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lunes, 17 de noviembre de 2014

Las "entrelineas" del GENERAL CIENFUEGOS,fue CLARO y CONTUNDENTE !!!....a la clase política o a esa clase de POLITICOS.

Un panorama oscuro y de desestabilización social se cierne sobre el país. La segunda semana de noviembre del 2014 será recordada por el mensaje del secretario de la Defensa en Monterrey, donde entrelíneas dijo que “el rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillas convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones”. Con el ejército bajo la lupa por los asesinatos masivos de Tlatlaya y las sospechas sobre su actuación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos dejó entrever que el momento de crisis que se vive es grave por lo que alertó a los políticos a frenar la descomposición que se expande.

México, 17/Nov/2014 Fue una reunión que duró tres horas en una de las salas de junta del edificio de la secretaría de la Defensa Nacional. El pasado jueves 13 de noviembre alrededor de las 08.40 de la mañana, los siete diputados de la comisión especial que da seguimiento a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, tomaron asiento después que entró al lugar el secretario de la Defensa Nacional quien venía acompañado de dos oficiales de su estado mayor.
Frente a los diputados Lilia Aguilar (PT), Lizbeth Rosas (PRD), Guillermo Anaya (PAN), Manuel Añorve (PRI), Sonia Rincón Chanona (Panal), Ruth Zavaleta (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (MC), el general Cienfuegos les dio la bienvenida y en ese momento cedió la palabra uno de los oficiales que lo acompañaba. Comenzó una presentación en power point que duró alrededor de 30 minutos. El oficial mostró en una pantalla un mapa y explicó de forma cronológica los hechos de aquella noche y madrugada del pasado 26 y el 27 de septiembre, cuando el ataque del grupo armado dejó seis muertos y la desaparición de los 43 jóvenes. Para ilustrar fue marcando las distancias entre el lugar de los hechos, donde atacaron a tiros los autobuses donde viajaban los estudiantes, y explicó cómo los soldados llegaron tiempo después al hospital tras una llamada anónima.
Al concluir la presentación los diputados recordaron los testimonios de los estudiantes quienes señalaron a los soldados de amedrentarlos, de golpearlos, y parafrasearon aquel dicho de uno de los militares cuando les dijo a los jóvenes que ellos ‘se lo habían buscado’. El general Salvador Cienfuegos escuchó atento y tras concluir el uso de la palabra de los legisladores negó todo. Aseguró que los reportes que le hicieron llegar de los efectivos que estuvieron en el hospital Cristina, en el municipio de Iguala, donde los normalistas llevaron a uno de los heridos, eran diferentes y en última instancia era la palabra de Omar García, uno de los estudiantes que denunció los hechos en entrevista a una cadena norteamericana de noticias y su testimonio que circula en la red You Tube, contra la de sus soldados.
El secretario de la Defensa aseguró a los diputados que desconocía otras versiones, como las que se difundieron en el noticiero matutino de radio de Carmen Aristegui hace unos días, por lo que no sabía si hubo violencia o se amedrentó a los estudiantes.
Sobre el papel del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, al mando del coronel José Rodríguez Pérez, el general Cienfuegos les confió que si bien esa unidad cuenta con 564 efectivos, cinco jefes y 43 oficiales, para cubrir los municipios del norte del estado de Guerrero que le corresponden, ese día solo contaba con menos de una cuarta parte del personal pues la gran mayoría había salido franco al ser fin de semana. Para ese momento de manera operativa solo tenían una fuerza de reacción integrada por 21 elementos. Esa fuerza de reacción había salido a atender una emergencia “por una volcadura” en una comunidad fuera de Iguala. Fueron a prestar auxilio y estuvieron prácticamente todo el día en esa tarea y luego regresaron en la noche, después de que se recibió una llamada anónima salieron del cuartel del batallón rumbo al hospital Cristina. En todo ese trayecto, Cienfuegos aseguró que ninguno de los militares declaró haber visto o escuchado detonaciones o persecuciones en su trayecto a atender el llamado.
“Ellos habían estado recibiendo reportes del C-4 y que todo estaba relativamente bien. El general fue insistente que ellos no pueden actuar si no es a petición de autoridad o en flagrancia, y que ninguno de los dos supuestos se dio. Porque no requirieron el auxilio, y que incluso hablaron con Felipe Flores (director de la policía municipal prófugo) y les había dicho que todo estaba bien”, cuenta en entrevista Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal por Movimiento Ciudadano. “Le preguntamos si había elementos de inteligencia militar y él comenta que si, si hay elementos de inteligencia militar, incluso nos comentó que están planteando hacer un centro de fusión de inteligencia en Iguala, pero que está en construcción”.
En el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, el general aseguró que ellos tenían la misma información que era vox populi. “Lo que todo mundo decía era lo que ellos sabían en relación a José Luis Abarca y la señora Pineda. Que no tienen más elementos”. Sabían y escuchaban sobre la vinculación del ex perredista, los jefes y la policía municipal, pero el ejército “no tenía más elementos, además a ellos no les correspondía actuar en eso”.
El general Cienfuegos mostró disposición, dice Mejía Berdeja. “Nosotros vamos a instar insistiendo. En mi perspectiva hay muchos cabos sueltos. El manifestó que ha habido 15 ataques al ejército en Iguala y 81 en todo el estado de Guerrero. Se me hace muy raro que no hayan podido percatarse. También le preguntamos sobre el hecho de que… si se percataron ya de la desaparición forzada de los policías municipales de Iguala y Cocula, que se estaban trasladando a Cocula, según la versión de la PGR para victimarlos y quemarlos. Entonces que si ellos se percataron en los caminos de algún movimiento extraño, dijo que no”.
El ejército no se dedica a investigar fosas, “no son ministerio público”, les dijo el general Cienfuegos a los diputados, después aceptó que ellos cuidan los caminos pero “no andan investigando cosas”.
Aquel jueves al salir de la reunión los legisladores se mostraron escépticos con la versión que les proporcionó el secretario. Mejía Berdeja consideró que después de que Cienfuegos reconociera que el coronel Rodríguez Pérez, comandante del batallón, estaba esa noche en la fiesta del ex alcalde y su esposa, al menos por omisión podría enfrentar la justicia. Además debería aclarar cuáles fueron las órdenes para que un grupo de soldados, como señalan los estudiantes, no intervinieran en las llamadas de auxilio ni se percataran de lo que ocurría a unos metros de la sede del batallón.
La legisladora del Partido Verde, Ruth Zavaleta calificó de increíble que los militares digan que no se percataron de nada cuando recibieron llamadas telefónicas en el batallón en las que alertaban de gente armada en la calle y del sonido de disparos. “Los militares tienen protocolos de actuación y no podían quedarse tranquilos tan solo porque la policía municipal les dijo que todo estaba en orden”, indicó.
Mensaje en la capital de la empresa
El general Cienfuegos marcó lo que sería una de las semanas más agitadas para el ejército en lo que va de la presente administración. El lunes 10 de noviembre el secretario de la Defensa Nacional aprovechó el evento de la puesta de la primera piedra de lo que será la base de una nueva brigada de Policía Militar, en las instalaciones castrenses de Monterrey, frente a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y el secretario de gobierno de Coahuila, para señalar que el ejército aportará sus “mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos”, sin que se amedrenten “por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”.
El secretario dejaba entre ver entrelíneas, según varios analistas, que no estaba de acuerdo con las descalificaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el hoy ex ombudsman Raúl Plascencia, realizó cuando hace un par de semanas dio a conocer la recomendación por la muerte de 22 personas en la comunidad de Tlatlaya en el Estado de México. En su informe la CNDH aseguró que los soldados habían asesinado a mansalva a 15 de los muertos sin importar que ya se habían rendido.
Para otros analistas el general salió al paso de las versiones sobre la posible participación “indirecta” del ejército en los hechos de Iguala, en la noche en que seis personas fueron asesinadas y 43 jóvenes fueron desaparecidos. “La diferencia del criminal o del delincuente que se esconde y comete sus acciones ilícitas, para arrebatarle la tranquilidad o el patrimonio a los mexicanos, las mujeres y hombres que portamos con orgullo el uniforme de la República, hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos nuestras tareas de manera abierta, sin ocultarnos, con plena identidad de nuestras acciones”.
Cienfuegos no pudo escoger mejor lugar para leer su mensaje como Monterrey, sede de las empresas más importantes del país y la ciudad donde viven los hombres de negocios con influencia más allá de las fronteras. El general, en una alocución que se consideró iba dirigida a las élites políticas y financieras del país, solicitó tomar “decisiones acertadas para ponderar desafíos y para consolidar el rumbo”. Más adelante dijo que “la indolencia, la insensibilidad, el silencio, la violencia desmedida y la complicidad, obstruyen y limitan la verdadera esencia de la justicia. (…) El rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillas convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones”.
Para varios columnistas estos párrafos del mensaje sonaron a advertencia del riesgo de que la descomposición social se acelere y la desestabilización crezca, de manera que las instituciones responsables de hacer frente a ello resulten rebasadas por la realidad.
El fantasma de la guerrilla, los criterios uniformados tanto de ONG´s nacionales e internaciones sobre que México vive un periodo de crisis humanitaria, a raíz de la violencia y las desapariciones forzadas, pintan un panorama oscuro para los días por venir. Quizá por ello el mensaje del general Cienfuegos no pasó desapercibido en sus entrelíneas ante la gravedad de la crisis social que se vive en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y que amenaza con extenderse a otros lugares como Morelos y la ciudad de México.


Fuente.-@velediaz424

SENTENCIAN en TEXAS a 20 AÑOS de PRISION al "JUNIOR" del C.D.G ,sobrino de OSIEL CARDENAS !!!


  • Rafael Cárdenas Vela, alias "Junior", sobrino del extraditado jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue sentenciado hoy a 20 años de prisión por un Juez Federal en la Corte de Distrito Sur en Brownsville.
Brownsville, Estados Unidos (17 noviembre 2014).- Rafael Cardenas  Vela, quien fue arrestado en octubre de 2011, operaba como jefe de plaza en Matamoros para la organización criminal.

El capo, de 41 años, se declaró culpable de conspirar para introducir a Estados Unidos 5 kilogramos de cocaína y mil kilogramos de mariguana, con la intención de distribución y comercialización.

Un año después, colaboró como testigo en el juicio que se le seguía en Texas a Juan Rincón Rincón, otro líder del Cártel del Golfo, sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico.

El "Junior" detalló en la corte la forma como operaba la organización criminal, qué autoridades lo apoyaban y cómo habían permeado algunas dependencias municipales para hacerse de recursos.

Sin embargo, su colaboración no sirvió para disminuir su condena.

El Juez le fijó una multa de 100 mil dólares, pero los fiscales están pidiendo que se le aplique una multa de 5 millones de dólares, así como la confiscación de una residencia de su propiedad en Brownsville.

Cárdenas Vela ocupó la plaza de Matamoros tras la muerte de su tío, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias "Tony Tormenta", en noviembre de 2010.

El arresto del "Junior" ocurrió en Puerto Isabel, cuando policías locales lo arrestaron por una infracción de Tránsito.

" 12 ALCALDES de GUERRERO bajo "LUPA ANTINARCO" !!! y ...TAMAULIPAS ?

  • De acuerdo con una carpeta informativa que registra algunos de los trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado mexicano hasta julio de este año, desde el principio de 2014 se detectó que 12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, ya por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas.
MEXICO,D.F 17/Nov/2014 Catalogados como “objetivos de atención especial”, a fin de vigilar meticulosamente sus actividades cotidianas y sus relaciones —debido a sus posibles nexos con cárteles del narcotráfico—, ocho presidentes municipales pertenecen al PRD y cuatro al PRI. Y de los 12, dos ya han sido capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.  
Y sí, detrás de la mayoría de estos alcaldes, ha habido historias e imputaciones.
***
1. Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente municipal del PRD en Teloloapan, con posibles vínculos con el cártel de La Familia michoacana.
Sobre este alcalde circuló al inicio de su gestión, en octubre de 2012, un video donde un grupo de criminales de la organización con la que se le vincula lo secuestra momentáneamente, lo interroga en una camioneta y lo obliga a comprometerse con el cártel al que se le asocia. Posteriormente fue entrevistado y aceptó que en la zona de su municipio pudiera haber presencia del narco y trasiego de droga, pero rechazó que él, a pesar de las amenazas, formara parte del crimen organizado.  
2. Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal del PRD en Cuetzala del Progreso, con posibles vínculos con la el cártel de La Familia michoacana.
Este hombre fue detenido por la PGR el pasado 8 de abril, precisamente por supuestos vínculos con el crimen organizado, además del delito de secuestro. El 17 del mismo mes se le dictó auto de formal prisión. El perredista sufrió al menos un ataque de un grupo armado durante su gestión, padeció un secuestro perpetrado por criminales, “por narcos” que lo amenazaron, según dijo, y advirtió en alguna ocasión que si los gobiernos estatal y federal no le brindaban protección pediría licencia.  
3. Efraín Peña Damacio, presidente municipal del PRD en Apaxtla de Castrejón, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Durante una reunión en el Congreso guerrerense con la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el diputado federal perredista, Marino Miranda Salgado, denunció meses atrás que el grupo de autodefensa del municipio, autodenominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), encabezado por el alcalde, está infiltrado por el grupo delictivo Guerreros Unidos. El diputado afirmó que anteriormente La Familia michoacana dominaba la zona, hasta que llegaron ahí los de Guerreros Unidos. Según el legislador, en declaraciones recogidas por la prensa local, la guerra entre cárteles dejó decenas de muertes, desapariciones, secuestros, extorsiones y desplazamiento de pobladores a causa de la inseguridad, lo que llevó a la población del lugar a conformar un grupo de autodefensa encabezado por su presidente municipal, organización que habría sido penetrada por criminales.
4. Salomón Majul González, presidente municipal del PRI en Taxco, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
En Taxco, nada más en lo que va del año, han sido descubiertas fosas con 32 cadáveres, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guerrero. El año pasado ocurrió algo similar, cuando fueron halladas siete fosas clandestinas. Aun así, no hay una imputación ministerial que se conozca contra el edil. Sobre este alcalde son algunos medios guerrerenses los que han recogido denuncias acerca de sus supuestos vínculos que con criminales, y la protección que daría, junto con sus policías, a miembros de Guerreros Unidos. Luego de los hechos de Iguala, y de que surgieron nuevas imputaciones contra el alcalde, el oficial mayor del ayuntamiento, Raúl Burgos Ocampo, expresó al diario El Sur de Acapulco que “el presidente municipal está en la mejor disposición de que se abra alguna línea de investigación por parte del gobierno federal con relación a los señalamientos que se han vertido sobre vínculos con la delincuencia”.
5. José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal del PRD en Iguala, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Detenido. Su historia es bien conocida a consecuencia de la agresión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasados.
6.- Eric Fernández Ballesteros, presidente municipal del PRI en Zihuatanejo, con posibles vínculos con una organización denominada Granados-Beltrán Leyva.
De acuerdo con informes del gobierno federal, este lugar fue controlado desde los 90 por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y posteriormente por una de sus derivaciones, el Cártel Independiente de Acapulco. La Familia michoacana tuvo presencia ahí y desde hace varios años también el cártel de Los caballeros templarios, que hasta el año pasado regenteaba el vecino puerto de Lázaro Cárdenas. En Zihuatanejo Los templarios no solo extorsionaban a los comerciantes del lugar, sino que se daban el lujo de clausurar negocios que no les pagaran las cuotas que les exigían, como plasmaban continuamente los medios locales y hasta internacionales. A la vista de las autoridades locales, colocaban sellos de clausura para que los empresarios les pagaran.
Es una zona de constantes ejecuciones que son reportadas en la prensa regional: es común hallar en los diarios el reporte de asesinatos y cuerpos torturados y arrojados en la vía pública en diferentes puntos del municipio. Esto porque desde el año pasado la zona es violentamente disputada por Los templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En cuanto al grupo delincuencial Los granados, trabajaría tanto para los hermanos Beltrán Leyva como para el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, a pesar de todo este contexto, no se conoce una imputación directa contra el alcalde priista.       
7. Francisco Javier García González, presidente municipal del PRI en Chilapa de Álvarez, con posibles vínculos con el cártel regional Los Rojos.
Este alcalde ha sido acusado por algunos líderes de organizaciones sociales por sus presuntos nexos criminales. El Frente de Defensa Popular ha asegurado que el alcalde “incluyó en la Policía Rural a personas de la delincuencia y controla el comercio de drogas y otras actividades ilícitas que se generan en el municipio”. Así lo dijo en declaraciones a la prensa local Rodolfo Colorado Huisteco, coordinador del FDP en la región de La Montaña.
Este presidente municipal también ha sido señalado en videos reproducidos en medios locales y nacionales por tener vínculos con Los Rojos, el cártel contrario al de Guerreros Unidos. Y ante una de esas grabaciones, la más reciente, de julio de este año, el edil reaccionó con su propio video en You Tube, donde refuta las imputaciones:
“Niego categóricamente cualquier nexo con la delincuencia organizada. No es la primera vez que se me vincula en este tipo de situaciones. Sin embargo, yo invito a la ciudadanía a que analice el video, que es un video que está editado bajo presión (en la grabación el hombre que lo denuncia está sometido por sicarios armados con fusiles). Yo lo he comentado con el señor gobernador: le he dicho que si hay alguna persona que pueda señalarme, lo haga por la vía jurídica. Yo estoy abierto a cualquier investigación…”.
8. Mario Moreno Arcos, presidente municipal del PRI en Chilpancingo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
El presidente municipal de Chilpancingo sí ha sido objeto de imputaciones públicas, en particular de un polémico empresario, Pioquinto Damian Huato, ex líder de la Cámara Nacional de Comercio y ex secretario de Educación del estado (cuando Ángel Aguirre fue gobernador interino ante la renuncia de Rubén Figueroa), quien lo acusa de estar ligado a Los Rojos que operan en la capital guerrerense. Lo califica de narcoalcalde. El hombre lo acusó hasta de ser el autor del atentado contra él ocurrido en enero de este año: la camioneta en que viajaba fue baleada con alrededor de 70 proyectiles, su nuera murió y su hijo resultó herido.
En entrevista con MILENIO Televisión, el alcalde dijo en aquella ocasión, la del atentado, que no había ningún elemento contra él: “Lamento que un señor sin escrúpulos me acuse de manera irresponsable y afecte el buen nombre de mi familia”, declaró. En ocasiones posteriores ha rechazado tener vínculos con el crimen organizado y ha repetido que el empresario miente: “Esa persona miente en todas las afirmaciones que hace y acusa sin pruebas”.
9. Crescencio Reyes Torres, presidente municipal del PRD en La Unión de Isidoro Montes de Oca, con posibles vínculos con el cártel de Los caballeros templarios.
Uno de los acusadores principales de este alcalde es Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder prófugo de Los caballeros templarios: el delincuente, aparentemente por un pleito con el alcalde, lo liga a otro cártel, el de Jalisco Nueva Generación, a través del grupo delincuencial Los Granados que opera en la Costa Grande de Guerrero. Fue en un video subido en enero de este año a You Tube donde La Tuta dio detalles de su acusación. En respuesta, en declaraciones a la prensa local, el alcalde calificó de “totalmente falso” el cargo que le hacía Gómez Martínez. “Siempre he actuado apegado a la ley y estoy dispuesto a cualquier investigación que se haga”, dijo.
Desde junio del año pasado tanto el presidente municipal como su hermano recibieron acusaciones similares de diversos delincuentes. En ese entonces, Carlos Reyes Torres, hermano del alcalde, a la sazón dirigente estatal del PRD (también acusado por La Tuta), se deslindó y exculpó a su hermano de cualquier nexo con la delincuencia. En enero de este año aceptó que conoce a La Tuta, pero negó algún vínculo criminal con el líder templario y pidió a la PGR que investigue la razón de las imputaciones que le hizo el criminal.
10. Mario Alberto Chávez Carbajal, presidente municipal del PRD en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
Este alcalde trabaja en una zona que ha sido reportada por la prensa local como asediada por la violencia criminal. Sin embargo, el presidente suele negar que en su municipio haya problemas y presencia de algún grupo del crimen organizado.
No es nueva su actitud: a finales de 2012 desestimó la existencia de pueblos fantasma debido a la inseguridad y los constantes enfrentamientos entre grupos criminales. Sin embargo, la violencia fue tal a principios del año pasado, que todos los policías del lugar dejaron su trabajo. Después de enfrentamientos con delincuentes, el pasado 3 de abril se confirmó que los 22 policías preventivos que tenía el municipio renunciaron, al igual que los 13 agentes de tránsito que tiene la localidad.
Meses después, en agosto del año pasado, habitantes del municipio insistieron: en declaraciones al periódico El Sur, representantes de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec señalaron que su municipio tenía “serios problemas de inseguridad” y que la población estaba huyendo por la violencia del crimen organizado. El apoderado legal del núcleo agrario, Jorge Nava Guevara, dijo que, por temor, los desplazados de Tlacotepec se movían “en silencio” a otras zonas y que tal “discreción” la aprovechaba el alcalde “para deslindarse de los conflictos de violencia en la sierra”. Los habitantes de la zona también denunciaron que el crimen organizado hacía cobro de “impuestos”, pero el alcalde rechazaba que existieran tales extorsiones: aseguró que el problema del municipio es que colinda con poblaciones de otros ayuntamientos afectados por la delincuencia organizada.
A pesar de esas declaraciones del alcalde, hubo otro momento en que sí tuvo que aceptar que se vivía una situación de emergencia en su municipio. Fue en septiembre del año pasado, cuando más de 800 habitantes de la zona serrana huyeron de sus hogares, para evitar agresiones de grupos armados. Ahí sí, el presidente municipal explicó que los pobladores se desplazaron a la cabecera municipal de Tlacotepec en espera de que el Ejército mexicano subiera a esa zona para brindar seguridad a la gente.
Sin embargo, a pesar del contexto de violencia e inseguridad no se conoce una imputación directa contra el presidente municipal.
11. Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, presidente municipal del PRD en Leonardo Bravo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
La situación de inseguridad por la presencia del crimen organizado ha sido tal en la zona serrana de este municipio que en octubre pasado pobladores detuvieron durante treinta horas al alcalde, a Misael Medrano Baza, subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, y a Tomás Hernández Martínez, comandante de la Policía Estatal. Los liberaron cuando se comprometieron por escrito a solicitar la presencia permanente de las fuerzas castrenses en el lugar.
Sin embargo, no hay denuncia pública conocida contra el alcalde.     
12. Rey Hilario Serrano, presidente municipal del PRD en Coyuca de Catalán, con posibles vínculos con el cártel de Los caballeros templarios.
Sobre este municipio, desde hace años hay reportes de los cuerpos de seguridad del gobierno federal que lo identifican como territorio de los hermanos Beltrán Leyva, y en la prensa local es usual hallar información sobre casos de secuestrados, ejecutados, masacres (hasta de 16 personas), enfrentamientos entre diferentes grupos armados, y desplazados por amenazas de narcotraficantes, pero no hay imputación directa que se conozca contra el alcalde.  
Lo que dijo Aguirre
- El pasado 7 de octubre, el entonces gobernador en funciones, Ángel Aguirre, anunció que los 81 presidentes municipales y sus respectivas policías serían investigados a fondo y las conclusiones enviadas al presidente Enrique Peña.
- “Sabemos de la infiltración de la delincuencia en varios municipios. Desde ahora estamos exigiendo que, con el apoyo del gobierno federal, en aquellos casos que logremos acreditar que hay policías como en Iguala podamos actuar pronto y de manera resuelta”, dijo el ahora mandatario local con licencia.

Le CAE la DEA a EQUIPOS de la NFL"...buscaban DROGAS y MEDICAMENTOS CONTROLADOS !!!

  • Agentes de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) se presentaron el domingo sorpresivamente para revisar al personal médico de al menos tres equipos que jugaron como visitantes en la NFL, como parte de una investigación tras acusaciones de ex jugadores sobre uso indebido de medicamentos de uso controlado. 
Washington 17/nov/2014 No hubo arrestos, informó el vocero de la DEA, Rusty Payne. El personal médico de los 49ers de San Francisco fue revisado en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, luego de enfrentarse a los Giants de Nueva York. La inspección al equipo médico de los Buccaneers de Tampa Bay se realizó en el aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington, luego de enfrentarse a los Redskins. 

Es una operación sin precedentes a una liga deportiva profesional Los Seahawks de Seattle, que jugaron en Kansas City ante los chiefs, confirmaron mediante su cuenta en Twitter que también se les sometió a una revisión. La operación no había concluido y otros equipos podrían ser revisados más tarde, comentó Payne. "Agentes de la DEA se encuentran entrevistando a doctores de equipos de la NFL en varias sedes, como parte de una investigación en curso sobre posibles violaciones a la (ley de sustancias controladas", informó Payne. 

Las inspecciones fueron realizadas por investigadores de la DEA a nivel federal. No se enfocaron en cierto personal, sino que se realizaron para determinar si los equipos visitantes de la NFL trabajaban en cumplimiento con la ley federal. Los agentes solicitaron documentación del personal médico de los equipos visitantes para cualquier sustancia controlada en su poder, y evidencia de que los doctores tenían permisos para ejercer la medicina en el estado del equipo local. "Nuestros equipos cooperaron hoy con la DEA, y no tenemos información para indicar que se haya encontrado alguna irregularidad", señaló el vocero de la NFL, Brian McCarthy en un correo electrónico. Se deriva de una demanda La investigación a lo largo de los Estados Unidos es dirigida por la Fiscalía General del Circuito del Sur de Nueva York - donde está establecida la NFL - pero involucra a varias fiscalías del país. 

El número de demandantes ha crecido a más de 1.200 La investigación se deriva de una demanda interpuesta en mayo a nombre de ex jugadores de la NFL desde 1968. El número de demandantes ha crecido a más de 1.200, incluyendo decenas que jugaron tan recientemente como en 2012. Cualquier infracción a las leyes federales antidrogas desde 2009 también podría derivar en una investigación penal porque no estaría sujeta a las limitantes de cinco años establecidas por la ley. "Es una operación sin precedentes a una liga deportiva profesional", dijo Steve Silverman, uno de los abogados de los ex jugadores. "Confío que la evidencia revisada y validada que generó estas acciones haya sido sustancial y convincente".

 Los fiscales federales han realizado entrevistas en al menos tres ciudades en las últimas tres semanas, incluyendo dos días en Los Ángeles a finales de octubre, donde se reunieron con al menos media docena de ex jugadores - entre ellos dos nombrados en la demanda por analgésicos_, de acuerdo con gente con conocimiento directo de tales reuniones. Los médicos habrían retenido información de lesiones Esas personas hablaron bajo condición de anonimato debido a que los fiscales les solicitaron discreción sobre tales reuniones. La demanda alega que la NFL y sus equipos, médicos y de acondicionamiento, actuaron imprudentemente con respecto a la salud de los jugadores, al retener información sobre lesiones y al mismo tiempo repartir analgésicos controlados como Vicodin y Percocet.

 Los ex jugadores han reportado un amplio espectro de efectos debilitantes Igualmente, habrían distribuido anti inflamatorios como Toradol para disimular el dolor y minimizar el tiempo de ausencia de los jugadores por lesiones. Los jugadores señalan que algunos equipos llenaban recetas a nombre de los jugadores sin su conocimiento o consentimiento y luego entregaban dichas sustancias -de acuerdo con uno de los abogados de la parte acusadora— "como si fueran caramelos en noche de brujas" y combinarlos en "cócteles". Varios ex jugadores entrevistados por la AP describieron las filas de compañeros que esperaban a recibir su inyección el día del partido. Esas colas eran tan largas que salían del consultorio médico. 

Otros recordaron los vuelos a casa, en que el personal médico caminaba por los pasillos del avión y los jugadores les pedían con los dedos el número de pastillas que querían. La ley de sustancias controladas indica que solo los médicos y los practicantes de enfermería pueden entregar estos medicamentos, y solo en los estados en los que cuentan con licencia. Asimismo, establece estrictos requerimientos para adquirir, etiquetar, documentar y transportar dichas drogas. 

Los médicos sin licencia violarían la ley con el simple hecho de llevar medicamentos que requieren receta para su venta. Los ex jugadores han reportado un amplio espectro de efectos debilitantes, desde dolores crónicos en músculos y huesos hasta daño permanente en órganos y nervios, así como adicción. Aseguran que esos problemas de salud vienen del uso de las sustancias, pero no se ha comprobado un vínculo entre esas condiciones con el uso prolongado de analgésicos.



EXTRADITAN al "MOCHOMO" a los ESTADOS UNIDOS !!!

  • Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", fue extraditado el pasado 15 de noviembre, anunció en un comunicado el Gobierno estadounidense.
Washington DC, Estados Unidos (17 noviembre 2014).- El  mando del cártel de los Beltrán Leyva acudirá hoy a un tribunal en Washington ante el juez Alan Kay bajo cargos de asociación delictuosa y posesión de drogas ilegales con fines de distribución.

Los fiscales federales estadounidenses afirman que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva envió a Estados Unidos toneladas de cocaína proveniente de Sudamérica.

Las autoridades reportaron que Alfredo encabezaba la organización junto con sus hermanos Arturo y Héctor.

Arturo Beltrán Leyva fue asesinado en 2009 en una balacera con infantes de la Armada de México, mientras Héctor Beltrán Leyva fue arrestado recientemente durante una operación de las fuerzas especiales militares.

"Las drogas ilegales distribuidas en todo Estados Unidos por los Beltrán Leyva han arruinado incontables vidas en este País y han cosechado caos y violencia en todo México", declaró Peter Edge, director asociado de la unidad de investigaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas.

"El arresto de Alfredo Beltrán Leyva representa un importante avance en el combate a las organizaciones criminales trasnacionales", dijo, por su parte, la subprocuradora Leslie Caldwell, del Departamento de Justicia estadounidense.

"Mochomo", el menor de los hermanos Beltrán Leyva, fue arrestado en enero del 2008 en Culiacán.

La Cancillería anunció que sería extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2013, aunque el proceso se alargó después de que Beltrán Leyva presentara un amparo.

GRUPO HIGA :"Siguen los CONTRATOS al CONSTRUCTOR FAVORITO de PEÑA NIETO !!!...

  • La empresa que construyó la “casa blanca” de Las Lomas, recibió en el gobierno Peña Nieto el contrato para realizar la obra del Acueducto Monterrey, por el que se pagarán 47 mil millones de pesos.
MEXICO,D.F 17/Nov/2014 (Aristegui)  El pasado 8 de septiembre, Grupo Higa -dueño legal de la residencia de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, en Lomas de Chapultepec- ganó junto con otras empresas la licitación para construir el acueducto VI en Monterrey, Nuevo León, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.
La construcción del acueducto VI fue una promesa hecha por Peña Nieto cuando era candidato presidencial, en 2012.
En abril pasado, cuando visitó la ciudad de Nuevo León, el presidente recordó su compromiso de campaña ante empresarios de la entidad.
“Y finalmente, como lo comprometí, precisamente, a unos metros de este lugar en donde nos encontramos, en la Arena Monterrey, apoyamos la construcción del acueducto Monterrey 6, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas. Hoy puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros”, dijo el mandatario mexicano.
Además de Concretos y Obra Civil del Pacífico -subsidiaria de Grupo Higa-, el consorcio ganador de la obra está integrado por Controladora de Operaciones de Infraestructura, Recsa concesiones, Productos y Estructuras de Concreto y Desarrollos Rogar.
La obra se financiará con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Nuevo León. De forma mensual,  se pagarán 124.9 millones de pesos hasta el año 2041.
MVS solicitó, vía la ley de transparencia, copia del contrato suscrito con el consorcio ganador, pero el estado de Nuevo León informó que el documento se encuentra reservado para su consulta pública.
La obra ha generado el rechazo de ciudadanos y organizaciones civiles, como el Movimiento de Activación Ciudadana (Movac), por considerar que su construcción es onerosa.
Grupo Higa también ha ganado contratos con el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, con quien tiene una larga relación empresarial desde su gobierno en el Estado de México y que también construyó la residencia de su esposa en Lomas de Chapultepec.
A Eolo Plus -la empresa que rentó aeronaves para la campaña presidencial de Peña Nieto-le han sido entregados contratos por unos 30 millones de pesos por transportación aérea.
Hacienda le dio una adjudicación directa por 6 millones de pesos; Banobras -dirigida por Alfredo del Mazo Jr., primo del presidente- le entregó una adjudicación de 10.7 millones; la Secretaría de Economía también le dio contratos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio una adjudicación directa por 5.5 millones de pesos; bajo la misma modalidad, Bancomext le entregó 1.5 millones de pesos. Nacional Financiera le dio 2.6 millones en contratos; mientras que Pemex le dio casi 4 millones por transportación aérea.
De acuerdo con el semanario Proceso, Constructora Teya -otra filial de Grupo Higa- ganó la obra para remodelar el hangar presidencial, por concepto de 100 millones de pesos.
Teya forma parte del consorcio de empresas nacionales y extranjeras que ganaron y sorpresivamente le fue retirado el fallo para construir el tren de alta velocidad México-Quéretaro, una de las principales obras del gobierno de Peña Nieto.
El pasado domingo 9 de noviembre, Aristegui Noticias difundió el reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, en el que se documenta que el presidente y su familia ocupan una residencia en Lomas de Chapultepec que fue construida a su gusto por ingeniería inmobiliaria del centro, filial de Grupo Higa.
La obra se hizo al mismo tiempo que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México tenía contratos con la empresa.
Este sábado 15 de noviembre, al concluir una gira por China y Australia, el presidente Peña Nieto ofreció un mensaje en el cuál fue cuestionado por la propiedad que ahora se conoce como “La Casa Blanca”.
Peña Nieto aseguró que esta semana, a través de su vocería, se difundirá más información sobre la propiedad.
“Sobre el asunto de la casa que usted refiere dejaré que en el curso de esta semana la vocería de la presidencia de la república amplíe la información que ya dio en el curso de esta semana, en lo que sin duda son aseveraciones imprecisas y carentes de sustento. Pero dejemos que con información y con documentación correspondiente pueda hacerse un esclarecimiento sobre este tema”, indicó.
Desde el día de la divulgación del reportaje, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, difundió una nota informativa en la que confirmaba que la casa es propiedad de Grupo Higa, pero que Angélica Rivera la está pagando a través de un contrato privado y pagarés.
Sin embargo, hasta ahora la Presidencia no ha presentado evidencia documental que compruebe que la primera dama está pagando por la Casa Blanca.

2,543 POLICIAS : " Los DETENIDOS por SERVIR al CRIMEN !!! ...de 2010 al 2014 revela SONDEO".

 
  • La mayor parte de los elementos detenidos pertenecen a corporaciones municipales y estatales.
MEXICO,D.F 17/Nov/2014 La corrupción y los vínculos entre la policía y los criminales en México no es un tema nuevo en la agenda de seguridad. Un monitoreo de medios  revela que en los últimos cinco años fueron detenidos dos mil 543 policías en todo el territorio mexicano. Extorsión, abuso de autoridad, homicidio y retención de personas para entregarlas al crimen organizado, son algunos de los delitos en los que las fuerzas del orden se han visto involucrados.
México es el tercer país con mayor número de policías en el mundo, únicamente lo supera India y Estados Unidos. Pero ni estos 519 mil 739 agentes de seguridad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han podido contener los embates de los criminales. Se calcula que siete de cada 10 miembros de las fuerzas municipales han sido infiltrados por el crimen organizado, asegura Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT y quien funge como secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
Hace 60 días, las fallas de los cuerpos de seguridad del país volvieron a salir a la luz pública, y mostraron una policía débil y corrupta. La noche del 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Los resultados de las investigaciones fueron crudos: la policía municipal de Iguala atacó, detuvo y supuestamente entregó a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos. Los buenos se convirtieron en los malos.
Hace más de 30 años que las fuerzas del orden son parte de las nóminas del crimen, afirma Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). “Lo único que pasó con el gobierno de (Felipe) Calderón, es que todas estas relaciones se destaparon”.
Pero el problema no se rige únicamente por dinero. Las pésimas condiciones de trabajo y la falta de un proyecto policiaco han generado que los guardias tengan una sensación de abandono por parte de la institución. “Hay un desencanto en la carrera policial,” sentencia Elena Azaola, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (Ciesas).
Sin un sitio oficial con cifras sobre esta problemática, EL UNIVERSAL realizó un monitoreo de medios, de 2010 a octubre 2014, en el que se encontraron 244 eventos en los que se detuvo a algún oficial de las fuerzas públicas. Para 2014, año que aún no finaliza, los registros ya van por encima de las 50 notas.
Ayotzinapa no es el primer caso y parece que no será el último. En mayo de 2011 se reportó la detención de 23 policías en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato, por tener vínculos con grupos del crimen organizado. Una de las tareas que realizaban era vigilar a probables víctimas, detenerlas y entregarlas al cártel de La Familia Michoacana.
El distanciamiento entre la sociedad y las fuerzas del orden es grande, afirma Barrón, y casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, Estado de México, lugar en que al parecer miembros del Ejército ejecutaron a supuestos delincuentes, lo ha incrementado.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró que 90% de los encuestados considera a la policía como la institución más corrupta de México.
En cambio, la empresa The Harris Poll de Estados Unidos publicó que tres de cada cinco estadounidenses consideran la carrera de oficial de policía como una de las profesiones con mayor prestigio en la unión americana.
¿Qué salió mal?
En 2010, diversos organismos comenzaron a reportar no sólo el alza en delitos como el secuestro y la extorsión, sino la suma de un nuevo factor que lo hacía más estremecedor.
Causa en Común, organización no gubernamental dedicada a exigir mayor rendición de cuentas a las autoridades, denunció que en siete de cada 10 privaciones de la libertad que ocurren en México están involucrados policías o ex policías.
Hasta septiembre de 2014 se reportaron mil 529 plagios en el país. Si este cálculo es una muestra de la realidad cotidiana, las fuerzas del orden participaron en cerca de mil raptos.
Barrón señala que esta descomposición policiaca comenzó en los años 80. De repente “tienes una sociedad que va cambiando en razón del nivel educativo, pero los policías se quedaron rezagados”.
En 2011, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reportó que 70% de los policías municipales sólo contaban con educación básica, es decir, hasta secundaria.
La policía juntó los elementos perfectos para ser un blanco fácil del crimen organizado. En lugares como Tamaulipas, zona reconocida a nivel mundial por su alta penetración del crimen en esferas gubernamentales, hay agentes estatales con honorarios que apenas sobrepasan los tres mil pesos mensuales.
Se calcula que los oficiales deben obtener, al menos, 30% más de ingresos a través de “la mordida” (dinero a cambio de evadir multas) o actos de corrupción y así “solventar más o menos su nivel de vida,” asegura Barrón del Inacipe.
Dos de cada tres policías detenidos, de acuerdo con el monitoreo de El UNIVERSAL, pertenecían a corporaciones de Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Durango y Estado de México. Un policía de Michoacán se enfrenta todos los días a las estadísticas más altas del país en homicidios, 49 asesinatos por cada mil habitantes, a cambio de nueve mil pesos mensuales y una jornada de hasta 16 horas continuas.
Sin apoyo de su institución y sobrellevando situaciones de violencia para las que incluso no están suficientemente capacitados, los oficiales se ven envueltos en un círculo de corrupción casi imposible de sortear. Entre 2010 y 2012, años en los que la violencia arreció en la mayor parte de México, los jenízaros municipales se convirtieron en simples “levanta casquillos”.
Las órdenes eran claras, ninguno podía acercarse a casos de violencia que tuvieran que ver con el crimen organizado, dice Aguilar.
Además, el tiempo de preparación de la fuerza policiaca es absurdo e insuficiente. Un guardián de calle en Chile tiene una educación de un año y medio, en Colombia un año, en Argentina de uno a tres y en México “cualquiera puede ser policía, en promedio, en seis meses o hasta menos”, afirma Barrón.
El ejemplo más claro es la Gendarmería Nacional, policía de élite que fue presentada en agosto de este año y que tan solo fue entrenada cuatro meses.
Pruebas de confianza caras
El gobierno federal ha presumido que 65% de los policías del país ya están evaluados, pero esta cifra no representa nada en la seguridad de México. El tema de la certificación se planteó como la solución para tener elementos confiables en las instituciones de seguridad desde el sexenio pasado.
Pero casos como los de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Estado de México, entre otros, siguen mostrando que gastar cerca de dos mil millones de pesos sólo en pruebas de polígrafo, no es suficiente para terminar con la complicidad de policías y delincuentes.
A un mes de que terminó el plazo para que todas las policías del país acreditaran los exámenes del Centro de Evaluación, Control y Confianza (C-3), nadie sabe cuál será el destino de 40 mil 25 agentes estatales y municipales que siguen trabajando pese a haber reprobado los exámenes, según cifras reveladas por el SESNSP.
Azaola asegura que este tipo de mecanismos “no te pueden garantizar que las instituciones realmente funcionen bien”. Y mientras no se implemente una reforma que incluya buena capacitación y elementos tan sencillos como seguridad social para los policías, seguirán presentándose casos en que los agentes elijan trabajar con los criminales.
La aprehensión y destitución de agentes se ha convertido en una práctica recurrente del gobierno para cuantificar sus avances en materia de seguridad, pero estas acciones sólo le confirman a la población la fuerte vulnerabilidad que hay en las instituciones y una falta de control, explica Barrón.
La solución para controlar los niveles tan altos de inseguridad está lejos del alcance de los policías. Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, indica que los factores para contrarrestar el problema en las corporaciones son varios y requieren tiempo, pero por lo menos “necesitas una institución que le brinde seguro médico a sus policías”, asegura el experto.
FUENTE.-El Universal.

JOAN SEBASTIAN,su HERMANO y el CARTEL "GUERREROS UNIDOS"...otra fotografía de AYOTZINAPA !!!

  • ¿Cuántos artistas en México han sido identificados por vínculos con el crimen organizado? La nebulosa del tráfico de drogas y sus ramificaciones al tráfico de armas y a la trata de personas, particularmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual, incluye gente del espectáculo y los deportes. Y México no es la excepción.
MEXICO,D.F 17Nov/2014 Ante el crimen de estado de Ayotzinapa, mientras la Procuraduría General de la República intenta armar la teoría del delincuente solitario, en este caso, el alcalde de Iguala José Luis Abarca a quien pretende inculpar en solitario por la desaparición forzada de los 43 normalistas, existen otras hipótesis que ofrecen una fotografía completa de la podredumbre en Guerrero.

Los reflectores se sitúan frente a Joan Sebastián. El cantante tiene un pasado y una familia controvertida que en distintas ocasiones ha sido investigada por su presunta participación en redes delincuenciales. 

Conocido mejor como “El Rey del jaripeo”, su historial está lleno de sucesos controvertido en ese sentido. Por ejemplo, el 27 de mayo de 2012 balacearon su automóvil estacionado afuera del bar donde asesinaron a su hijo Juan Sebastian en 2010, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Fueron tres impactos de bala en el cofre, pero las autoridades ocultaron toda la información y entregaron el vehículo a Marco Figueroa, el hermano incómodo de Joan Sebastian. 

Sin embargo, en aquella ocasión se informó que el joven de 32 años fue asesinado en una riña con el personal de seguridad de un centro nocturno en la colonia Teopanzolco, en Cuernavaca, aunque después los testimonios señalaban a una persona que lo esperaba a la entrada del antro, en donde le disparó a quemarropa el sábado 12 de junio. 

Cuatro días después del asesinato, apareció una manta firmada por el Cártel del Pacífico Sur, una escisión del de los Beltrán Leyva, que reivindicó el asesinato en “cumplimiento de labores de seguridad en pro de Morelos”. El texto de la manta no dejaba dudas: “A la ciudadanía en general de Morelos aquí esta Guillermo Vargas padre e hijo colaboradores del homosexual Edgar Valdez Villareal La Barbie, trasiego de la muerte de Juan Sebastián Figueroa por la disputa de una mujer por problemas pasados, esta gente colaboraba con el traidor, si las autoridades no pueden, nosotros si, no descansaremos hasta acabar con las lacras de Morelos, atentamente CPS”.

Ese hecho, le dio solidez a la sospecha que desde hacía años pesaba sobre Joan Sebastian, quien en 2004, fue involucrado directamente en actividades de tráfico de drogas. Un ex policía denunció su presunta relación con Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, líder del Cártel de Juárez. El testimonio señalaba al cantante por almacenar droga en sus propiedades. El cantante lo negó y la PGR no lo molestó. 

Pero el tema lo persigue. Tanto es así que incluso el cantante salió a dar la cara negando vínculos con el crimen organizado: “Yo no soy un narcotraficante”, dijo luego del asesinato de su hijo Juan Sebastian.

 No fue la única vez que Joan Sebastian era relacionado con el narcotráfico. Cuatro años antes, después del asesinato de su hijo Trigo de Jesús Figueroa, en la madrugada del domingo 27 de agosto de 2006 en Texas, surgieron otras hipótesis. 

A pesar de todo, Joan Sebastián es un hombre poderoso y la Procuraduría General de la República no lo molesta. Los crímenes de sus hijos nunca se resolvieron cabalmente, tampoco el atentado que sufrió cuando balacearon su coche. Las autoridades mexicanas no lo molestan. Ni siquiera ahora, cuando después de la tragedia de Ayotzinapa, surge nuevamente la mención a los Figueroa y en concreto, el nombre de su otro hermano “incómodo”, Federico Brito Figueroa. 

Al hermano de Joan Sebastián lo citaron junto al diputado local por el Partido del Trabajo y ex presidente municipal de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, en calidad de testigos el pasado mes de mayo, por el asesinato de Alejandro Exiquio Rodas, de 35 años, decapitado y desmembrado en un puente peatonal ubicado sobre la autopista México-Cuernavaca, donde colocaron dos “narcomantas” en las que se vinculaba directamente a Federico Figueroa y a Noé Reynoso Nava, alcalde de Amacuzac, Morelos, con el cártel de los Guerreros Unidos, el mismo que está vinculado junto con los narcopolíticos, narcopolicías y narcomilitares, con el crimen de Estado de Ayotzinapa. 

Las mantas decían que Figueroa se “esconde” en su lujoso rancho de Teacalco y que recibe protección de la policía de Taxco, municipio guerrerense administrado por el priista Salomón Majul González. De hecho, Joan Sebastián nació en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón. 

El mensaje textual de la manta: “Para Federico Figueroa nuevo jefe de los Guerreros Unidos, ya no seas tan puto y sal a dar la cara como hombre. Ya deja de estar engañando al gobierno de Cuernavaca Morelos, negando los vínculos que tienes con tu compadre Mario Casarrubias, sabemos que estás en tu rancho de Teacalco, Guerrero con la protección de la policía municipal de Taxco Guerrero. Quienes reciben la orden de proteger por Erubiel Salado Chávez, director de Seguridad Pública municipal que al igual que tu es un puto rata secuestrador de mierda y responsable de los secuestros en Taxco. También sabemos la relación que tienes con el Mencho, líder del cartel de Jalisco en Guadalajara. Ya no engañes más al gobierno de Morelos y Guerrero. Gente de Taxco ya no se dejen intimidar por esta clase de gente culera. Atte. Morelos Unidos. Vamos por todos hijos de su puta madre, salgan a pelear mierdas. Por Taxco y por Morelos”. 

El presunto ascenso del hermano de Joan Sebastián en el liderazgo de Guerreros Unidos ocurrió, supuestamente tras la detención de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, en julio de 2012, en la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal.

 Como se ha informado, los Guerreros Unidos, mantienen una sangrienta guerra contra Los Rojos y La Familia, por el control del corredor de drogas Cuernavaca-Acapulco, un territorio que anteriormente era controlado por Arturo Beltrán Leyva, el “jefe de jefes”, abatido en un operativo de la Marina realizado en un lujoso conjunto de departamentos de Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009. 

La familia Figueroa de Joan Sebastián, son supuestamente empresarios dedicados a la ganadería y la organización de jaripeos, también al mundo del espectáculo con su empresa denominada Promociones Figueroa. Son gente acaudalada con relaciones de poder que se extienden a políticos, policías e incluso miembros de las fuerzas armadas. 

La sombra del narcotráfico no es la única que se sitúa sobre Joan Sebastián, también la de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hay testimonios que hablan de esclavitud sexual que existe presuntamente en su rancho, centro neurálgico de operaciones.

 La acusación llega directamente de Edwin Lanuza, padre de una de las novias del cantautor, quien asegura que éste trata como “prostituta” no sólo a Margareth, sino a Esther, la menor de sus dos hijas. 

En ese entonces, Joan Sebastian con 63 años y Margareth con 18 años formaban una pareja peculiar: “Joan Sebastian las pasa a traer a la casa a la hora que sea para hacer sexo, entonces mis hijas no están trabajando con él, las tiene como en un clan de prostitutas y eso es lo que yo no quiero. Joan Sebastian se aprovechó de la situación para hacerlas unas prostitutas”, declaró su suegro hace algunos años. 

Y responsabilizó a Joan Sebastian de la relación que su hija menor sostenía con Alejandro Fernández: “Como que Joan utilizó a Alejandro para decirle ‘tengo unas buenas chicas que vienen de Guatemala ayúdame a convertirlas en esta noche en unas chicas ‘p’ y Joan estaba seguro de que Esther no se iba a resistir a Alejandro por su dinero, su fama”. 

Si Joan Sebastián está involucrado en trata de mujeres con fines de explotación sexual, como se denunció desde hace años, la Seido debería intervenir. 

Lo que realmente sorprende, es que a estas alturas la Procuraduría General de la República (PGR) no haya molestado a los Figueroa para interrogarlos sobre el caso Ayotzinapa. ¿Será porque los Figueroa están muy bien relacionados con políticos del PRI y del PRD? 
Tal vez, sea necesario recapitular, es decir, retroceder a la dinastía de otra familia Figueroa. Me refiero a Rubén Figueroa I, gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, período en el que se instauró la llamada “guerra sucia”. Y el Segundo Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero 1993-1999 responsable de la matanza de “Aguas Blancas” de 17 campesinos. Y el Tercer Rubén Figueroa, diputado local de Guerrero por el PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de ese estado.

 ¿Hasta donde llega la podredumbre en Guerrero? ¿Quienes son todos los narcopolíticos involucrados en el crimen de Ayotzinapa? ¿Cuántos policías y militares están en la nómina de los Guerreros Unidos? ¿Hasta dónde llega la connivencia entre el PRI y el PRD de los Chuchos? Y lo más importante: ¿Por qué la PGR no ha interrogado a nadie que lleve el apellido Figueroa?

Fuente.-SanJuanaMtz