A poco más de un mes de que deje el cargo, Enrique Peña lanzó a los ministros una papa caliente.
Promovió una controversia constitucional en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y del Poder Judicial de ese estado, para impugnar la validez de las investigaciones y acciones judiciales en contra de funcionarios federales.
Así tal cual. Eso dice el documento explicativo, formal, que me enviaron esta semana desde la Corte.
Algunos medios, como Reforma y Aristegui Noticias, dieron cuenta de ello.
El asunto, además de relevante, es un polvorín.
Porque de los grandes escándalos que envuelven a la gestión saliente, éste es de los pocos donde se procuraría justicia por parte de una autoridad distinta al Poder Ejecutivo federal. Que es, a su vez, uno de los implicados.
Por ejemplo:
1.— El caso #Odebrecht, —donde testimonios jurados en Brasil aseguran que entregaron dinero a Emilio Lozoya durante la campaña de EPN— lo lleva la Procuraduría General de la República (Ejecutivo federal).
2.— #LaEstafaMaestra, —donde reportajes periodísticos (detonados por los hallazgos de la Auditoría Superior) revelan el desvío de miles de millones de pesos por parte de 11 secretarías y organismos de la administración peñista—, está en los escritorios de la PGR y la SFP (Ejecutivo federal).
En cambio, en el asunto del prófugo César Duarte la llegada de la oposición en Chihuahua cambió la fórmula de cobijo e impunidad sexenal.
Javier Corral, el fiscal y los jueces de esa entidad no son subordinados de Peña.
Lo presentado por la Presidencia de la República en contra de ellos impugna “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación… así como órdenes de detención, de aprehensión y las solicitudes de arraigo existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
Es decir, pretenden invalidar cualquier actuación en su contra.
Me indican en la Suprema Corte que es algo inédito.
¿Se trata realmente de una controversia entre poderes?
¿O es una mezcla leguleya entre controversia y amparo para blindar a Peña Nieto y sus colaboradores?
¿Es una muestra de creatividad jurídica o un intento aberrante de manipular el derecho para beneficio de intereses particulares?
Este recurso ¿fortalece o vulnera el federalismo? ¿Transgrede la independencia judicial?
No será tan sencillo darle entrada. Así lo esté pidiendo el mismísimo habitante de Los Pinos.
Pero todo puede suceder.
Esperemos que la Corte decida como el máximo tribunal que debe ser. Con base en criterios constitucionales y no por cercanías o presiones políticas.
fuente.-Elisa Alanis/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: