Una llamada anónima al número de emergencias 911, alertó a las autoridades de Chihuahua del asesinato a balazos de cuatro mujeres y un hombre –todos jóvenes menores de 30 años- en una casa de la colonia Villa Vieja. Horas antes, otros dos jóvenes habían sido acribillados en una camioneta que estaba estacionada en un centro comercial de la capital chihuahuense.
Estos asesinatos múltiples ocurrieron el pasado 24 de octubre, y reflejan una problemática creciente de violencia en Chihuahua, el cuarto estado del país con mayor índice de homicidios.
Mientras los asesinatos se multiplican, las autoridades estatales enfrentan problemas para recibir armamento para enfrentar a los grupos criminales.
En 2020 el Gobierno de Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para comprar 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto del presente año seguía sin recibir ese armamento.
Esta problemática no se presenta sólo en Chihuahua. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la SEDENA omitió entregar más de 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.
Entre los estados afectados, que no recibieron el armamento pagado a la Sedena, están siete ubicados en el top ten de los más violentos: Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX.
El incumplimiento de la SEDENA para entregar armas se agudizó el año pasado. En 2018 la ASF identificó 32 millones de pesos en armamento no entregado a 9 estados, para el año siguiente se elevó a 42 millones en 11 estados y en 2020 fue de 122 millones en 21 estados, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de las auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
¿Qué es el FASP?
Este fondo es una bolsa del Presupuesto federal, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, para transferir a los estados recursos para cumplir con las estrategias nacionales en seguridad pública.
Los recursos deben ir orientados a los programas prioritarios, como el desarrollo de capacidades de las corporaciones locales para la prevención del delito, la profesionalización y certificación policial, así como a la inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento, entre otros.
Los 21 estados a los que SEDENA no entregó todo el armamento y municiones que habían pagado, son los siguientes: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En la mayoría de los casos se carece de un convenio interinstitucional para la adquisición del armamento y municiones, según se desprende de las auditorías realizadas por el órgano de fiscalización.
De los más de 122 millones de pesos que SEDENA no entregó en armas, sólo tres estados reintegraron parte de los recursos, por un total de 5 millones 792 mil 716 pesos.
Al menos hasta el arranque del segundo semestre de este año, cuando se realizaron las auditorías, la mayor parte del monto millonario en armamento y municiones seguía sin ser entregada a las Fiscalías y Secretarías de Seguridad de los estados antes mencionados.
Chihuahua
Esta entidad, que el año pasado ocupó el cuarto lugar en número de homicidios dolosos, con 2 mil 685 víctimas, es la que acumula el mayor monto de armamento y municiones comprados a SEDENA sin ser entregadas, según el último informe de la ASF.
El gobierno de esa entidad pagó el año pasado 22 millones de pesos para adquirir 570 armas y miles de cartuchos, los cuales todavía no recibía hasta agosto del 2021.
“Se verificó el proceso de la compra de armamento y municiones en la entidad, realizado con la SEDENA por tratarse del proveedor exclusivo en el país”, señala el informe de la ASF; “sin embargo, a la fecha de la auditoría, no se ha presentado la documentación que compruebe el cumplimiento de la entrega, uso y operación de estas”.
Chihuahua tiene una tasa de homicidios de 49.11 víctimas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta septiembre.
Veracruz
El estado de Veracruz ocupó en 2020 el octavo lugar en homicidios dolosos, con mil 465 víctimas. El gobierno de esa entidad pagó el año pasado poco más de 18 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa por la compra de armamento, pero solamente recibió municiones por 3 millones 63 mil pesos y acreditó posteriormente, en el transcurso de la auditoría, haber recibido equipo por otros 37 mil pesos, según consigna la ASF en la revisión de recursos del FASP.
El informe señala que la Fiscalía General del Estado no presentó un convenio que acreditara la adjudicación y que incluso solicitó a SEDENA el estatus del armamento, sin tener respuesta a la fecha de la auditoría.
Por ello, la ASF emitió una recomendación “para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 14,900,675.16 pesos por concepto de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-CC-GOB233/2020 que la SEDENA no entregó al estado, ni éste, a su vez, a los elementos policiales para su uso”, señala la solicitud de aclaración del órgano fiscalizador.
Estado México
El Estado de México en 2020 registró 2 mil 795 homicidios dolosos, cifra que lo ubicó como la tercera entidad más violenta del país. A este territorio la Sedena no le entregó armas, municiones y cargadores por los que pagó 10 millones 969 mil pesos con recursos del mismo fondo federal para la seguridad pública de las entidades.
De acuerdo con la auditoría correspondiente, la ASF determinó que no se proporcionó documentación que comprobara dicha adquisición ni que acreditara la entrega del armamento al Gobierno estatal.
“Se adquirió armamento, municiones y cargadores de armas con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, no se acreditó su entrega-recepción”, señala el informe de la ASF correspondiente a la Cuenta Pública 2020.
Michoacán
En el caso de Michoacán, sexto estado con más homicidios dolosos registrados en 2020 (con 2 mil 433) la auditoría establece que no se comprobó la entrega por parte de SEDENA de armamento, cargadores y municiones por un monto que asciende a 10 millones 167 mil 405 pesos.
La cifra era aún mayor, pero el Gobierno estatal acreditó haber recibido una mínima parte de lo pagado. La ASF emitió una solicitud de aclaración donde le requiere aclarar dicho gasto del que no se recibieron los bienes.
“Sin embargo, queda pendiente de comprobar un monto de 10,167,405.83 pesos, que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y de aquella que acredite la recepción de los bienes, por los pagos efectuados para la adquisición de armamento, cargadores y municiones, por lo que solventa parcialmente lo observado”, señala el informe.
Morelos
En el estado de Morelos, la ASF no encontró evidencia de que la Fiscalía Estatal haya formalizado algún convenio con la SEDENA por la compra de armas y municiones por 10 millones 578 mil 900 pesos, de cuya entrega no se encontró registro.
El armamento faltante incluye 170 fusiles calibre 5.56x mm, 80 pistolas calibre 9×19 mm, marca I.W.I. modelo masada y más de 100 mil cartuchos calibre 9mm.
“Se identificó que mediante carta compromiso de fecha 18 de septiembre de 2020, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se comprometió a entregar las facturas de los depósitos para la adquisición de arma larga, arma corta y municiones; sin embargo, no se presentó evidencia de haberse formalizado un convenio, ni se realizó la entrega”, se puede leer en el informe de la Auditoría. “Se emitió solicitud de aclaración por bienes pagados a SEDENA no suministrados y promoción de responsabilidad administrativa”.
Morelos se encontraba en el catorceavo lugar de homicidios dolosos -923 casos- en 2020 pero era uno de los cinco estados con una de las cifras más altas en armamento no entregado por SEDENA. Este año, la entidad tiene la octava mayor tasa de homicidio doloso del país, de 40.48 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Ciudad de México
En el caso de la Ciudad de México, la ASF reportó que la Fiscalía estatal no contó con evidencia de la entrega recepción del armamento y municiones pagados a SEDENA, esto por un total de 7 millones 589 mil pesos. Sin embargo, el reporte no detalla la cantidad de armas sin entregar.
“No dispuso del o los convenios interinstitucionales que debieron haberse formalizado con la SEDENA y que amparen la adquisición efectuada”, determinó la auditoría.
La Ciudad de México ocupó en 2020 el décimo lugar de los estados con más homicidios dolosos registrados, sumando un total de mil 266 víctimas.
Nadie sabe dónde está el armamento
Las reporteras consultaron a autoridades de ocho de los estados afectados por la falta de entrega de armamento por parte de SEDENA, sin embargo, al cierre de esta edición ninguna de las dependencias involucradas emitió alguna postura.
Vía telefónica se contactó a las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de los estados de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México y Morelos pero se negaron a dar información sobre el retraso en la entrega de armas.
Se solicitó también una versión a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto al armamento y municiones que no han entregado a las entidades, así como a la falta de convenios que acrediten las adquisiciones y de plazos de entrega, sin obtener una respuesta.
Un problema que se agudiza
El retraso en la entrega de armamentos por parte de la SEDENA no es un problema nuevo, aunque en 2020 se agudizó.
MCCI revisó los dos anteriores informes de la ASF sobre el manejo de recursos del FASP, y detectó que en 2018 hubo nueve estados (Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas) que enfrentaron problemas para el suministro de armas por parte de la SEDENA, por un monto de 32 millones 327 mil pesos.
Durante 2018, Baja California ocupaba el tercer lugar en número de homicidios dolosos, con 3 mil 132 víctimas y justamente este estado arrastraba un pendiente en armamento que SEDENA no había entregado, por un millón 153 mil pesos.
Un peldaño abajo de este estado se ubicaba el Estado de México, con 2 mil 650 casos registrados de homicidios dolosos y un faltante de armamento equivalente a los 18 millones 468 mil 795 pesos. Ese fue el monto de armamento no entregado más alto de aquel año.
Según el informe de la ASF, el 12 de octubre de 2018, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) solicitó a la SEDENA un permiso extraordinario para la adquisición de armamento y cartuchos. El 23 de noviembre de 2018 la SEDENA remitió la cotización y para el 13 de diciembre la SSEM le transfirió los 18 millones 468 mil 795 pesos.
Pasaron más de ocho y las armas no fueron entregadas. La SEDENA informó que el armamento y los cartuchos se encontraban resguardados en el Campo Militar, pero que faltaba concluir el trámite de alta de la Licencia Oficial. En ese caso se carecía de contrato o convenio de colaboración debidamente formalizado que amparara la adquisición.
La historia de los retrasos no cambió en 2019. En ese año, la ASF detectó once estados (Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas) a los que no se les entregaron armamento y municiones ya pagadas a SEDENA, por un monto total de 42.8 millones de pesos.
El estado de Tamaulipas fue el que registró el faltante más alto de armamento no entregado por SEDENA, por un monto superior a los 11.2 millones de pesos, de los cuales ocho millones fueron para adquirir armas largas y cortas y casi tres millones de pesos más en municiones.
DESORDEN TOLERADO:
“No se proporcionó el convenio interinstitucional que debió haberse formalizado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que ampare la adquisición efectuada ni evidencia de la entrega-recepción de los bienes pagados”, se lee en el informe de la Auditoría.
Fuente.-
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