La “cuarta transformación” no trajo mejores tiempos para la prensa mexicana.
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En la semana que concluye, tres periodistas fueron asesinados por motivos relacionados con su trabajo, con lo que la cifra fatal de periodistas caídos ya llega a nueve casos en lo que va de 2019, y 10 en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Como en todos los temas que tienen que ver con violencia e inseguridad, en el del acoso a periodistas el gobierno actual recibió una situación crítica, con una tendencia al alza y mecanismos institucionales claramente rebasados por los criminales que cometen esos asesinatos.
Según la organización Artículo 19, con los tres casos de la semana pasada suman 130 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha; según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son 152. En todo caso, está claro que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio.
Y, lo que más alarma, es que los nueve casos ocurridos de enero a julio de 2019 se acercan ya al récord de 12 casos ocurridos en 2017. De seguir así, el primer año de la “cuarta transformación” será el año más violento para la prensa mexicana.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa, fue asesinado el viernes 2 de agosto en Actopan, Veracruz, días después de que le fueran retiradas las medidas de protección con las que contaba.
Esa misma mañana, en Guerrero, fue asesinado Édgar Alberto Nava López, director de La Verdad de Zihuatanejo.
Y, el martes 30 de julio, el cuerpo del periodista Rogelio Barragán, director del portal Guerrero al instante, fue encontrado en la cajuela de un auto en Zacatepec, Morelos.
Estos asesinatos ocurrieron justo después de que la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México entregara a la Secretaría de Gobernación, un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado desde 2012 y que, a la fecha, no ha dado los resultados esperados.
En una reunión privada celebrada el lunes 29, la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, recibieron un informe que no fue dado a conocer a la prensa, pero que Jesús Peña Palacios, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, resumió en una sola petición: fortalecer el mecanismo para que pueda actuar de manera preventiva y no sólo responder ante las emergencias.
En la reunión, los funcionarios de Segob dieron a conocer que el Mecanismo protege actualmente a 948 personas, de las cuales 330 son periodistas.
Según la información pública del Mecanismo, en el Fideicomiso 10232 (fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas) el gobierno federal depositó 207 millones 600 mil pesos para el ejercicio fiscal 2019; esto es, casi 70 millones de pesos menos que en 2018, pero más del doble de lo que se había estado destinando del Presupuesto de Egresos en los primeros años de vida del Mecanismo.
Actualmente, hay disponibles más de 170 millones de pesos para la protección de los más de 300 periodistas y más de 600 defensores de derechos humanos incorporados el Mecanismo. Y, en el evento del 29 de julio, se aseguró que la Segob va a atender las recomendaciones de la ONU para fortalecer las medidas de protección.
Pero, mientras Sánchez Cordero y Encinas aseguraban en el evento que “no se va a escatimar ningún recurso” en la protección de periodistas, en Guerrero y Veracruz alguien ordenaba y planeaba el asesinato de los últimos tres comunicadores víctimas de la violencia.
Contrario a lo que se dice en el discurso oficial, la “cuarta transformación” no ha traído paz, tranquilidad ni protección al gremio periodístico.
Más bien, las cosas siguen igual que en los sexenios de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón (48 asesinatos de periodistas) y Enrique Peña Nieto (47 asesinatos), según las cifras de Artículo 19.
Además, las agresiones contra la prensa siguen siendo una constante, no sólo en entidades con fuerte presencia del crimen organizado. La Red de Periodistas de a Pie documentó 158 agresiones en el primer semestre de 2019, que van desde la intimidación, la amenaza y el bloqueo informativo, hasta la censura, el intento de homicidio, el ataque a domicilio y la tortura.
Los asesinatos a periodistas ocurren con el agravante de la total impunidad. Desde Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz asesinada en abril de 2012, hasta los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornadaasesinados en 2017 –a los que se suman más de 100 casos–, la constante ha sido la incapacidad de las autoridades estatales y federales para llevar a cabo investigaciones que esclarezcan los casos y permitan señalar y castigar a los culpables materiales e intelectuales.
En un contexto así, no ayuda que desde la máxima tribuna del gobierno federal (la conferencia de prensa mañanera) se descalifique al menos una vez por semana a la prensa y a los periodistas.
López Obrador había prometido, en campaña, que cesarían los asesinatos y agresiones a periodistas, y que en su sexenio habría plena libertad de expresión.
Pero, ya como presidente, ha sido prolífico en ataques verbales contra los periodistas que no son de su agrado, y se ha erigido en el principal promotor de un discurso que polariza a la sociedad, que señala y censura a la “prensa fifí”, a “los que callaron como momias”, a los periodistas que, según él, son “reaccionarios”, “hipócritas” y “conservadores” por no tomar partido en favor de su supuesta transformación. AMLO ha demostrado, una y otra vez, que no tolera la crítica y que, para él, cuestionar a su administración es “portarse mal”.
Lo dijo la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando la ONU presentó su diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección: “los señalamientos y descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, provenientes de altos funcionarios del Estado, contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión” y pueden ser vistas como “permiso para agredir a la prensa” por aquellos personajes interesados en callarla.
Lo señaló Artículo 19, después de los tres asesinatos de la semana pasada: “es obligación del presidente abstenerse de generar narrativas que coloquen en riesgo a las y los periodistas”.
Es obvio que no se puede culpar a López Obrador de las agresiones y asesinatos cometidos en contra de periodistas, pero sí se puede pedir a su administración que cumpla con tres obligaciones: investigar y esclarecer los casos ya ocurridos, enderezar el Mecanismo de Protección para que realmente evite que ocurran más casos, y dejar de ser el principal promotor de un ambiente anti-prensa en México.
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