Una juez federal dio un plazo de tres días a la Fiscalía General de la República (FGR) para que le informe si ya autorizó archivar en definitiva la averiguación previa iniciada por la presunta tortura a Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio.
Paloma Xiomara González, Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, hizo este requerimiento a la Fiscalía, por pedido del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), representante legal del magnicida.
"Agréguese el escrito firmado por la autorizada del quejoso, requiérase al agente del Ministerio Público responsable, para que dentro del término de 3 días, informe si ya se autorizó en definitiva el no ejercicio que refiere la promovente y, de ser así, remitan las constancias que lo acreditan o manifiesten el impedimento legal que tengan para ello", dice el acuerdo publicado hoy por la juez.
El pasado 21 de noviembre la Fiscalía del Caso Colosio hizo la consulta del no ejercicio de la acción penal en la indagatoria 2080/94, al estimar que no existen indicios de la supuesta tortura a Aburto.
Es decir, remitió a la superioridad su propuesta para dictar el "carpetazo", con la finalidad de que lo autoricen.
Aburto presentó un recurso de inconformidad ante la FGR para tratar de revertir dicha determinación y, simultáneamente, interpuso el amparo ante la juez González contra la falta de debida diligencia en la propuesta de archivar la indagatoria y también contra la falta de independencia ministerial, porque la investigación la instruyó la Fiscalía del Caso Colosio y no la Especializada en Investigación de Tortura.
Sofía de Robina, secretaria técnica de Combate a la Tortura del IFDP, informó que el pasado martes presentaron una promoción a la juez para que requiera a la FGR la entrega -cuando exista- de la autorización del no ejercicio de la acción penal o el acuerdo de reapertura de la investigación.
La funcionaria explicó que uno de los argumentos que esgrimió la Fiscalía para acordar la consulta del "carpetazo" fue desestimar el Protocolo de Estambul practicado al asesino, el 30 de septiembre de 2021, estudio que considera deficiente.
La investigación por tortura tiene su origen en una denuncia de Aburto ante la CNDH en la que acusó a agentes de la entonces PGR de haberlo vejado, junto con el entonces Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes del presidente Carlos Salinas de Gortari.
La queja dio lugar a que en septiembre de 2021 la CNDH emitiera una recomendación a la FGR para investigar las supuestas torturas.
Como consecuencia, en julio de 2022 la Fiscalía empezó a llevar a cabo diligencias en la misma averiguación previa abierta en 1994 por el magnicidio.
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