Luego de que una Juez negará la orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, acusado por la Fepade de cometer delitos electorales, organizaciones civiles pusieron en duda que en México gobierne el imperio de la Ley. A su vez, partidos políticos sostuvieron que las presiones del Gobierno incidieron en la decisión.
Organizaciones de la sociedad civil dijeron que la decisión del Jueza de Distrito que negó orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob), ”pone en duda que [en México] gobierne el imperio de la Ley”.
Distintos partidos políticos acusaron al Gobierno federal en presionar a la Jueza Rosa María Cervantes Mejía para que rechazara la orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde (PVEM), aliado del partido del Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI).
“¡Vaya paradoja [salvar a Escobar], el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción!”, dijo María Enriqueta Cepeda, integrante de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, (INCIDE) al dar lectura al posicionamiento de los organismos civiles.
Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado 11 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, negó este día la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega al considerar que no hay elementos que comprueben su participación en delitos electorales.
El Diputado independiente Manuel Clouthier consideró que si bien se debe respetar la presunción de inocencia, es evidente que hubo muchos señalamientos y anomalías durante la campaña por parte del Verde.
“En este país nadie ha ido a la cárcel por corrupto. Desgraciadamente la justicia en México sigue teniendo un alto grado de discrecionalidad. Aquí, pudiera ser también que el sistema está necesitando un chivo expiatorio, de autosacrificio, de cara de estar planeando algún golpe contra alguien de la oposición. [...] Ya empezamos a ver unas investigaciones contra Padrés. Hay un panorama especulativo, pero mi experiencia me hace ser malpensado”, dijo
Por la mañana, el Partido de Acción Nacional (PAN) fijo su posición sobre esta decisión de la Juez del Distrito Décimo Primero, y aseguró que fue el resultado de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el PVEM, que tiene miras a las elecciones del 2018.
“Exigimos que en este tema haya una sanción ejemplar. Y que el fiscal recurra ante el mismo Poder Judicial con la apelación y pediremos también que se revise la actuación de la Juez, porque no puede quedar impugne un hecho de clara complicidad y corrupción en este día Internacional contra la Corrupción, es una clara muestra de descomposición y de degradación del Sistema de Justicia en México”, dijo Marco Antonio Cortés Mendoza, coordinador del partido blanquiazul en la Cámara de Diputados.
El PAN advirtió que, también, abogarán por que se revise la actuación de la Juez en el Consejo de la Judicatura Federal. Previamente, a saberse este decisión, los miembros del PVEM en el Senado y Cámara de Diputados habían puesto en duda la imparcialidad del fiscal titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que anteriormente había fungido como asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, el PRD acusó que este sería un intento de deslegitimar la investigación hecha por Santiago Nieto.
“Me parece que también ahí hay una Senadora [Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República] que es del PRI, entonces, también estaría en conflicto de intereses. Lo que pasa es que no lo vemos así. Hoy tienen un cargo y tienen que ser probos en esa encomienda. Me parece que el Partido Verde lo ha usado políticamente para distorsionar la información”, dijo el Diputado del PRD, Carlos Hernández Mirón.
La noche del 25 de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.
La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.
“Las tarjetas platinum es uno de los 28 asuntos que tiene el Partido Verde en este proceso electoral y por el cual ya fue sancionado administrativamente [...] ¿Qué sigue una vez que se ha negado la orden de aprehensión? La Fepade tiene la atribución de inconformarse mediante la formulación de un recurso de apelación ante el Tribunal Unitario de Circuito. Ojo la negativa de la orden de aprehensión y la confirmación del Tribunal no son sentencias definitivas y no significa que los inculpados, entre los que está Arturo Escobar, estén absueltos”, dijo Paola Contreras de INCIDE Social en la conferencia de prensa.
Alfredo Peña, de México Unido Contra la Violencia, recordó que el Partido Verde difundió cineminutos elaborados por una empresa del hermano de Arturo Escobar, hizo una campaña en redes sociales, “además entregó utilitarios explícitamente prohibidos, se apoderó de padrones electorales y por lo tanto de sus datos personales con fines publicitarios, entregó las tarjetas platinum de descuento que para llamar a votar por el Partido Verde”
Peña dijo que si el Gobierno cree que en verdad Arturo Escobar es culpable “por qué no se deslinda de ellos [del PVEM y Escobar]. Nosotros creemos que no se deslindan públicamente del Partido Verde y Arturo Escobar porque hay un pacto de impunidad, hay un pacto a partir del cual se premian los actos de ilegalidad con cargos públicos”.
Los organismos civiles que integran el Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias exigieron que se dé continuidad al juicio contra Arturo Escobar por la probable comisión de delitos electorales. Pidieron además que se agoten todas las instancias en el proceso judicial que hay en contra de Escobar y el cese de “la campaña de descalificación” encabezada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en contra del Fiscal Electoral Santiago Nieto Castillo.
“La campaña de desprestigio encabezada por el Partido Verde Ecologista de México, con apoyo de algunos actores políticos de alto nivel y medios de comunicación masiva en contra del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), argumenta supuesto conflicto de interés, omisiones curriculares y violaciones al debido proceso ha buscado desviar la atención de la ciudadanía e influir en el curso del proceso penal que se le sigue al PVEM y, en particular, a Arturo Escobar”, denunciaron las organizaciones.
Por ello, los organismos civiles rechazaron que “quienes se han beneficiado de prácticas ilegales, pretendan seguir imponiendo sus intereses particulares sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y de procuración de justicia”.
“La Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias no permitirá la reinstalación de Arturo Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, ni en cualquier otro cargo público que se pague con nuestros impuestos. Y reiteramos nuestra lucha en pro de la recuperación efectiva de la política y programa de prevención social de las violencias”, dijeron las organizaciones.
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