La procesión blanca que recorrió las calles de Morelia no fue solo un acto de duelo; fue el grito atronador de un campo que lleva doce años sangrando. Con rosarios en mano y limones en las bolsas, los familiares de Bernardo Bravo Manríquez exigieron justicia por el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
Sus carteles hablaban de paz, pero lo que resonaba era hartazgo. “Sembrar justicia es cosechar paz”, decía una cartulina, mientras la viuda, la magistrada Amelí Gissel Navarro, sostenía esos mismos limones como símbolo y condena. Bernardo había denunciado las extorsiones del crimen, había pedido protección. Lo mataron por hacerlo y la estrategia de Omar García Harfuch,no pudo ayudarlo, lo puso en la mira al no custodiarlo con el nivel de su escolta.
Y no fue el primero. Carlos Loret de Mola lo advierte con un tono que ni siquiera disimula el asco: llevan doce años matándolos.
Desde 2013, cuando las autodefensas nacieron con la promesa de rescatar a los campesinos de los Templarios, nada cambió, salvo los nombres de los verdugos. Los gobiernos se turnaron el teatro —PRI, PRD, Morena—, pero todos ensayaron la misma escena: omisión maquillada de discursos y abrazos sin balas, pero ahora, como si no hubiera un justo medio,regresamos a la época de Felipe Calderon,donde nadie esta a salvo.
Mientras tanto, como liga profesional del crimen siete cárteles se reparten cada centímetro del estado: Los Viagras, Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, el Cártel de la Virgen… un catálogo de infiernos con denominación de origen michoacana.
En un año mataron a tres empresarios limoneros que se atrevieron a levantar la voz. José Luis Aguinaga, hallado muerto después de negarse a pagar el piso. Rogelio Escobedo, emboscado tras denunciar extorsiones. Y ahora, Bernardo Bravo, que se volvió mártir sin quererlo. Doce años de cuotas, cuerpos y silencio: doce años de gobiernos torpes cuando no cómplices.
El “Padre Goyo” lo dijo de pie, frente a las cruces verdes del campo: “si levantamos la voz todos, no nos pueden matar a todos”. Pero el eco suena hueco cuando el Estado se tapa los oídos. La marcha blanca se volvió un funeral nacional. La gente rezaba, pero también mascullaba la rabia. Porque en Michoacán la fe cuesta caro, y la justicia, más.
Por que Harfuch lo puso en la mira
El colofón de esta tragedia huele a traición envuelta en discurso oficial. La llamada “estrategia federal” de seguridad no sólo no protege a los productores limoneros: los expone, los etiqueta, los convierte en objetivos visibles dentro del tablero criminal. Bernardo Bravo lo creyó como tantos otros —que al denunciar públicamente y confiar en el Estado, estaría del lado correcto del poder—. Se equivocó. El poder no tiene lado, solo cálculo, y en Michoacán, los cálculos siempre los cobran los cárteles.
El gobierno presume inteligencia, presume coordinación, pero en el terreno la ecuación se tuerce: cada operativo fragmenta el control criminal, lo multiplica. En lugar de un enemigo claro hay mas de 5 grupos disputando el mismo surco de tierra: Viagras, Tepalcatepec, Sicu, Jalisco Nueva Generación… muchas cabezas de una hidra que nunca muere, solo muda de siglas.
La política militarizada terminó siendo el mejor GPS para los sicarios: si hablas, si denuncias, si te reúnes con gente del gobierno, te ubican. Así, el líder que creyó encontrar respaldo en el discurso federal terminó marcado por él.
La ironía es brutal: Bernardo no murió por enfrentarse al crimen, sino por confiar en un Estado que ya se rindió. Se convirtió, sin pretenderlo, en el último optimista del infierno. Mientras en Palacio repiten el mantra de “pacificar con desarrollo”, en Tierra Caliente los productores entienden la versión que no sale en los comunicados: ser visible para el gobierno es ser vulnerable frente al narco. La estrategia que presume protegerlos los dejó a la intemperie, con chalecos morales en medio de una guerra sin trincheras.
Las promesas del campo, hoy son el color de la impunidad.
