Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que sólo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del Banco de México.
En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus. Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.
En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, rescate de Pemex) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.
Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.
¿Podría el gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomiosos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.
MILES DE MILLONES:
Pero esa es sólo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia sanitaria. El gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía, para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.
La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública. Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.
Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico. El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.
De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México —como en el resto del mundo— en el gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no sólo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.
Con información de :Salvador Garcia Soto/
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