¿Qué consecuencias ha traído la violencia para el funcionamiento de la prensa escrita en nuestro país?, ¿en qué medida los ciudadanos están perdiendo la posibilidad de informarse sobre uno de los problemas públicos más lacerantes?, ¿es la autocensura la única alternativa que tienen los periodistas frente a la violencia?.
Frente al incremento de los ataques del crimen organizado contra la prensa en México, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró el documento Zonas Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. A partir de entonces, se generalizó el término “zonas de silencio” para referirse a las regiones en las que se han concentrado las actividades de los grupos criminales, o bien, las agresiones contra la prensa, asumiendo que en estas zonas los periodistas automáticamente optan por la autocensura, reduciendo el flujo de información sobre la presencia de grupos criminales y los resultados de las políticas públicas dirigidas a contenerlos.
Si bien el repunte de la violencia criminal ha hecho que algunos medios renuncien a informar sobre las actividades del crimen organizado, otros se han negado a abandonar su función informativa, modificando sus estrategias de reporteo para reducir el riesgo. En este sentido, testimonios recabados por investigaciones académicas muestran que la autocensura no es una reacción única, automática ni generalizada frente a la violencia.
Por ello no basta con asociar el surgimiento de zonas de silencio con la intimidación del crimen organizado que, sin minimizar su gravedad, representa alrededor de 6 % de las agresiones contra la prensa; si bien hay una enorme cifra negra correspondiente a agresores no identificados. Para comprender el surgimiento de las zonas de silencio es necesario incluir en el análisis las condiciones políticas locales, que pueden recrudecer el retraimiento de la prensa o, por el contrario, favorecer que la prensa encuentre alternativas para continuar con su función informativa.
A partir de un muestreo de la información que publican los dos diarios estatales de mayor alcance en cada entidad federativa, la siguiente gráfica muestra los titulares que hacen referencia a violencia y crimen organizado y los compara con los niveles de violencia homicida por estado.
Gráfica 1. Titulares sobre violencia y homicidios dolosos
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Una zona de silencio se observaría como una brecha entre el indicador de homicidios y los titulares sobre violencia, como sucede para Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Todos estos estados combinan un bajo nivel de noticias relacionadas con violencia y crimen organizado con niveles altos de homicidios por arma de fuego.
En cambio, en Baja California o Sinaloa, los principales periódicos no han dejado de publicar contenido relacionado con crimen organizado, a pesar de desempeñarse bajo condiciones de violencia. Hay otros casos, como Guanajuato o Tamaulipas, que destacan por presentar el mayor número de notas sobre crimen organizado. Coincide que, como puede verse en la siguiente gráfica, en el primer grupo de estados hay mayores niveles de gasto en publicidad oficial o de agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos. Así, la evidencia muestra que el escenario más proclive para la autocensura es aquel en el que convergen la acción del crimen organizado junto con intentos gubernamentales locales de influir en la prensa, como el caso de Veracruz, que destaca por la violencia contra periodistas atribuida a funcionarios públicos, o el de Chihuahua, que presenta uno de los mayores niveles de gasto en publicidad oficial.
Gráfica 2. Nivel de intervención gubernamental sobre la prensa
Fuente: Elaboración propia, con datos de Artículo 19 y Fundar
Estos hallazgos también se reflejan en testimonios de periodistas de Sinaloa y Veracruz. En una entrevista realizada por la autora en 2020 se señaló que “las limitaciones para cubrir la nota roja vienen de la censura sutil que ejerce el gobierno, cuando pide que no se afecte el turismo o la idea de que las cosas están cambiando, y subyace la intención de una amenaza”. Otro periodista mencionó que “el narcotráfico es el que manda, cuando en realidad es el alto grado de colusión entre autoridades y criminales lo que hace peligroso el ejercicio del periodismo”. Los periodistas señalan que se sienten más fortalecidos para continuar realizando labores de reporteo e investigación donde la sociedad los respalda, hay un gremio más unido, o encuentran aliados importantes en las instituciones públicas.
Para casos como el de Jalisco o el del Estado de México, se vislumbran otros dos elementos que favorecen la autocensura de la prensa en temas relacionados con el crimen organizado: que el congreso estatal esté dominado por el partido del gobernador y la falta de independencia de las instituciones judiciales locales. Estos factores se traducen, respectivamente, en la anulación de los contrapesos parlamentarios y en una falta de capacidad para sancionar los intentos de controlar a la prensa, lo que redunda en impunidad.
En última instancia, estas condiciones generan una sensación de indefensión entre el gremio, que opta por retraerse. Paralelamente, es posible pensar que donde los contrapesos políticos se encuentran activos, la prensa cuenta con más recursos para resistir la autocensura y continuar informando. De hecho, una de las consecuencias “positivas” de la violencia en algunos entornos ha sido el surgimiento de redes de autoprotección o ejercicios de periodismo colaborativo, como la Red de Periodistas de Juárez o la Red Sonora de Periodistas.
Aunque los ejemplos en los que la prensa ha continuado informando, incluso bajo condiciones de violencia, podrían ser tomados con optimismo, esto también puede ser consecuencia de que los criminales están colocando contenido en los medios locales. Por ejemplo, Javier Valdez documentó cómo en territorios en disputa los criminales hacen llegar diversos materiales a las redacciones para asegurarse de que los sucesos se relaten de acuerdo con su “ángulo”. Está pendiente distinguir en qué situaciones concretas la publicación de información sobre crimen organizado responde a la intimidación de criminales y no a una preservación de la labor informativa de la prensa. También es necesario comprender mejor cómo las narrativas mediáticas locales han ido transformándose a la luz de las nuevas estrategias de reporteo e investigación.
A más de quince años de que iniciara la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las lógicas de colusión entre criminales y gobernantes son más profundas y los estilos autoritarios en la forma de ejercer el poder local se han asentado. Esta combinación perversa pone en mayores riesgos a quienes ejercen el periodismo y los coloca en una situación de mayor proclividad hacia la autocensura si no hay un fortalecimiento de los frenos y contrapesos locales. Estos últimos son actores clave para preservar, por un lado, la labor informativa de la prensa, y por otro, la posibilidad de lograr un mejor periodismo que contribuya a comprender mejor las complejidades de la violencia y de las consecuencias de las políticas de seguridad pública.
Autor.-Grisel Salazar
Profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Coordinadora de la Maestría en Periodismo y Políticas Públicas.
