Leslie “N”, alias “La Güera”, presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenida el 1 de mayo en el Municipio de Huandacareo, Michoacán, fue liberada la madrugada de este viernes por fallas en el debido proceso, informaron fuentes locales.
Un juzgado federal, con sede en Morelia, dictaminó la nulidad de todos los indicios asegurados contra la acusada y ordenó su libertad inmediata.
“Cuando la pulcritud legal de quienes aprehenden es sacrificada, la justicia muchas de las veces se ve obligada a abrir las puertas que la ley no cerró correctamente”.
¿El juez tuvo razón al liberar a Leslie “N”, alias “La Güera”?
Fundamentación legal y articulado aplicable
Sí, el juez actuó conforme a derecho al ordenar la liberación de Leslie “N”, presunta operadora financiera del CJNG, debido a fallas en el debido proceso y la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR)
Fundamento constitucional y legal
- Debido proceso y presunción de inocencia:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado B, fracción I, establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. - Además, la fracción IX señala el derecho a un debido proceso legal, lo que implica que las pruebas deben ser obtenidas y presentadas conforme a la ley.
- Exclusión de pruebas ilícitas:
El artículo 16 constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecen la nulidad de pruebas obtenidas de manera ilícita o con violaciones al debido proceso. - La regla de exclusión indica que ninguna prueba obtenida violando derechos fundamentales puede ser utilizada para fundar una sentencia condenatoria.
“El derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra prevista en el orden constitucional y el exigir su nulidad es una garantía que le asiste al inculpado…como cita una crónica de la “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN EL CASO ACTEAL” .
- Convención Americana sobre Derechos Humanos:
El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Aplicación al caso concreto
Nulidad de indicios y pruebas:
El juez federal ordenó la “nulidad de todos los indicios asegurados” y la “inmediata libertad” de Leslie “N”. Durante la audiencia, la defensa presentó videos de cámaras de seguridad y testimonios que contradijeron el Informe Policial Homologado y evidenciaron inconsistencias en la actuación de las autoridades, lo que llevó a la conclusión de que las pruebas presentadas por la FGR no eran suficientes ni lícitas para vincularla a proceso.
“….La defensa de la acusada, en cambio, echó abajo las acusaciones con la presentación de videos de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y otros elementos que contradijeron parte de las versiones de los elementos que participaron en el operativo, anotadas en el Informe Policial Homologado.”
Insuficiencia probatoria:
La FGR no pudo acreditar con pruebas contundentes los señalamientos en contra de la acusada. El juez, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de los principios constitucionales, dictó auto de no vinculación a proceso, lo que implica la inmediata liberación de la persona.
Jurisprudencia relevante:
La SCJN ha sostenido que cuando las pruebas fundamentales para la acusación son ilícitas o se obtuvieron violando derechos fundamentales, no basta con reponer el procedimiento: debe decretarse la nulidad de las actuaciones y la liberación del inculpado, para evitar la afectación a la presunción de inocencia y el derecho de defensa adecuada.
Articulado relevante
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 20, apartado B, fracciones I y IX
- Artículo 16 (regla de exclusión de prueba ilícita)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Artículo 8.1
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Artículo 97 (nulidad de actuaciones por violaciones graves al procedimiento)
Conclusión
El juez tuvo razón jurídica al ordenar la liberación de Leslie “N” porque:
- No existieron pruebas suficientes y lícitas para vincularla a proceso.
- Se acreditaron violaciones al debido proceso y a la obtención legal de pruebas por parte de aprehensores, lo que obliga a su exclusión y a la nulidad de los actos subsecuentes.
- La protección del debido proceso y la presunción de inocencia son garantías constitucionales y convencionales que, ante su vulneración, impiden la continuación de un proceso penal válido.
La decisión es congruente con el marco jurídico vigente, aunque pueda resultar polémica en el contexto social y mediático.
La FGR aún puede apelar la resolución, pero mientras tanto, la actuación del juez se encuentra debidamente fundamentada en la Constitución y la jurisprudencia mexicana e internacional aplicable.
Con informacion: ELNORTE/

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