En los tres años que la Guardia Nacional (GN) ha estado desplegada en el país, la violencia homicida no ha disminuido. Desde el 30 de junio de 2019, cuando se dio el banderazo oficial de su despliegue, más de 100 mil personas han sido asesinadas en México, 8 mil más que en los meses previos a que dicha fuerza fuera desplegada. Y aunque, como el gobierno sostiene, la tasa anual de asesinatos en el país se ha estabilizado, las cifras oficiales muestran que en 17 estados asesinaron a más personas con elementos de la Guardia Nacional en las calles que antes de que estos estuvieran.
Esto ocurre pese a que la conformación de la GN ha traído consigo la mayor movilización militar de la que haya registro en tareas de seguridad pública. De los casi 100 mil efectivos que el presidente presume que tiene la GN, en realidad más de 70 mil son militares uniformados como si fueran policías. Y a ellos se suman 85 mil soldados y marinos de la fuerza armada permanente que junto con los guardias están en las calles: el triple de los que había hace una década.
Datos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia evidencian que dos de cada tres militares que engrosan la GN no cuentan, hasta la fecha, con la certificación que avala que tienen capacitación y aptitudes necesarias para realizar funciones de policía, pese a que ese es un requisito indispensable de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Soldados comisionados han relatado a este medio que les han asignado tareas, como la vigilancia de carreteras, para la que no poseen una capacitación completa.
El despliegue de la GN coincidió con una desmovilización inédita en México debido a la pandemia. Aun así, las cifras de homicidios y feminicidios se mantuvieron. Y aunque denuncias por delitos como los robos en distintas modalidades disminuyeron, otras como las de las extorsiones se encuentran en niveles récord.
A continuación, se desglosan algunos puntos clave en torno a los resultados y la conformación de esta fuerza. Toda la información proviene de datos oficiales publicados por el gobierno u obtenidos a través de múltiples solicitudes de transparencia enviadas a la GN y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Prevalece violencia
El 30 de junio de 2019, el gobierno federal dio el banderazo de salida a la GN. En un evento realizado en el Campo Marte bajo el título “Despliegue por la Paz: Ceremonia Oficial de Inauguración de la Guardia Nacional”, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que dicha fuerza se había “diseñado y construido para atender la seguridad pública, es decir, para salvaguardar la vida y los bienes de las personas”.
Lo que los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan es que, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de mayo pasado, un total de 100 mil 984 personas fueron asesinadas en México, tanto en homicidios dolosos como en feminicidios. Son 35 meses en los que, en promedio, fueron asesinadas 96 personas todos los días.
Si esto se compara con los 35 meses previos a que la GN estuviera desplegada en las calles (de agosto de 2016 a junio de 2019), los asesinatos crecieron 9%. Son 8 mil 422 asesinatos por encima de los 92 mil 562 registrados en el periodo previo a que se movilizara a la GN. El promedio diario de asesinatos era de 88.
De las 100 mil 984 personas asesinadas desde que la GN se encuentra en las calles, 87 mil 207 han sido hombres y 11 mil 044 son mujeres. Hay 2 mil 733 víctimas cuyo género no se ha identificado. Además, casi el 70% de las personas fueron asesinadas con armas de fuego.
A nivel local, los datos muestran que en 17 de los 32 estados la cifra de personas asesinadas en los 35 meses de despliegue de la GN fue superior a la registrada en los 35 meses previos. Porcentualmente, ha sido mayor el incremento en los estados donde ha subido la violencia homicida que el decremento donde han bajado.
El caso más grave es el de Sonora, entidad gobernada desde septiembre de 2021 por Alfonso Durazo, quien antes de asumir dicho cargo fue secretario de Seguridad federal y bajo cuya jurisdicción fue desplegada, justamente, la Guardia Nacional. En dicha entidad la cifra de personas asesinadas desde julio de 2019 asciende a 5 mil 138, más del doble respecto de las 2 mil 507 víctimas asesinadas previamente.
El segundo estado con mayor incremento de asesinatos desde la puesta en marcha de la GN es Zacatecas, que acumula 3 mil 596 víctimas de homicidios y feminicidios, un alza del 84% respecto de las mil 954 víctimas registradas previamente. Después se ubica Michoacán, cuyas 7 mil 674 personas asesinadas equivalen a un 62.8% por encima de las 4 mil 715 registradas antes del banderazo de la GN.
Guanajuato es otro de los focos rojos. Desde el despliegue de la GN en la entidad han sido asesinadas 11 mil 172 personas, la mayor cantidad del país. La cifra equivale a un incremento de casi el 60% respecto de las 6 mil 996 personas asesinadas en los 35 meses previos al despliegue de la nueva fuerza federal. Porcentualmente le siguen San Luis Potosí e Hidalgo, con alzas del 40% en sus cifras de asesinatos.
Las otras entidades que registran cifras superiores de asesinatos ya con los guardias desplegados son Morelos, con un alza del 37.5%; Nuevo León, con un repunte del 32.7%; Campeche, con un incremento del 28.6%; Quintana Roo, con 24.3%; Jalisco, con 21.2%, y Chihuahua y Baja California, con alzas en víctimas de homicidios del 14%.
El resto de las entidades donde la violencia homicida tampoco ha cedido terreno son Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Tlaxcala, con alzas que van del 2% al 11% en los asesinatos.
En cuanto a las 15 entidades donde sí se contabilizan menos asesinatos desde el despliegue de la Guardia Nacional destaca el caso de Baja California Sur, donde hay un desplome de más del 80% de la violencia homicida; los asesinatos descendieron de mil 218 a 202.
Otro descenso significativo fue el de Sinaloa, entidad en la que desde julio de 2019 se han reportado 2 mil 155 asesinatos, un 41.3% menos respecto del ya referido periodo previo. El resto de las entidades registra disminuciones del 30% o menos.
En cuanto a otros delitos destaca el caso de las extorsiones. La cifra de denuncias a nivel nacional por este ilícito asciende a 27 mil 003 en los 35 meses de despliegue de la Guardia Nacional, cifra que es un incremento del 33.6% respecto de las 20 mil 199 denuncias del periodo previo.
El otro lado de la moneda son las denuncias por secuestro, que registran una disminución de casi el 33%. También la mayoría de los robos registran reducciones, aunque, como las propias autoridades lo han reconocido, estos indicadores están afectados por la desmovilización que trajo la pandemia.
Una fuerza militar fuera de los cuarteles
Aunque en el 2019 el Congreso aprobó la creación de la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos esto no se ha consolidado. Por el contrario, desde el primer momento la estrategia del gobierno fue construir y consolidar una fuerza subordinada al Ejército, compuesta en su mayoría por militares y donde el componente civil ha sido paulatinamente depurado.
En febrero pasado, Animal Político documentó con datos de la propia GN que, de los 100 mil efectivos que componen el estado de fuerza, solo 23 mil eran policías civiles provenientes de la desaparecida Policía Federal. El resto se trata de policías militares y marinos reclutados enteramente por la Sedena y la Marina, que son asignados de forma temporal para desempeñarse en la GN.
Esta situación sigue profundizándose. Nuevos datos obtenidos por este medio con corte al 30 de mayo pasado indican que, de un total de 96 mil 818 efectivos desplegados con uniformes de la corporación, solo 21 mil 729 son realmente de la GN. Es apenas la quinta parte de todo el estado de fuerza. En cambio, 64 mil 063 son elementos adscritos a la Sedena y que cobran en dicha institución, y los otros 16 mil 103 pertenecen a la Marina.
La Guardia Nacional tiene en marcha una estrategia, instruida desde la misma Sedena, para liquidar, retirar o reasignar a otras fuerzas a los elementos de la desaparecida Policía Federal que siguen en sus filas y que, como ya se dijo, son los únicos civiles adscritos en la corporación. El objetivo es que para 2023 no queden civiles dentro de la corporación.
Con anterioridad, Animal Político ha documentado que la dirección y el mando operativo de la GN está en manos de generales y otros oficiales del Ejército. Las instalaciones donde se construyen los cuarteles se encuentran en terrenos cedidos a la Defensa Nacional.
En este contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha referido, en varias ocasiones, que propondrá al Congreso una nueva reforma constitucional para que la GN sea considerada una fuerza militar adscrita a la Sedena, y ya no a la Secretaría de Seguridad. Esto, con la intención de legalizar lo que ya ocurre en los hechos.
De forma paralela al despliegue de la GN, la Defensa Nacional también ha incrementado de forma significativa la presencia de soldados en las calles, aprovechando que la reforma aprobada en 2019 facultó la movilización de la fuerza armada permanente hasta el 2024, por lo menos. El acuerdo del gobierno a través del cual se dio luz verde a este despliegue ha sido apelado a través de diversos recursos legales por la CNDH y otros organismos y asociaciones, pero la Suprema Corte de Justicia aún no se ha pronunciado al respecto.
La estadística oficial actualizada al 30 de mayo por parte de la Sedena arroja un total de 85 mil 806 efectivos movilizados en apoyo a las tareas de seguridad en el país. Para ponerlo en perspectiva, la cifra al iniciar el sexenio era de 54 mil efectivos desplegados, 30 mil menos que ahora. Y si se compara con 2013, cuando el dato era de 34 mil soldados fuera de los cuarteles, hoy son casi el triple.
Múltiples especialistas, activistas y organizaciones han criticado la normalización que el actual gobierno federal ha hecho de la intervención de militares en labores de seguridad. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró el informe Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, en el que identifica la falta de “controles robustos” que permitan auditar la actuación de las Fuerzas Armadas y el creciente riesgo de violaciones a derechos humanos que ello conlleva.
Falta certificación, capacitación y transparencia
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Ley de la Guardia Nacional, para que un elemento pueda estar adscrito a la GN y realizar labores policiales, debe contar con el denominado Certificado Único Policial (CUP) vigente. La misma regla aplica para cualquier corporación policial del país.
El CUP es un certificado que acredita que una persona cuenta con aptitudes y capacidades suficientes para realizar labores de policía. Se otorga cuando el aspirante supera cuatro procesos y evaluaciones: el curso de formación inicial, la evaluación de control de confianza, la evaluación de competencias básicas o profesionales y la evaluación de desempeño académico.
Datos actualizados entregados el pasado 30 de mayo por la GN a este medio arrojan que solo 35 mil 818 efectivos que conforman el estado de fuerza cuentan con el CUP expedido y vigente. Se trata de aproximadamente el 35% de los efectivos asignados a esta corporación. Dicho de otra manera: dos de cada tres personas uniformadas como GN no han acreditado que tienen perfil, habilidades y conocimientos para poder hacer bien este trabajo.
Militares asignados a la GN reconocieron en entrevistas con este medio que no han recibido la capacitación suficiente para, por ejemplo, aplicar infracciones o realizar inspecciones de autotransporte en carreteras. A inicios de este año, de 310 manuales previstos para capacitaciones de instructores o alumnos, solo 37 estaban listos. La institución dijo que se trabaja, de forma permanente, en la capacitación de los elementos.
Por otro lado, Animal Político también ha documentado casos de posible abuso de la fuerza cometidos por efectivos de la GN que, sin embargo, no han sido reportados ante autoridades civiles. Por el contrario, en una demanda de amparo, una mayor del Ejército detalló diversos casos en donde ha sido la Unidad de Vinculación Ciudadana del Ejército la responsable de cooptar a los afectados por agresiones de guardias nacionales y atenderlos, e incluso pagarles indemnizaciones condicionadas a no revelar públicamente los hechos.
A diferencia de acuerdos reparatorios como los que se tramitan ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde se transparentan montos de reparaciones e indemnizaciones, los que otorga el Ejército a través de la UNIVIC se mantienen en la opacidad, pues son clasificados como información reservada o confidencial.
La información de los terrenos en los que se ubican las bases de la GN es otro ejemplo de opacidad. Mientras que dicha corporación argumenta que no cuenta con estos datos, la Sedena sostiene que la información existe, pero que no puede dar detalles pues lo considera información reservada. Animal Político pudo obtener datos de esos mismos terrenos solicitándolos vía transparencia directamente con los municipios. La información, publicada en esta nota, confirma que dicha infraestructura se encuentra bajo dominio castrense y no civil.
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