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lunes, 15 de abril de 2019

ARRIBA las MANOS !!!,LLEGO la "FEDERAL de ELECTRICIDAD" y la "CFE de BARTLETT y AMLO" VAN CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA con TESTIGOS PROTEGIDOS...ahi tienen una "guarida nacional".

La apertura de un área para presentar denuncias anónimas, el estímulo a reportes de sospecha en tiempo real, así como el uso de testigos protegidos y polígrafos están entre las medidas aprobadas en la Comisión Federal de Electricidad para atacar la corrupción.
En el listado de prioridades se incluye el combate a ilícitos generados entre particulares en perjuicio de la CFE, “lo que incluye a la delincuencia organizada, particularmente vinculada a pérdidas no técnicas” como robo de insumos.

NOTA RELACIONADA:

Crónica tuvo acceso al Plan Anticorrupción presentado por Manuel Bartlett, director general del organismo, y el cual fue respaldado ya por el Consejo de Administración.
Otras disposiciones son el castigo a funcionarios cuyas acciones provoquen pérdidas económicas a la institución, el acceso —vía la Secretaría de la Función Pública— al sistema de evolución patrimonial de servidores públicos en duda y la solicitud de pronta intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Además de investigación previa a proveedores y socios, caza de empresas fantasma y creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado para definir licitaciones y contratos.
“Respetamos el marco legal, pero vamos a introducir nuevas reglas que minimicen los riegos, detecten y corrijan con oportunidad los desvíos y eviten la impunidad”, señala el documento, el cual comenzó a ser instrumentado hace unos días, con el envío masivo de oficios a los consejos de administración y directores generales de empresas subsidiarias y filiales, así como a todos los funcionarios inmersos en la cadena de mando, a quienes se designó “responsables directos” de la ejecución del Plan; deberán incluso rendir un informe semestral “sobre la forma en la que le están dando cumplimiento”.
Bartlett expone cuatro factores, los cuales, afirma, propician “uso ineficiente de recursos públicos y proliferación de prácticas corruptas”: la organización fragmentada de la Comisión debido a la división en seis empresas subsidiarias ordenada por la Secretaría de Energía en diciembre de 2015, una permisiva e inadecuada normatividad en materia de adquisiciones de obra, un débil sistema de control e intervención del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
“La fuerte presencia del SUTERM no ha sido aprovechada como promotor de mejores prácticas”, se refiere.
De los 91 mil 879 trabajadores en la CFE, 72 mil 414 son sindicalizados, es decir, casi el 80 por ciento. Los 19 mil 464 restantes son de confianza.
Sobre la nueva política de denuncias internas, delinea:
“Se adoptarán medidas que faciliten la presentación de denuncias anónimas relacionadas con prácticas corruptas y la protección de denunciantes”.
Una acción específica es la creación de un departamento dentro de la Auditoría Interna, independiente al área de Quejas de la Unidad de Responsabilidades, donde servidores públicos y proveedores puedan “denunciar actos de corrupción que detecten o en los que hayan sido forzados a involucrarse y que, por temor a perder sus empleos, represalias laborales e incluso a perder la oportunidad de ser contratados” no develaron.
Los delatores también deberán “generar reportes permanentes a la alta dirección de casos en los que se percibe sospecha de una posible comisión de actos irregulares o ilícitos en tiempo real”.
“Se recibirán e investigarán denuncias mediante la figura de testigos o denunciantes protegidos”, pues muchos han cometido actos deshonestos “siguiendo instrucciones y no reciben beneficio alguno, pero son quienes firman y quienes serán perseguidos, dejando en la impunidad a sus superiores”.
A la par se difundirán los casos detectados con la idea de generar una “percepción de riesgo” entre el personal, y se solicitará a la SFP el ingreso para consulta del sistema de evolución patrimonial y declaración de intereses de servidores públicos, en especial “de los cuales se tenga evidencia o duda razonables de su participación en la comisión de irregularidades” y, en su caso, se pedirá la intervención de “la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para revelar su red de apoyo o prestanombres”.
A servidores públicos en áreas sensibles y expuestos al riesgo se les practicarán “evaluaciones de polígrafo”.
DESPIDOS Y FANTASMAS. Dos de los puntos con mayor énfasis en el Plan son: la sanción a quienes incumplan de manera injustificada los objetivos, metas, planes y programas trazados en las diversas áreas, “porque actualmente se puede incumplir y provocar consecuencias económicas adversas sin que implique despido de los involucrados”.
Y las pesquisas para exhibir empresas fantasma en el padrón de proveedores, una realidad con alta incidencia en los últimos sexenios.
Para evitarla, se instruye a los responsables de las contrataciones, no sólo exigir a las empresas aspirantes a una contratación la constancia de cumplimiento formal de sus obligaciones fiscales, emitida por el SAT, sino verificar su existencia:
“Todos los que soliciten su ingreso al padrón y que participen en procedimientos de contratación, deben firmar que aceptan que la CFE conozca su información fiscal y financiera, y realizar la visita in situ de la misma”.
De forma paralela se planea “una base de comprobantes fiscales digitales que incluya todas las facturas recibidas por la CFE para conocer quiénes son los proveedores y cruzarla con la base de datos de empresas fantasma publicada por el SAT”, y otro registro asociado con el cual “se levante el velo de las sociedades empresariales y se consignen los socios o accionistas de acuerdo a su acta constitutiva y a las modificaciones que se registran en la Secretaría de Economía. Identificar socios permitirá conocer posibles vínculos con personajes políticamente expuestos, que desempeñaron cargos importantes en el Estado o si hay alguna relación laboral, familiar o comercial con cualquier servidores público”.
Quien avale una compra fuera del Programa Anual de Contrataciones “tendrá una nota negativa” en su historial.
El proyecto de Bartlett no es “borrón y cuenta nueva”, pues también apunta hacia el pasado, al menos el inmediato. Ordena ejecutar una auditoría de los comprobantes fiscales digitales de todos los proveedores involucrados en contratos durante el 2018, “para conocer si en el pasado se contrató con empresas fantasma y, en su caso, diseñar una lista propia para eliminarlas del padrón”.
MERCADO Y DELINCUENCIA. El Plan contempla la creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado, independiente de las áreas contratantes, la cual asesorará en la elaboración del programa anual de contrataciones y emitirá opinión en los fallos de procedimientos relevantes o de alto impacto.
En la actualidad esta tarea es asignada al Departamento de Evaluación y Análisis de Costos, “de una manera parcial y rudimentaria. Es necesario personal calificado con perfil prestablecido y exámenes de confianza, por lo que se evaluará a sindicalizados que desarrollan esta función, para determinar su permanencia o implementar un sistema de sustitución gradual”.
El objetivo de la Unidad será “realizar una verdadera actividad de inteligencia y determinar cuáles son las alternativas que ofrece el mercado para atender necesidades específicas, corroborar especificaciones y actualizaciones en productos, así como precios promedio, a fin de establecer el presupuesto que corresponda”.
Otros lineamientos  en la estrategia 
* Transparentar toda la información generada por CFE, subsidiarias y filiales, pues hoy las áreas se excusan en reservarla por cuestiones de estrategias comerciales.
* Limitar uso de subcontrataciones
* Denegar el registro a proveedores con antecedentes de colusión o prácticas anticompetitivas.
* Los proveedores están obligados a firmar una manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que no tienen conflicto de interés ni parientes por afinidad o consanguinidad en la CFE.Y los servidores públicos, a remitir a la Auditoría Interna Carta de Ausencia de Interés.
* Desarrollar sistemas electrónicos para asegurar la aplicación del Plan, mediante generación de indicadores de medición y mapas de riesgos.
* Revisar a minuciosidad la contratación de Consultorías o Asesorías, y los proyectos de asociaciones público-privadas.
* Ordenar auditorias proactivas en procesos de riesgo.
* Modificar normatividad para que, en todos los casos de causales de excepción a concurso abierto en contrataciones, la autorización sea sometida a un subcomité y al director general.

Fuente.-


"LA LEY es la LEY": ESTADOS y MUNICIPIOS TENDRAN que PAGAR por la GUARDIA NACIONAL...porque dinero no hay, el que habia lo regalamos.

Los estados y municipios que requieran del apoyo de la Guardia Nacional para combatir los índices delictivos en su “territorio” deberán cubrir “proporcionalmente” los costos de operación del nuevo cuerpo de seguridad, con recursos de su presupuesto.
Así lo establece el artículo 96 en el Título Sexto de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República la semana pasada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que a la letra señala:
“Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”, señala.
Además, la iniciativa establece que los gobernadores y alcaldes también “se harán cargo de solventar los gastos de los hechos y situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración”.
El monto proporcional a aportar se establecerá mediante un convenio de colaboración que los mandatarios estatales y alcaldes de los municipios firmen con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP).
“Los gastos no previstos, que se generen por caso fortuito o fuerza mayor, se cubrirán proporcionalmente por los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios”, refiere el artículo 98 en el Título Sexto sobre la Coordinación y Colaboración de la Guardia Nacional con las Entidades Federativas y Municipios.
Durante la colaboración con la Guardia Nacional, refiere el artículo 94, los gobernadores y presidentes municipales se comprometerán, en el ámbito de su competencia, a aportar toda la información que se les solicite o con la que cuenten para el combate a la inseguridad.
Debería, agrega, “mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para enfrentar la amenaza a la seguridad pública”.
También, se verían obligados a presentar informes de manera constante sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe para cada caso particular.
El compromiso. De acuerdo con la iniciativa de ley reglamentaria al artículo 21 constitucional, recién reformado, la Guardia Nacional tendrá a su cargo salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y reestablecer el orden y la paz social, así como la prevención de delitos.
“Actuará en las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos; secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, los parques nacionales, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, las instalaciones hidráulicas, los espacios urbanos considerados como zonas federales”, destaca la propuesta.
Bajo la conducción del Ministerio Público (MP), realizará tareas de investigación y prevención de los delitos. Para ello, según el artículo 11, se podrá apoyar de operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
En tanto, el artículo 15 del proyecto de Ley de la Guardia Nacional menciona que al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana le corresponde conducir la actuación y trabajo de la Guardia Nacional y “ser el titular de su mando originario, el cual podrá ejercerlo o recuperarlo en cualquier momento, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales aplicables”.
En el Capítulo Tercero correspondiente a los delitos contra la disciplina, el artículo 74 señala que “al personal de la Guardia Nacional que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de 30 a 60 años”, además será destituido e inhabilitado por un plazo igual al de la pena señalada.
fuente.-


"QUE NO le ESCURRA al BULTO del PROBLEMA",DIJO la IGLESIA a LOPEZ OBRADOR en la MISA del DOMINGO de RAMOS...queria "chamba",ya tiene.


La Iglesia católica mexicana advirtió este domingo que las medidas del nuevo gobierno para combatir la ola de violencia del país "no son suficientes" y le exigió "no escurrir el bulto" del problema.

"La inseguridad y la corrupción se han convertido en las dos batallas principales del nuevo Gobierno y de la sociedad; sin embargo, pareciera que las acciones tomadas hasta hoy no son suficientes", señaló la Arquidiócesis de México.

En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia se preguntó "¿Qué falta por hacer?, ¿Qué estamos haciendo mal?, ¿De qué forma podemos apoyar para terminar de raíz con estos temas que nos duelen en lo más profundo?".

Y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre, que "no nos podemos escudar en echar las culpas a las Administraciones pasadas porque eso sería escurrir el bultodel problema."

La violencia en el país no cesa; éste fin de semana encontraron nuevas fosas clandestinas (Foto: Cuartoscuro)

La Iglesia sostuvo que este Domingo de Ramos es "el tiempo ideal para hacer un alto en el camino, evaluar nuestras acciones y reconciliarnos con Dios".

En esta línea, invitó a "los gobernantes, políticos y a todas las autoridades que vigilan por la seguridad para hacer una reflexión sobre la situación que vive nuestro país, y las acciones que se están realizando".

Para la Iglesia, la violencia es el "reflejo de problemáticas que no se han terminado de resolver: falta de educación, carencia de buenos empleos y oportunidades, pobreza, corrupción e impunidad, entre otros".

"Detrás de cada acto de violencia existe una historia que lo originó, y que, tanto Gobierno como sociedad, no estamos atendiendo de manera correcta", señaló la Arquidiócesis en el editorial.

Incremento de la violencia en México 

La tasa de homicidios ha ido en aumento durante los últimos años (Foto: http://indicedepazmexico.org)

Desde 2015, se observa una caída anual en los indices de paz de México. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ésta ha reducido un 21% en tres años.

El 2018 fue el año más violento que se haya registrado en México, pues el nivel de paz se deterioró un 4.9%. Cifras gubernamentales constatan que México cerró 2018 con el mayor número de homicidios en dos décadas, al registrar 33.369 asesinatos. 

A pesar de que esa cifra representó un incremento en la tasa nacional de homicidios del 14%, 2019 se encamina a romper el récord de violencia del último año de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Cifras oficiales confirman que en lo que va de la administración de López Obrador, se han registrado 11.728 muertes por homicidio doloso, un hito ignominioso en México.

La información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad apunta a que alrededor de 90 mexicanos son asesinados al día.

Pese a los registros, el mandatario mexicano ha dicho en distintas ocasiones que las cifras de homicidios no han aumentando, algo que el viernes, el periodista Jorge Ramos le refutó.

López Obrador llegó al poder con la promesa de resolver el grave problema de inseguridadque privó en las administraciones de sus antecesores, no obstante, las estadísticas muestran que su inicio de gobierno es más sangriento que el de su antecesor priísta. 

Con información de: EFE/

"CARNICERIA NACIONAL": MATAZON SUPERA las 12 MIL VICTIMAS con LOPEZ OBRADOR...y para su gobierno otra vez son simples cifras.

El pasado viernes, el periodista Jorge Ramos refirió ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que éste podría ser un sexenio más violento que el de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues de diciembre a febrero se contabilizaban 8 mil 524 asesinatos, según cifras oficiales. Es decir matan a unos 90 mexicanos cada día. Casi a 4 cada hora. Pero en realidad ya se rebasaron los once mil asesinatos en poco más de cuatro meses de la actual administración.




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Para que no haya dudas, aquí están las fuentes que usé en “la mañanera” para decir que en los primeros 3 meses de @lopezobrador_ han asesinado a 8,524 mexicanos y, de seguir así, el 2019 podría ser el año más violento que se recuerde. Son cifras oficiales del propio gobierno.

En efecto, de acuerdo con cifras hasta febrero que reporta mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los primeros tres meses del gobierno de AMLO se cometieron 8 mil 524 homicidios dolosos. 

Y de marzo hasta el 11 de abril las cifras no reflejan que se tenga “controlada” la situación -como dijo López Obrador- pues el número de ejecuciones no se ha reducido aunque hay días que bajan del promedio de crímenes diarios (90 por día).
De acuerdo con informeseguridad.cns.gob.mx, del 1 de marzo al 11 de abril pasado se cometieron 3 mil 204 asesinatos, y si se acumulan las de diciembre a febrero suman 11 mil 728 asesinatos en lo que va del sexenio. 

El ábaco de la muerte sigue sumando. Hay desde embolsados hasta muertos a tiros y a plena luz del día. Como diría Michelle Bachelet: México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra

fuente.-

domingo, 14 de abril de 2019

LOPEZ OBRADOR: JEFE DIFICL y "CHIMOLTRUFIO" PRESIDENCIAL..y el jefe es el jefe, que importa si no tiene la razón.

Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. 
Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete, son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.
Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.
López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la Reforma Educativa, que estaba en el Congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto. 
López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el primer bimestre del año.
Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el top ten de presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a ex funcionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.
Al presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.
Lo conocen poco. En el gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato béisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de béisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.
Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza y es eficiente. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con un staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, que es su mayor prioridad. 
Fuente.-@RivaPa/

MILITARIZADA o CIVILIZADA ?, "VEO MUCHOS MILITARES para una GUARDIA CIVIL": DIJO JORGE RAMOS...la imagen habla por si sola.


Junto a Andrés Manuel López Obrador se encuentran sentados un general en proceso de retiro, una Comisaria General en activo, un contralmirante de Infantería y un General retirado. Se trata de los mandos que encabezarán a la Guardia Nacional.

Con sus vestuarios de ceremonia bien alineados y sus zapatos lustrados, Luis Rodríguez Bucio, quien encabezará dicho cuerpo de seguridad, Patricia Rosalinada Trujillo, Gabriel García Chávez y Xicoténcatl de Azolohua Núñez, acompañaron al jefe de Estado en su conferencia mañanera.

"Veo demasiados militares para una guardia civil", cuestionó el periodista de Univision, Jorge Ramos, al presiente. Éste no se equivocaba.

Las ocho sillas del Palacio Nacional, donde AMLO ofrece sus mañaneras, fueron ocupadas por miembros y exmiembros del Ejército, que hoy integrarán el nuevo cuerpo "civil". El tema ha generado polémica porque aunque se trata de elementos preparados para los cargos que ocuparán, la Guardia Nacional será dirigida por un militar.

López Obrador designó al general de Briada, Luis Rodríguez Bucio (Foto: YouTube)

La controversia inició el jueves pasado, cuando López Obrador designó al general de Briada, Luis Rodríguez Bucio, como comandante de la GN.

Justificando, que se atendieron las inquietudes de los legisladores y las ONG sobre cesar a los militares de la seguridad pública, López Obrador dijo que los elegidos eran elementos de las Fuerzas castrenses en trámite de retiro.

El eje de la nueva estrategia, remarcó, es dar prioridad a la seguridad pública, por lo que las Fuerzas Armadas tendrán que adoptar un "cambio", que implica respeto a los derechos humanos.

Pese a dicha iniciativa y a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece es necesario acreditar el control de confianza, el titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que no será necesario que las Fuerzas Armadas realicen pruebas de control de confianza al unirse a la Guardia Nacional.

"En primer lugar, elementos del Ejército en activo por definición tienen vigente su calidad de confianza y de certificación, sino no sería posible que estuvieran ni en el Ejército ni en la Marina", señaló Durazo para Animal Político.

Alfonso Durazo confirmó que no será necesario que las Fuerzas Armadas (Foto: archivo)

En lo "oscurito", aprueban coordinación castrense

En medio de un ambiente de euforia el pasado 21 de febrero, legisladores y miembros de ONGs celebraron que se había alcanzado un consenso para crear una Guardia Nacional bajo un mando completamente civil. Pero, antes de llegar a votación dicha clausula desapareció.

El colectivo Seguridad Sin Guerra, que también festejó la aprobación del mando civil, se percató un día después que ni el Diario Oficial de la Federación, ni el dictamen del Senado incluyó el cambio (de militar a civil).


Se modificó el párrafo que especificaba la Guardia Nacional (Foto: Twitter/AlfredoLecona)

¿Qué pasó?

Todo habría ocurrido la noche del 20 de febrero, cuando un emisario de gobernación se trasladó al Senado y pidió a los legisladores, que continuaban discutiendo el acuerdo, que se modificará el párrafo que especificaba que "ninguno de los integrantes de la Guardia Nacional debían encontrarse en la fuerza armada permanente".

Finalmente, antes de llegar al Senado a votar (el 21 de febrero), el transitorio cuarto de la reforma desapareció la prohibición de que hubiera militares en activo.


Consideran los colectivos de seguridad y expertos en la materia (Foto: Twitter/AlfredoLecona)

"Desarman" mando militar de AMLO

Colectivos de seguridad y expertos en la materia, aseguraron que aun y cuando se eliminó la prohibición de nombrar a militares en activo para la Guardia Nacional, consideran apropiado que el general nombrado para la GN sí debe pedir licencia, pues se trata de una fuerza de seguridad civil.

"El nombramiento es inconstitucional sino pide licencia o no esté retirado. Es un error de política pública porque continúa y profundiza la militarización calderonista, mencionó el académico Alejandro Madrazo para Animal Político.

fuente.-

A la JUSTICIA (...Cual ?) en TAMAULIPAS le INVIERTEN 1.5 % del PRESUPUESTO...lo rentable no es dar justicia,sino vender justicia.

Tamaulipas, un Estado con el mayor nivel de inseguridad nacional, tiene uno de los gastos en justicia más pequeños del país, el 1.5%. No necesita más, sentenciaron esta semana diputados de Tamaulipas, de mayoría panista.

TE RECOMENDAMOS:

El sistema judicial en Tamaulipas está rezagado: el gasto en justicia por habitantes en Tamaulipas ocupa el lugar 29 con 153 pesos por habitante, mientras que la media nacional es de 229 pesos.
El 90% del presupuesto de justicia se va en nóminas, sin dinero para invertir en el nuevo sistema acusatorio.
En comisiones y sesión del Pleno del Congreso estatal, rechazaron esta semana una iniciativa para igualar o nivelar el porcentaje de 2.5 de otros estados, y lo dejaron en 1.5% del presupuesto estatal.
“En porcentaje del presupuesto asignado con relación al presupuesto general del Estado, el Distrito Federal cuenta con 2.6%, San Luis Potosí 2.4%, Nuevo León 2.1%, mientras que Tamaulipas apenas tiene un 1.3% garantizado.
“Es decir comparativamente se ve cómo otros estados sí le destinan lo que nosotros no le queremos destinar al Poder Judicial. Yo creo que los argumentos están ahí. Tal vez lo que falte es la voluntad para realmente dotarle de estos recursos indispensables al Poder Judicial”, argumentó el diputado Alejandro Etienne Llano.
Sin embargo, la mayoría de los diputados en comisión y en el Pleno, rechazaron aumentar el gasto en justicia.
“Me permito afirmar que los recursos asignados a dicho poder, resultan suficientes para el ejercicio de la función jurisdiccional”, precisó la diputada Issis Cantú Manzano.
“Si bien es cierto persigue garantizar un porcentaje presupuestal al Poder Judicial del Estado, también lo es que carecen de elementos técnicos que así lo sustenten”, afirmó Arturo Esparza Parra, quien rechazó la propuesta de igualar los recursos para justicia.
Sin embargo, el mismo Congreso ha aprobado leyes sin estudios técnicos, argumentaron otros diputados.
Al final, la votación en el Pleno negó a la justicia de Tamaulipas un presupuesto similar al de otros estados.
tamaulipas

El dato
El sistema judicial en Tamaulipas está rezagado: el gasto en justicia por habitantes en Tamaulipas ocupa el lugar 29 con 153 pesos por habitante, mientras que la media nacional es de 229 pesos.

fuente.-El Manana de Nuevo Laredo/