El mega apagón que sufrieron cuatro estados del norte mexicano puso a Rocío Nahle de nuevo contra las cuerdas. Si bien la 4T sostiene que este crítico episodio pone en evidencia que administraciones pasadas dejaron en el olvido la producción de gas natural, players del mercado recuerdan que este gobierno es responsable por rechazar un sólido proyecto de almacenaje que hubiera mitigado los impactos de la tormenta invernal en EU.
"El apagón se produce porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche y no había políticas para extraer gas. Ahora estamos sintiendo que debemos ser autosuficientes", lanzó este martes el presidente López Obrador, durante su conferencia matutina.
En el mercado coinciden en que el país, por décadas, ha priorizado la producción de petróleo, en tanto que la de gas natural ha quedado rezagada, sin falta de incentivos y en franco declive por parte de Pemex. Por eso, el país importa alrededor del 70% del combustible con el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera electricidad.
Sin embargo, los expertos afirman que esta problemática, que desconectó a 4.7 millones de clientes de la CFE , pudo al menos haberse suavizado si se contara con infraestructura para su almacenaje: "Así hubiéramos tenido respuestas ante los cortes por caída de oferta y alza de demanda de Texas", explica en diálogo con LPO el especialista David Rosales.
¿Pero por qué el país no cuenta con esta infraestructura que hoy queda en evidencia que es indispensable? En realidad, ya se gestaba un proyecto desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual -aseguran players y expertos- era viable, pero fue rechazado por la administración actual.
"El proyecto, fue presentado en esta administración por Cenegas, ya estaba encaminado técnica y financieramente. Sin embargo, fue la CRE, ya con Rocío Nahle, que lo rechazó", detalló Gonzalo Monroy, consultor del sector. Se trataba de un plan estratégico para la seguridad energética, presentado a mediados de 2018 por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y que se esperaba fuera continuado por la 4T.
Contemplaba un almacenamiento por 10,000 millones de pies cúbicos, lo que permitiría contar con al menos 5 días de autonomía hacia el 2029. Las autoridades de entonces calcularon que la inversión sería de 10 millones de dólares por cada 1,000 millones de pies cúbicos y se ubicó en Acuyo, ubicado en Chiapas; Brasil, que se localiza en Tamaulipas; Jaf, en Veracruz, y Saramako, en Tabasco, en donde ya se tenían ubicadas cavernas para el almacenaje.
En consideración de Monroy, el rechazo de esta administración a dicho proyecto responde a un tema de cuentas. Por un lado, los costos elevados, que no encajaban en una política de austeridad; y por otro, a cálculos políticos: "Es menos rentable hablar de producción petrolera que de almacenamiento de gas", dice el experto.
Un factor relevante en contra, es que este proyecto implicaría impactos en el costo de la generación eléctrica, con lo cual el gobierno hubiera tenido que incrementar el precio de las tarifas o subsidiarlas. La primera opción entraría en contradicción con una de las promesas torales de la 4T.
Por su parte, el analista independiente, Arturo Carranza, critica que la agenda energética de esta administración esté concentrada solo en la producción petrolera: "Con ese esfuerzo tan grande están dejando pasar de lado el desarrollo de otras partes del negocio, en particular el de almacenamiento. Esta crisis habla de la necesidad de ver el bosque completo y no solo enfocarte en una parte".
La repuesta de la CFE
Si bien la empresa que encabeza Bartlett echó toda la responsabilidad a la decisión del gobierno texano de cortar el suministro de gas, terminó presentando un programa de almacenamiento de combustibles "como estrategia comercial para mitigar los riesgos asociados al comportamiento del gas natural".
Ante la emergencia, los comisionados sesionaron por la tarde y concluyeron en este plan que incluye diversificar su matriz energética a través la compra de buques de gas natural licuado que recibirá en las terminales de almacenamiento de Manzanillo y Altamira y garantizar el suministro de otros combustibles sustitutos para centrales de generación duales para temas de confiabilidad y seguridad nacional.
Pero los expertos consideran que se trata de una respuesta tardía. "La autoridad ha dejado pasar una oportunidad y tiempo para desarrollar una parte de la industria relacionada con este almacenaje", consideró Carranza.
Aunque el experto coincide en que es esencial diversificar la matriz energética. "Buscar que sea económica, competitiva, segura y confiable en el largo plazo y, además, diversificar con combustibles renovables".
Por su parte, Monroy resalta que esta política debió implementarse hace dos años, pero también alerta que es un plan que no viene incluido en el presupuesto: "¿De dónde van a sacar los recursos para hacerlo?, van a tener que mover otra cosa para poder realizarlo", señaló.
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