Casi dos años. Veintidós meses de balaceras, bloqueos, miles de muertos y miles de levantados, ademas de comunicados oficiales que insisten en que «la situación está bajo control» mientras Culiacán se convierte en un pueblo fantasma con antenas de telefonía. Y ahora, para que nadie diga que no lo vieron venir, el Colegio de Economistas de Sinaloa tuvo que hacer lo que la 4T se ha negado a hacer desde el primer balazo: ponerle números a la tragedia.
La cifra es una bofetada: 27 mil 349 empleos formales perdidos y 4 mil 704 registros patronales borrados del mapa entre abril de 2024 y abril de 2026. Casi 60 mil personas simplemente se dieron de baja del mercado laboral, no porque encontraron algo mejor, sino porque ya no hay nada que hacer cuando tu changarro está en medio de la línea de fuego entre «Los Chapitos» y «La Mayiza» en medio de evidencias que apuntan el gobierno tomó partido y eso huele a mas violencia.
Y por si faltara subrayar el desastre: 84 mil sinaloenses empacaron y se fueron. No de vacaciones. De su tierra. Porque el Estado —con mayúscula y con todo y Guardia Nacional desplegada— no pudo, no supo o no quiso garantizarles ni el derecho más elemental: seguir viviendo donde nacieron.
Culiacán, que se presumía como motor agroindustrial y comercial del noroeste, cerró 2 mil 500 negocios. Otros mil echaron el cerrojo en el sur del estado. Eso no es «desaceleración económica», esa es la palabra con la que el eufemismo institucional intenta maquillar lo que los propios economistas ya no están dispuestos a disfrazar: colapso.
Y aquí está el dato que debería incomodar a cualquiera con uniforme, cargo público o discurso mañanero: esta no es una guerra contra el crimen organizado. Es una guerra entre facciones del mismo cartel, la misma estructura que durante años operó con la complicidad, la omisión o de plano la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno.
El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal: todos con presencia, todos con presupuesto, todos con «operativos especiales» anunciados en conferencia. Y aun así, la pelea de bandos de la misma mafia por el control de plazas, rutas y fentanilo se ha comido literalmente la economía de un estado entero.
Porque no nos digamos mentiras: cuando el aparato de seguridad del Estado mexicano —ese que se jacta de «inteligencia x coordinación»—bajo la batuta del estratega Omar García Harfuch, es incapaz de contener ni siquiera un pleito interno de una misma organización criminal, lo que se derrumba no es solo la paz pública. Se derrumba la inversión, se derrumba el empleo, se derrumban las remesas de vuelta, se derrumba la posibilidad de que un joven sinaloense crezca pensando en algo distinto a huir o sobrevivir.
El propio Colegio de Economistas lo dice sin anestesia: existe «ausencia de autoridad gubernamental» en Sinaloa. Tradúzcase sin diplomacia: el Estado mexicano perdió el control territorial, económico y social de una de sus entidades más productivas, y en lugar de decretar la emergencia que la realidad exige, prefiere la estrategia de siempre —negar, minimizar, esperar a que pase—, mientras la factura la pagan los que menos culpa tienen: comerciantes, jornaleros, familias que hoy son estadística de desplazamiento interno en su propio país.
La guerra entre bandos de la misma banda no solo cuenta sus muertos en fosas y en portadas. También cuenta sus muertos en changarros cerrados, en empleos que ya no existen, en un estado que se vació de gente porque el gobierno decidió que su prioridad no era gobernar, sino administrar el silencio. Y si algo debería aterrar más que las balaceras, es que ni con esta cifra brutal sobre la mesa, alguien en Palacio Nacional parece dispuesto a llamarle emergencia a lo que ya es, desde hace mucho, una catástrofe.
Con información: NOROESTE/
