Los tentáculos de la red de corrupción de Genaro García Luna han alcanzado a Va por México, la coalición opositora conformada por el PAN, PRI y PRD. Al menos dos presidenciables de la alianza —el priista Miguel Ángel Osorio Chong y el perredista Miguel Ángel Mancera— encabezaban instituciones públicas que presumiblemente desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón.
Nuevas evidencias en poder de EL PAÍS muestran que, además, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) otorgó un contrato adicional a la red empresarial. En total, el monto del dinero público pagado a García Luna entre 2013 y 2018 fue de 431.3 millones de dólares.
El mayor daño al erario ocurrió en la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, que hoy es jefe de los senadores del PRI y aspirante a la candidatura de Va por México por su partido.
Los desvíos durante su gestión se pusieron en evidencia en la demanda civil del Gobierno mexicano ante una corte de Florida, en Estados Unidos, con la que se busca recuperar gran parte de la fortuna construida por García Luna mediante actos de corrupción. Según esa acusación, que dio a conocer este diario, 19 contratos por 427,6 millones de dólares fueron otorgados a Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc., ambas pertenecientes a los empresarios Mauricio Samuel Weimberg López y Jonathan Alexis Weimberg Pinto, testaferros de García Luna.
NUNVAV PASO POR TAMAULIPAS:
Los desvíos provinieron del Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno, y el OADPRS, el organismo que administra las prisiones federales. A través de un portavoz, el senador priista se ha deslindado de los malos manejos de recursos, pues —ha afirmado— él no tenía entre sus facultades firmar o pagar contratos de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, como lo eran el Cisen y el administrador de las prisiones.
La demanda civil en Florida también dio cuenta de un contrato de 26,6 millones de pesos (1,5 millones de dólares) otorgado en octubre de 2017 por la Fiscalía de la Ciudad de México (antes Procuraduría) a la empresa fachada Glac Security Consulting, Technology and Risk Management S.C., esta sí propiedad de García Luna, según las investigaciones del Gobierno mexicano. El pago se dio cuando el jefe de Gobierno de la capital era Mancera, que hoy es coordinador del PRD en el Senado y apenas el domingo fue destapado como la apuesta de su partido para la presidencia en el seno de Va por México.
Ese no fue el único pago de la Fiscalía capitalina en el Gobierno de Mancera a una empresa de García Luna. Un año antes, en 2016, Glac Security Consulting fue contratada para que hiciera un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros. Por dicho contrato, cuya copia ha obtenido este periódico, se le pagaron otros 31,3 millones de pesos (1,6 millones de dólares). El representante legal de la compañía era Edgar Anuar Rodríguez García, identificado como testaferro del exfuncionario calderonista. Milenio publicó que la Auditoría Superior de la Ciudad de México inició una investigación por este contrato, debido a que se asignó a pesar de que el proveedor no proporcionó los documentos que requiere la ley.
Los fondos desviados de la Fiscalía debían orientarse, idealmente, a fortalecer las capacidades de los agentes antisecuestro en materia de investigación y análisis, recopilación de información, atención de denuncias, uso de tecnologías, manejo de crisis y negociación. El titular de la Fiscalía era en aquel momento Rodolfo Ríos Garza, un antiguo colaborador de Mancera que terminó por renunciar en junio de 2017, orillado por la polémica del caso Narvarte: un intento de carpetazo sobre el asesinato de cinco personas a plena luz del día en un departamento de una colonia acomodada. Tras la renuncia de Ríos Garza, un subalterno suyo, Edmundo Garrido, tomó las riendas de la Fiscalía capitalina como encargado de despacho. Dos meses después, la institución volvió a contratar a Glac Security Consulting. El exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera no atendió una solicitud de posicionamiento enviada a través de una colaboradora de su oficina en el Senado.
La misma lógica de pagos a la red empresarial de García Luna se replicó en el PAN, partido que pretende designar las candidaturas de Va por México a la Presidencia de la República y al Gobierno de Ciudad de México. En abril de 2015, el testaferro Anuar Rodríguez firmó como representante de Glac Security Consulting un contrato por 1,1 millones de pesos (62.000 dólares) con Acción Nacional. Aunque supuestamente era una compañía dedicada al ramo de la seguridad, el partido le pagó por una “asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos en el Comité Ejecutivo Nacional”. El contrato fue otorgado a la empresa de García Luna por el tesorero del PAN, el chihuahuense Carlos Alfredo Olson San Vicente, que estuvo a cargo del manejo de los recursos públicos del partido de 2010 a agosto de 2015. Este diario ha contactado al PAN para requerirle documentación que compruebe que los servicios por los que se pagó fueron realmente efectuados por el proveedor. El partido ha indicado que no tiene los papeles probatorios. “De cinco años para atrás no hay obligación de conservar los archivos, pero seguimos buscando”, ha dicho una portavoz.
Olson San Vicente, actualmente diputado local en el Congreso de Chihuahua, hizo crecer su carrera política al amparo del senador Gustavo Madero Muñoz. Olson llegó a la dirigencia del PAN en el momento en que Madero se convirtió en dirigente nacional. Luego, en las elecciones de 2018 saltó al Senado como suplente de Madero. En 2020 formó parte brevemente de la Administración estatal de Javier Corral en Chihuahua, donde ejerció por ocho meses como subsecretario de Gobierno. Cuando comenzó la gestión de María Eugenia Maru Campos, en septiembre de 2021, Olson rompió con Madero y Corral y se volvió escudero de la gobernadora en el Congreso local.
En sus alegatos ante una corte civil de Florida, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en sostener que la fortuna que García Luna amasó en EE UU fue producto no sólo de sobornos del narcotráfico, sino también de desvíos de recursos públicos de los contribuyentes mexicanos. Se trata de una demanda novedosa con la que México intenta, por primera vez, arrebatar a un presunto criminal activos construidos sobre la base de actos de corrupción que representaron un daño al erario nacional. Así pues, para México —lo dice así en su demanda—, esta lucha se trata de “recuperar” bienes “robados” que por derecho pertenecen a sus ciudadanos.
Fuente.-Zedrik Raziel/
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