En plena pandemia, con los mexicanos encerrados en sus casas por el miedo al coronavirus, tan solo en el mes de marzo mataron a 3,078 mexicanos en asesinatos dolosos; fue el mes más violento en lo que va del gobierno de López Obrador y el segundo más violento en la historia reciente por apenas 90 homicidios menos de los 3,158 cometidos en junio de 2018, el más letal.
Mientras nos cuidábamos de un virus, la violencia homicida –la que no ha podido controlar este gobierno– se desbordaba en los estados y municipios con todo y la presencia de la Guardia Nacional que, medida por las cifras y números oficiales, no ha servido absolutamente para nada.
EL REMEDO DEL REMEDIO:
La gran pregunta que surge ante los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entendible molestia del presidente es ¿para qué entonces ha servido laGuardia Nacional y qué es lo que está haciendo el nuevo cuerpo policial federal que fue desplegado desde el 2 de julio de 2019 a “todo el territorio nacional” con 70 mil elementos en una primera etapa? En nueve meses en los que los guardias de origen y formación militar la mayoría de ellos no han dejado sentir su presencia en los municipios más violentos ni han podido inhibir la comisión de los delitos más graves y los que más inciden en las mediciones de la violencia en el país como el homicidio doloso y el feminicidio.
Y no son pocos los estados de la República y los gobernadores que hoy, casi un año después de que les mandaron a la Guardia Nacional a sus estados, bajo el estricto control de los generales de las Zonas Militares –los únicos a los que los jefes de la guardia obedecen órdenes y reportan– se preguntan cuál es la estrategia que siguen los guardias bajo la dirección del general Luis Rodríguez Bucio. Porque sí se les ve recorrer y patrullar los territorios estatales y municipales, pero en muchos casos no hay acciones puntuales contra la delincuencia y contra grupos identificados del crimen organizado, al grado que más de un gobernador ha comentado que la de la Guardia parece seguir más una estrategia de contención y tener órdenes de “no confrontar al crimen organizado”.
Eso explicaría por qué, con todo y el despliegue cada vez mayor de las fuerzas federales, que según dijo el viernes el general Bucio ya opera con 100 mil elementos, la violencia no disminuye ni bajan los homicidios dolosos ni los feminicidios, que en el mes de marzo, según los datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP se cuentan en 102 asesinatos diarios en promedio. Y según comentó el viernes pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la tendencia en los homicidios se mantiene alta porque “desgraciadamente la violencia o el ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada no ha bajado”, mientras que “los feminicidios han disminuido muy poco”, según la titular de Segob, que participa en las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad federal.
Pero la hipótesis de una falta de acción de la Guardia Nacional por “órdenes superiores”, con todo y lo cuestionable y polémica que resultaría, sería la menos grave. El caso documentado la semana pasada en Puebla, donde el lunes 20 de abril nueve integrantes de la Guardia, encabezados por el inspector Abel Olivares Muzquiz, se reunieron con el presidente municipal de Venustiano Carranza, Vicente Valencia, en su casa de Villa Lázaro Cárdenas, y luego fueron “invitados” a comer por el hijo del alcalde Rafael Valencia a un restaurante de mariscos, ya desató incluso una investigación interna por los vínculos delincuenciales que se atribuyen a la familia Valencia, vinculados al robo de combustibles y otras actividades ilícitas.
El mismo general Bucio reconoció el lunes la comida de sus guardias con los Valencia de Puebla, publicada con fotografías en redes sociales por los hijos del alcalde con la leyenda “Aquí comiendo con amigos”. Dijo el comandante de la Guardia Nacional que “después de ver las fotografías de la comida y con quienes se habían reunido, se inició una investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos”.
Y es que los Valencia, Rafael, Patricia y el actual alcalde Vicente, son más que una familia caciquil que desde hace por lo menos 12 años tiene controlada la zona de Venustiano Carranza, cuya presidencia se heredan entre hermanos. En investigaciones federales se les asocia con actividades de crimen organizado y con huachicoleo, además de que políticamente fueron un “brazo operador” del gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, de su esposa también fallecida Martha Erika Alonso y del mandatario interino, Antonio Gali.
El 17 de agosto de 2018, cuando ya López Obrador era presidente electo, agentes de la Policía Federal y de la SEIDO de la extinta PGR catearon tres domicilios en Villa Lázaro Cárdenas en los que detuvieron a tres personas y aseguraron 6 armas de fuego, 10 vehículos y 50 mil litros de combustible robado. Los detenidos fueron Ilse Lucía Bernabé, presidenta del DIF municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Avila, alcalde, Omar Daniel Romero Morales “El Kakas”, jefe de bandas de huachicoleros de la región y Griselda Cabrera Valencia.
Los Valencia, según los informes de inteligencia federal, están vinculados con lazos familiares a Los Zetas, con quienes manejaron el negocio del robo de combustibles en el llamado “triángulo rojo” poblano. A su vez, esta familia que mezcló los negocios ilícitos con la política, se vinculó a tres gobernadores poblanos: Mario Marín, Rafael Moreno Valle, Tony Galy y con la entonces candidata Martha Erika Alonso. Con Marín incursionaron en la política y con Moreno Valle se convirtieron en sus operadores para controlar la región, función que cumplieron en la campaña de su esposa. A ellos se les señala como causantes de disturbios e irregularidades para alterar la elección del 1 de julio de 2018 que ganó Martha Erika pero que fue impugnada por el actual gobernador Miguel Barbosa.
De la mano de ellos, el pequeño municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se convirtió en un centro neurálgico para el huachicoleo, aprovechando su ubicación y la gran cantidad de ductos y gasoductos que atraviesan por esa región y sus alrededores. El negocio del combustible robado floreció en toda la región, donde era común encontrar expendios, comercios y bodegas con todo tipo de combustibles, a la par que Vicente Valencia se volvía alcalde en 2008, para luego heredarle el poder municipal a su hermano Jorge Alejandro Valencia, que a su vez se lo entregó a Rafael Valencia, y éste se lo regresó otra vez a Vicente Valencia, en medio de cuestionamientos a su elección. A la par, su hermana Patricia Valencia, hizo campaña para diputada federal en 2018 y su jefe de seguridad fue nada menos que Abel Olivares Muzquiz, el inspector de la Guardia Nacional que el lunes 20 de abril, al mando de un grupo de 10 guardias con todo y patrullas, se reunió con Vicente Valencia y luego se fue a comer mariscos con sus hijos, acompañados de hombres armados. “Aquí comiendo con amigos”, publicó en su cuenta de Facebook Jonhatan Valencia, hijo del cuestionado alcalde poblano.
¿Será también por eso que 100 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional no pueden disminuir los índices de violencia 10 meses después de estar vigilando? Si es un caso aislado, delicado, y si no lo es, el comandante Bucio tendrá que demostrarlo no solo sancionando a sus oficiales e inspectores, sino empezando a dar resultados y demostrando que la Guardia Nacional sirve para algo más que para presumir patrullas, armas y uniformes militares.
fuente.-Salvador Garcia S./(imagen/web)
Cómo van a axigir resultados, só los mismos de arriba ordenan no hacer operativos antinarco,la tropa sólo sigue órdenes, nombren a un comandante, que ame a su país, y que leJose de dar discursos y pretextos realmente encavece acciones para proteger a la población de es esos asesinos y que no proteja delincuentes y menos los libere y les aseguro que en chinga cambia esta cituación, así que para que les exigen resultados si usteres mismos les atan las manosu con sus los voy a acusar con su mama, mejor acepten por fin sus errores y no a ganar el ridículo
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