el hecho de que García Luna fue sentenciado en EE UU a 38 años de prisión por colaborar y recibir sobornos el Cartel de Sinaloa.
Un documento de la UIF describe el complejo entramado de Nunvav para dispersar los recursos: envíos de dinero a cuentas en el extranjero —a Estados Unidos, Barbados, Israel, Panamá—; a otras compañías de la red corrupta —Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd., GLAC Security Consulting—; a socios y amigos del exsecretario, como Weinberg Pinto y Weinberg López, o como Luis Cárdenas Palomino, que también fue un alto funcionario de la SSP, muy parecido en el actuar a García Luna, colaborador de narcos, torturador de inocentes, hoy también en prisión.
Otros depósitos fueron, por ejemplo, a la firma Delta Integrator LLC, en EE UU, con la que el hombre fuerte de Calderón compró propiedades en el país norteamericano.
La acusación de México ante las cortes de Florida define claramente que Nunvav “sirvió como la contratista principal en el esquema ilegal de contrataciones con el Gobierno mexicano y conducto para la canalización de los recursos ilegales hacia las [demás] empresas”. Aunque se señala a los Weinberg y a Wancier como cabezas oficiales de la empresa, la acusación identifica a García Luna como su “controlador”.
La UIF señala que los Weinberg utilizaban a Nunvav para pagar desde 2006 sobornos a García Luna y un subalterno suyo, José Francisco Niembro González, subsecretario de la SSP, a cambio de la obtención de contratos gubernamentales. Se trató de “al menos 76 pagos por más de 10 millones de dólares”, de acuerdo con los documentos del juicio.
Nunvav recibió depósitos de la Secretaría de Gobernación en Occidental Bank Barbados, BBVA Bancomer y CI Banco, según comprobantes recabados por la autoridad antilavado de México. Sin embargo, los documentos del juicio revelan que la empresa también tenía cuentas en Banamex y Monex. Más allá de Nunvav, otros testaferros y compañías de papel de la red corrupta de García Luna usaban otros bancos para lavar dinero. Si bien, recientemente, el Gobierno revocó la licencia de CIBanco por acusaciones de EE UU de que servía para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, los documentos judiciales muestran que, en general, el sistema financiero mexicano y extranjero colabora activamente en los grandes mecanismos de corrupción, caso del que encabezó García Luna.
El Gobierno de México intenta recuperar unos fondos que considera legítimamente suyos, y Estados Unidos da la pelea por retenerlos. Hasta ahora, México ha recuperado una mínima parte. La norma es que los personajes corruptos asienten en EE UU la fortuna que hicieron con los recursos expoliados a los mexicanos, y que Washington se quede con los beneficios. López Obrador intentó una novedosa estrategia para cambiar el sentido del tablero. García Luna, que fue sentenciado en un juicio penal aparte, ha perdido todo.
Omar García Harfuch no necesita enemigos: con tantos reflectores encima, el peligro es que se achicharre solo bajo las luces. El «Golden Boy» de la seguridad mexicana, el policía guapo que todos quieren en su foto, se está volviendo un espejo incómodo para el propio gobierno que lo alimenta. Porque cuando el héroe brilla demasiado, la narrativa del grupo se tuerce, y el protagonismo se confunde con ambición.
El editorial de Salvador Camarena en el diario español El Pais, dice que la dupla Sheinbaum-Harfuch funciona como un reloj suizo. La versión realista —e irreverente— diría que es más bien un matrimonio de conveniencia: ella necesita operación sin manchar las manos; él necesita respaldo sin parecer que ya anda de precandidato.
Lo paradójico, puntualiza Camarena es que mientras ambos presumen «avances» en seguridad, la extorsión, las desapariciones y los territorios controlados por el narco siguen ahí, agazapados, esperando que pase el discurso.
«El avance del nuevo Gobierno en la lucha contra los cárteles está lejos de haberse ganado. Para empezar, aun dando por buenos los propagandísticos éxitos de la estrategia, esta ha de entregar resultados en un par de asignaturas que aún escapan a los operativos: la desaparición de personas y ese cáncer que es la extorsión.»…Salvador Camarena/ELPAIS.
Camarena también señala como Harfuch tropezó intentando defender lo indefendible: un personaje de esos que en Morena todo el mundo conoce, pero pocos se atreven a cuestionar.
Lo hizo como si no entendiera que el verdadero fuego amigo no viene de la oposición, sino del ala dura de su propio partido, la misma que ya le hizo sentir los dientes cuando osó soñar con el gobierno de la CDMX y lo avasallaron.
Mientras tanto, el relato oficial juega al autoengaño. Nos cuentan que lo importante no es «quién sigue», sino consolidar resultados. Pero en México los futurismos no se pausan: apenas arranca un sexenio y ya se corren apuestas para el siguiente. Así, Harfuch, con su porte de caballero de la noche que aun no puede con Sinaloa y ya abril otro frente en Michoacan quiere ser el salvador pero hay riesgo sistémico: si sigue destacando, eclipsa a medio gabinete; si fracasa, arrastra con él la ilusión del “renacimiento” de la seguridad pública.
Si Sheinbaum quiere que el sexenio no se le convierta en reality show sucesorio, tendrá que hacer algo elemental: bajarle el volumen a su estrella y equilibrar la orquesta. Porque un gobierno con un solo músico en apariencia virtuoso ,siempre se termina tocando la misma nota.
El libro de las 48 Leyes del Poder,y en el contexto Harfuch‑Sheinbaum, nos da dos advertencias clarísimas:
Ley 1: Nunca eclipses al maestro
La ley dice que siempre hay que hacer que los de arriba se sientan cómodamente superiores y no irse de largo exhibiendo talentos, porque eso despierta inseguridad y ganas de cortar cabezas.
Traducido al caso: si Harfuch acapara focos, resultados y narrativa de “salvador de la patria”, corre el riesgo de que el sistema —y eventualmente la propia presidenta— lo vean más como amenaza sucesoria que como colaborador leal.
Ley 46: Nunca te muestres demasiado perfecto
Otra ley dice que parecer impecable genera envidia y enemigos silenciosos; conviene mostrar algún defecto menor para parecer más humano y desactivar resentimientos.
En clave política, un Harfuch hipereficiente, fotogénico, con prensa internacional y aura de “supersecretario” alimenta recelos en el gabinete, la tribu dura de Morena y otros aspirantes, justo el tipo de fuego amigo que la editorial de El Pais sugiere.
Cómo encaja con la editorial
La editorial de Salvador Camarena marca el protagonismo de Harfuch como debilidad porque su brillo desbalancea el gabinete y acelera el futurismo presidencial; eso es, básicamente, violar la Ley 1: se percibe que ya está jugando en la liga del “maestro”, no solo como subordinado.
Su “tropezón” al intentar blindar a un personaje incómodo refuerza la idea de que anda en modo todo‑terreno mediático y político, justo el tipo de sobreexposición que las 48 leyes desaconsejan si no quiere que el sistema empiece a ver cuándo y cómo bajarlo del pedestal.
Con informacion: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/
La máxima casa de estudios es también la máxima casa de los sustos. Si alguien pensó que Ciudad Universitaria era un santuario del conocimiento, en 2024,de acuerdo con cifras del diario español,El Pais, queda claro que también funciona como un parque temático del crimen: robos, asaltos, venta de drogas, acoso y abuso sexual. Nada como caminar entre murales y jacarandas para toparte con un dealer al mediodía o con un mirón en el baño. La UNAM presume su política de “puertas abiertas”, pero hay que decirlo: esas puertas también sirven para que entre el infierno, con todo y horario corrido.
En las explanadas de Filosofía —ese corazón que late con consignas, poesía y marihuana— se trafica más que ideas. Entre tacos, libros usados y puestos de agua de horchata, se reparten bolsitas que nada tienen de académicas.
Las paredes están tapizadas con denuncias de acoso, con papeles que gritan lo que las autoridades prefieren susurrar: que hay depredadores con matrícula vigente. Y aunque instalen botones de pánico, las alumnas saben que el verdadero botón de emergencia sería una administración que escuchara.
En el CCH Sur, las cosas se pusieron directamente macabras. Un estudiante asesinó a un compañero; otro caso de intento de violación quedó sepultado en trámites. Mientras tanto, los estudiantes piden torniquetes, cámaras y protocolos, como si hubiera que fortificar la universidad más grande de América Latina para que funcione como debería: sin miedo.
Pero el desorden no termina ahí. Uno de los episodios más recientes lo protagonizó un aficionado golpeado hasta la muerte, presuntamente por personal de seguridad de la UNAM. Esos “guardianes” que, según los alumnos, están más pendientes de cobrar favores que de cuidar vidas. Los “porros”, esos fósiles vivientes del autoritarismo, siguen ahí—como parte del paisaje institucional, entre pumas y jacarandas.
La UNAM dice que trabaja en reforzar la seguridad y la atención a víctimas. Hay unidades, protocolos, asesorías. Los folletos abundan, las conferencias también, pero la violencia sigue siendo materia obligatoria y de todos los días. Quizá la universidad más grande del país refleje con brutal precisión lo que somos: un país donde el conocimiento convive con el miedo, y donde un campus puede ser laboratorio, pero también ring.
Bienvenidos a Ciudad Universitaria: donde puedes salir con un título, o con una historia que preferirías olvidar.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M.GARRIDO
En el Congreso local de Nuevo León, la Navidad llegó antes y con dinero ajeno: los Diputados locales colgaron las esferas del erario y abrieron los regalos del pueblo. No fue Santa Claus quien bajó por la chimenea legislativa, sino la Tesorería, trayendo fondos envueltos en cintas doradas.
Los siete coordinadores de bancada, ese selecto club de la élite parlamentaria, recibieron 120 mil pesos cada uno “para las posadas”. Al resto, más modestos, les tocaron 60 mil pesos, que tampoco es que los deje sin espíritu navideño. En total, tres millones de pesos repartidos bajo el lema “Feliz Navidad… con dinero público”.
Y como el espíritu festivo no conoce límites, cada legislador también cobró el equivalente a dos meses de sueldo, más su aguinaldo y un pequeño detalle adicional: un bono legislativo de 160 mil pesos. En resumen, este diciembre cada Diputado cargará su calcetín con entre 446 mil y 506 mil pesos. La austeridad republicana, como el Niño Dios, todavía no nace aquí.
Mientras tanto, las redes sociales se llenan de fotos de Diputados entregando juguetes y electrodomésticos “a nombre propio”, como si la generosidad proviniera de su bolsillo y no de los contribuyentes que pagan impuestos hasta por estornudar.
Y sí, hace unos meses los mismos legisladores “lograron acuerdos” para subir sus bonos y apoyos. Este milagro de la unidad política no ocurre cuando se discuten leyes o presupuestos, sino cuando se trata de aumentar su aguinaldo. En el Congreso, la verdadera magia de la Navidad es convertir dinero público en aplausos de campaña adelantada.
Era su primer gran movimiento al frente de la FGR y Ernestina Godoy quiso arrancar con espectáculo: una orden de aprehensión, reflectores y una dosis de justicia “a la mexicana”. Pero el golpe le salió magro. Un juez federal fue rápido y le puso el alto: Raúl Rocha Cantú, el dueño regio del Miss Universo que alguna vez armonizó con Gertz Manero, seguirá libre por ahora, protegido con una suspensión provisional que desmonta la coreografía judicial del nuevo régimen ministerial.
El expediente parece escrito por un guionista de Netflix: un nuevo gobierno, un empresario-fugitivo-testigo que ahora dice ser casi un embajador gringo, y una fiscal con más hambre de titulares que de argumentos sólidos. El juez Mario Jorge Melo Cardoso no necesitó más que un par de renglones para recordarle a la flamante titular: en México, hasta los testigos colaboran… pero con su propio abogado.
En resumen, la primera gran función de Tina la Fiscal terminó con el telón bajado por el Poder Judicial, que decidió que su protagonista —el mismísimo “Señor Miss Universo”— no pise el escenario de los reos todavía. La justicia mexicana, una vez más, se mueve entre bambalinas: un pie en la ley, otro en el espectaculo.
Así que, mientras la FGR pulía su comunicado triunfal y ensayaba el arresto con coreografía incluida, el juzgado en Monterrey dictó sentencia de realidad: no hay cárcel por lo pronto.
Por ahora, el único castigo para Rocha Cantú es seguir mirando a México desde lejos… quizás con corona, pero sin patria procesal.
En el Hospital La Raza del IMSS en la CDMX, pedir una cita de especialidad se ha convertido en un deporte extremo y, al mismo tiempo, en un acto de fe. A las tres, cuatro o cinco de la mañana, cientos de derechohabientes desafían el frío, la paciencia y la dignidad humana para formarse en una larga fila que recuerda más a la del molinito de peregrinos de la Basílica que al acceso a un servicio público de salud. Todo, para que al final les digan, con una sonrisa humanista y transformadora: “Su cita quedó para marzo, abril… o quizá mayo, si tiene suerte.”
Esteban Martínez, un hombre de 62 años, salió de una cirugía de próstata y tendrá que esperar hasta el 15 de mayo para una simple valoración. Es decir, el IMSS le da medio año para ver si sigue vivo o si la cita ya puede agendársela San Pedro.
Otro caso: una paciente con cáncer llegó al amanecer, fue atendida hasta las 11:00 y su próxima cita es en marzo. Si la enfermedad avanza antes, tal vez le den una cita exprés… al panteón.
Y mientras tanto, Antonio Lozano, otro guerrero del turno eterno, llegó el lunes 15 de diciembre a las siete de la mañana. Se formó frente a filas que daban la vuelta al hospital. Regresó el miércoles, después de admitir derrota, y cinco horas más tarde, obtuvo su premio: una cita para abril de 2026. Medio año de espera para que alguien confirme que efectivamente necesita la cirugía que ya sabe que necesita.
Las escenas se repiten frente a cada ventanilla: pacientes exhaustos, adultos mayores con cobijas, madres con niños en brazos, personas que incluso ya superaron enfermedades y solo esperan la siguiente fase —una reconstructiva, por ejemplo— como si el derecho a sanar se rifara entre unos cuantos.
Lo peor es que nadie se asoma a dar la cara. Grupo REFORMA buscó al IMSS para preguntar por las interminables filas y por qué las citas médicas son más difíciles de conseguir que una entrada para Taylor Swift. Pero claro, el silencio institucional es la especialidad de la casa: “sin respuesta”.
Así que los derechohabientes seguirán peregrinando en busca de una cita médica, movidos por la misma esperanza que empuja a quien cree en milagros. Porque en el IMSS, pedir atención médica ya no es un trámite: es una prueba de resistencia.
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el yerno fantasma de El Mencho que fingió estar muerto para vivir como narco–influencer en California, acaba de aterrizar en una jaula gringa: 11 años y ocho meses de prisión federal, cortesía de la jueza Beryl Howell en Washington.
El operador que le jugaba al occiso para burlar a México terminó exhibido como lo que era: lavador de millones del CJNG y peón de lujo de uno de los cárteles más violentos del hemisferio.
Del “muerto” VIP al reo 28-XXX
Durante años, “El Guacho” fue algo así como el yerno ideal del infierno: mano derecha de la familia Oseguera y pieza clave en el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras en México se hablaba de que El Mencho lo había mandado matar por mentiroso, él cruzaba la frontera con identidad falsa, expediente limpio y vida nueva en Riverside, California.
Fingió su muerte en 2021 con la bendición del suegro, que hizo correr la versión de que lo había “levantado” por mentirle, lo que en realidad fue su pase VIP para colarse a Estados Unidos y reunirse con la hija del capo.
Ya instalado, vivía en una residencia de lujo valuada en alrededor de 1.2 millones de dólares, comprada con ganancias del CJNG; fiscales describen esa etapa como una “vida de abundancia patrocinada por el cártel”.
La farsa se cayó en noviembre de 2024, cuando agentes federales lo detuvieron en Riverside: nombre falso, casa cara, y el detalle incómodo de más de 2 millones de dólares en efectivo y un arma fantasma en la propiedad.
Laisha lo “va a extrañar”
Gutiérrez Ochoa participó en el levantón de dos marinos en 2021 para presionar la liberación de la esposa de El Mencho, una operación digna de narco–Estado paralelo.
El Departamento de Estado y la DEA ya lo veían como “íntimo colaborador” del líder del cártel, responsable de meter grandes cargamentos y de moverse con violencia cuando algo se atoraba en la cadena criminal.
El romanticismo narco se resume así: marinos levantados, suegro prófugo y una relación de pareja blindada con droga, efectivo y silencios bien pagados. Laisha no lo va a extrañar: lo va a necesitar.
La sentencia: de vida de lujo a “forma peligrosa de vivir”
En diciembre de 2025, el teatro terminó con luces de neón judicial: Gutiérrez Ochoa, 28 años según la acusación actual, se declaró culpable en junio de conspiración para lavar millones de dólares del narcotráfico y se llevó casi 12 años de encierro, menos de los 14 que pedía el Departamento de Justicia. Howell no se guardó los adjetivos: el CJNG es una “fuerza peligrosa” en Estados Unidos y el trabajo de su yerno estrella es, literalmente, “una forma peligrosa de ganarse la vida” y “una forma peligrosa de vivir”.
Los fiscales lo retrataron como un operador entrenado e infiltrado en territorio estadounidense para cumplir órdenes del cártel, no como un simple lavador despistado atrapado por error contable.
El propio acusado, vía traductor, hizo el numerito clásico: “acepto la responsabilidad”, “me arrepiento”, “nunca volveré a cometer un error así en mi vida”, como si su “error” hubiera sido un mal Excel y no un sistema para blanquear millones en sangre ajena.
Paradójicamente, el hombre que fingió estar muerto para seguir cobrando ahora tendrá que demostrar que está vivo todos los días al pasar lista en una prisión federal. El CJNG, mientras tanto, seguirá reclutando al siguiente “occiso funcional”.
Mencho: suegro, prófugo y terrorista “oficial”
Alrededor de esta historia está el viejo conocido: Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el fundador del CJNG convertido en fantasma de alto valor. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, cifra que lo coloca en la liga de los más buscados del continente.
La administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero, lo que abrió un menú más agresivo de herramientas legales y financieras para ir tras el cártel y sus redes de apoyo.
La DEA y el Departamento del Tesoro describen al CJNG como una maquinaria extremadamente violenta, clave en la entrada de fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y responsable de usar el asesinato sistemático como herramienta de marca, incluso contra mujeres y reclutas que no obedecen.
El suegro sigue libre, pero su círculo íntimo se empieza a desmoronar: yernos detenidos, operadores sancionados, cuentas congeladas. El mensaje es claro: si eres familia de El Mencho, la sangre puede ser más espesa que el agua, pero también más rastreable que cualquier transferencia bancaria.
Epílogo: del corrido al expediente
Esta historia junta todos los clichés del narco siglo XXI:
Un operador que finge su muerte, cruza la frontera, se reinventa con nombre nuevo y se instala en una residencia de lujo comprada con lavado, mientras el suegro capo hace circular la versión de que ya lo mató.
Una hija del narco convertida en bisagra entre la vida de película y el expediente judicial, mientras marinos son levantados para negociar la libertad de la matriarca.
Un juez federal que resume el modelo de negocio del CJNG en una frase fría: “Es una forma peligrosa de ganarse la vida… es una forma peligrosa de vivir”.
Los corridos lo van a inflar como mártir; los documentos de la corte lo dejan en algo mucho menos heroico: un empleado de confianza que creyó que fingir estar muerto lo hacía intocable. Ahora, el único lujo que le queda es elegir entre biblioteca, patio o capilla en el horario de recreo y eludir al resto cuanto se pueda a la hora del baño, porque son bien bañados.
