La Secretaría de Marina tendrá que pedir disculpas públicas a la familia de un joven al que cinco marinos hicieron desaparecer en 2013 y cuyo cuerpo se encontró después a 10 minutos de su cuartel. La sentencia de 22 años de prisión y 10 de inhabilitación en cargos públicos a los acusados –que ya apelaron– es la primera que se emite por uno de los 45 casos de ese delito registrados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que involucran a personal de la Armada.
REMEDIO Y ENFERMEDAD:
Un juzgado federal con sede en Monterrey, apoyado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Ley General de Víctimas, ordenó a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ofrecer una disculpa pública por acciones que derivaron en la desaparición forzada de un joven de 33 años, delito por el que un capitán y cuatro marinos fueron sentenciados a 22 años de prisión.
La sentencia, emitida el 28 de febrero pasado por el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Zenaido Orozco Contreras, está relacionada con la detención arbitraria ocurrida 3 de agosto de 2013 y la posterior desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal.
Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Colombia, del municipio nuevoleonés de Anáhuac (Proceso 1921); se encontró responsables de los mismos al capitán de corbeta Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes actualmente permanecen internos en el Campo Militar Número Uno y ya apelaron la resolución.
Dos meses después de la detención de Del Bosque Villarreal, su cuerpo y su automóvil –del que también se apoderaron los marinos– fueron localizados por cazadores a 10 minutos del campamento de la Semar en Colombia (Proceso 1928).
En la sentencia –radicada con el número 9/2016-VIII y de la cual este semanario tiene copia– el juez Orozco Contreras toma en cuenta a la CoIDH para instruir medidas de satisfacción, en apego a la Ley General de Víctimas:
“Se ordena a la Secretaría de Marina realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguido de una disculpa pública de la dependencia y de los sentenciados, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades”.
En este caso fueron relevantes los testimonios que rindieron ante el Ministerio Público Federal los policías municipales Miguel Godínez y José Ángel Molina, ante quienes Del Bosque Villarreal presentó una queja contra sus vecinos Jesús Alberto y Martín Cruz Martínez el 3 de agosto de 2013 porque lo amenazaron con arma de fuego. Ante la incapacidad de dar respuesta a la denuncia, y por órdenes superiores, Godínez y Molina pidieron la intervención de los marinos.
En la bitácora de novedades y en un reporte presentado ante el entonces secretario de Seguridad Pública de Anáhuac, Alfredo Grande Barrera, los municipales dieron cuenta de que los marinos encabezados por el capitán Raúl Sánchez Labrada se llevaron detenido a Del Bosque Villarreal, aseguraron su automóvil y dejaron libre a Jesús Alberto Cruz Martínez.
Esa información que fue avalada por Grande Barrera, un capitán del Ejército retirado, quien luego de ocurridos los hechos envió sendos informes a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León y a la Séptima Zona Militar, además de rendir su testimonio ministerial en diciembre de 2013.
Los familiares de la víctima, también presentaron como testigos a dos vecinos de la comunidad, que confirmaron la versión de Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima y quien también vio cuando los marinos se llevaban a su hijo. Incluso dialogó con Sánchez Labrada para que lo liberara, además de que presentó una tarjeta de presentación que el capitán de la Marina le entregó y una sábana de llamadas en la que se muestra la hora en que lo llamó para continuar con su exigencia.
Fuente.-
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