Una serie de ataques coordinados por el Cartel de Sinaloa contra centros de rehabilitación estremecieron la ciudad de Culiacán durante la madrugada y el mediodía de ayer lunes, dejando un saldo preliminar de nueve personas muertas, al menos cinco heridas y más de 260 liberadas, tras ser forzadas a salir de diversas clínicas.
El primer y más violento hecho se registró alrededor de las 02:05 horas en un inmueble de dos plantas habilitado como clínica de rehabilitación, ubicado en la intersección de las calles Cerro de San Cayetano y Cerro de La Silla, en la colonia Colinas de San Miguel. Ahí, un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpió en el lugar tras derribar dos portones eléctricos y abrir fuego contra los internos, provocando una escena de caos y muerte.
Ocho personas murieron en el sitio y al menos cinco más resultaron heridas. Posteriormente, una novena víctima falleció mientras recibía atención médica. Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Pedro “N”, Jesús Jovany “N”, Raúl “N”, Alejandro “N”, Heriberto “N”, Jesús “N” y José “N”. Entre los heridos se encuentran personas de entre 21 y 53 años. De forma extraoficial, se indicó que una de las víctimas mortales podría ser extranjera.
Instantes después, se reportaba la privación de la libertad del presidente de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa, Guillermo Rodríguez Gaxiola, quien fue sustraído de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Portalegre, en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán.
De este hecho, los testimonios indican que los sujetos armados arribaron al inmueble habitado por Rodríguez Gaxiola a bordo de varios vehículos, dispararon contra la fachada y posteriormente ingresaron por la fuerza. Una vez dentro, sustrajeron objetos de valor y lo obligaron a subir a uno de los vehículos, llevándoselo con rumbo desconocido.
Horas más tarde, la violencia se extendió a otras zonas de la ciudad. Durante el mediodía, hombres armados irrumpieron en al menos cinco centros de rehabilitación adicionales, dos de ellos ubicados en la calle Galileo del sector Villa Universidad. De acuerdo con los reportes, los agresores sometieron al personal y forzaron la salida de aproximadamente 260 personas, entre hombres y mujeres, quienes se encontraban internados.
Aunque no se reportaron fallecidos ni heridos en estos ataques posteriores, la situación generó fuerte incertidumbre entre los familiares de los internos.
Desde el inicio del conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, el pasado 9 de septiembre, hasta el 7 de abril, se han documentado al menos 12 ataques armados contra centros de rehabilitación en distintos puntos del estado. Los recientes ataques armados han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de los centros de rehabilitación en Culiacán, los cuales, en repetidas ocasiones, han sido blanco de la violencia derivada de disputas entre grupos delictivos.
Control territorial y actores del conflicto
En síntesis, el CDS mantiene un control fragmentado en Culiacán, con facciones que imponen su ley mediante masacres y reclutamiento forzado, mientras las fuerzas estatales oscilan entre la confrontación y la complicidad. La reciente ola de ataques a centros de rehabilitación subraya la brutalidad de esta guerra sin vencedores claros, pero si un claro perdedor, los ciudadanos que estan padeciendo al pagar con sangre y dolor, la incapacidad manifiésta del estado para protegerlos.
En plena exigencia del Gobierno de Donald Trump para frenar el paso de drogas a su país desde México, la Secretaría de Marinaquiere 20 aeronaves (10 aviones y 10 helicópteros) para acotar el trasiego de drogas en el mar y realizar operaciones de alto impacto en contra de las organizaciones criminales.
Fuentes navales reconocen una mayor actividad del narcotráfico en el Pacífico, principalmente de cocaína y precursores químicos para la elaboración de narcóticos sintéticos, principalmente en las costas deChiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Colima, Sinaloa y ahora Baja California Sur.
Además, reporta una actividad constante en el traslado de Infantería para frenar la violencia y desmantelar laboratorios clandestinos enSinaloa, donde “Los Mayitos” y“Los Chapitos” libran una guerra encarnizada.
Las acciones aéreas incluyen patrullajes en la zona petrolera de la Sonda de Campeche, búsqueda y rescate, apoyo a la población civil y transporte logístico, pero la flota actual ya presenta un desgaste importante, reconoció en un informe a Hacienda para su aprobación presupuestaria de alrededor de 5 mil 800 millones de pesos.
Actualmente, la Armada de México enfrenta nuevos retos y mayores responsabilidades que han implicado un aumento en el empleo de unidades aeronavales provocando altos costos de operación y mantenimiento en las aeronaves y sus sistemas de inteligencia, reconoce el instituto armado en el programa de inversión.
Destaca la necesaria vigilancia de rutas del transporte de cargas de drogas desde Sudamérica y Centroamérica hacia las costas e interior del territorio mexicano y continuar su trasiego hacia los Estados Unidos.
Una de las herramientas más efectivas para el cumplimiento de estas misiones es el avión de Patrulla Marítima, ya que su amplia capacidad de detección y autonomía le permite controlar grandes extensiones marítimas, enfatiza.
En tanto, para vigilar el área del litoral del Pacífico, donde converge la mayor cantidad de rutas de trasiego de mercancías ilícitas, que es el Escuadrón Aeronaval 911 Chetumal,Quintana Roo, y Escuadrón Aeronaval 1613 Puerto Chiapas, Chiapas, se cuenta con seis aviones CN-235-300 equipados con Sistemas de Misión (Sensores Electrópticos, Radares, Sistemas de Comunicaciones Satelitales y Sistema de Gestión de Misión).
El sistema de misión integra, controla y muestra la información táctica y de navegación recopilada por los sensores instalados en la aeronave a los operadores de las consolas, que a su vez se transmite vía satelital a los mandos navales para la toma de decisiones en las labores de Patrulla, Vigilancia Marítima, Seguridad Nacional, entre otras.
Para la ejecución de 14 mil 782 operaciones aéreas en el 2024 y 15 mil 817 operaciones en 2025, la SEMAR emplea 124 aeronaves (71 aviones y 53 helicópteros).
“Lo anterior ha provocado que se haga un uso desmedido en las horas de vuelo, vigilancia y se rebase el uso óptimo recomendado por los fabricantes de estas aeronaves y de sus equipos (sistemas de misión), toda vez que el aumento en su operación origina una frecuencia mayor en la aplicación de mantenimientos preventivos y correctivos, así como plazos prolongados en los Centros de Mantenimiento y una reducción en su tiempo de vida”, advierte la Marina.
“La problemática presentada en el área de jurisdicción de los Mandos Navales se encuentra asociada a una reducida capacidad de servicios de Operaciones Aeronavales, derivado del incremento de atribuciones, funciones y responsabilidades que ha provocado un aumento en el empleo de las horas de vuelo y altos costos de operación, mantenimiento en las aeronaves a causa de una mayor demanda de los servicios de operaciones aeronavales”, añade.
LA AERONAVES
Para cumplir con sus misiones, la Marina busca 10 aviones Cessna Grand CaravanEx, 5 helicópteros Bell 412 y 5 helicópteros Bell 505 JR-X, considerados más ligeros, versátiles y de mantenimiento más rentable.
La Marina justifica que con la nueva flota aérea tendrá mayor disponibilidad de aeronaves para tener una respuesta eficiente en los apoyos a la población civil en casos y zonas de desastre y evacuación de heridos.
Además, garantizar la confidencialidad de los servicios en materia militar, al efectuar el transporte directo de un punto del País a otro, al contar con mayor alcance en traslados aéreos de personal naval y equipo sensible a la seguridad nacional en forma segura.
Avión Cessna Grand Caravan Ex
“Fortalecer en cantidad y calidad los servicios ejecutados por la Institución, ya que las aeronaves ampliarán su capacidad de vigilancia y detección, cumpliendo con la normatividad aeronáutica nacional establecida por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, e Internacional”, ejemplifica.
Además, dotar de aeronaves a los Mandos Navales para el desarrollo de los servicios correspondientes, donde actualmente no cuenta con aeronaves asignadas y disminuir el empleo de horas de vuelo en traslados para desplazar una aeronave de su lugar de origen hacia otro punto en apoyo a los Mandos Navales que no cuenten con el servicio.
Alerta que las tropas navales están a cargo de la seguridad de la zona marítima petrolera de la Sonda de Campeche, los hoyos de la Dona, el istmo de Tehuantepec, el Golfo de California, el Archipiélago de Revillagigedo y el Caribe Mexicano, además de las Fronteras Marítimas Norte y Sur.
Helicóptero Bell 412
“Las áreas anteriormente enumeradas se catalogan y conceptualizan de acuerdo a la problemática presentada, derivado de la incidencia en los eventos de diversas índoles, por los cuales la Secretaría de Marina-Armada de México lleva a cabo acciones puntuales.
“Las instalaciones estratégicas consideradas dentro de las áreas anteriormente citadas, son aquellas que, indispensables para la operación general del País, centros de decisión político-económica y forman parte de la estructura básica de comunicaciones, transporte o energía y en consecuencia son centros de gravedad de la estabilidad nacional; la Secretaría de Marina Armada de México lleva a cabo de manera permanente acciones para proteger las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, tales como las instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche”.
También la Marina lleva a cabo acciones contra el narcotráfico y problemas generados en las fronteras norte y sur con características distintas, amenazas a la seguridad nacional como el narcotráfico y la delincuencia nacional y/o transnacional.
“Además de la creciente demanda y reclamos por el incremento de la inseguridad pública por los actos ilícitos que se cometen a diario que perturban la paz y la tranquilidad social, afectan el patrimonio y el bienestar de las familias mexicanas”, anota la Semar.
DIVERSIFICA EL NARCO SUS ENVÍOS
En los últimos años el narcotráfico diversificó el traslado de drogas a Estados Unidos.
Hasta la última década los traficantes transportaban las drogas por el Pacífico mexicano, hacia las costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa y Sonora.
Sin embargo, fuentes navales indican que, para la presente década, el narco no sólo intensificó el paso de drogas por el Pacífico sino que “abrió” rutas en el Golfo de México, particularmente a la zona de Tamaulipas o el norte de Veracruz, donde se encuentran los puertos de Altamira y Tuxpan, respectivamente, un tema que alertó a las autoridades de Estados Unidos.
“Las rutas del transporte de cargas ilícitas, a través de las cuales son trasladadas, para su posterior distribución por parte de grupos transgresores de la ley, desde Sur América y Centro América hacia las costas e interior del territorio mexicano y continuar su trasiego hacia los Estados Unidos de Norteamérica, según lo publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y con información estadística de las operaciones de seguimiento, interdicción, intercepción y aseguramientos por parte de las autoridades, ha propiciado la vigilancia de las zonas marinas identificadas debido a la incidencia en citadas rutas”, destacó la Marina en el proyecto de inversión para la nueva flota aérea.
“Para el éxito de las operaciones en contra de infractores en la mar, es necesario contar con una capacidad efectiva de información de inteligencia naval y como consecuencia de ello concretar su detección, identificación y seguimiento, utilizando los sensores y sistemas de vigilancia electrónicos de última generación, lo que permitirá su intercepción, abordaje, inspección y aseguramiento”, expone.
Indica que los problemas generados en las fronteras norte y sur que amenazan la seguridad nacional son el narcotráfico y la delincuencia nacional y/o transnacional, además de la creciente demanda y reclamos por el incremento de la inseguridad pública por los actos ilícitos que se cometen a diario y que perturban la paz y la tranquilidad social.
“En su ámbito de competencia, la Armada de México realiza operaciones de combate a la delincuencia organizada, al tráfico ilegal de personas, armas y estupefacientes en las 32 entidades federativas del territorio nacional; incrementa y moderniza su infraestructura naval, con unidades aeronavales, de superficie y de infantería de Marina con sistemas de mando y control, con equipos informáticos y de comunicación para la generación y transferencia de información; fortalece el Sistema de Inteligencia de la Armada de México con infraestructura, equipamiento y capacitación del personal para incrementar su eficacia y al mismo tiempo coordinar con otras dependencias federales”, argumentó.
Puntualiza que ahora existe una mayor participación de la Armada de México en operaciones realizadas en contra del crimen organizado, resaltando la demanda de la realización de vuelos para el traslado del personal hacia los puntos neurálgicos del País.
A eso se suma las operaciones de búsqueda, rescate, auxilio y vigilancia marítima, con el propósito de salvaguardar la vida humana en el mar y coadyuvar en la preservación del Estado de derecho, así como de las áreas naturales protegidas de las zonas marinas y el despliegue operativo permanente en 56 empresas productivas del Estado (Pemex, CFE y Compañía de Nitrógeno de Cantarell S.A de C.V., distribuidas en ambos litorales y en la Sonda de Campeche).
“Actualmente en el área de la Primera Zona Naval (Matamoros, Tams.),Segunda Región Naval (Ensenada, BC.), Sexta Región Naval Guaymas, Son.), y jurisdicción de la Séptima Región Naval (Lerma Campeche), se ejecutan operaciones aéreas (Servicios) de Ambulancia, Apoyo a Población Civil, Búsqueda y Rescate, Vigilancia y Transporte Logístico, entre otros; con aviones CASA C-295, CASA CN-235 y King Air B350ER, adquiridos entre 2009 y 2015, cuentan en promedio con una antigüedad de 12 años de operación”, advierte la institución naval.
“De no llevarse a cabo la ejecución del presente programa de inversión de adquisiciones, la Semar se verá en la necesidad de utilizar los medios con los que actualmente cuenta, para seguir realizando las operaciones aeronavales antes citadas, lo que generara carga de trabajo en las unidades aéreas con que se cuenta, lo que acortará su vida útil y podría disminuir la seguridad de las operaciones antes mencionadas”, alerta la Marina.
VIGILA DESTRUCTOR USS GRAVELY GOLFO DE MÉXICO
Desde el pasado 15 de marzo el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Gravely (DDG 107) partió de la Estación de Armas Navales de Yorktown para un despliegue programado en el Área de Responsabilidad del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM AOR), en el Golfo deMéxico.
El buque operará en aguas estadounidenses e internacionales, en los límites con el aguas mexicanas, para evitar el paso de drogas, entre otras misiones.
Se trata de un acorazado con capacidad de desplazamiento de 9 mil 515 toneladas, operativo de 2010 y equipado con misiles Tomahawk, misiles antiaéreos Standard y misiles antisubmarinos, además de cañones y sistemas de defensa buque a buque.
Cuenta con radares capaces de detectar a decenas de kilómetros cualquier movimiento marítimo o aéreo que represente una amenaza.
Al pertenecer a la clase Arleigh Burke, posee un Sistema de Combate Aegis, que le permite detectar, rastrear y neutralizar múltiples amenazas aéreas, de superficie, incluso submarinas.
“Una embarcación que pase a unos 5 o 10 kilómetros de ese Destructor, puede ser ‘escaneado’ vía satelital, conoce cuántos tripulantes van, de donde viene, su hoja de ruta, la carga, todo el historial”, indica una fuente naval.
El despliegue, dijo la Marina estadounidense, contribuirá a la misión en la frontera sur del Comando Norte de EU como parte del esfuerzo coordinado del Departamento de Defensa en respuesta a la Orden Ejecutiva Presidencial “para proteger la integridad territorial, la soberanía y la seguridad de Estados Unidos”, declaró el General Gregory Guillot, Comandante del Comando Norte de EU.
Indica que se trata de una respuesta coordinada y sólida para combatir el terrorismo marítimo, la proliferación de armas, la delincuencia transnacional, la piratería, la destrucción del medio ambiente y la inmigración ilegal por mar.
“El despliegue del Gravely marca una mejora vital en el marco de seguridad fronteriza de nuestra nación”, declaró el Almirante Daryl Caudle, comandante del Comando Norte de las Fuerzas Navales de EU.
Un Destacamento de Aplicación de la Ley (LEDET) de la Guardia Costera de EUse embarcó a bordo del Gravely.
Fundado en 1982, el destacamento de la LEDET de la Guardia Costera lleva a cabo diversas misiones de interdicción marítima, incluyendo la lucha contra la piratería, las operaciones de combate militar, la interdicción de la migración de extranjeros, la protección de las fuerzas militares, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional y la respuesta humanitaria.
“El USNORTHCOM fue nombrado líder operativo del Departamento de Defensa (DoD) para el empleo de fuerzas militares estadounidenses con el fin de ejecutar las órdenes ejecutivas del Presidente Trump en la frontera sur. El comando combatiente continúa cubriendo las deficiencias críticas de capacidad en apoyo del DHS y la CBP”, anotó la America’s Navy tras el zarpe del Destructor al Golfo de México, donde actualmente realiza patrullajes.
El pasado martes el gobierno de Estados Unidos divulgó documentos no testados relacionados con el asesinato del expresidente John. F. Kennedy. Las más de 80 mil páginas desclasificadas dan cuenta de la investigación de agencias de inteligencia alrededor del caso.
México fue de especial interés para los agentes norteamericanos, pues Lee Harvey Oswald, homicida de Kennedy, realizó un viaje al entonces Distrito Federal un par de meses antes de cometer el magnicidio.
Según consta en los documentos, entre el 26 y 28 de septiembre de 1963, Oswald visitó la embajada de la Unión Soviética en México para intentar conseguir una visa cubana que le permitiera viajar a Rusia. Sin éxito, regresó a su país a principios de octubre. Los pasos de Oswald pudieron rastrearse gracias a una consolidada red de inteligencia en México que empezó a tejerse incluso antes del crimen contra el presidente estadounidense.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) mantuvo una estrecha colaboración con funcionarios del gobierno mexicano, entre los que se encuentran los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
“El presidente Díaz Ordaz está personalmente muy molesto por ciertas acciones recientes de algunos soviéticos en México. Creo, pero no lo sé, que algún soviético ha intentado ‘reclutar’ a una fuente cercana al presidente y que esto ha tenido consecuencias catastróficas” describe un miembro de la agencia, de nombre desconocido, en un memorándum.
Por aquel tiempo, México era un punto clave del espionaje internacional. César Valdéz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica en entrevista que lo que sucedía dentro del gobierno mexicano era importante para Estados Unidos debido a que, al menos hasta la revolución cubana, México era el país ejemplo para Latinoamérica respecto a transformaciones y movimientos sociales.
“México también se dedicó a coquetear con otros países y para Estados Unidos significaba la última barrera ante el avance del socialismo en Latinoamérica”, destacó el historiador.
El agente de la CIA que escribe el memorándum asegura que acordó con Luis Echeverría, entonces secretario de gobernación, entregarle información sobre un ciudadano soviético cuyo nombre es ilegible por el deterioro del documento consultado. El funcionario mexicano, por su parte, se comprometió a brindarle información y fotografías de otros ciudadanos soviéticos en poder de las autoridades migratorias mexicanas.
En el libro “Nuestro hombre en México” de Jefferson Morley, el periodista del Washington Post describió la operación LITEMPO, que proporcionaba a la estación de la CIA en México información de los altos círculos políticos en México, así como “incursiones de alto y bajo nivel en las ramas de seguridad y formulación de políticas del gobierno mexicano”, según consta en los documentos consultados por esta casa editorial.
De acuerdo con Morley, Gustavo Díaz Ordaz se involucró en la operación desde que fungía como secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos, por lo que cuando Ordaz se convirtió en presidente de México ya tenía un pie dentro de la CIA. Los
LITEMPO llegó a tener un presupuesto anual de 61 mil dólares, según uno de los archivos desclasificados el día de ayer. Para la operación, la agencia estadounidense contó con seis agentes mexicanos pagados y 26 agentes no pagados, todos con acceso al gobierno mexicano o empleados por él.
Otro de los documentos liberados el día de ayer, consultado por EL UNIVERSAL, da cuenta de la colaboración de Ordaz con la CIA desde 1962. “Hace algunas semanas, llegamos a la conclusión de que la única oportunidad de conseguir que México rompiera relaciones con Cuba sería con base en la intervención cubana en los asuntos internos de México. Con este objetivo en mente, el Departamento y CAS me autorizaron a entregar los materiales descritos en el IN 12549 al funcionario mexicano adecuado. Elegí a Gustavo Diaz Ordaz”, dice el registro de un integrante de la CIA.
Los materiales en cuestión se refieren a evidencia, en parte falsificada por la agencia estadounidense, que incriminaba al entonces embajador de Cuba en México, José Antonio Portuondo de intervenir en asuntos internos de México.
Entre estos materiales se encontraba una “grabación de una conversación entre un grupo de revolucionarios colombianos y el embajador, en la que los primeros dijeron que ya habían comenzado en la práctica una insurrección armada en Colombia. Dijeron que la revolución colombiana formaba parte de las revoluciones cubana y mexicana y pidieron la solidaridad y colaboración de todos los revolucionarios. Portuondo dijo que enviaría su informe a La Habana para que Cuba tuviera conocimiento de la situación”, según indica el documento.
El archivo indica que Díaz Ordaz discutió la “evidencia” con el presidente Adolfo López Mateos, quien expresó “sorpresa e interés”. Además, Ordaz preguntó si la CIA tendría alguna objeción si la información que le proporcionaron se hiciera pública en caso de que surgiera una “ocasión adecuada en el futuro”. Dijo que no se mencionaría al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno mexicano presentaría la evidencia como si hubiera sido recogida por ellos.
En opinión del historiador César Valdéz, la decisión de altos funcionarios del gobierno mexicano de colaborar y proporcionar información sensible de seguridad nacional a Estados Unidos fue meramente un acto de interés personal.
“Buscaban la posibilidad de tener acceso a determinados beneficios políticos y consideraciones económicas, había intereses personales y particulares en el proceso de construcción de esa alianza política”, explica en entrevista.
La reciente tragedia provocada por las inundaciones en Reynosa,donde la naturaleza nos dejo ver todo su poder destructor,ese que rebasa las capacidades de cualquier gobierno,puso ha descubierto no solo la vulnerabilidad de la infraestructura urbana que palideció ante el embate del agua, sino también las profundas divisiones políticas que caracterizan a la región.
Mientras miles de familias luchaban contra la inundacion que invadía sus hogares, algunos actores políticos como el Diputado de Morena Humberto Prieto Herrera,parecía más interesado en capitalizar la situación para su agenda personal que no oculta su antojo de ser alcalde, que el verdadero deseo de ayudar,de sumar.
La emergencia y la respuesta institucional
Las fuertes lluvias registradas a finales de marzo provocaron una situación de emergencia en Reynosa, obligando a la evacuación de cientos de familias a albergues temporales y el rescate de casi 2,000 personas como cita El Norte.
Pero la contingencia,lamentablemente ya elevo la cifra de 3 victimas, dos inicialmente confirmadas por el inutil gobernador de Morena, Américo Villarreal,quien bien pudo ayudar a la población destinando parte de las ganancias que obtiene por el “trafico de huachicol” de pipas que cruzan por esta ciudad.
Pero en vez de eso, la unica ayuda que se vio fue la del ejercito, cuya respuesta institucional incluyó la activación del Plan DN-III por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la implementación de tres albergues temporales en coordinacion con la alcaldía.
Sin embargo, mientras las autoridades municipales buscaban atender el desastre como podian,el recuento de los daños dejaba ver que muchos lo perdieron todo y esto fue aprovechado por muchos.
Y es que,en medio de las calles inundadas, las redes sociales también se inundaron del lodo politico que atizaba el descontento hacia la administración municipal encabezada por Carlos Peña Ortiz con protestas y firmas de apoyo en su contra.
Aunque no se debe de perder de vista, sin dementar a los protestantes, que Reynosa, dado el crecimiento demográfico constante y según proyecciones recientes, su población actualizada para 2025 se estima en 983,121 habitantes en el área metropolitana, lo que representa un aumento del 1.6% anual respecto a 2024. Este dato incluye no solo la ciudad, sino también zonas suburbanas adyacentes.
Las rivalidades políticas por encima del bienestar ciudadano
Pero resulta que este movimiento no fue fortuito, si atendemos la mas reciente manifestacion publica del Diputado Marco Gallegos (MORENA),lo que nos remite a que la tensión entre el gobierno estatal de Americo Villarreal y el municipal de Peña Ortiz,que no es nueva, no se ha zanjado del todo en Reynosa.
La publicación realizada por Marco Gallegos Galván revela, entre líneas, elementos que sugieren una manipulación política detrás de las protestas en Reynosa tras las inundaciones. Analicemos su contenido:
“Al enterarme de que hubo personajes que intentaron impedir la marcha del sábado, me viene a la mente la siguiente frase que leí en algún lugar: ‘La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los tontos’”
Esta declaración constituye una confesión tácita de la naturaleza orquestada de las protestas contra el alcalde Peña Ortiz por las siguientes razones:
Reconoce explícitamente la existencia de “personajes” que intentaron obstaculizar la marcha, lo que indica que si existían fuerzas organizadas con agendas definidas en torno a esta manifestación.
El lenguaje empleado por Gallegos Galván es revelador: utiliza una cita despectiva que establece una dicotomía entre “personas inteligentes” y “tontos”, sugiriendo una superioridad moral e intelectual de un grupo sobre otro.
La publicación aparece como una respuesta defensiva, lo que indica que el autor tenia un interés personal o político en la realización exitosa de dicha marcha.
El tono sarcástico de la publicación demuestra una actitud combativa propia de alguien involucrado en una pugna política, no de un ciudadano preocupado por la respuesta a un desastre natural.
La sonrisa confiada que muestra en la fotografía,refuerza la imagen de un operador político, no de un ciudadano afectado por las inundaciones.
Esta publicación viene a confirmar lo que ya se sospechaba: las manifestaciones “ciudadanas” tras las inundaciones en Reynosa fueron instrumentalizadas como parte de la guerra política entre distintas facciones.
Los actores políticos estatales en Tamaulipas, en lugar de unir esfuerzos para atender la emergencia, aprovecharon la tragedia para atacar politicamente, utilizando a ciudadanos genuinamente afectados como peones en su juego de poder.
El post de Gallegos Galván constituye evidencia de cómo los políticos del estado que siguen ordenes de Villarreal Anaya,estaban más interesados en capitalizar el desastre para sus propios fines que en resolver los problemas urgentes de la población afectada por las inundaciones.
La instrumentalización del desastre
La tragedia de Reynosa pone de manifiesto una práctica demasiado común en la política mexicana: la instrumentalización del sufrimiento ajeno. Las manifestaciones ciudadanas, legítimas expresiones de descontento ante la ineficacia gubernamental, corren el riesgo de ser cooptadas por intereses políticos que buscan réditos electorales o posicionamientos favorables en las estructuras de poder.
Los ciudadanos debemos cuestionar si las muestras de apoyo y solidaridad de estos entes de la politica responden a una genuina preocupación por el bienestar ciudadano o son simples cálculos políticos.
La ciudadanía de Reynosa merece respuestas efectivas y coordinadas, no disputas estériles entre funcionarios más preocupados por su imagen pública que por resolver los problemas fundamentales que afectan a la población.
Las inundaciones en Reynosa dejaron al descubierto que ante un fenómeno natural de esta envergadura no hay infraestructura urbana que aguante, pero tambien exhibio la precaria cultura política que persiste en nuestro país, donde las tragedias se convierten en oportunidades para el lucro político y la mezquindad incluso dentro de un mismo partido,MORENA.
