Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de internet el pasado viernes con el título “Camargo, Crimen de Estado”, daría pie a que el gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al Gobierno del estado mexicano de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados.
La denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ´crimen de estado’, el cual es definido como la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.
De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se exigiría que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE) una fuerza policiaca estatal que además cuenta con varios antecedentes de haber estado involucrada y señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos y acusado de violaciones de derechos humanos en ese estado.
La demanda de Guatemala buscaría no sólo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno resarcimiento de los daños a las familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del estado. Incluso, en el mencionado artículo del senador Monreal, en el que se basará la denuncia de las autoridades guatemaltecas, el coordinador morenista solicita que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de este caso, ya que “la masacre de Camargo del pasado 22 de enero, que no sólo afecta al estado (Tamaulipas) sino al país en su conjunto, como lo evidencian las denuncias que se preparan ante organismos internacionales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno local”.
Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no sólo al gobierno tamaulipeco, sino al mismo gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado mexicano, justo dos cosas de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.
Los 12 policías del GOPES de Tamaulipas que fueron acusados por la masacre de los 14 guatemaltecos y cuatro mexicanos,ayer fueron vinculados a proceso por un juez de control.
Y la historia de impunidad oficial se repite, con otros hechos graves de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto involucrado este grupo de élite de la policía estatal que opera solo bajo ordenes del Gobernador,bajo la responsabilidad de Felix Arturo Rodriguez Rodriguez,un sujeto cuya currícula muestra una Ficha Roja emitida por la Interpol en 2013 por el delito de Secuestro y en los hechos actúa como un "brazo armado" del Gobernador ejecutando la estrategia del extermino, aun en marcha en Tamaulipas.
El 5 de septiembre de 2019, ese mismo grupo fue acusado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de haber ejecutado extrajudicialmente a 8 personas en la colonia Buenavista, las cuales fueron sacadas de sus casas por la fuerza por los policías estatales, según revelaron testigos y familiares sobrevivientes, y luego les pusieron uniformes de tipo militar y los ejecutaron a quemarropa colocándolos dentro de una camioneta para tratar de simular un supuesto enfrentamiento con miembros del crimen organizado. El caso fue denunciado y documentado por Raymundo Ramos, del Comité de Nuevo Laredo, quien tuvo que huir ante las amenazas e intimidación a testigos y denunciantes y aunque se pidió la intervención del presidente y de la FGR, el asunto quedó en la emisión de ordenes de aprehensión contra 7 policías integrantes del GOPE, aunque ninguna autoridad estatal asumió la responsabilidad.
LA ESTRATEGIA DEL EXTERMINIO SELLO DE LA CASA:
Más recientemente, en el municipio Río Bravo el 9 de febrero del 2020, los miembros del GOPE se vieron involucrados en otra ejecución extrajudicial cuando acribillaron a balazos a Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven ingeniero que salía de un Oxxo cuando policías del grupo de élite Fuerza Tamaulipas le dispararon 50 balas, por una supuesta confusión de la que nunca hubo responsables, a pesar de la indignación y las denuncias de testigos que presenciaron esa ejecución.
DISPARAN,LUEGO AVERIGUAN Y MANIPULAN PARA QUE NADIE AVERIGUE:
El gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de llegar a los Estados Unidos. Una queja ante la CIDH, como la que ya preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el tema en un “crimen de estado” del que tendría que responder sí el gobierno tamaulipeco, pero también el gobierno de México.
Justicia justicia como dijo el o presidente de Mexico naden por encima de su ley exigimos q la ley mexicana lleve a juicio internacional a este gobernante y su equipo de seguridad
ResponderBorrarEs hora de preparar maletas y maletines .
ResponderBorrarAhí te voy Peña Nieto , deja la puerta abierta !