En México, las muertes por COVID-19 y los homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman 108 mil 270.
Ayer, la Secretaría de Salud informó que el COVID-19 ocasionó 50 mil 517 víctimas mortales; mientras que desde el 1 de diciembre de 2018 se han contabilizado 57 mil 753 muertes violentas en México, de acuerdo con TResearch.
Con esto, la diferencia entre muertos por coronavirus y por homicidio doloso en nuestro país es de 7 mil 236.
El pasado mes de julio terminó como el segundo más violento en lo que va de 2020 con 2 mil 519 víctimas por homicidio doloso en México, de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En lo que va de agosto, se registraron hasta el momento un total de 498 homicidios dolosos.
En 2019 fueron asesinadas 35 mil 588 personas, en lo que fue el año más violento del que se tiene registro en México.
Tan sólo en los primeros cuatro días desde su detención, se registraron 46 asesinatos en el Estado, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario del Gobierno federal.
El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue capturado en el municipio de Juventino Rosas la madrugada del domingo pasado, día en que se registraron 19 asesinatos en Guanajuato.
Al día siguiente, según el informe que se elabora para fines de carácter estratégico, hubo 10 asesinatos, entre ellos los cuerpos de dos personas envueltas en bolsas negras de basura.
Los cadáveres embolsados fueron dejados en los municipios de Celaya y Villagrán, acompañados de mensajes firmados por el Cártel de Santa Rosa de Lima, en los que el grupo criminal aseguraba seguir unido y refrendó el liderazgo de "El Marro".
El martes fueron asesinadas 8 personas, mientras que ayer las víctimas fueron 9, entre ellas 3 mujeres asesinadas por un comando en León.
Y cuelga manta el Cártel de Sinaloa
No ha pasado una semana de la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", y en Guanajuato ya apareció una manta firmada por el Cártel de Sinaloa.
El grupo de "El Marro" sostuvo por años una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de hidrocarburos, la extorsión y el narcomenudeo en Guanajuato.
Dos semanas antes de su captura, Yépez Ortiz difundió un video en el que advirtió que antes que dejarle el control al CJNG se pondría al servicio de alguno de los "señores de Sinaloa".
Esta mañana, en Pénjamo, fue denunciada al 911 una lona colgada del puente conocido como "Callejón Jalisco".
La lona estaba firmada por "El Cholo", con las siglas CDS, con que se identifica el Cártel de Sinaloa.
Aunque el mensaje no hace referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación, advierte sobre una "limpia".
Enrique Sánchez Martínez, alías "El Cholo", es un antiguo aliado de Nemesio Oceguera Cervantes "El Mencho" y líder del CJNG, pero ahora es ubicado como un aliado del Cártel de Sinaloa para combatir al grupo de Jalisco.
José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue trasladado esta madrugada al penal federal del Altiplano, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
"Esta madrugada, José Antonio Y, alias El Marro, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue ingresado al CEFERESO número 1, Altiplano, procedente del Penal de Puentecillas, Guanajuato", escribió Durazo a través de su cuenta de Twitter.
El Secretario informó que ahí será puesto a disposición de un juez federal por delincuencia organizada y robo de combustible.
Durazo agradeció el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Sedena en la captura del líder huachicolero en Guanajuato.
Después de tres años de sembrar la violencia en Guanajuato, "El Marro" fue capturado la madrugada del pasado domingo en el municipio de Juventino Rosas, uno de los bastiones del líder criminal.
En el operativo militar con apoyo del Gobierno de Guanajuato, Yépez Ortiz cayó con ocho miembros del Cártel de Santa Rosa, incluido su jefe de seguridad.
La operación de dicho grupo delictivo y su cruenta disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dispararon la violencia en Guanajuato.
La Guardia Nacional no es como la Carabina de Ambrosio, pero está cerca de serlo. Ha sido el mayor fracaso del gobierno frente a las expectativas que había generado para enfrentar la inseguridad y reducir los niveles de violencia en el país.
Las promesas de pacificación nacional con ese cuerpo integrado por militares y policías, se quedaron en buenos deseos, y en sangre vertida como nunca en tiempos de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy insatisfecho con la gestión civil de la Guardia Nacional, y ha puesto de cabeza a Palacio Nacional para que le preparen una propuesta que incomodará a muchos: que la Secretaría de la Defensa Nacional la absorba.
La Guardia Nacional fue la propuesta innovadora del gobierno para desaparecer a la Policía Federal, como muchas otras instituciones, a rajatabla. El argumento fue que estaban infectadas con corrupción, pero sin un diagnóstico serio en las manos se pensó que la corrupción de individuos se resolvía extirpando la institución del combate a la delincuencia. Mala fue la asesoría al presidente Andrés Manuel López Obrador, vendiéndole cuentas de vidrio y timándolo con generalizaciones. La Policía Federal tenía muy probablemente elementos mafiosos incrustados, pero como cuerpo civil, cuya construcción llevó más de 20 años, era sólida y eficaz.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fue el primer engañado. El diagnóstico que recibió para la reconstrucción de lo que iba a ser la Policía Federal se lo hizo Manuel Mondragón y Kalb, quien como comisionado nacional de Seguridad en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el responsable de la demolición de la infraestructura de la institución. Durazo, que sabía poco del tema, elogió el trabajo de Mondragón y Kalb y puso manos a la obra. La Guardia Nacional fue su proyecto y su desgracia, si a resultados nos atenemos.
En los primeros 18 meses de gobierno de López Obrador, de acuerdo con las gráficas de la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos –el delito por el cual se está midiendo popularmente el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad– sumó 57 mil 534. En ese mismo periodo, durante el gobierno de Felipe Calderón al que los propagandistas del gobierno llaman 'asesino' por el número de muertes en su mal llamada 'guerra contra las drogas', totalizaron 19 mil 571, lo que significa 194 por ciento menos de lo que lleva la actual administración. La variación negativa con el gobierno de Peña Nieto también es notable -90 por ciento-, al superar el de López Obrador a su antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos.
La Guardia Nacional no resolvió lo que le prometieron al Presidente, cuyo discurso se está agotando. En la última encuesta de aprobación presidencial publicada este lunes en EL FINANCIERO, 55 por ciento consideró que es mala la forma como el gobierno está enfrentando a la delincuencia, mientras que a 68 por ciento le preocupa mucho el crimen organizado, y 71 por ciento piensa que está fuera de control. No deja de llamar la atención en el mismo estudio, que la aprobación de la Guardia Nacional se mantenga estable (67 por ciento), lo que sugiere que la gente no ha conectado que todo aquello que tanto teme, es resultado del mal trabajo de ese cuerpo civil.
López Obrador sí sabe del fracaso, y ordenó que se prepare una propuesta para que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello se tiene que reformar básicamente el artículo 21 constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen:
• La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
• La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.
A la luz de los resultados, la Guardia Nacional, que encabeza el general de brigada, Luis Rodríguez Bucio, ha incumplido con el mandato constitucional e impedido la pacificación prometida por el Presidente, sin olvidar que el momento más difícil y vergonzoso del gobierno, el 'culiacanazo', cuando dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al que detuvieron por más de dos horas en cumplimento de una petición de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, tuvo en el comandante del cuerpo paramilitar uno de los principales responsables –si no el que más– de la fallida estrategia de captura.
A López Obrador no parece importarle que en los hechos se confirme que la seguridad pública sería una responsabilidad oficial y legal de los militares, y que esto generará críticas internas y en el mundo por entregarle al Ejército esas funciones, juntando seguridad nacional con seguridad interna y seguridad pública. Esas tareas ya no tendrían divisiones institucionales ni contrapesos. Toda la seguridad se manejaría desde Lomas de Sotelo.
Pero además, si sale la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tiene 70 por ciento de su presupuesto y realiza las funciones principales asignadas a esa dependencia, será asimismo el fin de esa secretaría, que quedaría reducida a su máxima expresión y sin responsabilidades sustantivas que realizar. No sería, como en el gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación absorbió la de Seguridad Pública, sino que este país se quedaría sin un cuerpo civil federal responsable del combate a la delincuencia.
Los militares darían un paso más hacia el control de la vida civil del país, construyendo un andamiaje que no se ve en democracias, sino en dictaduras.
Los vecinos de Guanajuato desde hace dos años miden el pulso de la guerra a través de los mensajes, escritos con la ortografía de un alumno de primaria, que dejan los narcos sobre cuerpos cercenados, embolsados o agujereados a balazos.
Estas declaraciones a menudo coinciden más con lo que va a suceder que lo que pronostican los esperanzadores mensajes de sus gobernantes. La detención del presunto líder del cartel que domina la región, José Antonio Yépez, El Marro, la madrugada del domingo, ha supuesto el primer gran golpe del Gobierno de López Obrador al crimen organizado. Pero algunos expertos consultados por este diario coinciden en que, así como ha sucedido durante los últimos 20 años, la captura de un líder no solo no provoca una disminución de la violencia, sino que a corto plazo esta puede aumentar. Tras la caída de los grandes capos, la guerra permanece.
Un día después de que fuera detenido El Marro, unas cartulinas junto a dos cadáveres arrojados en las calles de Celaya (Guanajuato) rezaban exactamente el mismo mensaje mal escrito: “Que les quede claro que estamos mas unidos que nunca aqui y en todo Guanajuato sigue mandando el señor MARRO”. Y los vecinos de esta localidad del sur industrial de la entidad, que soportan desde hace dos años las tasas de homicidios más altas del país, con alrededor de 13 ejecuciones diarias, además de la extorsión a casi cualquier tipo de comercio —desde una taquería o tortillería a una agencia de coches—, secuestros y tiroteos callejeros, esperan estos días el siguiente paso del crimen organizado.
“Hay bastantes estudios académicos sobre las consecuencias de la estrategia de descabezar los cárteles, de ir contra objetivos estratégicos. Además lo vimos durante el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto. Hay una clara relación positiva entre la detención de un líder y la violencia homicida. Por tanto, en este tiempo hemos concluido que la detención de un capo por sí mismo no reduce la violencia, al contrario”, explica la investigadora en estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa. En este punto coinciden tanto el resto de expertos, como las cifras. En México, tras la captura de importantes criminales, se asesina más que nunca. Los homicidios no han dejado de crecer y las tasas cada año baten un nuevo récord de violencia, con casi 100 asesinatos diarios.
Aunque, según señala el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, hay casos contrarios, como el de Michoacán con la detención en 2015 de Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. “Esta organización se desmanteló casi por completo y sus miembros huyeron a otras partes”, explica Benítez. Aunque coincide en que esto no quiere decir que disminuya en general el fenómeno de la violencia: “Concluir eso es absurdo. Porque hay muchos interesados en ese negocio, muchas autoridades, criminales, incluso pobladores”, añade. La zona de Michoacán, una región tradicionalmente de sembradíos y producción de droga, está ahora, según han señalado desde el Gobierno, disputada por el Cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país para la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA).
Pocas veces se ha observado en México que la detención de un líder criminal venga acompañada con una operación más compleja de debilitar su poder financiero y operativo, que según los expertos sería la estrategia más eficaz de combate al crimen organizado. El Gobierno de López Obrador ha hecho algunos esfuerzos en este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló unas 99 cuentas bancarias ligadas a José Antonio Yépez la semana pasada y en junio anunció un golpe similar al cartel Jalisco por un valor de 20.000 millones de pesos, algo más de 900 millones de dólares.
Sin embargo, casi nunca, excepto en los casos extraditados y juzgados en Estados Unidos, se ha llegado a conocer la red con la que trabajaba el capo y quiénes participaron, tanto dentro de la organización como en las instituciones públicas. “La detención de capos facilita una narrativa en la cual están los buenos, que es el Estado, y los malos, que es la delincuencia. Cuando en realidad sabemos que hay una participación muy estrecha entre autoridades y los criminales”, señala Correa.
“La reina de todas las aproximaciones al tema es el entendimiento de la red. Cuando capturan un capo, nunca entendimos su papel real en la organización, qué ordenaba, no sabemos nada sobre ese capo, ni siquiera qué implicación tuvo, más allá de la implicación simbólica. A mí lo que me interesa es la dimensión operativa de ese cártel y no la sabemos”, explica el exdirector de Fundar, Miguel Pulido. Y añade: “Uno ve los casos españoles o italianos o en Estados Unidos y hay una aproximación de red: sabes qué empresas, cómo trabajaban esas empresas, quiénes eran sus operadores. Nosotros no tenemos nada más de la película, más que a ese fulano lo agarraron”.
“Esto sucede cuando se le compra la versión al Gobierno”, apunta el analista en seguridad, Alejandro Hope. “El problema es que la definición de capo es la que te dan las autoridades. El Gobierno señala a El Marro, como otras veces señalaban al número dos de El Mencho [Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación]. A mí me sorprende la cantidad de número dos que tienen, también cuántos operadores financieros o jefes de sicarios. No muestran más evidencia que los dichos de la propia autoridad”, añade Hope.
Y es sobre esta opacidad donde se mueve la sospecha, coincide Pulido. “Tenemos poca información y la que nos proporcionan está sesgada y no nos permite tener una mirada sobre las implicaciones reales de su actuación. Porque si llevamos 25 años de inteligencia, lo que no se entiende es por qué los índices de violencia y la capacidad de fuego y corrupción de las organizaciones no disminuye. Por tanto, no hay elementos para entender las implicaciones de una captura”, señala Pulido. Y remata: “Por lo menos desde 1996, 20 objetivos principales han sido detenidos en operativos similares, con parafernalia y estridencia en el anuncio, pero el fenómeno no disminuye”.
Tras la captura de El Marro, los vecinos de Guanajuato, que han adoptado a base de tragedias el léxico de la guerra de cárteles, consideran que las bandas enfrentadas —los de Jalisco contra los de Santa Rosa— “están dejando enfriar la plaza”. “Muchos creemos que ahora la cosa está tranquila porque se están reagrupando”, apunta desde el otro lado del teléfono el director del periódico local Am, Jesús Padilla. En estos días, han contabilizado 13 ejecuciones el día de la detención, 15 el lunes y el martes hubo seis. “Por ahora todo indica que nada ha cambiado, tampoco para peor. Pero muchos empresarios, tanto pequeños como grandes, temen que aumente la extorsión y el secuestro, como fuente de ingresos para financiar esta guerra”, añade el periodista.
NO habrá un mando militar,la Administración General de Aduanas tendrá el control de los elementos de SEDENA y la Marina que se incorporen a las tareas de vigilancia y supervisión, presume Horacio Duarte con una "seguridad" que debe ponerse en duda en las "corruptas" Aduanas del pais que dejan hacer y dejan dejan pasar todo lo que representa negocio por los Puertos y puentes internacionales y donde Tamaulipas es prueba fehaciente del desaseo institucional.
La falta de insumos y de calidad para los policías estatales en Puebla ha provocado que al menos 133 elementos estén contagiados con Covid-19, de los cuales siete han perdido la vida y al menos tres más se encuentran en terapia intensiva.
Así lo dio a conocer un grupo de agentes que se manifestó a las afueras de la Policía Estatal Preventiva para dar a conocer que no se han cumplido los acuerdos de aumento salarial y seguro de vida, pero también la difícil situación que viven a causa de la contingencia sanitaria.
Expresaron que hasta la fecha tienen conocimiento de 133 casos de contagio de Covid-19 entre sus compañeros, de los cuales al menos 30 han sido asintomáticos y el resto ha tenido que pasar por algún hospital, por lo que incluso hay tres que están en el área de terapia intensiva.
Hasta ahora saben de al menos siete elementos de la corporación que han fallecido por esta enfermedad pero la aseguradora no ha pagado las indemnizaciones, pues se niegan a hacerlo como una muerte en cumplimiento del deber y buscan pagar únicamente el monto correspondiente a una muerte natural.
En este mismo tenor reprocharon que no se les entreguen los insumos correspondientes pues solo les dan un cubrebocas sencillo para toda su jornada laboral, situación que causa temor pues el secretario Raciel López Salazar usaba una mascarilla N95 y aun así se contagió, por lo que incluso aseguraron que el funcionario sigue confinado en Chiapas.
En este sentido pidieron a sus superiores brindarles mejores insumos para poder protegerse de un contagio por Covid-19 ya que por su labor deben de estar en contacto con múltiples personas y son más susceptibles de enfermarse.
Un comando armado de gatilleros del Cartel de Zetas del Noreste (CDN)abrió fuego contra el hotel Santa Teresa donde se hospedan Policias Estatales de Tamaulipas en Nuevo Laredo que desató persecuciones y balaceras contra fuerzas de seguridad la tarde de ayer jueves cuando los sujetos armados -presuntamente del Cártel del Noreste- atacaron a elementos del Ejército y a agentes estatales.
El enfrentamiento armado atemorizó a ciudadanos. Comenzaron a difundir videos en redes sociales donde se escuchan los múltiples disparos.
Reportaron que sicarios bloquearon el Puente III con tráiler para escapar de los militares hacia Piedras Negras, estado de Coahuila.
Reportan que fueron más de un narcobloqueo que realizaron los criminales para entorpecer el tráfico y evitar que los alcanczaran las fuerzas de seguridad.
Con su acostumbrado estilo ,que confronta los propios dichos de Andres Manuel Lopez Obrador,cuya "verbodiarrea" lo expone todos los días a numerosas falacias y contadiccciones ,donde mas de las veces y casi con burla se pretende soslayar lo que ya dijo antes,cambiando el sentido de su retórica con facilidad que da oportunidad al contraste,que lo deja en entredicho a el y el gobierno "bien intencionado y de malísimos métodos".
Y la acostumbrada entrevista,ahora con el Panista Marko Cortez,que en el escándalo de "sobornos" del caso Lozoya,invita al Presidente a "probar las acusaciones.
Un tribunal federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo que promovió Eugenio Hernández contra la orden de extradición dictada por la Cancillería para que sea juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo de Tamaulipas consideró que el ex Gobernador planteó en su demanda temas de constitucionalidad de las normas de extradición que, por su trascendencia, sólo le corresponden resolver a la Corte.
"Al haberse impugnado la inconstitucionalidad de diversos preceptos de un Tratado Internacional, así como de la Ley de Extradición, subsiste en el recurso dicho planteamiento, respecto del cual no existe criterio; consecuentemente, procede dejar a salvo la jurisdicción de la SCJN", dice el fallo.
A propuesta del magistrado Daniel Ricardo Flores López, respaldado con los votos de sus colegas Jesús Garza Villarreal y Jorge Holder Gómez, el colegiado también determinó que se pronunciará sobre la legalidad de la orden de extradición hasta que la SCJN resuelva los aspectos de constitucionalidad.
Rechazan recurso
El Sexto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó en definitiva a Eugenio Hernández un amparo con el que pretendía que la Cancillería reconsiderara a motu propio la decisión de otorgar su extradición a Estados Unidos.
El ex gobernador de Tamaulipas envió el 2 de mayo de 2019 un escrito a la SRE, solicitándole que reconsiderara el acuerdo del 2 de marzo de 2018, en el que autorizó su entrega para ser juzgado en Texas por lavado de dinero.
Debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE no respondió la solicitud, el extraditable presentó un amparo contra dicha omisión.
A principios de este año su demanda fue turnada a la Suprema Corte, pero ésta rechazó la competencia y lo devolvió al colegiado que ahora decidió negarle la protección de la justicia.
Hernández de todas formas litiga un amparo contra la orden de extradición dictada por la Cancillería.
México rebasó ayer las 50 mil muertes por Covid-19.
Lejos quedó aquel 18 de marzo, cuando la Secretaría de Salud (Ssa) reportó la primera defunción a causa del virus. A 141 días, las víctimas mortales ascienden a 50 mil 517.
Cuatro meses y medio tardó el país en llegar a esa cifra; sin embargo, las estimaciones de la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela indican que el coronavirus ya cobró las vidas de 52 mil 479 mexicanos.
En fallecimientos per cápita por Covid-19, la República Mexicana ocupa el quinto sitio en América, con un índice de mortalidad de 10.9% y 40 decesos por cada 100 mil habitantes. Perú encabeza la lista, con 65.25 muertes por cada 100 mil habitantes, seguido de Chile, con 54.93; EU, con 48.47, y Brasil, con 46.61.
Siguiendo esta lógica, en la que se toma en cuenta el tamaño poblacional de cada país y el número de muertes por el SARS-CoV-2, México se encuentra en el doceavo puesto a nivel mundial.
Escaló un sitio con respecto a hace dos semanas, cuando tenía 32.6 defunciones por cada 100 mil habitantes y los Países Bajos reportaban 35.63.
Para tener una idea de lo que significan estas 50 mil 517 defunciones, se podría pensar en un Estadio Azteca con una ocupación de 50%, puesto que su capacidad es de 100 mil personas.
De acuerdo con el tablero de datos de Conacyt, el sexo masculino acumula más muertes: al momento, 32 mil 704 hombres han fallecido por esta enfermedad, es decir, 65% del total.
En mujeres, la cifra es de 17 mil 813, lo que corresponde a 35%.
Hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo son las principales comorbilidades que contribuyen a que los pacientes desarrollen complicaciones de Covid-19. De los más de 50 mil mexicanos que han muerto, 43.6% vivía con hipertensión; 37.8%, con diabetes; 24.6%, con obesidad, y 8.1%, con tabaquismo.
Las entidades con más decesos son el Estado de México, con 8 mil 553; la Ciudad de México, con 7 mil 456; Veracruz, con 3 mil; Baja California, con 2 mil 751, y Puebla, con 2 mil 652.
Evolución de la pandemia en México
Tras cinco días de haber permanecido internado, el esposo de Adriana se convirtió en el primer paciente en morir a causa de Covid-19; tenía 41 años.
Era 18 de marzo. Entonces, México contabilizaba 118 contagios, aún no iniciaba la Jornada Nacional de Sana Distancia ni tampoco se habían suspendido los eventos masivos.
El 23 de abril se alcanzaron las mil 69 defunciones. A partir de entonces, los incrementos no dejaron de ocurrir, motivo por el cual, la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendió. Para el 16 de mayo se rebasaron las 5 mil muertes y el 1 de junio, con el inicio de la nueva normalidad y más de 50 mil contagios, se reportaron 10 mil 167 fallecimientos.
Tras el desconfinamiento, el número de contagios y muertes no dejó de crecer. En los últimos 67 días se registraron más de 40 mil decesos.
México ocupa el tercer lugar de fallecimientos a nivel global, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Le superan Brasil, con 98 mil 493 muertes, y Estados Unidos, con 160 mil 90.
Pese a estos datos, es uno de los países con menos pruebas en América y la brecha se extiende aún más con naciones europeas, según la Universidad de Oxford con cifras actualizadas a agosto.
Mientras en México se hacen 0.07 pruebas diarias por cada mil habitantes, en Estados Unidos se hacen 2.19; en Canadá, 1.04; en Chile, 1.17; en Colombia, 0.73; en Uruguay, 0.61; en Panamá, 0.73; en El Salvador, 0.38; en Costa Rica, 0.34, y en Cuba, 0.31.
No dan las estimaciones
La primera estimación de muertes por coronavirus en México ocurrió el 27 de febrero en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justo un día antes de que se registrara el primer caso positivo en el país.
Dijo que, en el peor de los escenarios, para una fase tres del virus se estimaba un total de 12 mil 500 muertes por el SARS-CoV-2.
El 4 de mayo, el funcionario bajó la cifra a 6 mil u 8 mil. Veinte días después, el 25 de mayo, estimó más de 15 mil decesos.
El 3 de junio, en entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que la cifra de muertes se podría elevar hasta a 30 mil y que las predicciones no eran exactas. Un día después, en comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explicó que no había una estimación general, “pero (...) podrían llegar hasta a 30 mil o incluso a 35 mil”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció demanda para desaparecer la Asociación Nacional del Rifle (NRA) acusando a su CEO, Wayne LaPierre, y otros miembros de fraude por $64 millones de dólares en tres años.
James pidió a un tribunal de Nueva York que obligue a LaPierre y a tres de sus asociados clave a pagar a los miembros de la NRA por los fondos mal obtenidos y los salarios excesivos de los que se beneficiaron.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que ha impedido que nuestra nación tome medidas contra la violencia armada. Pero ha estado abusando de su poder, y bajo la apariencia, la NRA está podrida con el fraude y el abuso”, dijo. “Hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”.
Agregó que LaPierre, en casi tres décadas como vicepresidente ejecutivo “explotó la organización para su beneficio financiero y el de su familia”, además de círculo cercano. Se le señala por gastar cientos de miles de dólares de la NRA en viajes de avión priovado, incluyendo paseo a las Bahamas con un costo de más de $500,000 dólares, además de comprarse un yate y ejecutar gastos excesivos mayores a los $3.6 millones de dólares en consultores.
Una de las principales acusaciones fueron la modificación de su propio contrato que le brinda beneficios por más de $17 millones de dólares, además de destinar fondos a su familia y recibir reembolsos de gastos por encima de $1.2 millones de dólares.
La Fiscal acusó a los líderes de la NRA de infringir las leyes estatales y federales y de firmar informes y declaraciones fraudulentas, según la investigación que comenzó en 2019.
La acusación, además de LaPierre, incluye al abogado general John Frazer, el extesorero Woody Phillips y el exjefe de gabinete Josh Powell.
Sobre Phillips, por ejemplo, se le señala de haber mentido en los formularios de divulgación financiera y estableció un trato por valor de más de $1 millón de dólares que benefició a su novia y beneficiarse él mismo –justo antes de su jubilación en 2018– con $1.8 millones de dólares, supuestamente para servicios de consultoría mensuales al tesorero entrante, quien aseguró que nunca recibió esas asesorías.
Powell, quien fue jefe de personal de LaPierre, fue despedido después de tres años y medio por, entre otras cosas, malversar fondos, como aumentarse el salario de $500,000 a $800.000 dólares.
Frazer es señalado por ayudar a encubrir varias de las faltas, además de no alertar sobre conflictos de intereses ni vigilar que cumplieran las leyes y certificar repetidamente declaraciones falsas o engañosas.
La Fiscal fue cuestionada sobre posibles quejas del presidente Donald Trump sobre la demanda, ya que la NRA es una de las más poderosas organizaciones que respaldan su reelección. Ella lo desestimó.
A pregunta expresa de este diario, la fiscal James no negó ni confirmó que parte del dinero del que acusa fue obtenido en forma fraudulenta fue destinado a alguna campaña política, pero señaló que la investigación al respecto continúa.
La NRA acusa “acto intimidatorio”
A través de un hilo en Twitter, la NRA acusó como un “acto intimidatorio” y un “ataque premeditado” la demanda de la fiscal James, afirmando que es una afrenta a la Segunda Enmieda.
La Asociación incluso hizo un nexo entre el proceso electoral y el momento en que la Fiscal neoryoquina –quien ha presentado varias demandas en contra de la Administración Trump– reveló la querella y la investigación aún en proceso.
“Este fue un ataque premeditado y sin fundamento contra nuestra organización y las libertades de la Segunda Enmienda”, afirmó la NRA. “Podría haber configurado su reloj: la investigación iba a alcanzar su punto culminante a medida que avanzamos en el ciclo electoral 2020”.
Señaló que se trata de una forma de “ganar puntos políticos” y atacar a la oposición de lo que calificó una “agenda izquierdista”, además de califica de “oportunista” a la demócrata.
“Esto ha sido un abuso de poder por parte de una oportunista política, un movimiento desesperado que forma parte de una venganza política. Nuestros miembros no serán intimidados ni acosados en su defensa de la libertad política y constitucional”, agregó.
La asociación afirma que se defenderá contra la demanda y “ganará”.
Cabe recordar que el 17 de julio, la NRA apoyó públicamente la reelección del presidente Trump , a quien también respaldó en 2016, aunado a que el mandatario ha sido orador en las convenciones de ese grupo y un fehaciente defensor de las armas.
El presidente Trump también criticó la acción de la fiscal James, acusando si el exvicepresidente Joe Biden gana la elección el 3 de noviembre “peligrará” la Segunda Enmienda.
“Así como la Izquierda Radical de Nueva York intenta destruir a la NRA, si Biden se convierte en Presidente tu Gran Segunda Enmienda no tendrá oportunidad. Tus armas serán retiradas inmediatamente sin ninguna alerta. ¡No policía, no armas!”, escribió el mandatario.
