Tras los disturbios y destrozos en la presentación del cantante Luis R. Conriquez, luego que se negara a interpretar corridos tumbados, políticos e intérpretes llamaron a organizadores a prevenir esos actos violentos, así como a cantantes hacer conciencia de sus letras.
El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados,Arturo Ávila, calificó como una “desafortunada combinación de factores” el violento episodio de ayer, en el que decenas de asistentes al palenque de Texcoco demostraron su frustración por no escuchar temas como “Si Quieres No” o “Presidente” en vivo.
Hipocresía gubernamental y cultural
La polémica en torno a la prohibición de narcocorridos y corridos tumbados, como lo ocurrido en el concierto de Luis R. Conriquez en Texcoco, refleja una contradicción profunda en la política y sociedad mexicana. Intentar imponer cambios en las letras musicales mientras se tolera la impunidad y corrupción en otros ámbitos es un acto que muchos perciben como hipócrita.
El gobierno mexicano, que históricamente ha solapado actos de corrupción y permitido la expansión del crimen organizado, busca ahora regular las expresiones culturales vinculadas al narcotráfico. E
sto incluye medidas como sanciones económicas y prohibiciones estatales a la interpretación de narcocorridos en lugares públicos, bajo el argumento de que estas canciones glorifican la violencia y fomentan la criminalidad. Sin embargo, esta postura contrasta con la falta de acciones contundentes para combatir los problemas estructurales que alimentan el narcotráfico, como la desigualdad, la corrupción política y la falta de justicia.
Los narcocorridos: reflejo de una realidad social
Los narcocorridos no son simplemente canciones; son relatos que reflejan las condiciones de violencia e inseguridad que muchas comunidades mexicanas enfrentan diariamente. Este género musical ha sido criticado por idealizar a figuras del crimen organizado, pero también funciona como una forma de expresar las realidades sociales que no han sido abordadas adecuadamente por el Estado. Intentar censurar estas expresiones sin atacar las causas profundas del problema parece más un gesto simbólico que una solución efectiva.
Impacto cultural y libertad de expresión
La censura a los narcocorridos plantea un dilema sobre los límites entre la libertad de expresión y las medidas para prevenir la apología del delito.
Según el artículo 6 de la Constitución Mexicana, toda persona tiene derecho a expresar sus ideas libremente, salvo cuando se atente contra los derechos de terceros o se provoque un delito. Prohibir estas canciones en lugares públicos puede ser visto como un intento por controlar narrativas culturales, pero no aborda el consumo privado ni su distribución masiva por medios alternativos como internet.
Contradicciones políticas
La propuesta de modificar letras musicales para hacerlas “menos explícitas” es percibida por algunos como una forma superficial de abordar un problema complejo.
Mientras políticos como Marko Cortés celebran estas medidas como un avance contra la “narcocultura”, otros señalan que estas acciones no tienen sustento científico para demostrar que reducirán el crimen o el consumo de drogas. Además, esta postura contrasta con el hecho de que muchos artistas afectados por estas restricciones han sido impulsados por el propio sistema cultural mexicano, que tolera y promueve indirectamente estas narrativas.
Conclusión
La imposición de restricciones a los narcocorridos mientras se ignoran problemas estructurales más profundos es vista como una burla por sectores críticos. La hipocresía radica en intentar regular expresiones culturales mientras se permite la impunidad y corrupción que alimentan el mismo fenómeno que estas canciones reflejan. En lugar de atacar los síntomas, sería más efectivo abordar las causas subyacentes del narcotráfico y violencia en México.
La fallas en los comités de evaluación para la elección judicial siguen dejando, recién iniciada la campaña, un reguero de candidaturas señaladas por el polémico pasado de los aspirantes.
En un giro de 180 grados, por ejemplo, Silvia Delgado ha pasado de ser parte en 2016 de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a ser aspirante a jueza en materia penal en el Estado de Chihuahua.
En un documental realizado por la cadena alemana DW sobre los abogados de los cárteles de la droga en México y Colombia, Delgado defiende que el juicio al capo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por al menos 10 delitos, “fue una farsa”. “Fue un tributo a Donald Trump, un tributo al rey. […] Aquí se violentó el Derecho en su máxima expresión”, alega, y concluye más tarde: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.
La actual candidata a jueza, sin experiencia previa en el Poder Judicial, no solo no considera que este antecedente suponga un conflicto con el cargo que aspira a desempeñar sino que lo considera una virtud. “Todos mis clientes son igual de importantes, no fue necesario resaltar ninguno, sin embargo, esto demuestra que tengo el carácter y el temple que se necesitan para juzgar”, ha manifestado en una publicación en su cuenta de Facebook en la que comparte una nota donde se señala su relación con el narcotraficante.
No es la única candidatura de alto riesgo que ha observado Defensorxs en las últimas semanas. La organización civil se ha echado a los hombros la tarea de localizar aspirantes no aptos para ser magistrados o jueces, que serán elegidos mediante voto popular por primera vez en la historia el próximo 1 de junio.
Sus investigaciones continúan revelando la inclusión en las listas de personas con episodios polémicos en su historial, en el mejor de los casos, o con vínculos con el crimen organizado, en el peor.
En este último escenario se encuadra la candidatura a juez de distrito en materia penal en Michoacán de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional del Estado, señalado por su presunto vínculo con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después, en marzo. Ambos habían recibido amenazas en el último año por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal.
En un comunicado conjunto firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, denuncian que Herrera Franco, apodado el “fiscal del terror”, cuenta con un historial de “violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”. Esto último salió a la luz de forma más notoria tras la filtración de una grabación en la que se le escucha presuntamente colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas. Francisco Herrero Blanco ha negado las acusaciones y también que sea él a quien se oye en el audio. “Me atribuyeron la voz a mí. Todos sabemos que en la actualidad cualquier voz puede ser simulada. Existe inteligencia artificial que está probado que puede modificar esa voz. No soy yo”, se ha justificado en una entrevista con W Radio esta semana.
La hemeroteca, sin embargo, sigue poniendo el dedo sobre el antiguo fiscal. En un vídeo difundido en Facebook y recogido por la prensa en 2021, se ve a un representante de las poblaciones mazahuas de la región acusarle de presionar a su comunidad para integrarse en uno de los cárteles que operan en la zona. “Acabamos de enterarnos de que está del lado de un cártel, y que llega a instruir a nuestro pueblo a que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario”, le increpa, y luego advierte: “Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar, porque luego el funcionario que lo debe cuidar a uno es el que lo manda desaparecer. En su cara se lo decimos: si no va a trabajar, renuncie”.
Este es uno de los casos que más preocupan a las organizaciones civiles, pues no solo implica un conflicto de interés a la hora de tomar decisiones judiciales sino que lo consideran una persona peligrosa para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. En el comunicado, las entidades exigen al INE y al Tribunal Electoral que revisen la candidatura, y piden a la Fiscalía federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los dos periodistas. “Estamos no solo molestos sino preocupados por el trabajo que estamos haciendo. Las autoridades no lo hicieron y ahora nos pasan este trabajo y nos ponen en riesgo”, lamenta Miguel Meza, fundador de Defensorxs.
El problema de fondo, han advertido los expertos, estuvo en unos sistemas de evaluación mal diseñados desde un inicio y ejecutados después de forma irresponsable. El único comité de los tres poderes que contaba con unas pautas más claras y definidas era el Poder Judicial, pero tras un tira y afloja que implicó la paralización de sus labores por orden de un juzgado de Michoacán, fue finalmente el Senado quien le sustituyó en la elaboración de su lista, antes de que el comité hubiera terminado el cribado de perfiles. La prisa con la que se hizo y la falta de investigaciones previas continúan arrojando un goteo de casos que cuestionan la idoneidad de algunos aspirantes y ponen en entredicho el trabajo de los comités.
“Hemos impugnado estas candidaturas”, dice Meza, “pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento. Interpretamos esto como que simplemente están siguiendo una instrucción política de no invalidar las candidaturas, porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más. Ya no solo es una cuestión jurídica, sino política, y por eso lo queremos llevar a la presidenta”, indica.
Entre los demás casos conflictivos observados por la asociación hay además al menos dos que involucran delitos sexuales. Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado de circuito en materia penal en Jalisco, fue destituido en 2015 como juez penal del Estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario de oficio a raíz de la denuncia, que contaba con una prueba grabada, y terminó por removerlo del puesto. Ahora, sin embargo, podría volver a ostentar un cargo similar.
Algo parecido sucede con Edgar Rodríguez Beiza, aunque tuvo un desenlace más afortunado. Candidato como Hernández Zaragoza a magistrado penal en Jalisco, esta vez para el primer circuito, este juez fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En 2018 fue vinculado a proceso por este caso, pero en 2019 la víctima le otorgó un perdón que cerró la carpeta sin que se resolviera el fondo, según recoge la hemeroteca de la prensa.
Unos años después, en 2023, la defensa legal de Amarande Riojas, víctima de violación, pidió la recusación de Rodríguez Beiza como juez de control de su caso, pues había asegurado previamente que no vincularía a proceso a los acusados, según los testimonios de la víctima recogidos por Defensorxs. El suceso llegó también a la Mañanera del entonces presidente López Obrador a través de una periodista que agradeció a la secretaria Rosa Icela Rodríguez su ayuda con el caso.
Los últimos hallazgos se suman a casi una decena que ya habían sido reportados. Hay al menos cuatro candidatos vinculados a la iglesia evangélica de la Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Semanas antes, se descubrió la inclusión de otros candidatos problemáticos, como el excoordinador de las prisiones de Sonora Nicollino Cangiamilla, con graves negligencias en su historial, o como uno de los abogados ligados a la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, líder del cártel de los Zetas recién extraditado a Estados Unidos. A menos de dos meses de la elección, con casi 900 cargos judiciales en juego y el tiempo en contra para escrutar a cada aspirante, las organizaciones civiles se mantienen vigilantes y en alerta.
Con informacion: ELENA SAN JOSE/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
A comienzos de enero de 2024, una joven colombiana conocida como “Sofía” (nombre ficticio para proteger su identidad) logró escapar de un infierno tras ser secuestrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Cárdenas, Tabasco. Su desgarrador relato, compartido en el podcast “Más allá del Silencio” de Rafael Poveda, arroja luz sobre las tácticas de reclutamiento y explotación empleadas por uno de los cárteles más violentos de México.
El contexto: desapariciones virales en Tabasco
La desaparición de varias jóvenes en Tabasco se volvió viral en redes sociales cuando comenzó a circular un collage con fotografías de nueve mujeres desaparecidas, acompañado del angustiante audio de una de ellas. Las víctimas eran tanto mexicanas como colombianas, engañadas bajo la promesa de trabajo bien remunerado. Según el testimonio de “Sofía”, estas jóvenes fueron reclutadas por el CJNG mediante falsas ofertas laborales.
El inicio del engaño
“Sofía” relató que dos amigas mexicanas la invitaron a México con la promesa de trabajar en una fiesta en Tabasco, donde recibirían un pago de 1,900 pesos mexicanos por hora. Además, se les ofrecía cubrir su transporte. Sin embargo, las jóvenes solo recibirían 1,100 pesos; el resto sería retenido por un hombre identificado como “Saulo”.
Al llegar a México, fueron recogidas en una camioneta y trasladadas a una finca aislada en Cárdenas. A pesar de que sus amigas ya habían convivido previamente con los organizadores, lo que inicialmente les generó confianza, todo cambió al llegar al lugar. Los escoltas les quitaron sus teléfonos y tomaron fotografías bajo el pretexto de un “procedimiento rutinario”.
El momento del secuestro
En la finca, las jóvenes comenzaron a socializar y bailar, pero repentinamente fueron llevadas a una habitación donde los escoltas del cártel las obligaron a arrodillarse mientras apuntaban sus armas. En ese momento apareció el líder del CJNG, quien les informó que trabajarían para él debido a una deuda de Saulo con el cártel por 6,000 dólares. Las jóvenes se convirtieron en garantía para saldar esta deuda.
A partir de entonces, estuvieron bajo estricta vigilancia y recibieron amenazas constantes. Según “Sofía”, cualquier señal de desobediencia o llanto sería castigada con la muerte.
La experiencia dentro del cautiverio
Durante su cautiverio, las jóvenes fueron obligadas a participar en actividades controladas por el cártel. Aunque “Sofía” asegura que no fue forzada a realizar actos sexuales debido a que el líder quiso quedarse con ella y prohibió que otros se le acercaran, sus amigas no corrieron con la misma suerte: algunas confesaron haber sido abusadas por varios escoltas.
Posteriormente, fueron trasladadas a otra propiedad donde conocieron a una mujer llamada “Susi”, identificada como fugitiva de la justicia mexicana. Allí se les permitió comunicarse brevemente con sus familias bajo estrictas condiciones: si alguien enviaba su ubicación, todas serían asesinadas.
Reflexión sobre el caso
El testimonio de “Sofía” expone cómo los cárteles mexicanos utilizan métodos sofisticados para engañar y explotar tanto a nacionales como extranjeras. Este caso también resalta la vulnerabilidad de las mujeres frente al crimen organizado y la necesidad urgente de estrategias preventivas y operativos efectivos para combatir estas redes criminales.
“Yo creo que el exgobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) ha de ser su ‘crush’, porque no deja de hablar de él, pasan los años y sigue y sigue y sigue”, le dijo Gerardo Peña Flores, coordinador de los diputados panistas a la legisladora de Morena Magaly Deandar Robinson.
La diputada presentó una Iniciativa para exhortar y pedir la intervención de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal ante una eventual cadena de corrupción continuada en los juzgados federales de Reynosa, para prolongar la impunidad a favor del exgobernador.
Francisco Javier “N” huyó del país el 26 de septiembre y se encuentra auto exiliado en los Estados Unidos, amparado por su doble nacionalidad. La Fiscalía General de la República ha girado dos órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta escena en el Congreso de Tamaulipas, donde el coordinador de los diputados del PAN, el neolones Gerardo Peña Flores,“perdedor empedernido” que nunca ,incluso con ayuda de la Chispa” del CDG ha ganado una elección y tres veces ha perdido en las urnas,calificó de “crush” la insistencia de la diputada Magaly Deandar Robinson en denunciar al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es un ejemplo perfecto de cómo el debate político puede transformarse en un espectáculo teatral. Este episodio merece una sátira que resalte los absurdos y las contradicciones inherentes al intercambio.
Un Congreso convertido en “reality show”
En lugar de abordar seriamente las acusaciones contra García Cabeza de Vaca, quien enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los diputados panistas optaron por trivializar el tema con comentarios que rozan lo infantil. La diputada Patricia Mireya Saldívar Cano incluso se tomó el tiempo para explicar el término “crush”, como si estuviera impartiendo una clase de secundaria en lugar de participar en un debate legislativo.
El amor y la política: ¿una novela romántica?
La respuesta de Magaly Deandar Robinson no se quedó atrás. Al señalar que la reacción del diputado Peña Flores reflejaba misoginia, sugirió que el verdadero “enamorado” del exgobernador era el propio Peña Flores. Este giro inesperado convierte el intercambio en una especie de novela romántica mal escrita, donde los personajes parecen más preocupados por sus emociones personales que por los problemas estructurales del estado, dicho sea de paso, mal gobernado por MORENA y Américo Villarreal,un pésimo mandatario, pero excelente traficante de huachicol.
La corrupción como telón de fondo
Mientras tanto, las denuncias sobre una cadena de corrupción en los juzgados federales de Reynosa, que presuntamente favorecen la impunidad del exgobernador, quedaron relegadas a un segundo plano. Cabeza de Vaca, ahora autoexiliado en Estados Unidos gracias a su doble nacionalidad, ha sido acusado de utilizar empresas fantasma para lavar dinero y enriquecer ilícitamente. Sin embargo, las acusaciones serias se diluyen entre los comentarios frívolos y disputas personales.
Conclusión: ¿debate o distracción?
Este episodio pone en evidencia cómo algunos actores políticos prefieren convertir el Congreso en un escenario para bromas y ataques personales, desviando la atención de temas críticos como la corrupción judicial y la falta de justicia.
Ayuda a medias en Reynosa
En lugar de sus “boberias”, estos Diputádos “peleoneros” que por cierto mal representan a Reynosa,deberian desde sus escaños gestionar ayuda para los habitantes de esta lastimada ciudad a los que la Presidenta Claudia Sheinbaum les “acaba de medio ayudar” al autorizar un paquete para casi 10 mil viviendas ,como cita La Jornada,pero que esta muy por abajo del censo real de perjudicados por las inundaciones.
Los legisladores parecen más interesados en ganar puntos mediáticos con comentarios ingeniosos pero vacíos. La sátira aquí no solo es apropiada; es necesaria para destacar lo absurdo y devolverle algo de seriedad al debate público entre estos animales politicos de todos los niveles y clases, con cada vez menos nivel y nada de clase.
Vladimir Plahotniuc, un político de Moldavia, que estuvo a punto de ser Primer Ministro de este país europeo, cuenta con una identidad falsa, al hacerse pasar por un ciudadano mexicano.
De 59 años, Plahotniuc obtuvo un pasaporte mexicano,emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y una credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ambos documentos, de acuerdo con las dependencias consultadas, son falsas.
En su país, Plahotniuc ha sido acusado de fraude, blanqueo de capitales y de “creación y dirección de una organización criminal”. El caso está siendo examinado en el tribunal de primera instancia de Moldavia.
Sin embargo, el paradero de Plahotniuc es desconocido. Fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por presuntos sobornos a las fuerzas de seguridad moldavas y por utilizar su influencia en el sistema judicial para atacar a sus rivales y manipular las elecciones.
Una notificación roja de Interpol afirma que posee pasaportes rumanos, moldavos, rusos y mexicanos. Sin embargo,OCCRP descubrió que su documento mexicano es fraudulento.
Copias del pasaporte mexicano de Plahotniuc -que fueron ampliamente publicadas por medios de comunicación moldavos después de ser filtrados por la policía- muestran la foto de Plahotniuc junto a un nombre falso.
Los periodistas introdujeron la información personal del pasaporte en un sitio web del gobierno mexicano, que contiene la Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identificación para todos los ciudadanos y residentes. Los datos del pasaporte de Plahotniuc no coincidieron.
“Confirmo que el pasaporte es ficticio”, respondió a OCCRP la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
En cuanto al órgano electoral, la respuesta fue similar: “La credencial es falsa porque no existe en el registro del INE”.
Viorel Cernăuțeanu, quien es jefe de la Inspección General de Policía en Moldavia adelantó a los medios locales sobre los documentos mexicanos que obtuvo Plahotniuc, donde aparece con el apellido “González”.
El político moldavo está prófugo de la justicia desde 2019. Se le ha acusado por un “fraude bancario” al blanquear capitales y beneficiarse de los fondos robados a través de Banca de Economii, Unibank y Banco Sociala. El importe de lo robado asciende a casi 40 millones de dólares.
Plahotniuc huyó del país después de que el Partido Democrático de Moldavia perdiera el poder. Y ese mismo año, en 2019, las autoridades de Chisinau, capital de aquél país, solicitó a Interpol emitiera una ficha para ordenar su aprehensión por delitos de fraude y lavado de dinero.
Los detalles de los documentos apócrifos
Los documentos falsos corresponden al año 2024, con una vigencia de diez años.
De acuerdo con el medio ZdG, un medio local en Moldavia y quien obtuvo las imágenes de los documentos apócrifos, indica que la credencial del INE y el Pasaporte, tendrían una vigencia de diez años. Asimismo, el documento muestra, entre los datos falsos, la edad del político, quien se quitó diez años de edad.
De acuerdo con el documento apócrifo, el político moldavo se hace pasar por un mexicano, oriundo de Tlaxcala, nacido el 28 de diciembre de 1975. La realidad es que Vladimir Plahotniuc nació diez años antes, en el pueblo de Pitusca, en el distrito de Calarasi, en Moldavia, en 1966.
Tanto la credencial para votar con fotografía, emitida por el INE como el Pasaporte mexicano, cuentan con la Clave Única del Registro de Población (CURP), la cual no coincide con los datos de ningún ciudadano mexicano.
En la credencial del INE, el domicilio de Plahotniuc es en la Calle 8 número 15, en la colonia La Loma Xicoténcatl, con código postal 90067, en Tlaxcala, Tlaxcala.
La Loma Xicohtencatl Tlaxcala, como realmente se escribe (con h intermedia) es una zona que sí existe en la entidad y que tiene problemas de inseguridad, de acuerdo a noticias locales de la zona.
En Google Maps, al colocar la dirección de la credencial del INE,muestra una zona relacionada con la Casa de Justicia de Tlaxcala.
En Moldavia, medios y redes sociales de aquél país se han mofado de la supuesta “nacionalidad” mexicana del político prófugo. Incluso un restaurante mexicano, en sus redes sociales, utilizó la imagen del político para presumir que la comida que ellos venden sí es auténtica mexicana y no falsa como el político moldavo.
Una mansión en Francia
Las autoridades francesas recibieron la luz verde para embargar una mansión propiedad de Vladimir Plahotniuc, un expolítico de Moldavia, un país de Europa del Este. Plahotniuc se encuentra prófugo por acusaciones de corrupción vinculados a su presunta participación en un multimillonario escándalo bancario.
Plahotniuc, el antiguo líder del Partido Democrático de Moldavia, huyó del país en medio de un cambio de poder en junio de 2019. Desde entonces ha sido acusado de participar en el llamado “Robo del Siglo” en el que se sustrajeron 1.000 millones de dólares de tres bancos nacionales entre 2012 y 2014. Lo cual arrastró al país de Europa del Este a una crisis económica.
Los fiscales moldavos acusan a Plahotniuc de recibir decenas de millones de los fondos robados y solicitaron ayuda internacional para localizar sus activos.
Una sentencia de 19 de marzo de la Corte de Casación de Francia autorizó la incautación de una propiedad que pertenecía a Plahotniuc en Sciez, localidad situada a orillas del lago Lemán.
Un fallo del año pasado indicó que Plahotniuc compró la mansión en 2018 por unos 3,4 millones de dólares y transfirió su propiedad a una empresa fantasma chipriota llamada Sigmateli Limited, indica el fallo.
“El propósito de la transferencia de la propiedad de Sciez a Sigmateli Limited es evitar un embargo de activos, ya que el Sr. Plahotniuc es el verdadero propietario y usuario de la propiedad”, reza la sentencia.
Sigmateli apeló contra esa decisión de 2024, argumentando que ya no tenía vínculos con Plahotniuc porque su administración había cambiado en 2020. Sin embargo, la Corte de Casación de Francia rechazó ese argumento en la decisión del 19 de marzo pasado. Esta sentencia fue obtenida por el medio suizo de investigación Gotham City y compartida con OCCRP.
Spinosi, el bufete de abogados francés que representó a la empresa chipriota Sigmateli, declinó hacer comentarios. El abogado moldavo de Plahotniuc no respondió a la solicitud de comentarios.
Según la fiscalía anticorrupción de Moldavia, Plahotniuc supuestamente posee al menos otras dos propiedades en Francia,entre ellas un chalet en la localidad de Combloux. Situado en un terreno de 8 hectáreas con vistas panorámicas al Mont Blanc, el chalet cuenta con seis dormitorios, biblioteca, gimnasio, sauna, cava de vinos y garaje para ocho vehículos.
Aunque las propiedades francesas estaban registradas oficialmente a nombre de entidades jurídicas, los fiscales moldavos determinaron que pertenecían a la familia Plahotniuc después de que encontraran en los cateos de las viviendas realizados con autoridades locales objetos personales, incluidas fotos de familia.
Al otro lado de la frontera, los tribunales suizos también han colaborado con Moldavia.
En agosto de 2024, el Tribunal Federal de Suiza rechazó el recurso de una sociedad inmobiliaria registrada a nombre de la esposa de Plahotniuc, que buscaba levantar la inmovilización de una casa en el lado Suizo del lago Lemán valorada en unos 32 millones de dólares. La casa fue adquirida en 2012 con fondos corruptos, según las autoridades suizas, y no puede ser vendida.
Hay más de una docena de sospechosos que han sido acusados por su presunta implicación en el escándalo del Robo del Siglo en Moldavia, entre ellos Plahotniuc. Según los fiscales, un total de 2.900 millones de dólares se prestaron a “terceros” relacionados con los dueños moldavos de los bancos. Estos fondos fueron luego redirigidos a dos cuentas bancarias letonas. Aunque parte del dinero se devolvió posteriormente a Moldavia, casi 1.000 millones nunca se recuperaron.
Casi el 12% del PIB de Moldavia se destinó al rescate de los tres bancos implicados en el fraude, lo que evitó el colapso del sistema financiero del país.
*Con reportería adicional de Kyriakos Pieridis (CIReN)./ARISTEGUI
