«NARCOS CORTACABEZAS NO TIENEN MIEDO»: SON del «CRIMEN ORGANIZADO que le PAGABA 200 MIL DOLARES MENSUALES a HARFUCH y TENIAN en la NOMINA al EJERCITO»…posibilidad de ser CAPTURADOS es del PINCHURRIENTO 1.0% porque impunidad es del 99%.

El asesinato del alcalde de Chilpancingo ha provocado consternación en México,pues apenas el pasado jueves, Alejandro Arcos Catalán lamentaba el homicidio de Francisco Gonzalo Tapia, su mano derecha como Secretario general del Ayuntamiento,cuando era decapitado el Domingo,tras exigir mayor seguridad para desempeñar sus funciones y solicitaba apoyo al Gobierno de Guerrero para garantizar la gobernabilidad en el Estado. “No somos gente de conflicto”, dijo en una entrevista radiofónica. 

El domingo se dio a conocer que fue decapitado por miembros del crimen organizado que opera en el estado de Guerrero,el mismo crimen que de acuerdo a testimonios de TESTIGO PROTEGIDO,le pagaban al entonces JEFE de la POLICIA FEDERAL, OMAR GARCIA HARFUCH 200 MIL DOLARES MENSUALES y tenían al EJERCITO en la NOMINA,era 2014 y las acusaciones do deben de ser desoídas al amparo politico.

A menos de una semana de tomar posesión y tras una semana de barbarie, la presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló ayer lunes que se analiza la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones del caso y la oposición calificó el crimen como un “acto terrorista”, mientras aumenta la indignación porque la ayuda que solicitó Arcos Catalán no llegó a tiempo para evitar la tragedia.

“Esto sobrepasó todos los límites, necesitamos garantizar la seguridad”, afirmó Alejandro Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio. El asesinato de Arcos Catalán se informó después de que las fuerzas del orden recibieran sobre las cinco de la tarde el reporte del hallazgo de una cabeza colocada sobre una camioneta blanca. 

En el interior del vehículo, aparcado afuera de un hotel cerca de la carretera entre Chilpancingo y Tixtla, se encontró el cuerpo del alcalde cubierto con una sábana. 

El secretario Tapia fue ejecutado a tiros tres días antes por un sicario, mientras caminaba en pleno centro de la capital del Estado. “Tal pareciera que en Guerrero, como en otras entidades federativas, si no pactan con el crimen organizado, ya no los van a dejar gobernar”, lamentó Moreno, quien confirmó horas más tarde el fallecimiento del político opositor de 43 años. “Él y su gente no lo aceptaron”.

La gobernadora Evelyn Salgado condenó “de manera enérgica” el asesinato y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia. También ordenó a la Secretaria de Seguridad que aumentara los operativos de vigilancia en la capital del Estado, donde se han disparado los temores entre sus más de 300.000 habitantes, al ver que ni siquiera las autoridades están a salvo de la ola de violencia que azota a la entidad. 

La Fiscalía estatal se limitó a confirmar los hechos en escueto comunicado, donde no se menciona el nombre ni el cargo de la víctima. “Sobre ellamentable suceso del presidente municipal, se están haciendo investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes”, señaló Sheinbaum en La Mañanera.

El narco ya había estrechado el cerco sobre las autoridades recién electas en las votaciones de junio pasado. Ulises Hernández, que era capitán activo del Ejército y se barajaba como próximo titular de Seguridad de Chilpancingo, fue asesinado a tiros el pasado 27 de septiembre.

Un comando armado alcanzó su vehículo, que también circulaba en la carretera a Tixtla, cuando abrió fuego contra Hernández y su acompañante, una mujer de 35 años que murió acribillada. Ese fin de semana se registraron al menos 16 asesinatos en Guerrero. “Lo pido y la de mi equipo de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad”, dijo Arcos Catalán, al ser cuestionado por el periodista Ciro Gómez Leyva, sobre si necesitaba apoyo para su seguridad. Fue en esa misma carretera donde la Policía estatal asesinó a tiros en marzo pasado al normalista Yanqui Kothan, que protestaba por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Un día después del asesinato del capitán Hernández, el presidente municipal decidió cancelar los actos públicos por su toma de protesta, el pasado 30 de septiembre, por los estragos del huracán John, que dejó al menos 270.000 afectados y 23 fallecidos en Guerrero, uno de los Estados más pobres del país. “Atravesamos momentos adversos”, explicó Arcos Catalán en un comunicado. “Les pido que se unan a este proyecto de renovación, que juntos construyamos un Chilpancingo de paz, que sea el hogar que nuestros hijos merecen”, comentó el alcalde después de asumir el cargo.

La atención a las comunidades afectadas protagonizaron sus últimas publicaciones en redes sociales, aunque también dedicó palabras para Tapia, llamado a ser su principal operador durante su Administración. “Este acto de violencia nos priva de un gran amigo y un servidor público honorable, un hombre de firmes convicciones y valores inquebrantables”, afirmó el presidente municipal y exigió que el crimen no quedara impune. Por lo menos 17 aspirantes y políticos de Guerrero fueron asesinados durante el proceso electoral en Guerrero, de acuerdo con la consultora Laboratorio Electoral. Solo Chiapas, con 26, tuvo más homicidios políticos.

“¿Por qué no le otorgaron seguridad al alcalde cuando días antes habían asesinado a su secretario de Ayuntamiento?”, cuestionó la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, comentó que el asesinato de Arcos Catalán es un reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la nueva Administración de Sheinbaum. “Está claro que el Gobierno de México está superado por el crimen. 

Dejar un cuerpo decapitado en plena ciudad es terrorismo”, aseguró el dirigente. El PRI calificó la decapitación como un “crimen cobarde” y Moreno anunció que iba a formalizar la solicitud para que las autoridades federales se hagan cargo del caso. “Desafortunadamente, no pudo tener comunicación y la ayuda que solicitó nunca llegó”, lamentó Alito. “Que el fin de semana asesinen a las autoridades, a las personas que van a tomar el mando de la seguridad es delicadísimo”, agregó.

La brutalidad del asesinato dejó su huella en Guerrero y alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. Ningún gobernante en funciones había sido ejecutado y expuesto públicamente. “Me uno a las voces que exigen justicia”, declaró Norma Otilia Hernández, predecesora de Arcos en el cargo. 

Hace un año se hizo viral un video en el que Hernández desayuna con la cúpula de Los Ardillos, un grupo criminal que se disputa con Los Tlacos el control de los municipios del centro de Guerrero, como Chilpancingo y Tixtla. Meses después aparecieron narcomantas en la que Los Ardillos exigían a la entonces alcaldesa un nuevo desayuno. La funcionaria reconoció que se reunió con el cartel “iniciando su Administración” y fue expulsada de Morena, el partido de Sheinbaum y López Obrador, que no pudo mantener el Gobierno de la capital en los últimos comicios. Arcos se refirió a ella como su “amiga” durante la toma de protesta y reconoció su esfuerzo mientras estuvo en el poder.

Gustavo Alarcón, excandidato a alcalde por el PAN en 2021 y suplente de Arcos, está llamado a sustituirlo en la Presidencia Municipal y no se ha pronunciado sobre las versiones que circulan en la prensa local de que no está dispuesto a asumir el cargo. Otro de los puntos que provocó incertidumbre fue que los hijos y la esposa del alcalde, Sandy Solís, no habían sido localizados en las horas que siguieron al homicidio. Moreno dijo que no tenían información oficial al respeto. Solís, sin embargo, publicó un obituario a primera hora de esta mañana, en el que recordó a su marido como un hombre “de servicio” y dedicado a su comunidad. “Su legado es un faro de esperanza y unidad que nos guía en estos momentos de dolor”, dijo para agradecer los mensajes de apoyo y condolencias.

El obispo de Chilpancingo, José de Jesús González Hernández, famoso por impulsar este año una tregua entre los grupos delictivos para que haya paz en la ciudad, pidió a los fieles unirse a una jornada de oración y ayuno, y encomendarse a la virgen de Guadalupe para superar la violencia. Se ha barajado también que la Iglesia Católica vuelva a interceder frente al crimen organizado, aunque no ha habido aún un pronunciamiento oficial en ese sentido. 

El Episcopado mexicano dijo a este diario que no tienen información de que haya un esfuerzo de pacificación en proceso en esa diócesis. Tras una semana de terror, el narco impone su ley en Guerrero, donde se han abierto más de 1.268 carpetas de investigación por homicidio entre enero y agosto de este año, según cifras oficiales. No se ha informado de detenidos tras la decapitación del alcalde. La impunidad en los homicidios ronda el 99% en el Estado, de acuerdo con solicitudes de información hechas a las autoridades.

Fuente.-Diario Español/EL PAIS/ELIAS CAMHAJI

«TIENEN BUENA CAPA y los TAPA»: «GOBERNADOR SUPERSHAPITO de SINALOA MINIMIZA VIOLENCIA y NIEGA ser INVESTIGADO por el GOBIERNO de su MISMO PARTIDO»…dime con quien te juntas y te diré quien eres ?

El gobernador de Sinaloa, que llegó al poder gubernamental de la inegable mano de «Los Chapitos y el Mayo Zambada» del Cartel de Sinaloa,en medio de una trama politica y criminal atestiguada por AMERICO VILLARREAL ANAYA,quien fue DELGADO de MORENA en en esa entidad en 2022 ,como lo advirtió ya CODIGO MAGENTA,negó ayer lunes que sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con el crimen organizado o por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada.

 

“No soy un delincuente”, señaló Rubén Rocha Moya en La Semanera, su conferencia de prensa semanal. “No tengo ningún temor, nadie me investiga, ¿quién dice que me están investigando?”, cuestionó y acusó una campaña de desprestigio contra su Administración.

Rocha también hizo un llamado a la población a “perder el miedo” y minimizó la ola de violencia que azota al Estado, en medio de la guerra interna por el control del Cartel de Sinaloa entre los grupos fieles a El Mayo y Los Chapitos, los hijos de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Más tarde, se dio a conocer que hombres armados robaron la camioneta de la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios.

Palacios viajaba rumbo a Culiacán, la capital del Estado y epicentro de la violencia de las últimas semanas, cuando un comando ordenó a punta de pistola a ella y a su equipo que bajaran del coche a la altura de la sindicatura de Costa Rica, según los primeros reportes. La alcaldesa electa, que tomará posesión el próximo 1 de noviembre, se encuentra a salvo tras el robo, al igual que tres de sus colaboradores. “Seguimos trabajando con mucho entusiasmo para iniciar este nuevo Gobierno”, dijo la política de Morena, en un video grabado a mediodía a bordo del vehículo. “Toma video”, se le escucha decir en oto video que ha circulado en redes sociales tomado antes del hurto.

La última polémica de Rocha se dio a raíz de una publicación de la revista Proceso, a partir de documentos del Centro Nacional de Inteligencia, en la que se da cuenta que el gobernador está siendo “vigilado” y recibiendo un “seguimiento personal” por tener vínculos con el Cartel de Sinaloa. Según esta versión, la investigación se dio durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lo respaldó públicamente en varias ocasiones, y visitó la entidad por última vez tres días antes de que terminara su mandato y entregara la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre.

Fue el propio Zambada quien aseguró en una carta publicada el 10 de agosto que fue “emboscado” y “secuestrado” por Los Chapitos tras ser citado a una reunión con Rocha y su principal enemigo político, Héctor Cuén, para ser entregado en Estados Unidos el pasado 25 de julio. Cuén, exalcalde de Culiacán y diputado federal electo, fue asesinado ese mismo día. 

La FGR, que abrió un expediente para aclarar las circunstancias de la captura de El Mayo y el homicidio de Cuén, convirtió la carta del capo de 76 años en su principal línea de investigación. El Ministerio Público Federal aseguró el inmueble donde se produjo el rapto y señaló que había elementos suficientes para acusar a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo detenido junto a Zambada, por los delitos de privación de la libertad y traición a la patria. El único cabo suelto que han dejado las autoridades federales es la supuesta participación del gobernador, quien descartó cualquier vínculo con el narcotráfico y dijo que ese día voló a Los Ángeles para visitar a su familia en California.

La conferencia de Rocha marcó también un cambio de discurso. El gobernador había dicho en las semanas que siguieron a la captura, en el centro de la fractura dentro del Cartel de Sinaloa, que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. “Hay periodistas que tienen interés por que se me compliquen las cosas y sí, tengo que estar expuesto a que se me compliquen las cosas, porque tengo que ir contra la delincuencia, sin importar [de] qué grupo [se trate]”, señaló el mandatario. “Si me investigan, nada me descubren a mí”, comentó. Según la publicación de Proceso también son investigados su hijo, José Rocha Ruiz, y el titular del Servicio estatal de Administración Tributaria (Sates), José Carlos Cárdenas, por la inteligencia militar y civil. Rocha Ruiz es señalado en la publicación de servir como enlace entre el Gobierno de Sinaloa y Los Chapitos. La página del Sates fue blanco de un ataque cibernético el pasado 15 de septiembre, en el que se colgaron amenazas entre los grupos en disputa. El último comunicado que emitió la FGR sobre la detención de Zambada y el asesinato de Cuén fue a finales de agosto.

Tras cuatro semanas de violencia ininterrumpida, Rocha insistió en que los medios han magnificado los hechos y defendió que el Estado no se encuentra entre los focos rojos de la violencia en México. El mandatario hizo referencia a un texto publicado por este diario el fin de semana pasado para argumentar su punto y dijo que Sinaloa es vista como uno de los sitios más inseguros “por el estigma” del narcotráfico, pero sostuvo que hay avances contra la inseguridad. “Sinaloa no está entre los Estados más violentos, estamos por debajo de la media; sin embargo, mientras en otros lugares aparecen tantos muertos, aquí mucho menos, no quiero ser comparativo ni tampoco celebrar nada”, agregó. “Ustedes hagan la suma”, respondió al ser cuestionado sobre el número de muertos que ha dejado la guerra de carteles. Rocha se reunió hace unos días con el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para analizar los próximos pasos de la estrategia de seguridad en el Estado.

Al menos 146 personas han sido asesinadas en Sinaloa desde el estallido del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos, el pasado 9 de septiembre, de acuerdo con cifras del Gobierno federal. Ha habido discrepancias en los datos diarios reportados por la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía de Sinaloa, las Fuerzas Armadas y las autoridades federales. Los números también han sido cuestionados por organizaciones civiles y colectivos de búsqueda que, por ejemplo, denuncian casi 40 desapariciones forzadas más que los registros oficiales de las autoridades ministeriales. El próximo miércoles se cumplirá un mes del mayor enfrentamiento que ha habido en el histórico bastión del Cartel de Sinaloa en más de una década.

Con informacion.-Elias Camhaji/Diario Español/ELPAIS imagen/web

SE «ACABO la LUNA de MIEL de SHEINBAUM»: «MACABRO ASESINATO de ALCALDE y su CABEZA ARRIBA de TOLDO de CAMIONETA EXHIBEN RETO CRIMINAL y la NARCOPUDRICION de MORENA»…de toda la clase politica sin clase.

Mientras el gobierno de la republica,encabezado por Morena y Claudia Sheinbaum,se sigan haciendo «tarugos», desoyendo dolosamente que detras de la complicidad politica,particularmente de Morena con el crimen, porque son mayormente gobierno, esta la fuente de violencia del pais,de nada o muy poco le servirá a los ciudadanos el «cambio de gobierno» ,que hoy se dispone con bombo y platillo a lanzar una estrategia «de inteligencia y coordinación» encabezada por Omar García Harfuch que no tiene en mente descabezar la colusión politica con el crimen.

Pero los ciudadanos pronto sabrán, que el crimen politicamente organizado,esta detras de la mas reciente y horrorosa decapitacion del alcalde de Chilpancingo y el Diario Español EL PAIS nos da algunos detalles que ilustran la pudrición que se replica en TAMAULIPAS con AMERICO VILLARREAL y a nivel nacional en el partido de la esperanza y el resto de partidos.

Le ha durado poco la luna de miel a Claudia Sheinbaum, que un día juraba el cargo de presidenta y al otro enfrentaba su primera crisis de violencia, la masacre de seis migrantes a manos de un grupo de militares confundidos en Chiapas, la semana pasada. 

La situación no ha hecho más que empeorar desde entonces. En Culiacán, la guerra civil del Cartel de Sinaloa deja muertos y desaparecidos a puñados cada pocos días. 

En Guerrero, criminales asesinaron el domingo al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Su ejecución rivaliza en salvajismo con el espectáculo que armaron los sicarios a costa de su cuerpo: le cortaron la cabeza y la dejaron en el toldo de una camioneta.

Guerrero cuenta el tiempo a partir de estos actos macabros, igual que tantas regiones de México. Muchos en el Estado del Pacífico aún recuerdan las primeras cabezas cercenadas que aparecieron por allí, hace ya unos cuantos años. 

Fue en Acapulco, en 2006, y entonces anunciaban una guerra extremadamente violenta, vinculada entonces a siglas y nombres ya extintos, Los Zetas, el Cartel de los Beltrán Leyva, etcétera… Una guerra extinta, pero parecida a las nuevas, en Acapulco y otras regiones del Estado. 

Cambian los nombres y la mano de obra del crimen, se mantiene la pulsión de matar para someter. De bajada durante los años finales del Gobierno de Héctor Astudillo, los asesinatos aumentaron el año pasado (1.720), cifra que seguramente volverá a crecer este año.

El alcalde no llevaba una semana en el cargo cuando lo mataron. Antes, criminales ya habían asesinado al secretario del Ayuntamiento, el segundo al mando de la institución, y a un militar que sonaba para jefe local de policía. Esos ataques apuntaban a la barbarie del domingo, que ocurría horas después de que el alcalde visitara zonas afectadas por las intensas lluvias de estas semanas.

El caso de Alejandro Arcos es un ejemplo de la extrema violencia de las mafias regionales, ahora en Guerrero, vinculadas a la extorsión y la explotación de industrias legales, como el transporte público o los mercados. 

La victoria de Arcos en las elecciones de junio abría una gran cantidad de interrogantes. El político se imponía en los comicios encabezando a la coalición opositora, PRI, PAN y PRD, enfrentada a Morena, el partido gobernante. 

¿Cómo haría el alcalde para apartar a la capital del Estado, sus vecinos y economía, de los tentáculos de las mafias? ¿Era ese acaso su objetivo? No son preguntas menores. A principios de año, la zona centro de Guerrero había sufrido la violenta refriega de dos grupos criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, por el control de rutas de transporte público. 

La alcaldesa saliente, Norma Otilia Hernández, será recordada por el vídeo filtrado en que se le ve departiendo con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega.

Entonces, la pregunta no era si el nuevo alcalde se sentaría a hablar con el crimen local, sino en qué términos lo haría. Poco ha trascendido de los últimos pasos de Arcos, más allá de su visita horas antes de su asesinato a Tepechicotlán, una comunidad rural de Chilpancingo, camino a la región de La Montaña. A pocos se le escapa que la comunidad está ya muy cerca de Quechultenango, guarida de Los Ardillos. 

Las especulaciones van que vuelan en Guerrero y no es difícil pensar en la posibilidad de una reunión el mismo domingo. Desde luego, no hay forma de comprobarlo. Y si ha ocurrido, y hay pruebas, trascenderán cuando a alguien le interese, como en el caso de la exalcaldesa.

Es público desde hace tiempo el interés de Ortega y su grupo con la política. Uno de sus hermanos, Bernardo, ha sido desde hace años uno de los pesos pesados del PRD local. En una entrevista que dio el propio Celso Ortega este año, señaló que la reunión con la exalcaldesa Hernández respondía a una negociación en curso. Los Ardillos, decía Ortega, le habían apoyado para llegar a la alcaldía, a cambio de que esta les cediera el control del rastro municipal. No hay forma de comprobar si esto es cierto o no. Morena expulsó a Hernández del partido en septiembre.

En una entrevista con este diario en febrero de 2022, el entonces obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, protagonista de un extraño episodio de desaparición en Morelos hace unos meses, señalaba que Ortega y su grupo habían apoyado al PRI en las elecciones de 2021. 

Entonces, Morena se hizo con el Gobierno del Estado y de la capital. Rangel decía que Ortega había organizado mítines a favor de los candidatos del PRI. Aunque no hay pruebas de esto, la presunta cercanía de Ortega con el PRI estos años forma parte del contexto en que han ocurrido los últimos asesinatos en Chilpancingo, el de Arcos, su secretario y el posible jefe de policía local.

El contexto exige la formulación de preguntas cuyas respuestas integran un mundo escurridizo. ¿Hubo conversaciones preelectorales de la coalición opositora con Los Ardillos u otros grupos? Y si las hubo, ¿qué consecuencias tuvieron? Desde enero, la batalla entre Tlacos y Ardillos en el centro del Estado parecía cerrada, gracias a una tregua fraguada al calor de la intervención de la iglesia, a partir de figuras como la de Rangel. El cambio de partido en el Gobierno local interpelaba la misma tregua y los acuerdos que se desprendieron de ella.

Con informacion de: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

LA «VIDA y GUERRA»: CON «SHEINBAUM y el GOBIERNO REBASADO los PUEBLOS TENDRAN que IR PENSANDO en DEFENDERSE SOLOS»…a ella misma la paro el narco en Chiapas.

No es novedad que Chiapas enfrenta una crisis bastante nebulosa (la propia presidenta Claudia Sheinbaum fue retenida este año de manera directa en plena carretera durante su campaña) ni tampoco que Sinaloa es un territorio en el que los clanes criminales mandan con diáfana claridad (el ex presidente Andrés Manuel López Obrador envió de forma pública todos los mensajes de tregua que pudo a lo largo de su gobierno, comenzando con la liberación de Ovidio Guzmán).

Pese a ello, da la impresión de que el nuevo gobierno federal aún no tiene idea —¿o consenso interno?— sobre la forma en que deben encararse las dramáticas y complejas realidades de estos dos estados del país que, debido a sus características geográficas, sociales e históricas, son los epicentros sur y norte de la violencia mexicana, por más esfuerzo comunicacional que se haga de abrir el espectro crítico a Guanajuato y otras entidades también colapsadas, aunque no gobernadas a nivel estatal por las fuerzas oficiales de la 4T.

El asesinato de uno de los pocos mediadores de la crisis de Chiapas, como lo era el sacerdote indígena Marcelo Pérez, debería ser punto de quiebre para ir al fondo de la espesa capa de violencias acumuladas que vienen desde los noventa con estrategias militares contrainsurgentes que provocaron la aún impune masacre de Acteal y que han mutado en años recientes a un periodo de abierta tolerancia y fomento institucional de la operación y fusión de grupos del narco con organizaciones paramilitares para desplazar, despojar y desaparecer personas y pueblos de las diversas regiones de Chiapas.

En las coordenadas norteñas, la crisis que se padece tiene como detonante la turbia y tonta forma en que las autoridades han reaccionado ante la sofisticada operación hecha por diversas agencias de EU para detener y extraer de Sinaloa a Ismael El Mayo Zambada, que provocó un caudal de inestabilidad iniciado con el magnicidio de otro de los caciques locales, Héctor Melesio Cuén, y se ha prolongado de forma cada vez más preocupante con muchos más asesinatos, desapariciones, reclutamientos forzados, intimidaciones y agresiones directas contra periodistas, activistas y la ciudadanía sinaloense en general.

“Si yo tengo que dar mi vida por defender la vida, estoy dispuesto a eso”, dijo apenas en septiembre pasado el padre Marcelo durante una marcha por la paz organizada por las diócesis de Chiapas. También advirtió algo que habría que atenderse: “Chiapas es una bomba de tiempo. Si no se toman medidas contundentes desde el gobierno y desde los pueblos, creo que Chiapas va a estar esclavizado por el crimen organizado”.

Lo que sucede en Chiapas y Sinaloa es distinto pero es lo mismo: tras la ruptura interna de los principales clanes criminales locales que la gobernaban con una pax narca, Sinaloa ha entrado en una disputa nunca antes vista por el control territorial, mientras que Chiapas está inmersa en una campaña iniciada el sexenio pasado por los cárteles nacionales y grupos políticos locales para invadir y reordenar el territorio chiapaneco, bajo el contexto migratorio y los megaproyectos del sureste.

El EZLN, que desde 2021 advirtió la inminencia de una guerra civil en Chiapas, sufre estos mismos días una serie de ataques en la comunidad 6 de Octubre, hasta donde han llegado los entes armados de la zona —ligados al Partido Verde y al CJNG— a provocarlos con amenazas directas, vuelos de drones, tala de árboles e incluso la construcción de casas en tierras recuperadas por los pueblos zapatistas que se levantaron en armas hace treinta años pero que hoy resisten de manera civil, pacífica y autónoma, aunque se les trate de arrastrar a la barbarie de la democracia mexicana.

Por eso, tanto en Chiapas como en Sinaloa, y muchos otros lugares del país, mientras el gobierno nacional va quedando rebasado por las dinámicas de los feudos estatales, lo que toca a los pueblos es imaginar medidas para defender la vida ante la guerra.

Fuente.-DIEGO ENRIQUE OSORNO/MILENIO

EL «TUNEL de VIENTO de la SEDENA»: LA «BRIGADA de FUSILEROS PARACAIDISTAS ENTRENA en ESPACIO que RECREA CONDICIONES ATMOSFERICAS de la CAIDA LIBRE»…en un antorno controlado.

Con la finalidad de brindar un eficaz adiestramiento de los elementos que integran la Brigada de Fusileros Paracaidistas, se construyó y equipó un túnel de viento en las instalaciones de la  Base Aérea Militar (BAM) N° 1 en Santa Lucía (Edo. Méx). 

Este túnel tiene la capacidad para recrear las condiciones atmosféricas de la caída libre, brinda la sensación de volar en un entorno controlado y por tal motivo brindar experiencia a los usuarios y entrenar posibles técnicas de combate para asegurar el objetivo de las misiones asignadas.

Al realizar el adiestramiento en el túnel de viento se puede ajustar la velocidad del aire de acuerdo al peso de las personas para simular la velocidad ejercida por la fuerza de gravedad. Contar con una instalación de este tipo se traduce en mayor seguridad para los integrantes de la brigada brindando la posibilidad de practicar este tipo de saltos de manera controlada y segura. 

Una cualidad de este grupo de elite mexicano es su movilidad estratégica: la base central de sus operaciones se trasladó de la Ciudad de México a la Base Aérea Militar N°1 con la finalidad de que, una vez emitida una alerta, el personal esté listo para realizar operaciones con una aeronave en 25 minutos, reduciendo de manera considerable los tiempos de reacción y despliegue de operaciones. 

Anteriormente, el personal convocado a operaciones se trasladaba desde el Campo Militar No. 1 hasta Tecámac con el fin de abordar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Con las nuevas instalaciones, la integración de personal con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se realiza en menos tiempo cuando se trata de mover grandes cantidades de personal, armamento y equipo en poco tiempo. 

Las nuevas instalaciones de la brigada tienen una extensión de 243,732 m2 y, además de superar a las antiguas instalaciones en tamaño, cuenta con mejoras técnicas sugeridas por los propios integrantes de la brigada, las que aumentan la productividad de los elementos. 

Integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Firma Sedena

fuente.-INFODEFENSA/