En un sistema donde la justicia se convierte en moneda de cambio, la puerta giratoria no solo la empujan jueces con resoluciones polémicas, sino también policías y militares que por su malísima preparación,ademas de malas prácticas, siembran la semilla de la impunidad; así, la responsabilidad se diluye entre quienes acusan y quienes deciden, mientras la sociedad paga el precio de su desencuentro.
Este dia el titular de la Secretaria de Seguridad Federal,hablo como acostumbra,a “bote pronto” y para acusar a jueces de liberar delincuentes, pero no repara ni tan solo un segundo, que la conducta procesal de policias aprehensores ,incluidos los militares,contribuyen mas de las veces a casi obsequiar esas libertades que reclama, pues la defensa de presuntos criminales suele hacer valer ante Ministerios Públicos y Jueces los procedimientos fuera de norma y echar abajo lo que parecían buenas capturas.
La policia y la “simulación militar” y su impacto en las liberaciones
Un reportaje de RIO DOCE en su EDICION IMPRESA # 1113, expone una práctica sistemática en Sinaloa y que es replicada en otras regiones,donde elementos del Ejército Mexicano detienen a presuntos delincuentes armados, pero evitan presentarlos directamente ante el Ministerio Público. En su lugar, ordenan a policías estatales o municipales que elaboren y firmen los informes de detención, simulando que la captura fue realizada por las corporaciones civiles. Los policías, bajo presión de sus superiores y siguiendo instrucciones de los militares, terminan redactando versiones ficticias de los hechos, muchas veces sin haber participado realmente en la detención.
Esta simulación genera graves inconsistencias en los procesos judiciales: cuando los policías son llamados a declarar, revelan que no saben cómo ocurrieron los hechos y que solo firmaron lo que los militares les indicaron. Los jueces, ante la falta de certeza y contradicciones en los informes, absuelven a los detenidos por violaciones al debido proceso y falta de pruebas claras.
Los casos documentados muestran cómo esta práctica permite que personas capturadas con armas, dinero y presuntos vínculos criminales sean liberadas, pues la simulación y falsedad en los informes policiales impiden sostener las acusaciones en juicio. Además, se evidencia que la falta de profesionalización y protocolos claros entre fuerzas militares y civiles contribuye a la impunidad, y que la responsabilidad final recae en toda la cadena de mando y no solo en los jueces que dictan las sentencias.
Que dice Harfuch:
Listado de irregularidades cometidas por jueces
A continuación se presenta un listado detallado de las irregularidades y patrones detectados en la actuación de jueces que han resultado en la liberación o beneficio procesal de personas vinculadas a delitos de alto impacto, según las denuncias y datos presentados por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Principales irregularidades señaladas:
- Liberaciones masivas por cambio de medidas cautelares:
Se registraron 193 determinaciones judiciales que favorecieron a presuntos delincuentes, resultando en 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que permitió que más de 100 personas procesadas por delitos graves regresaran a las calles - Traslados irregulares entre penales:
Se autorizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades del proceso y sin atender las recomendaciones de seguridad, a pesar de tratarse de reos por delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y portación de armas exclusivas del Ejército - Desacato a recomendaciones de seguridad penitenciaria:
Los traslados y liberaciones se realizaron a pesar de que la autoridad de Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró “no viables” para personas de alta peligrosidad, ignorando la necesidad de medidas de seguridad específica
- Liberación de integrantes de organizaciones criminales:
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, al menos 26 personas presuntamente pertenecientes a cárteles como Sinaloa, Golfo, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Zetas y Los Rojos fueron liberadas por determinaciones judiciales. - Resoluciones reiteradas de jueces específicos:
Se identificó a jueces con un patrón de resoluciones que favorecen a presuntos delincuentes: - Enrique Hernández Miranda (Sonora): 58 resoluciones de egreso por cambio de medida cautelar.
- Aníbal Castro Borbón (Sonora): 15 resoluciones similares.
- Silvestre Peña Crespo: 5 resoluciones de traslado entre ceferesos.
- Gregorio Salazar Hernández (Edomex): medidas que facilitaron la liberación de procesados por delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, incluyendo casos de líderes y operadores de cárteles.
- Casos emblemáticos de liberaciones polémicas:
- Gerardo Ponce Alaniz, líder del Cártel del Pacífico, trasladado a un penal estatal donde se hallaron armas y drogas tras un operativo.
- Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, liberado en enero de 2023.
- Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo, no vinculado a proceso en marzo de 2024.
- José Alfredo “N”, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas,revocada su prisión preventiva en noviembre de 2024.
- Falta de formalidades procesales:
Muchas de las resoluciones de traslado y liberación no cumplieron con los requisitos legales ni con la debida justificación de cambio de medida cautelar, especialmente en casos de delitos graves. - Acuerdo interno que impide procesar a jueces:
La Fiscalía General de la República denunció la existencia de un acuerdo interno en el Poder Judicial que impide iniciar procedimientos penales contra jueces, magistrados o ministros sin la autorización del propio Poder Judicial, lo que ha frenado investigaciones por conductas ilegales y abuso de poder.
Que dice la otra realidad lastimosa:
Listado de irregularidades cometidas por policías y Militares
Las violaciones al debido proceso son muchas y muy diversas, pero son cometidas por policías por cuyo actuar irregular, contribuyen a la liberación de presuntos criminales
1. Detenciones arbitrarias o ilegales
- Detener a personas sin cumplir los requisitos constitucionales, como la inexistencia de flagrancia o de una orden judicial válida.
- Detenciones basadas en prejuicios, estigmatización (por apariencia, tatuajes, pertenencia a grupos vulnerables, etc.), o simple sospecha sin pruebas.
2. Uso excesivo de la fuerza y tortura
- Golpizas, amenazas, intimidaciones y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, el traslado o la custodia de los detenidos.
- Violencia física, psicológica y sexual, especialmente documentada en operativos masivos y contra mujeres.
- Uso de la fuerza sin justificación, incluso contra testigos o reporteros presentes en el lugar de la detención.
3. Fabricación y manipulación de pruebas
- Elaboración y entrega de listas de sospechosos a testigos para que los identifiquen posteriormente, viciando la prueba de reconocimiento.
- Creación de álbumes fotográficos con personas previamente señaladas, pasando por alto reglas procesales y de integridad en la investigación.
4. Amenazas, extorsión y corrupción
- Amenazas a los detenidos para obtener confesiones o para que no denuncien el abuso policial.
- Solicitud de dinero a cambio de la libertad o para alterar el curso de la investigación.
- Ofrecimiento de sobornos a víctimas o testigos para que no formalicen denuncias contra policías.
5. Violaciones en la puesta a disposición
- Retardo en la presentación del detenido ante el Ministerio Público, lo que puede dar lugar a la nulidad de la detención.
- Uso de vehículos particulares y no oficiales para el traslado de detenidos, dificultando la trazabilidad y el control de la custodia.
6. Privación de derechos básicos
- Incomunicación del detenido antes de declarar, impidiendo el acceso a defensa y familiares.
- Negativa a proporcionar atención médica o psicológica adecuada tras la detención, especialmente en casos de violencia o tortura.
7. Omisión en la documentación y cadena de custodia
- Falta de registro adecuado de la detención, traslado y pertenencias del detenido, lo que puede derivar en la pérdida de evidencia o en la impugnación de la legalidad de la detención.
Estas violaciones al debido proceso no solo vulneran derechos fundamentales, sino que frecuentemente resultan en la nulidad de pruebas, la liberación de presuntos criminales y la impunidad, debilitando el sistema de justicia y contribuyendo a la reincidencia delictiva.
Conclusión:
El fenómeno de la liberación de presuntos criminales revela una dualidad de responsabilidades que no puede ocultarse tras discursos de deslinde: mientras Omar García Harfuch señala a jueces como únicos responsables y busca exculparse ante la opinión pública, la realidad muestra que la impunidad se construye tanto desde los tribunales como desde las filas policiales y militares.
La cadena de irregularidades inicia con detenciones viciadas, simulaciones y violaciones al debido proceso por parte de policías y fuerzas armadas, y se consuma en resoluciones judiciales que, ante la falta de pruebas sólidas o por corrupción, terminan abriendo la puerta a la calle para quienes deberían responder ante la justicia.
Así, la narrativa de Harfuch se revela como una farsa incompleta: la responsabilidad es compartida y estructural, y mientras no se asuman y corrijan las fallas en todos los eslabones, la puerta giratoria de la impunidad seguirá funcionando, alimentando la desconfianza ciudadana y perpetuando el círculo vicioso de la simulación institucional[
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