«DIPUTADETE al SERVICIO de MORENA y AMERICO QUIERE JUGAR al TORQUEMADA con INICIATIVA de LEY que VIOLENTA TODAS las LEYES»… un desvarío legislativo como herramienta de control político disfrazada de moral pública.

Cuando un legislador juega con los principios del Estado de Derecho como si fueran fichas de dominó, lo menos que merece es ser exhibido ante la razón y el derecho. El diputado de Morena Marco Gallegos, en su ímpetu de aprendiz de dictador, ha decidido patear la Constitución y vestir su atentado con ropajes de “reforma”. Su iniciativa, que propone suspender derechos políticos a quien meramente esté vinculado a proceso penal, es un disparate mayúsculo y, jurídicamente, un acto de barbarie con membrete legislativo.

Basta abrir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —esa que al parecer Gallegos no ha hojeado desde el bachillerato— para advertir el choque frontal de su ocurrencia con el derecho positivo mexicano.

Artículo 14. Nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. La iniciativa de este legislador prescinde del juicio; pretende castigar antes de probar.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona o derechos sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal. El “auto de vinculación a proceso” no funda ni motiva culpabilidad; apenas abre la puerta a una investigación.

Artículo 20, apartado B, fracción I. Todo imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. Gallegos, con olímpico desprecio, pretende que su sola vinculación baste para arrinconarlo en la picota pública.

Artículo 35, fracción II. El derecho a ser votado en condiciones de equidad. Su iniciativa viola este principio de manera flagrante, sustituyendo el voto ciudadano por la sospecha judicial.

Y si esto no bastara, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, numeral 2) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11) recalcan que nadie puede ser considerado culpable antes de una sentencia firme. Es decir, ni la ONU ni la lógica acompañan al diputado tamaulipeco que sueña con ser alcalde de Reynosa y que exhibe capacidades que no lo permiten.

El choque con la ley local

En Tamaulipas, el Código Municipal y la Ley Electoral establecen que la inhabilitación procede únicamente cuando existe auto de formal prisión. Ese concepto, derogado en el sistema acusatorio pero sustituido funcionalmente por la resolución de vinculación con pruebas plenas, conserva su principio: debe haber elementos sólidos que justifiquen una privación cautelar de libertad. Gallegos, sin entender ni eso, pretende equiparar indicios con culpa, y sospecha con delito.

El resultado jurídico: una herramienta de control político disfrazada de moral pública.

El resultado democrático: un campo minado donde cualquiera puede ser decapitado electoralmente con una denuncia sembrada,la especialidad d de la caza…de politicos antagónicos.

El pecado capital: confundir el Derecho con el poder

Lo más grave no es la ignorancia —que ya sería preocupante—, sino la temeridad de legislar al servicio del autoritarismo. Si esta iniciativa prosperara, bastaría un teléfono descolgado para fabricar culpables y callar adversarios. La presunción de inocencia moriría en manos de un Parlamento convertido en verdugo al servicio del oficialismo MORENO.

Uno podría conceder a Gallegos el beneficio de la duda, suponer que firma lo que no entiende o que obedece lo que le dictan; pero incluso eso lo incrimina. Porque el legislador que vota sin saber destruye sin ser consciente. Y la inconsciencia no exime de responsabilidad constitucional.

El diagnóstico final

Esta propuesta no es reforma, es regresión; no es de justicia, sino de manipulación; no es ingenuidad, sino dolo político revestido de torpeza. 

Sustituir la garantía de inocencia por la sospecha procesal es una afrenta al artículo primero constitucional, que obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En suma, el diputadete Marco Gallegos ha cometido el más elemental de los errores jurídicos: confundir la ley con la ira partidaria. Su iniciativa no edifica justicia; levanta un tribunal de inquisición moderna.

Y si todo esto lo hizo por obediencia ciega a su «huachigobernador», este deberia ser la primera víctima de lo que el legisla, manchado hasta el cogote y podrido hasta la medula.

Pero ademas,quien legisla sin pensar, legisla contra el pueblo.

Con informacion: HoyTamaulipas/ Medios/ Redes/