CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Era octubre de 2014. Iban en aumento las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al Gobierno federal, que había esperado una semana para atraer la investigación de lo ocurrido con los estudiantes la noche del 26 de septiembre, le urgía dar una respuesta. Fue entonces que la Procuraduría General de la República (PGR) envió peritos a seis fosas clandestinas localizadas por la Procuraduría estatal en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, Guerrero, de las que recuperaron 28 cuerpos. Extraoficialmente corrió la versión de que en ese lugar habían sido enterrados los jóvenes. Fue el primer intento de cerrar el caso, con declaraciones obtenidas bajo tortura en las que participó personal de la Secretaría de Marina (Semar), cuya implicación ha pasado casi desapercibida en la construcción de la “verdad histórica”, según han documentado A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab.
Aquel jueves 9 de octubre, el procurador general Jesús Murillo Karam anunció en conferencia de prensa cuatro nuevas capturas, que se sumaron a los 30 detenidos que llevaban hasta entonces: “La relevancia […] radica en que nos llevaron a un lugar donde encontramos [otras] cuatro fosas donde, a decir de estos detenidos, fueron allí también depositados los restos de estudiantes asesinados”, dijo Murillo Karam. Con el paso del tiempo esa declaración sería desmentida.
Las capturas se realizaron hace exactamente 10 años, el 8 de octubre de 2014. Entre los detenidos estaban los hermanos igualtecos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, entonces de 31 y 26 años, quienes según informes de seguridad y videos a los que se tuvo acceso para este reportaje, fueron torturados en las instalaciones de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina, en Coapa, al sur de la Ciudad de México.
En la tortura participaron personal naval y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como de la PGR. Aunque al inicio los hermanos negaron estar involucrados en la desaparición de los normalistas, después de ser golpeados, sufrir descargas eléctricas y tormento psicológico, declararon que los estudiantes habían sido llevados a Pueblo Viejo, a una zona conocida como La Parota. Y justo en ese sitio se hallaron más fosas.
Los hermanos Ríos Sánchez fueron los primeros detenidos por la Semar, que esas primeras semanas se dedicó a capturar personas. En las mismas instalaciones navales serían después torturados Patricio Reyes Landa, el Pato, y Agustín García Reyes, el Chereje, dos de las personas que fueron inculpadas para sustentar la llamada “verdad histórica”, el montaje que el Gobierno federal construyó para indicar que en el basurero de Cocula habían incinerado a los normalistas. También hay videos que ubican a ambos detenidos en el edificio de la Unopes; las imágenes muestran, por separado, Patricio Reyes y Agustín García, sentados en una silla y flanqueados por personal naval, en una habitación de paredes blancas, con el zoclo y los bordes de las ventanas en color rojo.
Los videos fueron obtenidos de dos fuentes distintas, y coinciden en la duración y el contenido, con lo que se pudo corroborar que no habían sido alterados. Además, una tercera persona con conocimiento de la investigación confirmó su veracidad.
A una década de la desaparición de los normalistas, estas nuevas evidencias desmontan la versión oficial de que la Marina se limitó a brindar seguridad perimetral durante los operativos de la investigación del caso Ayotzinapa y, en cambio, sitúan a la dependencia como un actor con mayor protagonismo. Las acciones de la Semar, sin embargo, han permanecido casi en total impunidad, con solo uno de sus elementos procesado, pero sin que se indague a fondo la responsabilidad de otros presuntos involucrados.
La actuación de la Marina ha quedado fuera del radar de la justicia, aún cuando hay señalamientos de que al menos tres personas murieron durante interrogatorios efectuados por personal naval, uno documentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y dos más señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La implicación de la Semar en la detención de personas sospechosas de participar en la desaparición de los estudiantes fue revelada por la ONU-DH en su informe Doble injusticia (2018). Mientras en los partes oficiales se indicó que la Marina sólo había intervenido en cuatro de 23 detenciones realizadas por la Policía Federal Ministerial —la mayoría entre octubre de 2014 y octubre de 2015—, el organismo comprobó que, en 14 casos, ambas instancias “participaron de manera conjunta”.
Dos fuentes federales cercanas al caso, que fueron consultadas, aseguraron que las bitácoras de vuelo de la Marina consignan que el almirante Marco Antonio Ortega Siu estuvo presente en los traslados en helicóptero de Patricio Reyes y Agustín García, desde Iguala hasta las instalaciones de la Unopes en la Ciudad de México.
En agosto de 2022, en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó Alejandro Encinas cuando era subsecretario de Derechos Humanos, se afirma que Ortega Siu era entonces el jefe de la Unopes y lo menciona como “enlace operativo”, dentro de la construcción de la “verdad histórica”.
Ahora se sabe que la dependencia estuvo involucrada desde el principio en el engaño de las fosas de Pueblo Viejo y La Parota, en el que se hizo creer que los cuerpos recuperados eran de los estudiantes. Esta mentira fue desmontada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, como perito independiente de las familias, el 11 de noviembre de 2014 demostró que los cuerpos exhumados no eran de los normalistas.
Antes, la PGR estiró al máximo la versión de Pueblo Viejo. El 22 de octubre de 2014, el procurador Murillo Karam anunció la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, el grupo criminal que dominaba Iguala, a quien acusó de haber ordenado el ataque contra los normalistas, y aclaró a los reporteros: “Si recuerdan, en un principio teníamos varias líneas de investigación. Hoy tenemos una [sola] línea de investigación”.
Explicó que los detenidos declararon que habían atentado contra los estudiantes porque iban a sabotear un evento de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y directora del DIF municipal, lo que se demostró que era falso porque el acto terminó horas antes de que los jóvenes llegaran al lugar.
“El grupo de personas, en el que se presume que estaban algunos estudiantes, son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo”, afirmó el titular de la PGR.
“En esta coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, es contactado por su lugarteniente, conocido como el Gil. Este último reporta, vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario. Ante ello, Sidronio Casarrubias avala las acciones para la defensa de su territorio”.
Dos semanas después, el 7 de noviembre, unos días antes de que el EAAF derrumbara públicamente la versión de Pueblo Viejo, Murillo Karam cambió de narrativa. Presentó los testimonios de los detenidos, Patricio Reyes, Agustín García y Jonathan Osorio Cortés, el Jona, y planteó por primera vez después llamaría “verdad histórica”: que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
En el montaje de esa versión, la Marina también estuvo involucrada. Gracias a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se sabe que fue la primera autoridad que llegó al basurero de Cocula, donde su personal recorrió la zona, removió los escombros, prendió fuego y acercó un helicóptero que hizo volar la basura, acciones que no quedaron registradas en el expediente del caso, aunque alteraban la supuesta escena del crimen.
Fue hasta marzo de 2022 cuando se descubrieron esas imágenes captadas desde el aire por un dron de la propia Marina.
La detención de los hermanos
La captura de Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez fue la primera que realizó la Semar relacionada con Ayotzinapa en conjunto con agentes federales, al menos de manera oficial, según el expediente judicial del caso. Ocurrió en el centro de Cuernavaca, Morelos, el 8 de octubre de 2014, cuatro días después de que la PGR atrajera la investigación de la desaparición de los normalistas.
En el informe de puesta a disposición PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014, los agentes ministeriales reportaron que vigilaban Cuernavaca por ser un centro de operaciones de Guerreros Unidos; al ver a uno de los hermanos que caminaba sobre la calle Mariano Matamoros con una maleta de la que asomaba “el cañón de un arma larga”, los detuvieron poco después del mediodía, junto con una tercera persona que los acompañaba. La maleta nunca fue presentada como prueba.
“Osvaldo Ríos Sánchez, alias el Gordo, refirió de propia voluntad y en forma espontánea que el motivo por el cual tanto él como su hermano Miguel Ángel Ríos Sánchez estaban armados, es porque pertenecían al cártel de Guerreros Unidos”, señala el parte oficial.
También asegura que, de manera espontánea, los hermanos confesaron haber matado a los estudiantes de Ayotzinapa. Y que además del arma larga se les encontró una granada y droga.
A los hermanos les iniciaron dos procesos penales, uno por delincuencia organizada, relacionada con el caso Ayotzinapa, y otro por portación de armas y droga.
Los agentes informaron que los llevaron a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde ingresaron a las 23:30 horas, lo que significa que habrían tardado más de 11 horas en trasladarse desde Cuernavaca a la Ciudad de México, un trayecto de aproximadamente dos horas. Argumentaron que en el camino se les ponchó una llanta y que a un vehículo se le calentaba el motor, por lo que debían detenerse cada 20 minutos.
Las autoridades federales difundieron la versión falsa de que una de las personas detenidas en Cuernavaca, ese día, era Salomón Pineda Villa, hermano de la esposa del alcalde de Iguala y uno de los fundadores de Guerreros Unidos.
La verdad, registrada en archivos de inteligencia del Cisen que fueron mostrados a este reportero, es que los hermanos Ríos Sánchez no fueron llevados a la Seido, sino a las instalaciones de la Unopes ubicadas en la alcaldía Coyoacán. En esa instalación de la Marina fueron torturados hasta el día siguiente.
El propio Osvaldo declaró años después ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que había sido trasladado a instalaciones militares. “Me subieron a una van color gris, me subieron en la cajuela y me iban pateando, el trayecto duró como treinta minutos, me cubrieron la cara con mi playera para que no viera, creo nos llevaron a un cuartel”, narró. “Comenzaron a darme patadas en el abdomen y me dieron toques en los testículos, en la cara y en la boca, me dieron toques con una chicharra para vacas, me daban toques en todo el cuerpo mientras me preguntaban por el presidente municipal de Iguala, que les dijera dónde estaba, todo el día me tuvieron así”.
El informe de la ONU-DH destaca también la muerte de otro detenido, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Semar que habrían participado en su detención”.
Según la puesta a disposición firmada por la Marina, semanas después de la captura de los hermanos Ríos Sánchez, el 27 de octubre de 2014 a las 5:00 horas, también en Cuernavaca, fueron detenidos Eury Flores López y Francisco Javier Lozano. Oficialmente no se informó del tercer detenido, Blas Patiño.
“[…] la Oficina recabó información de las personas procesadas, testigos y de los expedientes que indican que la detención habría ocurrido al menos siete horas antes, es decir alrededor de las 22:00 horas del 26 de octubre de 2014. Las dos personas fueron puestas a disposición ante el Ministerio Público a las 11:30 horas del 27 de octubre”, detalla el informe.
Posteriormente, los agentes de la Marina solo indicaron que Blas Patiño falleció al tropezar en la azotea y caer desde un tercer piso.
“La tercera persona [capturada] sería Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien habría fallecido en el jardín del edificio donde los tres fueron detenidos, como resultado de la asfixia con bolsa plástica y múltiples golpes”, estableció la ONU-DH. El caso no ha sido investigado penalmente.
Para conocer los alcances de la participación de la Marina, A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab revisaron el expediente de los hermanos igualtecos y más de seis horas de videos que muestran la tortura que sufrieron. También entrevistó a la esposa de Osvaldo; habló con tres fuentes diferentes cercanas a la investigación —incluido personal que participó en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR)—, y realizó un análisis de ocho informes públicos del caso, elaborados por el GIEI, la CNDH, la ONU-DH y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj). Además, se tuvo acceso a documentos del Cisen e imágenes que demuestran que integrantes de la Marina estuvieron presentes en las detenciones y torturas de al menos dos de los testigos que sustentaron la “verdad histórica”.
Horas de tortura
Los videos, inéditos hasta ahora, confirman la versión de los hermanos sobre su tortura. Fueron grabados por personal del Cisen y contienen las entrevistas que les hicieron por separado a Miguel Ángel y Osvaldo. Empiezan a las 20:35 horas del 8 de octubre y, aunque no se ve directamente la tortura física, se oyen los gritos de dolor y el sonido de las descargas eléctricas.
Un video del interrogatorio a Osvaldo fue grabado por una cámara oculta colocada tras lo que parece una malla de tela. En cierto momento se oye el lamento de su hermano en un área contigua. Quienes rodean a Osvaldo guardan silencio, y es posible escuchar al torturador de Miguel Ángel repetir: “Ahí va, ahí va, ahí va”, y luego el sonido de la descarga eléctrica. Segundos después se escuchan de nuevo los gritos desgarradores. Después, a Osvaldo le preguntan si ya se acordó de dónde están las fosas, pero lo niega, con evidente angustia.
En distintos videos de la tortura cruzan marinos armados frente a la cámara. Osvaldo constantemente se soba por debajo de las costillas, en la espalda, se estira y se queja.
En las grabaciones, hombres vestidos de traje y corbata preguntan, primero, la información personal de los hermanos: nombre, dirección, si tienen esposa, algún amorío, a qué se dedican, quiénes son sus padres. Luego, qué saben de Guerreros Unidos, quiénes son sus jefes, quiénes los halcones, cuánto ganan a la semana. Después les preguntan sobre los hechos del 26 de septiembre. Osvaldo asegura que estaba jugando cartas con algunos profesores —aunque afirmó que se dedicaba a la venta de ropa—?cuando se enteró de los hechos por mensajes que le llegaban a su celular.
“Es muy importante para mí, en este momento, que te hagan un examen médico”, le dice con voz tranquila el interrogador a Osvaldo a las 22:30 horas. “Te voy a decir por qué. Es una forma en la cual nosotros tenemos que asegurar tu integridad física”. Osvaldo solo niega con la cabeza. “Yo sé que es difícil”, continúa su torturador, “te duele, traes un golpe, te caíste, güey. Me golpee, equis cosa. Ni pedo, a veces hay que comérselas así […], después regresas conmigo”.
En ese momento llega Gualberto R, entonces fiscal antisecuestros de la Seido, quien fue detenido en el sexenio pasado —en junio de 2023— acusado de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Es señalado por torturar en 2015 a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo. En los videos, el funcionario tiene un refresco en las manos. Entra acompañado de otro sujeto, que advierte a Osvaldo: “¡No empieces con tus mamadas! Yo no traigo corbata”.
“¿Qué te tocó hacer a ti? ¿Por qué los llevaste? ¿Tú en qué ayudaste?”, pregunta el exfiscal sobre el destino de los normalistas. “No, en nada”, responde con un hilo de voz Osvaldo. “¡No te hagas pendejo!”, le dice el otro agente. “Lo juro que no”. El mando de Seido le explica que Marco Antonio Ríos Berber, otro presunto integrante de Guerreros Unidos detenido antes que los hermanos Ríos Sánchez, ya está colaborando y les dijo que él mismo compró gasolina esa noche. Luego llega una tercera persona que encara a Osvaldo: “Aquí los únicos que te van a ayudar son ellos. Ayúdate, pendejo. Si no, te vas a ir a la verga con todo y familia, cabrón. Mámatela tú todo, cabrón”.
En los siguientes minutos le piden el nombre de su esposa embarazada y lo amenazan con llevarla ahí también, no dicen con qué motivo. “Tú ya no la vas a librar”, afirma el funcionario. “Ahí viene el equipo rudo, eh”, secunda el agente. Entra otra persona diferente y amarra las manos de Osvaldo por la espalda.
El exfiscal bebe de su refresco. Intercambia miradas y risas con alguien más. Uno de los agentes muestra a Osvaldo un mapa de Iguala en una tableta. Pide que señale el punto donde supuestamente la policía municipal entregó a los normalistas a Guerreros Unidos. Vuelven a preguntarle por las fosas. Es evidente que ya lo habían mencionado antes. Osvaldo termina por señalar en el mapa que hay fosas en La Parota. Le advierten que al día siguiente irán en helicóptero y debe indicar el punto exacto donde se ubican.
Cuando el interrogador y su equipo salen de la habitación, la situación baja de tensión.
A las 23:10 horas, los hermanos se reencuentran. Llevan a Miguel Ángel a la habitación de Osvaldo. Tiene las manos atadas y los ojos vendados. Cuando le quitan las vendas, se retuerce de dolor. Se soba la panza y la entrepierna. Parece al borde del desmayo. Osvaldo le levanta la playera y señala dos laceraciones. Ahí termina la grabación.
Pero La Parota ya había quedado mencionada. La Parota pronto aparecería en las noticias y llegaría hasta los oídos de los padres y madres de los 43 estudiantes, porque las autoridades les aseguraron que en ese lugar estarían sus hijos. El periodista John Gibler, quien acudió a cubrir ese hallazgo, recuerda que el policía estatal Wenceslao Elizalde,el encargado del operativo, le aseguró que ahí estaban enterrados los estudiantes. El entonces Fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fortaleció es versión, al declarar en conferencia de prensa que un detenido dijo que hasta esa zona fueron llevados 17 estudiantes que habrían sido quemados.
En otro video, grabado en los primeros minutos del 9 de octubre, se observa que los hermanos Ríos Sánchez están en una habitación donde hay dos ventiladores gigantes que, de acuerdo con ex funcionarios consultados, son usados por el personal de la Marina para facilitar el doblado de los paracaídas, pues las instalaciones de la Unopes pertenecían anteriormente a la Unidad de Infantería de Marina Fusileros Paracaidistas.
La UEILCA de la FGR investigaba la participación de la Semar en las indagatorias iniciales cuando fue descabezada, orillando a su titular, Omar Gómez Trejo, a renunciar y salir del país. “Para allá apuntaba nuestra investigación”, comentó un exintegrante de esa unidad, quien pidió el anonimato. Solo se logró consignar a un marino, de apellido Vidal, por las puestas a disposición de personas torturadas. Aunque las fuentes afirman que tenían expedientes sólidos contra otros integrantes de la Semar, sin precisar el número.
Suspendidos de un helicóptero
Los hermanos Ríos Sánchez sufrieron otras agresiones que no quedaron grabadas, pero fueron denunciadas durante su proceso penal por delincuencia organizada. Tras comprobarse la tortura que padecieron, el juez Octavo de Distrito de Morelos, Nelson Loranca Ventura, ordenó su absolución por este delito, pero aún enfrentan cargos por portación de armas y drogas.
En el expediente judicial quedó asentado que sufrieron asfixia por sofocación, término técnico para describir que los ahogaron con una bolsa de plástico, como después se comprobó que sufrieron otros detenidos. Además, mientras estaban maniatados con cinchos, un elemento naval se subió a su abdomen para limitar la expansión del tórax y dificultar que pudieran respirar.
En entrevista por videollamada desde su casa en Guerrero, Liliana Salgado narró lo que su marido Osvaldo le contó cuando pudieron hablar, tres días después de su captura.
“A él se lo llevan en un helicóptero [a La Parota] porque querían que supuestamente él dijera dónde estaban los estudiantes. Los trajeron en helicóptero hasta Iguala, a un cerro, pero él me comentó que los traían colgando del helicóptero, y le decían que si no decía dónde estaban los estudiantes iban a tirar a su hermano [Miguel Ángel], y luego viceversa, ponían a Osvaldo colgado y a mi cuñado le decían lo mismo”.
Salgado llora al contar que su hijo no conoce a su padre, pues Osvaldo fue detenido cuando ella estaba a punto de dar a luz. “Solo conoce su voz, solo lo conoce por teléfono”. Además, no cuenta con dinero suficiente para visitarlo; asegura también que las drogas y las armas por las que siguen detenidos les fueron “sembradas”. Aunque 65 personas recuperaron la libertad por las torturas que sufrieron en la investigación, no es el caso de estos hermanos que, a diez años de su detención, permanecen presos en el Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit, una cárcel de alta seguridad.
CNDH: Hechos no acreditados
En la recomendación 15VG/2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con la desaparición de los normalistas, emitida por la CNDH unos días antes del final de la administración de Enrique Peña Nieto, no se reconoció la tortura de los hermanos Ríos Sánchez. Esa investigación estuvo a cargo de la Oficina Especial para el Caso Iguala, que encabezó José Trinidad Larrieta Carrasco.
En el expediente CNDH/2/2014/7352/Q, la CNDH estableció que no encontró elementos para acreditar las descargas eléctricas ni la asfixia, solo “agresiones físicas”. Y aunque una valoración psicológica del organismo determinó que presentaban síntomas de trastorno por estrés postraumático, en la recomendación de 2,178 páginas únicamente quedó asentado: “Hechos no acreditados: Detención arbitraria. Tortura”.
“De acuerdo con las Opiniones Médico y Psicológica Especializadas para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato “Protocolo de Estambul” y su ampliación, así como del análisis técnico-jurídico realizado por personal de este Organismo Nacional, se concluyó que no se acreditaron los métodos asfícticos y toques eléctricos”, concluye la recomendación respecto a los dos hermanos. Lo mismo hizo en al menos 28 casos, pues de 35 casos solo reconoció la tortura en siete.
En contraste, la ONU-DH, en su informe Doble injusticia incluyó los casos de Miguel Ángel y Osvaldo entre quienes fueron víctimas de tortura.
Semar y la “verdad histórica”
Tanto Patricio Reyes Landa como Agustín García Reyes fueron interrogados y torturados en las mismas instalaciones navales a las que llevaron a los hermanos Ríos Sánchez, donde tenía su sede la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), ubicada en la calle Virgilio Uribe, en Coapa, a espaldas de la Universidad Naval.
La Unopes, creada el 1 de octubre de 2014, reúne a grupos de élite “con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y contribuir a garantizar la seguridad nacional y la protección al medio ambiente marino, a través de la ejecución de operaciones especiales de alto valor estratégico”. Está directamente bajo las órdenes del secretario de Marina. En 2017, el gobierno del Estado de México, bajo la administración de Alfredo del Mazo, entregó a la Semar terrenos en Valle de Bravo, donde se trasladó la Unopes, tras lo cual fue demolido el edificio de Coapa; hoy día, donde anteriormente había un acceso vehicular solo hay una barda.
Según el informe de la Covaj, presentado por Encinas en 2022, la “verdad histórica” fue “una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno” en la que participaron el procurador Murillo Karam (hoy en prisión domiciliaria); el titular de la Seido, Rodrigo Archundia (hoy fiscal anticorrupción del Estado de México); el encargado de despacho de la Seido, Hugo Ruiz (quien estuvo solo cuatro meses en el cargo); el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto R. (hoy detenido), y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón (hoy prófugo en Israel).
“Los enlaces operativos para desarrollar la investigación [los encargados de ejecutar las órdenes] fueron: por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales; el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, almirante Eduardo Redondo Arámburo”, añade el primer informe de la Covaj, del que se tiene copia íntegra.
De acuerdo con personal naval, Ortega Siu se encuentra actualmente fuera de México.
A Ortega Siu se le atribuyen los operativos que llevaron a la captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán y a la muerte de otros capos del narcotráfico, como Arturo Beltrán Leyva y Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, que generaron un escándalo por la brutalidad empleada; en el caso de Beltrán Leyva se difundió una foto de su cuerpo semidesnudo y cubierto de billetes.
Ortega Siu fue llamado a declarar en marzo de 2022 ante la UEILCA, donde afirmó no haber participado en la investigación de la desaparición de los normalistas.
En su sexto y último informe, presentado en julio de 2023, el GIEI alertó sobre la intervención de la Marina en la investigación del caso Iguala.
“No solo el traslado a instalaciones está prohibido por la ley y por manuales internos de Semar, sino que, además, los hombres que los capturaron hicieron intervenciones en los interrogatorios previos a ponerlos a disposición de la autoridad competente bajo modalidades de tortura”, señala el documento.
En tanto, Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, reveló a la Covaj que encabezaba Alejandro Encinas, que en la entonces residencia oficial de Los Pinos se realizaron juntas de autoridades, en las que participaron los titulares de la Sedena, Semar, Gobernación y el director del Cisen.
De acuerdo con un cuestionario respondido por Zerón, y que fue revelado por Fábrica de Periodismo, en esas juntas se les instruyó a él y a Murillo Karam salir a medios de comunicación y dar la versión de que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados la misma noche del 26 de septiembre en el basurero de Cocula, y sus restos tirados en el río San Juan.
El titular de la Secretaría de Marina en el sexenio de Enrique Peña Nieto era Vidal Francisco Soberón Sanz.
En el documental Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado, realizado por HBO Max, Zerón declara: “Gente de Marina son los agentes aprehensores de los presuntos criminales. Ellos los detienen en la madrugada del 27 de octubre. Ellos son los que le informan al procurador sobre el lugar del basurero, le dicen que ahí es donde estaban los estudiantes, y nos trasladamos en helicóptero, el procurador y yo”.
El dron que la Marina ocultó
La Marina ha negado su participación en el montaje de la “verdad histórica”. Durante años aseguró que su papel consistía principalmente en brindar seguridad perimetral en las diligencias; sin embargo, los hallazgos más recientes apuntan a que fue primordial.
Por orden del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la dependencia entregó a los expertos del GIEI un material clasificado como secreto. Era la grabación que realizó el dron T-20 ARCTURUS el 27 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula, que muestra la intervención de personal de la Marina en el lugar, un día antes de las primeras diligencias ministeriales reportadas oficialmente. Las imágenes fueron reveladas por el GIEI en marzo de 2022, lo que provocó que la Semar se cerrara a seguir colaborando con la investigación.
El 30 de marzo de 2022, dos días después del informe del GIEI, informó que los marinos que estuvieron en el basurero ya habían declarado.
El dron, con matrícula ANX-3501, despegó del aeródromo de Zacacoyuca, en la localidad de Tepecoacuilco de Trujano, nueve kilómetros al sur de Iguala.
De acuerdo con el análisis criminalístico solicitado por el GIEI, del cual se tiene copia, en el basurero de Cocula se registraron seis eventos importantes.
Entre las 6:39 y 7:20 horas, personal de la Marina llegó al lugar y acudió a la parte baja del basurero. Entre las 7:29 y las 8:30, prendió un fuego en la parte alta. Entre las 8:13 y las 8:48, realizó un segundo descenso al basurero. A las 10:00, un helicóptero intentó sin éxito descender. Entre las 11:02 y las 11:26, un tercer grupo de personas desciende nuevamente al basurero. Y entre las 12:06 y las 17:30, llegan los peritos de la PGR y el EAAF.
El análisis también explica el orden en que las diversas autoridades llegaron al basurero: la Semar desde las 6:39 horas. La Policía Federal arribó a las 8:30, pero se quedó en el acceso al lugar. Luego, elementos de la PGR y de IM (no se explica qué significan las siglas) a las 8:28. Militares de la Sedena arribaron a las 9:21. Y peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales a las 11:02. Finalmente, más peritos de la PGR y del EAAF a las 12:00 horas.
En la conferencia de prensa en que los expertos del GIEI presentaron el video, se indicó que al lugar llegó un convoy de seis camionetas de la PGR y dos de la Semar —con al menos 10 personas—, en las que se encontraban el procurador Murillo Karam y el jefe de la AIC, Tomás Zerón. Los marinos, según el informe, llevaban materiales en bolsas y en la cajuela. La Marina también realizó diligencias en el río San Juan el 26 de octubre, dos días antes de lo reportado oficialmente en el expediente. “Encontrando varias bolsas de las que no se dejó constancia e identificando una bolsa a escaso un metro de la orilla del río el día 28 de octubre”, indica el documento.
Después de señalar que la Marina tuvo una participación “clave”, en el sexto y último informe a cargo de los expertos Carlos Beristain y Angela Buitrago se señala: “El GIEI encontró registros en video de sesiones de interrogatorio de detenidos acusados de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, que incluyen torturas. […] En las grabaciones aparecieron agentes de Seido, Cisen y la Marina que incluían prácticas de amenazas y torturas a los detenidos en condiciones de indefensión, atados o esposados, encapuchados”.
En el informe se agrega que recibieron “una fotografía de dos supuestos detenidos maniatados y muertos, con vendas en las muñecas; dichas vendas en las muñecas son similares a las que se ven en videos de detenciones realizadas por Marina e interrogatorios que se hicieron en sus instalaciones”.
La foto, de acuerdo con el GIEI, confirma un informe de actividades de la Marina, que fue recobrado de archivos de la Guardia Nacional, en el que se hace referencia a que dos personas resultaron fallecidas, sin dar ningún otro dato de su identificación.
“(El informe) afirmaba el número de detenidos de los objetivos prioritarios, en donde señala qué corporación capturó a quiénes enlista al final dos personas ‘fallecidas’ capturadas por la Marina”, se lee en el informe del GIEI.
“Llama poderosamente la atención que esta información esté en un reporte oficial y que coincida con la información y fotografía enviada por una fuente reservada al GIEI. Es preciso que la Marina ofrezca información fiable sobre dichos hechos confirmados, la circunstancia de dichas muertes y la identidad de las víctimas”.
El GIEI también señaló que la información proporcionada por la fuente anónima incluía que otros cinco detenidos por la Marina no habrían sido puestos a disposición de ninguna autoridad y se desconocía su paradero.
Consultada al respecto, la Secretaría de Marina declinó hacer comentarios sobre los hallazgos de este reportaje e indicó que en todo caso, sería la FGR quien debería pronunciarse.
La Parota, el primer intento fallido
La zona de Pueblo Viejo, o La Parota, fue el primer “hallazgo” de fosas clandestinas donde las autoridades anunciaron que podrían estar los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el expediente, esa línea de investigación se construyó con las declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber y los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez.
Según sus testimonios obtenidos bajo tortura, los normalistas irrumpieron, encapuchados y realizando disparos al aire, en el informe de actividades de la esposa del alcalde de Iguala. Lo cual quedó demostrado que era falso, porque la llegada de los normalistas a la ciudad se dio al menos dos horas después de que terminó el evento.
En esa versión, Miguel Ángel también dijo, tras ser torturado, que luego de que los normalistas fueron capturados, otros miembros de Guerreros Unidos le pidieron llevar agua y droga a Pueblo Viejo, a una zona conocida como La Parota, donde después se descubrieron fosas.
Las primeras seis fosas fueron localizadas el 4 de octubre de 2014 por la Fiscalía de Guerrero, entonces encabezada por Iñaki Blanco. Posteriormente, cuando la PGR atrajo el caso, encontró cuatro fosas más. Hasta el 22 de octubre de ese año, se recuperaron 38 cadáveres en 11 fosas.
El 5 de octubre, el EAAF se sumó como perito independiente de las familias de los jóvenes desaparecidos. Y el 25 de octubre informó en un comunicado que ninguno de los restos analizados correspondía a los normalistas.
Esa línea de investigación quedó en el olvido… al igual que el proceso contra los hermanos Ríos Sánchez, quienes permanecen en prisión pese a que se comprobó que hicieron sus declaraciones bajo tortura.
*Foto de portada: Una camioneta de la Marina llega al basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014 , cuando quedó registrada la intervención de su personal en el lugar. (Especial)
Con informacion.-PROCESO/
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BIO CÉSAR MARTÍNEZ
César Martínez es periodista especializado en derechos humanos, temas de seguridad y migración. Por más de una década trabajó en la prensa escrita. Actualmente combina su labor de coordinador y editor con la investigación periodística.
